Luis Manuel Marcano Salazar | Memorias de ultratumba

Cada vez que recuerdo aquel diciembre de 1998 vuelvo, inevitablemente, a las mesas electorales, a las conversaciones nerviosas de aquellos días y a los partidarios de Hugo Chávez proclamando la llegada de una revolución que se presentaba a sí misma como impoluta. Venían, decían, a acabar con la corrupción, con los privilegios, con los vicios acumulados durante cuarenta años de democracia. Y es verdad que aquella democracia era perfectible; sería intelectualmente deshonesto negarlo. Había sufrido derrotas internas, corrupción, agotamiento de los partidos, una peligrosa distancia entre las instituciones y los ciudadanos. Pero también había dejado algo que hoy, después de todo lo vivido, adquiere una dimensión enorme: la libertad.

Podíamos disentir, protestar, escribir, reunirnos, organizarnos, votar y volver a votar. No era el paraíso que algunos pretendían defender ni el infierno que otros necesitaban inventar para justificar su demolición. Era una democracia imperfecta que podía corregirse sin destruirla. Chávez llegó prometiendo una Venezuela mejor y utilizando, al mismo tiempo, un lenguaje que ya anunciaba el desprecio por el adversario. Después vinieron las metamorfosis: el movimiento humanista, la tercera vía, el bolivarianismo, hasta desembocar en aquella construcción bautizada pomposamente como «socialismo del siglo XXI». Lo que se ofrecía como redención terminó convirtiéndose, a mi juicio, en una larga experiencia de demolición institucional.

Hay imágenes que uno no olvida. Yo estaba asombrado viendo por televisión a Chávez señalar trabajadores de PDVSA y despedirlos públicamente, uno detrás de otro, en medio del conflicto petrolero de 2002-2003. Aquello trascendía el destino laboral de unas personas: era la representación televisada de una forma de ejercer el poder.

La industria que durante décadas había formado técnicos, geólogos, administradores e ingenieros de enorme preparación comenzó a ser sometida a una lógica en la que la lealtad política pesaba cada vez más. Venezuela, que a finales de los años noventa había llegado a producir alrededor de tres millones de barriles diarios, y hoy está prácticamente quebrada. Esa caída tiene causas diversas y una historia larga -políticas gubernamentales, pérdida de capacidades, desinversión, corrupción y, posteriormente, sanciones-, pero la devastación institucional de PDVSA constituye una parte imposible de borrar de esa historia.

Algo semejante ocurrió con la justicia. Lo estudié durante años: cuando el juez deja de sentirse protegido por la ley y comienza a preguntarse qué desea el poder, la República empieza a quedarse sin suelo. La provisionalidad judicial, la politización de los nombramientos y la erosión de la independencia fueron sustituyendo la carrera y la autonomía por mecanismos de dependencia. Y cuando se degrada al juez, no se destruye solamente un tribunal: se deja indefenso al ciudadano.

También vi transformarse la Cancillería, y quizá por haber pertenecido a ella me duele de una manera particular. Muchos entramos por concurso, estudiamos, nos preparamos y entendimos el servicio exterior como una carrera profesional al servicio del Estado, no de un partido. Aquella institución que recuerdo como una tacita de cristal fue progresivamente penetrada por la lógica de la fidelidad ideológica. La gorra roja comenzó a tener un valor que jamás debió poseer un símbolo partidista dentro de una administración pública profesional. Las embajadas y las representaciones internacionales debían representar a Venezuela, no a una revolución. El compadrazgo abrazó a Venezuela nuevamente para designar embajadores y hasta terceros secretarios.

Durante años, además, el enorme poder financiero que proporcionaba la renta petrolera permitió construir alianzas internacionales y vender al exterior una narrativa emancipadora que fascinó a buena parte de la izquierda mundial. Hubo intelectuales y activistas extranjeros que vieron en Chávez la gran promesa latinoamericana. Chávez le regaló una Universidad al Partido Comunista Chileno que también expoliaron, hoy no queda nada. A casi tres décadas después de aquella elección, convendría preguntarse qué quedó de aquella promesa. ¿Aún sus fieles seguidores la creen?

Porque ésta es quizá la verdadera memoria de ultratumba: contemplar en 2026 los restos de aquel relato. Chávez está muerto y no volverá. Nicolás Maduro ya no está en el poder y Delcy Rodríguez encabeza actualmente un gobierno interino arrastrado que negocia con Estados Unidos y organismos financieros internacionales no por el ciudadano que sufre, sino para salvar su pellejo; esta misma semana viajó a Nueva York para conversaciones sobre petróleo, deuda, minería y reconstrucción económica, y estaba prevista una reunión con Donald Trump y seguro en su mente está fijo aquel deseo de sostenerse a cualquier costo en el poder hasta superar la tormenta Trump y restaurar el cementerio que está dejando en Venezuela. Eso no va a pasar. Tanta alaraca, tanto grito y tanta bandera quemada para terminar, al cabo de los años, arrastrada ante el mismo Washington que convirtieron en enemigo y frente al mismo Donald Trump que tanto condenaron. La historia tiene ironías que ninguna consigna puede ocultar. ¿Seguirá diciendo el Hijo de reo Nicolás Maduro que todo marcha conforme a lo dictado por su padre?

Pero lo verdaderamente importante no son Chávez, Maduro, Delcy Rodríguez ni Trump. Son las víctimas. Son quienes murieron, quienes fueron torturados, quienes perdieron años en una prisión, quienes atravesaron una frontera con una maleta, quienes envejecieron esperando regresar. Y esa tragedia todavía no pertenece enteramente al pasado. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas informó este mes que, pese a la salida de Maduro y algunas liberaciones, estructuras represivas continúan funcionando y cientos de personas permanecen arbitrariamente detenidas. Foro Penal registraba, al 14 de septiembre de 2026, 344 presos políticos, 191 de ellos sin condena, y documentaba 19.242 detenciones con fines políticos desde 2014. Más inquietante todavía: Dinorah Figuera reconoció recientemente ante familiares de detenidos que el asunto de los presos políticos no estaba incluido en la mesa de negociación en la que participa. Eso debería estremecernos. Ninguna normalización institucional puede sentirse completa mientras permanezca una sola persona encarcelada arbitrariamente por razones políticas y no tengamos elecciones libres que nos permita a los venezolanos, darnos el gobierno que necesitamos.

Por eso escribo estas memorias no desde la nostalgia de una Venezuela perfecta -porque nunca existió- sino desde la obligación de recordar. El gran error sería sustituir una mitología por otra, olvidar nuestros errores anteriores o creer que cambiar los nombres basta para reconstruir la República.

Venezuela necesita instituciones, jueces independientes, funcionarios que lleguen por mérito, una administración pública profesional, una industria petrolera administrada con criterios técnicos, universidades fuertes, educación y una ciudadanía capaz de vigilar al poder, gobierne quien gobierne. Y quienes hoy negocian el futuro tienen ante sí responsabilidades que no deberían postergarse: resolver la situación de todos los presos políticos, garantizar condiciones para elecciones auténticamente competitivas y asegurar que los venezolanos que viven fuera puedan regresar sin temor ni discriminaciones. La transición no puede consistir en cambiar los retratos mientras sobreviven las estructuras que hicieron posible el abuso. Delcy Rodríguez debe dejar el poder.

Debemos, insisto, avanzar lo más pronto posible hacia elecciones generales verdaderamente libres, abiertas y sin exclusiones, en las que seamos los venezolanos quienes decidamos el destino del país y no los acuerdos entre élites ni las conveniencias circunstanciales de quienes hoy administran el poder. Y quienes tengan cuentas pendientes con la justicia, dentro o fuera de Venezuela, deberán rendirlas ante tribunales independientes, con todas las garantías del debido proceso, pero sin impunidad.

Eso lo exige la memoria de quienes murieron, de quienes fueron torturados, encarcelados o perseguidos; lo exige la sangre de tantos venezolanos que parecieran clamar desde la otra vida para que su sacrificio no termine sepultado bajo un acuerdo político, para que su sangre no vuelva a ser pisada y las víctimas no sean convertidas en una incómoda nota al pie de la transición.

María Corina Machado debe poder regresar libremente a Venezuela: es venezolana y su derecho a volver a su patria no puede depender de que su presencia resulte cómoda o incómoda para quienes ejercen circunstancialmente el poder. Otros han podido regresar y ella debe tener exactamente el mismo derecho. Estoy convencido de que el pueblo saldrá a acompañarla y que las calles se llenarán con su presencia; quizás sea precisamente eso lo que algunos temen, porque pocas cosas revelan tanto la fragilidad de un poder como el miedo a la gente reunida libremente en la calle.

Que María Corina pueda regresar a su país y ejercer plenamente sus derechos políticos, como debe poder hacerlo cualquier venezolano; que quienes hemos tenido que marcharnos podamos también volver a nuestra tierra sin temor, sin bajar la cabeza, sin condiciones ni amenazas, y que recuperemos, de una vez por todas, el derecho elemental de discutir nuestras diferencias en libertad. Al final, después de tantos años de fracturas, exilios y sufrimiento, que seamos nosotros, los venezolanos, quienes decidamos nuestro destino.

Algún día Venezuela volverá plenamente a las urnas y entonces habrá algo tan importante como votar: recordar. Recordar diciembre de 1998, pero también todo lo que vino después. Recordar las promesas y contrastarlas con sus consecuencias. Recordar a quienes advirtieron, a quienes se equivocaron, a quienes tuvieron la entereza de rectificar y, sobre todo, a quienes pagaron con su libertad o con su vida. No para cultivar la venganza; precisamente para impedir que vuelva a ocurrir.

El «nunca más» de una República civilizada no puede ser una consigna para perseguir al derrotado, sino un compromiso para que nadie vuelva a apropiarse del Estado, para que ningún presidente, partido, grupo económico o liderazgo político vuelva a sentirse dueño de los jueces, del petróleo, de los militares, de los diplomáticos, de los cargos públicos o de la conciencia de los ciudadanos. La nueva Venezuela tampoco puede volver a ser el país donde los altos cargos del Estado se entreguen por amistad, cercanía personal, compromisos políticos o favores pendientes. Tienen que llegar los mejores, los más preparados, los que hayan construido con estudio, experiencia, honestidad y trabajo los méritos para ejercer esas responsabilidades.

El mérito tiene que prevalecer sobre la amistad y la capacidad sobre la conveniencia. Si no somos capaces de comprender algo tan elemental después de todo lo que hemos vivido, tendremos entonces que esperar otros años para asistir al verdadero nacimiento de la Venezuela que queremos. Después de veintisiete años, ésa debería ser nuestra memoria más incómoda y nuestra tarea más urgente: que Venezuela vuelva a ser una República y que nunca más un hombre, un partido, una revolución ni una camarilla puedan confundirse con ella.