Noel Álvarez | El costo de la voracidad fiscal
Abrir las santamarías de un negocio o mantener a flote una pequeña o mediana empresa en Venezuela hoy en día se ha convertido en una auténtica carrera de obstáculos donde el principal competidor no es el mercado, sino el propio Estado voraz. La presión tributaria que soportan nuestros empresarios es, sin lugar a dudas, una de las más asfixiantes de toda Latinoamérica, llegando a rondar la alarmante cifra del sesenta por ciento de la gestión comercial.
Esto significa, en palabras llanas y sencillas para que nos entendamos bien, que de cada cien bolívares que una empresa logra vender con tanto sudor y esfuerzo, sesenta de ellos tienen que irse directo a las arcas gubernamentales a través de una maraña incomprensible de impuestos fiscales y contribuciones parafiscales. Es una realidad verdaderamente dramática que le quita el oxígeno a cualquiera que intente generar empleo digno y prosperidad en nuestra amada tierra venezolana.
Esta asfixia económica actúa como un freno de mano invisible que paraliza la inversión, fomenta la informalidad y destruye el aparato productivo nacional ante la mirada indiferente de un centralismo burocrático que todo lo devora a su paso. El discurso oficial siempre repite la misma vieja cantaleta de que estos cobros son para poner a pagar a los empresarios adinerados, pero esa es una inmensa falsedad económica que debemos desmontar con total claridad.
Cada nuevo impuesto, cada incremento en las tasas municipales y cada contribución parafiscal que se le impone a un negocio es trasladado de forma inevitable al precio final de los bienes y servicios que consume la población. Al final del cuento, el empresario simplemente deja de vender porque sus productos se vuelven inalcanzables, pero quien termina pagando las dolorosas consecuencias y financiando la voracidad del Estado es el consumidor final, el ciudadano de a pie en su día a día.
Para darnos cuenta del inmenso desfase en el que nos encontramos, solo hace falta mirar lo que ocurre en el resto de nuestra geografía latinoamericana, donde las cosas se manejan con criterios cuantitativos mucho más cuerdos y productivos. Por ejemplo, mientras nosotros cargamos con ese sesenta por ciento, la presión fiscal general sobre la economía en países como Paraguay se ubica apenas en torno al catorce por ciento, y en Chile o Ecuador ronda cerca del veinte por ciento de su actividad productiva.
Incluso en naciones con mercados mucho más grandes y complejos como México o el vecino territorio de Colombia, la presión fiscal se mantiene en promedios que oscilan entre el diecisiete y el veintidós por ciento, ofreciendo un margen de maniobra indispensable para que los negocios puedan respirar, competir y expandirse con total tranquilidad. Esas cifras demuestran que en el continente se entiende que no se debe asfixiar la gallina de los huevos de oro.
Pues bien, mientras en Uruguay y Perú se aplican incentivos claros y se simplifican los trámites para que las empresas inviertan y generen empleo formal, en Venezuela el camino elegido ha sido el de la persecución y la multiplicación de trabas de todo tipo. Aquí nos topamos con un laberinto interminable donde se superponen el impuesto sobre la renta, el IVA, el severo impuesto a las grandes transacciones financieras y las tasas municipales que aumentan de forma desproporcionada.
A todo esto. debemos sumarle la pesada carga de las contribuciones parafiscales para la vivienda, el deporte o la ciencia, que terminan configurando un fardo insoportable que asfixia de manera especial a las pequeñas empresas familiares. Esta irracionalidad fiscal no logra recaudar más fondos para el país, sino que empuja a la economía hacia la informalidad, encarece el costo de la vida de las familias y genera una parálisis total en las regiones.
Me viene a la memoria una conversación que sostuve hace poco con un laborioso comerciante de nuestra provincia, quien con una mezcla de rabia y profunda tristeza me confesó que había tenido que reducir su nómina de trabajadores a la mitad. No lo hizo por falta de clientes o porque sus productos fueran malos, sino porque la voracidad de los impuestos locales y nacionales le hacían humanamente imposible mantener los puestos de trabajo con dignidad y cumplir con la ley.
Es una dolorosa imagen mental que retrata a la perfección el drama de miles de hogares venezolanos que se quedan sin el sustento diario por culpa de un modelo estatista que prefiere ver morir la iniciativa privada antes que ceder un ápice de su control asfixiante sobre los ciudadanos. Destruir la base que genera la riqueza es una insensatez que pagamos todos los venezolanos, debilitando el tejido social y cerrando las puertas del futuro.
Esta forma tan destructiva de encarar la economía nacional guarda una relación muy estrecha con el debate de fondo sobre los principios y valores que deben regir a una sociedad verdaderamente moderna, libre y civilizada. En la organización que me honro en coordinar, creemos firmemente en la fuerza de la sociedad civil, el respeto absoluto al esfuerzo propio y la soberanía del ciudadano para labrarse su propio destino sin tutelas opresoras.
La historia universal nos ha demostrado, una y otra vez, que los países que prosperan son aquellos que confían en la libre iniciativa privada, protegen la propiedad de las personas y limitan el tamaño de un Estado que a menudo se convierte en un parásito ineficiente. Reducir la presión tributaria y simplificar el sistema fiscal no es un favor para los empresarios, sino un acto de justicia y decencia para todo el pueblo que padece la inflación.
La reforma urgente que necesita nuestra patria pasa de manera obligatoria por una simplificación tributaria radical y una descentralización efectiva que le devuelva el poder económico a las regiones y a sus municipios de forma directa. Necesitamos un sistema fiscal con pocos impuestos, pero muy eficientes, donde la recaudación se quede principalmente en la localidad para mejorar de inmediato los servicios públicos que la propia comunidad utiliza y vigila de cerca.
Al promover la libre competencia y establecer una tasa impositiva justa y atractiva, menor al promedio de la región, estimularemos de inmediato el regreso de los capitales que se marcharon y motivaremos a los emprendedores informales a formalizarse con total confianza. La decencia gubernamental consiste en gastar menos en burocracia y dejar el dinero en el bolsillo del ciudadano, que es donde mejor produce y genera bienestar.
No podemos seguir aceptando con resignación que la asfixia fiscal sea la norma que guíe el destino económico de Venezuela, mientras los jóvenes con talento y ganas de trabajar se ven obligados a emigrar por la falta de oportunidades reales en su tierra natal. El verdadero progreso de la nación no se logrará con más controles distributivos ni con discursos ideológicos pasados de moda que criminalizan la legítima ganancia fruto del trabajo honesto y del riesgo asumido.
El cambio real y duradero nacerá del compromiso ético de rescatar la libertad económica, promoviendo el mérito, la inversión productiva y el respeto al ciudadano soberano sobre la intervención asfixiante del Estado central. Con reglas claras, impuestos racionales y un profundo respeto a la iniciativa de nuestra gente, vamos a levantar la economía de la provincia y a encender de nuevo los motores del desarrollo con total dignidad y libertad.
*Coordinador Nacional del Movimiento Político GENTE