Nacho Montes de Oca | Un siglo negro para Venezuela
Plantearlo como el guion de una nueva serie de Netflix ya resultaría fantasioso. El país con las mayores reservas de petróleo del planeta podría entregar al país más poderoso del momento acceso durante un siglo a una parte de esas reservas, a cambio de condiciones que todavía nadie conoce por completo.
Sin embargo, eso es lo que se negocia ahora mismo entre Washington y Caracas.
Según Axios, Bloomberg y Reuters, la administración de Donald Trump está negociando con la dictadura de Delcy Rodríguez un mecanismo que permitiría a empresas estadounidenses acceder a más de una docena de campos petroleros venezolanos actualmente en producción. Una de las fórmulas que se estudian es un arrendamiento de cien años.
Un funcionario estadounidense resumió ante Axios la magnitud de lo que está sobre la mesa con una frase que ya parece destinada a definir el episodio: llamarlo “enorme” sería quedarse corto porque es “masivo”.
Para entender la dimensión hay que empezar por los números. Las negociaciones giran en torno a yacimientos con reservas probadas de unos 90.000 millones de barriles: cerca del 30% de los 300.000 millones de barriles que Venezuela tiene certificados. Son las mayores reservas probadas del planeta, por delante de Arabia Saudita, y equivalen a cerca del 20% de las reservas mundiales.
Si el acuerdo llegara a concretarse en los términos que se discuten, el trato más que duplicaría las reservas petroleras probadas de Estados Unidos. Reportes posteriores elevaron a 17 el número de campos incluidos en las conversaciones, aunque la lista definitiva todavía no ha sido confirmada oficialmente por la Casa Blanca, el Departamento de Energía o PDVSA.
El premio en el subsuelo es descomunal, pero el problema es convertirlo en crudo exportable. Venezuela produce hoy alrededor de 1,25 millones de barriles diarios, muy lejos de los 3,5 millones que llegó a producir a fines de los años noventa y de los 13,7 millones que bombea Estados Unidos, el mayor productor mundial. Francisco Monaldi, director del Programa de Energía para América Latina de la Universidad Rice, calculó que devolver a Venezuela a su nivel histórico de producción exigiría una inversión cercana a los 100.000 millones de dólares. Esa es la magnitud de la inversión privada que la administración Trump pretende atraer.
La contradicción es evidente: Venezuela posee una de las mayores concentraciones de riqueza energética del planeta, pero necesita una inversión gigantesca para transformar esa riqueza potencial en producción efectiva. Ninguna empresa privada asumiría semejante desembolso sin garantías extraordinarias de estabilidad jurídica y política.
Y ahí empieza el verdadero problema del llamado “Acuerdo del Siglo”. Washington no está negociando simplemente petróleo. Intenta construir un derecho de acceso que sobreviva a generaciones a gobiernos, elecciones, cambios de política exterior y posibles disputas legales.
Del lado estadounidense, las conversaciones están lideradas por el secretario de Estado Marco Rubio, secundado por el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller. Del lado venezolano, la contraparte es Delcy Rodríguez, la dirigente que encabeza la dictadura surgida de la continuidad del chavismo después del fraude electoral que impidió una transferencia democrática del poder.
La Casa Blanca es consciente del riesgo político de negociar con un régimen sin legitimidad electoral. Fuentes oficiales admiten que Washington se está “esforzando por mostrar cómo esto beneficiará al pueblo de Venezuela”, precisamente porque Rodríguez puede ser acusada de “regalar” los recursos naturales del país.
El secretario de Energía, Chris Wright, viajará próximamente a Venezuela para discutir los detalles operativos. Wright ya había estado en Caracas el 11 de febrero de 2026, en la visita de más alto nivel de un funcionario energético estadounidense al país en casi tres décadas. Allí se reunió con Rodríguez y recorrió instalaciones petroleras.
Aunque ninguna empresa ha sido nombrada oficialmente como beneficiaria del eventual arrendamiento, el rastro de los últimos meses apunta hacia un grupo concreto.
Chevron y Shell fueron reportadas en abril como próximas a firmar acuerdos sobre áreas de petróleo y gas. Hunt Oil y SLB, la antigua Schlumberger, anunciaron contratos el 19 de agosto. Chevron, que opera en Venezuela desde hace más de un siglo, produce actualmente unos 200.000 barriles diarios en el país. En abril amplió su posición mediante un canje de activos con PDVSA que le otorgó un 49% en la empresa mixta Petroindependencia y derechos sobre el bloque Ayacucho 8 en la Faja del Orinoco.
SLB, por su parte, acaba de firmar un contrato con PDVSA para acceder a los datos de los campos petroleros venezolanos, una pieza aparentemente técnica pero estratégicamente importante. La compañía deberá consolidar y digitalizar información que durante años quedó deteriorada o perdida, incorporar herramientas de inteligencia artificial y facilitar la transferencia tecnológica. Los términos económicos del contrato no fueron divulgados.
Eso permite entender por qué la disputa no consiste solamente en quién extraerá petróleo. Quien controle los datos de los yacimientos, las reservas recuperables, los costos y el estado de la infraestructura tendrá también una ventaja decisiva para determinar cuánto vale realmente el activo venezolano. Analistas financieros como los de Motley Fool ya discuten incluso en qué medida un eventual arrendamiento a cien años podría beneficiar específicamente a Chevron en bolsa.
Esto importa porque desmonta parcialmente la idea de que el acuerdo beneficia de manera difusa a “Estados Unidos” como nación. Los beneficiarios inmediatos serían, en buena medida, las empresas capaces de aportar capital, tecnología y capacidad operativa para explotar la Faja del Orinoco y otros campos. Y el que llegó primero y tiene el dato preciso, corre con la ventaja.
El interés estratégico de Estados Unidos es asegurar fuentes de crudo más próximas y reducir su vulnerabilidad frente a mercados alterados por las guerras de Irán y Ucrania. La Reserva Estratégica de Petróleo estadounidense se encuentra muy por debajo de su capacidad histórica, con unos 290 millones de barriles, alrededor del 41% de su capacidad.
El objetivo, por tanto, tiene dos dimensiones: garantizar suministro y aumentar la influencia estadounidense sobre la principal reserva petrolera del hemisferio occidental. Desde Washington, el proyecto encaja en lo que la Casa Blanca de Trump denomina la “Doctrina Donroe”: una estrategia destinada a reforzar el dominio energético y geopolítico estadounidense en el hemisferio occidental. La crisis de Oriente Medio hace que esa estrategia sea todavía más atractiva.
Una cuestión adicional es quién pagará la reconstrucción de la industria y quién controlará los beneficios mientras llega esa producción adicional. Washington mantiene bajo su control los ingresos derivados de las ventas de petróleo. Ese mecanismo ya habría generado para las arcas estadounidenses más de 13.000 millones de dólares desde comienzos de año.
La administración Trump sostiene que esos fondos pertenecen a Venezuela y que Estados Unidos los mantiene bajo custodia. Una orden ejecutiva firmada el 9 de enero establece que los ingresos petroleros venezolanos depositados en cuentas del Tesoro estadounidense son propiedad soberana del Gobierno de Venezuela y que Estados Unidos los conserva en calidad de custodio, no como propietario.
Pero la administración de esos recursos continúa siendo uno de los aspectos más opacos de todo el proceso. Entre enero y julio de 2026, PDVSA habría facturado cerca de 15.900 millones de dólares, muy por encima del mismo período de 2025. Las exportaciones promediaron más de un millón de barriles diarios. En el primer semestre se exportaron 187,1 millones de barriles: 165 millones de crudo y 22 millones de productos. El Merey 16 promedió 92 dólares por barril y generó 14.300 millones de dólares en esos seis meses. Las proyecciones apuntan a que el año podría cerrar con entre 24.000 y 25.000 millones de dólares en ingresos petroleros globales.
El 65% de esas exportaciones, unos 120 millones de barriles, tuvo como destino Estados Unidos. Asia, principalmente India, recibió el 23%, unos 43,5 millones de barriles, y Europa el 10%, alrededor de 20 millones. China, que compraba 23 millones de barriles mensuales en diciembre de 2025, cayó a cero desde abril de 2026. El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello calculó en unos 11.000 millones de dólares lo vendido por exportación petrolera solo entre enero y mayo.
La ruta que siguió ese dinero antes de llegar —o no— a Venezuela añade otra capa de vaguedad. La orden ejecutiva de Trump del 9 de enero dispuso que los fondos derivados de las exportaciones de PDVSA, incluidas las regalías, quedaran bajo custodia del Tesoro estadounidense en una cuenta en Nueva York. Sin embargo, los primeros 500 millones de dólares fueron depositados en una cuenta controlada por Washington en Qatar. Ese país reconoce al gobierno chavista y permitió a la administración estadounidense eludir, al menos temporalmente, la pregunta incómoda de a quién estaba pagando.
El propio Rubio lo reconoció el 28 de enero ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado: “tenemos un tema que estamos resolviendo sobre el reconocimiento”. Aclaró que Estados Unidos no reconocía al gobierno de Rodríguez, pero tampoco estaba confiscando sus bienes. Semanas después, el secretario Wright confirmó que los fondos, que ya superaban los 1.000 millones de dólares, dejarían de pasar por Qatar y se consolidarían en la cuenta del Tesoro en Nueva York.
De ese torrente de dinero es difícil precisar cuánto regresó efectivamente a Venezuela. Según las cifras oficiales disponibles, el Estado venezolano habría recibido 725 millones de dólares en regalías por producción de petróleo y gas entre enero y julio de 2026. Otras fuentes elevan a unos 5.600 millones de dólares lo recibido, calculado sobre todo a partir de las intervenciones cambiarias del Banco Central de Venezuela. La economista María Antonieta Moreno, del IIES UCAB, ha advertido que todas estas cifras son estimaciones basadas en lo poco que trasciende públicamente. La misma oscuridad atraviesa así a las dos administraciones.
Mientras Washington controla los ingresos petroleros y Caracas intenta demostrar que el nuevo modelo atraerá inversiones, Delcy Rodríguez impulsó una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos destinada a abrir mucho más espacio al capital privado.
La reforma reduce las regalías del 30% al 20% y faculta al Ejecutivo para reducirlas aún más de manera discrecional. También permite una mayor participación privada en la comercialización del crudo. Varios analistas interpretan esa reforma como un paso hacia la privatización y como un intento de crear cobertura legal para los acuerdos que se están negociando con Washington.
Pero debajo de todas esas reformas hay un problema que una ley ordinaria no puede resolver fácilmente: la propia Constitución venezolana. El artículo 12 establece que los yacimientos mineros y de hidrocarburos existentes en territorio nacional pertenecen a la República, son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles.
La doctrina jurídica venezolana ha interpretado históricamente esa norma como una protección de la propiedad estatal sobre los recursos. La legislación petrolera permitió concesiones, asociaciones y convenios de operación, pero bajo control y propiedad estatal.
Además, los plazos de los mecanismos de explotación anteriores no alcanzaban una duración comparable con un arrendamiento de cien años. Por eso un contrato de un siglo plantea una cuestión que va mucho más allá de la duración de un contrato. Si el acuerdo otorgara a empresas estadounidenses derechos extraordinariamente amplios sobre campos venezolanos durante un siglo, cualquier futuro gobierno podría cuestionar si esos derechos respetan el régimen constitucional de propiedad de los recursos.
Y ahí aparece la incongruencia central del acuerdo: Washington quiere garantizar el acceso al petróleo venezolano durante cien años cuando ni siquiera puede garantizar que el sistema político venezolano de hoy exista dentro de diez.
Blindar jurídicamente un acuerdo de semejante duración exigiría una arquitectura legal capaz de sobrevivir a una eventual transición política. Pero Trump dijo el 24 de julio desde el Despacho Oval que Venezuela “todavía no está preparada” para celebrar elecciones, aunque reconoció que había habido “muchos avances” y elogió a Rodríguez por estar haciendo “un trabajo fantástico”.
Si Washington impulsara una reforma constitucional para dar mayor cobertura al acuerdo petrolero, tendría que aceptar también el mecanismo democrático que podría desembocar en una elección presidencial capaz de desplazar a Rodríguez. Hasta ahora, ha evitado establecer un calendario electoral.
El problema tampoco termina en Caracas. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece en su artículo 52 que un tratado es nulo cuando su celebración fue obtenida mediante amenaza o uso de la fuerza en violación de los principios de la Carta de Naciones Unidas.
Rodríguez ha denunciado públicamente que Estados Unidos es una “potencia letal” y que Venezuela está bajo amenaza. Si en el futuro un gobierno venezolano intentara cuestionar un acuerdo firmado bajo esas circunstancias, esas declaraciones podrían adquirir una relevancia jurídica mucho mayor.
En Estados Unidos existe además otro frente. Un grupo de doce congresistas demócratas, liderado por el representante Sean Casten, advirtió por escrito el 28 de enero a las empresas petroleras que cualquier acuerdo basado en la autoridad que reclama la administración Trump para controlar activos venezolanos podría ser invalidado por el Congreso, por una futura administración o por un futuro gobierno venezolano.
Los legisladores citaron las atribuciones constitucionales de guerra del Congreso, las obligaciones estadounidenses bajo la Carta de la ONU y los límites de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, la IEEPA. Esa legislación otorga al presidente amplias facultades para bloquear activos extranjeros durante una emergencia nacional, pero el alcance de esas facultades puede convertirse en objeto de disputa cuando se pasa de custodiar activos a garantizar derechos económicos de largo plazo.
La contradicción vuelve a aparecer. Rubio le dijo al Senado que Washington no estaba en guerra con Venezuela y que no estaba confiscando sus bienes. Entonces queda una pregunta difícil de responder: ¿cuál es exactamente la base legal que permitirá garantizar a empresas privadas derechos sobre campos petroleros durante cien años?
Esa fragilidad jurídica se cruza además con la política estadounidense. Buena parte de la industria petrolera y energética estadounidense apoyó financieramente la campaña de Trump en 2024. Los reportes hablan de alrededor de 1.000 millones de dólares en contribuciones de empresas y ejecutivos vinculados al sector. Esa relación alimenta ahora las sospechas sobre posibles conflictos de intereses y ya provocó investigaciones en el Congreso.
Desde enero de 2026, demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara, liderados por el representante Robert García, y del Comité de Medios y Arbitrios, liderados por John Larson, enviaron cartas a Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips y Continental Resources. Exigen detalles sobre sus comunicaciones con la Casa Blanca antes y después de la operación militar que terminó con la captura de Maduro.
García también requirió a las comercializadoras Vitol y Trafigura después de que se conociera que un alto trader de Vitol, John Addison, había donado 6 millones de dólares a la campaña de Trump. En el Senado, demócratas de la Comisión de Medio Ambiente y Obras Públicas exigieron a BP, Baker Hughes, Chevron, ConocoPhillips y Continental Resources que aclararan si tuvieron conocimiento previo o capacidad de influir en la decisión de utilizar fuerza militar en Venezuela.
Aquí entra en juego otro factor: el calendario electoral estadounidense. Las elecciones legislativas de mitad de mandato se celebran en noviembre de 2026. Si los demócratas recuperan la mayoría de la Cámara, dispondrán de mayor capacidad para investigar a la Casa Blanca y a las petroleras y para exigir documentos y testimonios mediante citaciones.
La supervivencia política del acuerdo, por tanto, no dependerá solamente de que supere un cuestionamiento constitucional en Venezuela. También dependerá de qué partido controle el Congreso estadounidense a partir de enero de 2027. Un triunfo demócrata podría traducirse en nuevas investigaciones, citaciones, filtraciones de comunicaciones privadas entre la Casa Blanca y las petroleras y una presión para hacer públicos los términos reales del negocio.
Pero existe un riesgo todavía mayor para las compañías: que el problema no sea Washington, sino el propio futuro de Venezuela. Si el país transita hacia un gobierno surgido de elecciones libres, o si el Tribunal Supremo de Justicia decide revisar la legalidad del acuerdo, cualquiera de esos actores podría intentar cuestionarlo por violación de la Constitución. Eso abriría la puerta a litigios nacionales e internacionales. El problema pasa a ser venezolano si el acuerdo condiciona el desalojo de la actual dictadura por medio de las urnas.
Además, una futura administración estadounidense, de signo distinto al de Trump, podría no reconocer las garantías políticas ofrecidas por la actual. Para una petrolera, esa posibilidad es decisiva. Invertir 100.000 millones de dólares en una industria devastada exige un horizonte temporal de décadas. Si el contrato puede ser impugnado después de una transición política, el riesgo no está solamente en cuánto petróleo existe debajo de la tierra, sino en quién tendrá autoridad para decidir sobre él dentro de veinte, treinta o cincuenta años.
Ese riesgo explica por qué un grupo reducido de compañías con capacidad para absorber pérdidas —Chevron a la cabeza— parece dispuesto a avanzar mientras buena parte del sector observa desde la distancia.
La posición de la oposición venezolana frente a todo este proceso es, por eso, especialmente incómoda. La administración Trump aclaró que su prioridad en Venezuela es la estabilización y el petróleo, antes que la convocatoria de elecciones. Optó por negociar directamente con la dictadura de Delcy Rodríguez, una figura central del chavismo a la que Estados Unidos convirtió en interlocutora para administrar el país y su principal recurso estratégico. Trump ha elogiado públicamente a Rodríguez como “una persona fantástica”, un reconocimiento que nunca ha concedido en los mismos términos a los principales líderes opositores.
La principal afectada es María Corina Machado, líder opositora y premio Nobel de la Paz. Fue recibida en la Casa Blanca en enero de 2026, en una reunión de cortesía sin sustancia política. Trump la vio en privado para no “enviar la señal equivocada” al gobierno de Rodríguez. También llegó a decir públicamente que era “una mujer muy agradable”, pero que “no tiene el apoyo ni el respeto dentro del país”.
Esa marginación desató críticas dentro del antichavismo. El veterano opositor Diego Arria resumió el sentimiento de muchos al señalar que Trump “no habla de la recuperación de la libertad sino fundamentalmente de petróleo”. También denunció que Washington está sosteniendo la “estructura del chavismo” al legitimar a Rodríguez.
Pedro Burelli, exdirector de PDVSA y partidario de Machado, calificó los planes de Trump como “extraños”. Aunque celebró la captura de Maduro, criticó que Estados Unidos pretenda “dirigir” el país y decidir sobre sus recursos naturales sin consultar a los venezolanos. El propio Trump ha reconocido ser “sensible a las acusaciones” de que Rodríguez estaría regalando los recursos del país, aunque eso no ha modificado sus planes.
La estrategia de Washington terminó así por fracturar al antichavismo. Por un lado, existe un sector dialoguista, presionado a negociar una hoja de ruta con la dictadura de Rodríguez. Por otro, un sector más duro, encabezado por Machado, Arria y Burelli, exige elecciones libres y rechaza cualquier acuerdo que no pase por un proceso democrático auténtico.
Machado ha insistido en que el petróleo venezolano no puede ser moneda de cambio para la libertad. También sostiene que cualquier negociación sobre los recursos de la nación debe someterse a consulta popular y no decidirse en despachos de Washington o Caracas por funcionarios sin legitimidad democrática.
El “Acuerdo del Siglo” es extraordinario por su escala y duración. No existe un precedente reciente comparable que pretenda garantizar acceso durante cien años a una porción tan importante de las reservas de un país.
Pero es cuestionable por su fragilidad jurídica. El artículo 12 de la Constitución protege los yacimientos como bienes del dominio público y otras disposiciones constitucionales establecen límites adicionales a la transferencia o arrendamiento de territorio y recursos nacionales.
Es oscuro por el destino de los ingresos que ya genera la industria: miles de millones de dólares pasan por mecanismos controlados por Washington mientras el régimen venezolano no ofrece una contabilidad pública capaz de responder con precisión cuánto dinero ha regresado al país.
Es políticamente frágil porque depende de dos procesos que nadie controla por completo.
Y las elecciones de medio término estadounidenses pueden modificar el equilibrio de poder en Washington. Por otro, una eventual transición democrática venezolana podría modificar la legitimidad y la validez de los contratos firmados durante la dictadura de Rodríguez.
Las preguntas de fondos, entonces, son ¿Quién controlará ese petróleo? ¿Quién financiará su recuperación, quién recibirá los ingresos? ¿Quién tendrá derecho a decidir sobre él cuando hayan pasado los gobiernos que hoy están negociando los contratos? y, sobre todo, ¿Beneficia el pacto genuinamente al “futuro energético” de Estados Unidos como nación? ¿O estamos ante un negocio extraordinario para un grupo reducido de empresas que encontraron una oportunidad excepcional en un país intervenido y políticamente debilitado?
Todavía no hay una respuesta definitiva. Pero sí hay un ausente evidente. El pueblo venezolano.
Ningún comunicado sobre el acuerdo petrolero menciona con la misma intensidad una catástrofe ocurrida en paralelo a estas negociaciones y cuyas heridas todavía no cicatrizan.
El 24 de junio de 2026, dos terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron el norte de Venezuela. Fueron segundos de diferencia entre ambos movimientos y produjeron una de las mayores tragedias naturales de la historia reciente del país. El último balance oficial disponible a fines de agosto eleva, según las cifras incorporadas a este expediente, a más de 6.500 los muertos y a unos 226.700 los heridos atendidos en hospitales.
La cifra de desaparecidos es otro síntoma de la opacidad que atraviesa Venezuela. La dictadura dejó de actualizar el dato oficial desde el 25 de junio, cuando lo situaba en apenas 157 personas. Una iniciativa ciudadana independiente que centraliza reportes de familiares —sin verificación oficial— contabiliza cerca de 41.000 personas cuyo paradero se desconoce. Más de 17.900 damnificados siguen viviendo en refugios improvisados, muchos de ellos en iglesias, estadios y parques del estado La Guaira, la zona más golpeada.
Según una evaluación preliminar del Banco Mundial, los daños directos ascienden a 19.600 millones de dólares, equivalentes al 18% del PIB venezolano. Economistas locales calculan que completar la reconstrucción exigiría entre 12.000 y 15.000 millones de dólares adicionales en los próximos años. Venezuela, en impago desde 2017 y desconectada de los prestamistas multilaterales, no tiene una forma sencilla de reunir esa suma.
Y ahí aparece la imagen que resume todo el episodio. Mientras Washington y Caracas negocian el acceso durante cien años a unos 90.000 millones de barriles de reservas, mientras las petroleras calculan cuánto pueden invertir y cuánto pueden ganar, mientras abogados discuten la Constitución venezolana y congresistas estadounidenses preparan investigaciones, un país que posee las mayores reservas de petróleo del mundo necesita apenas una fracción de la riqueza que yace bajo su territorio para reconstruir viviendas, hospitales y escuelas.
Esa cifra —la que de verdad urge para reconstruir el país— no figura en ningún capítulo del llamado Acuerdo del Siglo. Tal vez esa sea la contradicción más dolorosa de todas. Venezuela está negociando una centuria de petróleo, y mientras tanto vive en la miseria de no tener con qué reconstruir su presente.