Alfonso Hernández Ortiz | Petróleo, poder y legitimidad: ¿quién decide la Venezuela del futuro?

Hay noticias que importan por lo que anuncian y otras por las consecuencias que pueden dejar cuando quienes las protagonizan ya no estén en el poder. La información publicada por Reuters sobre las negociaciones petroleras entre Washington y Caracas pertenece, en mi opinión, a esta segunda categoría. La administración de Donald Trump estudia un acuerdo que permitiría a Estados Unidos asegurar acceso de largo plazo a campos petroleros venezolanos, con participación de empresas estadounidenses, incluyendo áreas de la Faja del Orinoco y del Lago de Maracaibo. Incluso se ha mencionado la posibilidad de que Venezuela reconsidere su permanencia en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. No estamos hablando simplemente de vender más petróleo o conseguir inversiones para recuperar la producción. Estamos hablando de decisiones que pueden comprometer durante años la principal riqueza estratégica del país. Y allí aparece la pregunta política que realmente me interesa, ¿quién posee hoy legitimidad suficiente para decidir sobre la Venezuela que heredará un gobierno democrático que todavía no ha sido elegido?

Desde la prospectiva estratégica, el problema resulta todavía más evidente. Juanjo Gabiña nos invita a pensar el futuro como algo que se construye desde las decisiones del presente, mientras Michel Godet incorpora los escenarios, los actores y las relaciones de poder a esa reflexión. No necesitamos adivinar qué ocurrirá en Venezuela, necesitamos evitar el error de asumir que las condiciones actuales serán permanentes. Trump dejará la Casa Blanca, Delcy Rodríguez deberá dejar el interinato y las prioridades de Washington cambiarán, pero un contrato petrolero firmado hoy puede permanecer durante décadas. Esa diferencia entre el tiempo de la política y el tiempo de las decisiones estratégicas es, para mí, el verdadero centro del problema.

Trump está defendiendo los intereses de Estados Unidos y no debería sorprendernos. Las compañías petroleras también defenderán los intereses de sus accionistas. Venezuela representa reservas, petróleo pesado para las refinerías estadounidenses, oportunidades de inversión y una posición geopolítica extraordinaria en el Caribe. No creo en la explicación simplista de que las corporaciones gobiernan Washington, pero tampoco podemos ignorar la convergencia que existe entre seguridad energética, política exterior y capital privado. Washington quiere petróleo e influencia, las empresas quieren rentabilidad y seguridad jurídica, Caracas necesita inversión, producción e ingresos. Todos tienen intereses perfectamente identificables. Mi pregunta, como venezolano, es quién está defendiendo con la misma determinación el interés nacional de Venezuela dentro de veinte o treinta años.

Aquí conviene separar dos conceptos que en política suelen confundirse, poder y legitimidad. Delcy Rodríguez ejerce poder efectivo, pero yo no le reconozco legitimidad democrática. Puede administrar el Estado, negociar con Washington y producir resultados, pero eso no sustituye el voto. Existe incluso una paradoja que no deberíamos ignorar. Si durante el interinato aumenta la producción, regresan las inversiones, mejora la economía y se recupera cierta estabilidad, quienes hoy administran el poder acumularán capital político. En una futura democracia podrán defender esos resultados y competir si las reglas constitucionales se lo permiten. Lo que no puede ocurrir es que la eficacia económica termine convirtiéndose en argumento para prolongar la provisionalidad. Una transición exitosa no es aquella en la que el interinato funciona tan bien que termina quedándose, sino aquella que consigue crear las condiciones para dejar de ser necesario.

La participación de Dinorah Figuera en las conversaciones con Jorge Rodríguez debe analizarse dentro de ese mismo límite. Considero positivo cualquier mecanismo que permita alcanzar garantías, recuperar libertades, reconstruir instituciones y establecer las condiciones de una salida electoral. Figuera puede contribuir a construir ese puente. Pero una negociación política no puede transformar por sí misma un poder de hecho en un poder legítimo, ni debería convertirse en autorización para comprometer indefinidamente recursos estratégicos. Una mesa puede negociar las condiciones para llegar a la democracia, no sustituirla. Por eso el resultado verdaderamente importante de esas conversaciones no será cuántos acuerdos produzcan, sino si consiguen conducir finalmente al país hacia elecciones libres.

La OPEP constituye un buen ejemplo de los límites que deberían existir. Venezuela fue miembro fundador en 1960, pero no considero nuestra permanencia un dogma. Si dentro de una estrategia energética seria concluimos que permanecer ya no beneficia al país, podemos discutir una salida. Pero una decisión que modificaría más de seis décadas de política petrolera y nuestra posición dentro del mercado energético internacional no debería surgir como consecuencia lateral de una negociación coyuntural con Washington. Lo mismo vale para los campos petroleros, las condiciones otorgadas a las compañías extranjeras y cualquier compromiso de suministro de largo plazo. Las decisiones estratégicas necesitan algo más que funcionarios capaces de firmarlas, necesitan instituciones capaces de legitimarlas.

Hay además una frase de Trump que obliga a fijar posición. Al hablar de Venezuela y de los beneficios obtenidos por Estados Unidos, recuperó la expresión, “al vencedor pertenece el botín”. Yo rechazo esa lógica aplicada a nuestro país. Durante años Cuba, Rusia, China e Irán ampliaron su influencia sobre Venezuela y sobre recursos estratégicos con la complicidad del chavismo y del madurismo, que comprometieron espacios que nunca debieron comprometer. Haber denunciado aquella subordinación nos obliga a ser coherentes ahora. Estados Unidos no ocupa para mí el mismo lugar, puede y debe convertirse en un aliado fundamental de la reconstrucción democrática venezolana. Pero precisamente porque hablamos de una alianza y no de una sustitución de dependencias, debe existir un límite claro. Ayudar a Venezuela a recuperar su libertad no concede derechos de propiedad sobre Venezuela. Los aliados comparten intereses, no soberanía.

Por eso considero que la insistencia de María Corina Machado en llegar a elecciones libres toca el núcleo del problema. Podemos discutir los tiempos y las estrategias de la transición, pero en algún momento debemos atravesar la frontera entre el poder que administra una excepcionalidad y el poder que posee legitimidad para gobernar. Esa frontera es el voto. Las elecciones no pueden quedar relegadas hasta después de recuperar el petróleo, estabilizar la economía y cerrar grandes acuerdos internacionales. Precisamente porque esas decisiones condicionarán el futuro, necesitamos recuperar cuanto antes instituciones que puedan adoptarlas con legitimidad democrática.

También debemos pensar en el gobierno que venga después. Un presidente elegido libremente podría encontrarse con contratos petroleros de largo plazo, compromisos de suministro y quizás una Venezuela fuera de la OPEP. No podrá simplemente borrar todo lo firmado anteriormente. Existirán contratos, derechos, obligaciones, mecanismos de solución de controversias y posibles arbitrajes. Por eso sería irresponsable plantear que la futura democracia simplemente desconocerá lo acordado durante el interinato. La mejor protección para una inversión no consiste en blindarla frente a la democracia, sino en conseguir que sea tan transparente, jurídicamente sólida y beneficiosa para Venezuela que el próximo gobierno tenga razones para respetarla.

Aquí aparece lo que llamaría la doble provisionalidad. Desde Washington y Caracas, actores políticamente temporales pueden estar adoptando decisiones económicamente permanentes. Trump termina su mandato en enero de 2029, Delcy Rodríguez administra una etapa que debería conducir hacia elecciones, pero el petróleo seguirá debajo de nuestro territorio y los contratos podrán sobrevivir a ambos. Esa es la utilidad de mirar el problema desde la prospectiva, obligarnos a pensar en la Venezuela que existirá cuando los protagonistas actuales sean solamente parte de su historia.

No propongo regresar al nacionalismo petrolero que convirtió a PDVSA en instrumento político y terminó contribuyendo a su destrucción. Venezuela necesita inversión privada, tecnología, competencia, seguridad jurídica y una relación estratégica profunda con Estados Unidos y con las democracias occidentales. Necesitamos empresas dispuestas a invertir miles de millones de dólares y necesitamos ofrecerles condiciones suficientemente estables para hacerlo. Pero apertura económica y soberanía no son conceptos incompatibles. El desafío consiste precisamente en atraer capital sin entregar capacidad de decisión, construir alianzas sin generar dependencia y aprovechar esta oportunidad histórica sin hipotecar aquello que corresponderá decidir a instituciones democráticas.

Al final, el petróleo es solamente la expresión más visible de una discusión mucho mayor. Estamos decidiendo dónde termina la excepcionalidad y dónde comienza nuevamente la República. Delcy Rodríguez puede administrar un interinato, Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez pueden negociar una salida, Estados Unidos puede contribuir decisivamente a la reconstrucción y las corporaciones pueden aportar el capital que Venezuela necesita, pero ninguno puede sustituir la legitimidad que nace del ciudadano. Esa es la razón por la cual las elecciones no son simplemente una etapa más dentro de la transición, son aquello que le da sentido.

Venezuela ya conoce el costo de permitir que intereses extranjeros, ideologías y grupos instalados en el poder condicionen durante años sus decisiones estratégicas. La Venezuela que viene no debería repetir esa historia cambiando simplemente de protagonistas. Necesitamos petróleo, inversión y aliados, pero necesitamos sobre todo recuperar la capacidad de decidir. No se trata de escoger quién administra nuestros recursos desde afuera, sino de reconstruir instituciones capaces de administrarlos desde Venezuela. La verdadera transición venezolana no podrá medirse solamente en barriles producidos, inversiones recibidas o contratos firmados. Se habrá completado cuando recuperemos la República y sean nuevamente los venezolanos, mediante elecciones libres y dentro de instituciones legítimas, quienes tengan la última palabra sobre su petróleo, sobre sus alianzas y, finalmente, sobre su futuro.