Nacho Montes de Oca | El fracaso de los vendedores de odio
Durante los últimos años, la política mundial pareció encontrar una fórmula capaz de desafiar todas las reglas conocidas. Bastaba con presentarse como un outsider, denunciar a las instituciones, convertir a los adversarios en enemigos, agitar los resentimientos sociales y prometer soluciones inmediatas para problemas que los gobiernos tradicionales no habían conseguido resolver.
El personaje debía tener algo de revolucionario, bastante de provocador y, sobre todo, una convicción inquebrantable de que su voluntad estaba por encima de cualquier límite. La moderación pasó a ser sinónimo de debilidad, el diálogo se convirtió en una concesión y la agresividad comenzó a venderse como una virtud política.
La fórmula funcionó. Donald Trump la llevó a su máxima expresión en Estados Unidos, Jair Bolsonaro la trasladó a Brasil, Viktor Orbán la convirtió en un modelo de poder en Hungría y Javier Milei la adaptó a la Argentina. Pero el fenómeno no fue patrimonio de la derecha. Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, Andrés Manuel López Obrador en México, Pedro Castillo en Perú y Alexis Tsipras en Grecia, desde tradiciones y circunstancias muy diferentes, también construyeron parte de su capital político sobre la confrontación, la denuncia de enemigos y la promesa de una transformación que debía imponerse contra quienes supuestamente impedían el progreso de sus sociedades.
Para que no queden dudas, este artículo puede aplicarse a Pedro Sánchez en España o a Nayib Bukele en El Salvador, con igual gracia que a cualquier líder caribeño o de las diferentes partes de Asia. O de África. Porque las cepas de esta pandemia política solo está ausente en el continente antártico. Solo hay que colocar el nombre en la matriz para comprobar que funciona de igual manera.
Cambiaban las banderas, los destinatarios de la indignación y las promesas económicas, pero el mecanismo tenía sorprendentes similitudes. El dirigente se presentaba como el único capaz de interpretar la voluntad popular, las instituciones se convertían en obstáculos, los adversarios dejaban de ser interlocutores y la política pasaba a organizarse alrededor de una batalla permanente. El liderazgo ya no se medía tanto por la capacidad de resolver problemas como por la habilidad para mantener encendida la indignación de sus seguidores.
Pero hubo otro protagonista que ayudó a convertir esa fórmula en un fenómeno global: las redes sociales. La política de la confrontación encontró en las plataformas digitales un instrumento de difusión que multiplicó su alcance y terminó modificando la propia manera de hacer campaña y ejercer el poder.
Las redes no inventaron el odio político. Lo que hicieron fue darle una velocidad, una escala y una rentabilidad que antes no tenía. Los algoritmos que organizan los contenidos según la interacción de los usuarios tienden a favorecer aquello que provoca reacciones, comentarios, discusiones y circulación. Y pocas cosas generan tanta interacción como la indignación, el miedo o la hostilidad hacia quienes piensan diferente.
Un mensaje razonado puede necesitar varios minutos para explicar una política económica. Un insulto puede conseguir miles de reproducciones en segundos. Una explicación sobre las dificultades de una negociación internacional difícilmente compita con un video en el que un dirigente humilla a un adversario. La complejidad pierde frente al impacto y la provocación termina convertida en una mercancía de enorme valor comunicacional.
La investigación académica ofrece indicios concretos de este mecanismo. Un estudio publicado en junio de 2021 en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, elaborado a partir del análisis de más de 2,7 millones de publicaciones de medios de comunicación y legisladores estadounidenses, encontró que los mensajes referidos negativamente al grupo político adversario se compartían aproximadamente el doble que aquellos dirigidos al propio espacio. En marzo de 2025, otro trabajo publicado en PNAS
Nexus comprobó experimentalmente que el sistema de recomendaciones de Twitter, hoy X, basado en la interacción amplificaba los contenidos más partidistas, hostiles y cargados de emociones negativas.
No significa que todos los usuarios sean manipulados ni que las plataformas produzcan automáticamente radicalización. Pero sí demuestra que existe un incentivo estructural para premiar la confrontación. El político que provoca obtiene visibilidad; la plataforma que consigue más interacciones obtiene atención y oportunidades comerciales; y el público termina expuesto a una competencia permanente por su indignación.
Así se genera un círculo que se retroalimenta. Los dirigentes descubren que una declaración agresiva puede conseguir más repercusión que una explicación de sus políticas. Las campañas empiezan a diseñarse para producir momentos virales. Los adversarios se convierten en personajes a los que hay que ridiculizar y los seguidores reciben permanentemente mensajes que confirman que su grupo tiene razón y que el otro representa una amenaza.
La consecuencia es que la política deja de estar organizada exclusivamente alrededor de las ideas y comienza a girar alrededor de las emociones. El ciudadano ya no solamente elige a quien considera capaz de gobernar mejor, sino que muchas veces termina defendiendo una identidad frente a otra. La discusión sobre los resultados queda desplazada por la necesidad de demostrar pertenencia.
Y ahora empiezan a aparecer señales de agotamiento. No significa que el populismo haya desaparecido, que las sociedades hayan recuperado súbitamente su confianza en los partidos tradicionales o que exista una nueva mayoría mundial partidaria de la moderación. Lo que comienza a ponerse en discusión es algo más profundo: la idea de que un dirigente puede gobernar permanentemente como si estuviera en campaña, que la agresividad sustituye a la capacidad de gestión y que dividir a la sociedad es una forma eficaz de resolver sus problemas.
La derrota electoral de Donald Trump en las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre de 2026 es una de las señales más contundentes. Los demócratas consiguieron el control de ambas cámaras del Congreso, con avances incluso en territorios que hasta hace poco parecían bastiones republicanos. No fue una elección presidencial ni significa que Trump haya perdido su mandato, pero sí representó un severo rechazo a su conducción y una advertencia sobre los límites de su poder.
Associated Press y Reuters señalaron que el malestar económico, el costo de vida, las preocupaciones por la corrupción y las consecuencias de la guerra contra Irán estuvieron entre los factores que pesaron en el voto. La guerra, en particular, había contribuido a encarecer los combustibles y agravado la preocupación de los estadounidenses por su situación económica.
Trump había construido buena parte de su liderazgo sobre la promesa de que su personalidad, su capacidad para imponerse y su desprecio por las convenciones permitirían resolver aquello que la política tradicional había dejado pendiente. Sin embargo, la guerra con Irán terminó exponiendo una realidad especialmente costosa: quien había prometido evitar nuevos conflictos y concentrarse en los problemas de los estadounidenses terminó involucrando al país en una confrontación cuyos efectos llegaron directamente a los bolsillos de sus propios votantes.
El precio de la energía, la incertidumbre económica y el desgaste político demostraron que las decisiones internacionales tampoco pueden administrarse como una sucesión de gestos destinados a alimentar la imagen de un dirigente invulnerable. La política exterior tiene consecuencias materiales, y esas consecuencias terminan llegando a la vida cotidiana. El electorado puede tolerar durante un tiempo el espectáculo, las provocaciones y las promesas grandilocuentes. Lo que resulta más difícil de aceptar es que, después de tanto ruido, la vida no mejore.
Hay otra señal particularmente significativa en Europa. El 12 de abril, Viktor Orbán perdió las elecciones parlamentarias de Hungría después de dieciséis años en el poder. El dirigente que había convertido a su país en una referencia internacional para los movimientos nacionalistas y conservadores, y que se presentaba como el arquitecto de una democracia iliberal, fue desplazado por Péter Magyar, un antiguo integrante de su propio espacio político. Su partido, Tisza, consiguió una mayoría de dos tercios en el Parlamento.
Reuters identificó entre las razones del retroceso de Orbán el estancamiento económico, el aislamiento internacional y el enriquecimiento de grupos empresariales cercanos al poder. El dirigente había conseguido que la política húngara girara durante años alrededor de sus adversarios, de Bruselas, de los inmigrantes y de las amenazas externas. Pero esa estrategia no alcanzó para ocultar indefinidamente los problemas internos.
La paradoja es que Magyar no llegó desde la izquierda ni representó una restauración del viejo sistema. Fue un dirigente de centroderecha, con antecedentes dentro del propio universo político de Orbán. Eso vuelve todavía más interesante el resultado: una parte del electorado no necesariamente abandonó sus convicciones conservadoras, sino que decidió que podía defenderlas sin seguir sosteniendo al hombre que había monopolizado su representación.
En Brasil apareció otra señal, aunque con una particularidad que merece atención. Jair Bolsonaro había llegado al poder en 2019 con un discurso de ruptura, seguridad, orden y combate a la corrupción, acompañado de una retórica de confrontación que convirtió a buena parte de la oposición en enemiga de la nación. Su derrota frente a Lula en 2022 mostró que ese liderazgo no era invulnerable. Sin embargo, la polarización sobrevivió a su salida del Gobierno y llegó hasta la elección presidencial de octubre de 2026, cuando su hijo Flávio Bolsonaro perdió frente a Lula por el 51,79% contra el 48,21%.
El resultado impidió que el bolsonarismo prolongara su experiencia presidencial mediante una sucesión familiar, aunque la ajustada diferencia demuestra que Brasil continúa profundamente dividido. Lula obtuvo un cuarto mandato, pero eso no significa que haya conseguido superar la fractura política que atraviesa el país. La derrota de un sector no equivale automáticamente a la reconciliación nacional.
Y aquí aparece una cuestión fundamental: el problema no consiste en que los ciudadanos hayan dejado de creer en la derecha o en la izquierda. Consiste en que comienzan a cuestionar que un dirigente o una familia política puedan apropiarse de una identidad ideológica y exigir adhesión incondicional en nombre de ella.
Venezuela ofrece uno de los ejemplos más dramáticos de la distancia que puede existir entre las promesas de transformación y sus resultados. Hugo Chávez construyó su liderazgo denunciando a las élites tradicionales y prometiendo una redistribución de la riqueza petrolera que terminaría con la exclusión social. Durante años, el proyecto bolivariano consiguió adhesión popular, particularmente entre sectores históricamente postergados. Pero la concentración del poder, el deterioro institucional y las decisiones económicas del chavismo terminaron contribuyendo a una crisis de dimensiones extraordinarias.
Bajo Nicolás Maduro, la economía venezolana perdió más del 75% de su producto interno bruto real entre 2013 y 2021, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional. A ese derrumbe se sumaron la hiperinflación, el deterioro de los servicios públicos y un éxodo de millones de personas. Sería incorrecto atribuir toda la crisis a una sola causa e ignorar el impacto de las sanciones internacionales y de la caída de los ingresos petroleros. Pero también sería imposible explicar semejante desastre sin considerar las decisiones económicas, la corrupción y el deterioro institucional del propio régimen.
Lo importante para este análisis es que la confrontación terminó convirtiéndose en una forma de justificar la permanencia en el poder. Cada problema encontraba un responsable externo, cada crítica era presentada como una conspiración y cada fracaso podía explicarse como una nueva agresión contra la revolución. La promesa original de devolverle el poder al pueblo terminó conviviendo con una estructura que concentró las decisiones y redujo los espacios para cuestionarlas.
México ofrece una experiencia diferente y permite evitar las simplificaciones. Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia con una propuesta de transformación que encontró un respaldo popular considerable. Su enfrentamiento con las élites económicas, los medios críticos y las instituciones que cuestionaban sus decisiones fue una parte central de su estilo político. Su administración consiguió reducir la pobreza general: según las cifras oficiales correspondientes a 2018 y 2022, pasó del 41,9% al 36,3%. Ese resultado debe reconocerse. Sin embargo, Human Rights Watch advirtió que la pobreza extrema permaneció prácticamente sin cambios y que la cantidad de personas sin acceso a servicios de salud se había más que duplicado. La violencia criminal, además, continuó siendo uno de los grandes problemas del país.
La experiencia mexicana demuestra que no es necesario negar los logros de un gobierno para señalar sus contradicciones. Un dirigente puede obtener resultados en determinadas áreas y, al mismo tiempo, mantener una relación conflictiva con las instituciones, debilitar la discusión pública o dejar sin resolver problemas esenciales. El liderazgo personalista no convierte automáticamente todas sus políticas en un fracaso, pero tampoco puede utilizar sus éxitos parciales como justificación para evitar cualquier rendición de cuentas.
En Perú, Pedro Castillo protagonizó una experiencia más breve y caótica. Llegó con la promesa de representar a los sectores rurales excluidos y transformar un sistema político que había perdido buena parte de su legitimidad. Sin embargo, su presidencia duró apenas dieciséis meses, atravesada por crisis políticas, investigaciones por corrupción y una inestabilidad administrativa extraordinaria. Human Rights Watch documentó que 78 ministros ocuparon los 19 puestos ministeriales durante ese período. La promesa de una nueva representación popular terminó sin construir una administración capaz de sostenerse.
También Grecia ofrece un antecedente interesante. Alexis Tsipras llegó al poder en 2015 encabezando Syriza y prometiendo terminar con la austeridad impuesta por los acreedores internacionales. Su gobierno convocó a un referéndum en el que el 61,3% de los votantes rechazó las condiciones del rescate europeo. Sin embargo, apenas una semana después, frente al riesgo de una ruptura financiera y de una eventual salida del euro, terminó aceptando un nuevo acuerdo de asistencia. No fue simplemente una traición a sus votantes: también fue la evidencia de que las consignas de campaña no eliminan las restricciones económicas y financieras de un país. La capacidad de movilizar el descontento no garantiza la capacidad de encontrar una salida.
Argentina ofrece un terreno especialmente interesante para observar esta discusión porque Javier Milei llegó al poder precisamente explotando el cansancio con la política tradicional. Su promesa tenía una parte legítima: romper con un sistema que había acumulado fracasos, privilegios, inflación y desconfianza. El problema aparece cuando la ruptura deja de ser un instrumento para convertirse en el método permanente de gobierno.
Milei no solamente confronta con el peronismo, sino también con sectores empresariales, periodistas, gobernadores, legisladores, universidades y hasta dirigentes que podrían coincidir con algunas de sus reformas. La oposición es presentada frecuentemente como una amenaza antes que como una parte necesaria del funcionamiento democrático. En ese esquema, negociar parece una derrota y reconocer un error puede interpretarse como una debilidad.
Pero gobernar no consiste en ganar todas las discusiones. Consiste en conseguir que las cosas funcionen. La estabilización macroeconómica, la reducción de la inflación y el equilibrio fiscal son objetivos importantes y deben evaluarse por sus resultados. Pero tampoco pueden convertirse en una respuesta automática frente a cualquier dificultad que experimente la población. El empleo, los salarios, el consumo, la actividad de las empresas, la inversión y la calidad de los servicios públicos forman parte de la misma ecuación.
La pregunta que debería hacerse cualquier gobierno es sencilla: ¿de qué sirve tener razón en una discusión ideológica si el ciudadano no consigue mejorar sus condiciones de vida?
La misma pregunta debería dirigirse a la oposición. Porque el problema no se resuelve sustituyendo la agresividad de un dirigente por la de sus adversarios. Si el peronismo pretende regresar al poder limitándose a explotar el malestar, reivindicar sus propias identidades y convertir a Milei en el responsable de todos los males, corre el riesgo de reproducir exactamente la lógica que critica. Una sociedad agotada por la confrontación no necesita dos bandos que compitan por demostrar quién odia mejor al otro.
Y es precisamente allí donde se encuentra el hilo conductor de todas estas experiencias. La política del enfrentamiento no es una ideología. Es un método. Puede utilizarlo un dirigente que se presenta como nacionalista, otro que habla en nombre de los trabajadores, uno que promete liberar al mercado o alguien que reivindica una revolución social. La diferencia entre izquierda y derecha está en sus propuestas económicas, en su concepción del Estado, en la distribución de la riqueza y en los derechos que defienden. Pero cuando el ejercicio del poder se convierte en una demostración cotidiana de superioridad personal, cuando los adversarios dejan de ser interlocutores y pasan a ser enemigos y cuando la lealtad importa más que la capacidad, las consecuencias empiezan a parecerse demasiado.
No se trata de equiparar todas las experiencias ni de ignorar las diferencias entre gobiernos democráticos, autoritarios y dictatoriales. Se trata de reconocer que existe una enfermedad política transversal: la sustitución de la gestión por el espectáculo, de la deliberación por la obediencia y de los resultados por la construcción permanente de enemigos.
El problema se vuelve todavía más serio cuando esa forma de ejercer el poder alcanza las decisiones estratégicas. La guerra de Trump contra Irán es un ejemplo. Una decisión de semejante magnitud exige información contrastada, conocimiento militar, diplomático y económico, evaluación de escenarios y capacidad para anticipar consecuencias. No puede depender de la intuición de un dirigente ni de la necesidad de demostrar fortaleza ante sus seguidores.
La política exterior no es una puesta en escena. Irán no es un adversario al que se pueda derrotar con una frase provocadora, una amenaza en redes sociales o una demostración de autoridad. Las decisiones militares tomadas sin una estrategia política suficientemente elaborada pueden generar problemas mucho mayores que aquellos que pretendían resolver. Y cuando el costo de esas decisiones se traduce en combustible más caro, inestabilidad internacional y nuevas amenazas, los ciudadanos terminan pagando la factura de un espectáculo que nunca contrataron.
Lo mismo sucede en el plano interno cuando un mandatario se rodea exclusivamente de personas cuya principal virtud es no contradecirlo. La lealtad puede ser una condición razonable para integrar un equipo político, pero no sustituye al conocimiento. Un presidente necesita colaboradores capaces de advertirle que una decisión es equivocada, ministros que puedan plantear alternativas y especialistas que no tengan que calcular el costo de contradecirlo antes de presentar un informe.
Un gobierno compuesto por personas que solamente confirman las convicciones de su jefe no es necesariamente un gobierno unido. Puede ser, simplemente, un gobierno que ha perdido la capacidad de corregirse.
Y esa incapacidad tiene un precio. Las políticas improvisadas, las decisiones apresuradas y los conflictos innecesarios producen daños que luego deben resolver otros funcionarios, otras administraciones y, fundamentalmente, los ciudadanos. La velocidad no es sinónimo de eficacia, del mismo modo que la contundencia de un discurso no demuestra la solidez de una política pública.
En Europa, mientras tanto, el problema adquiere otra dimensión. La expansión de los movimientos nacionalistas y de las derechas radicales alimentó una respuesta igualmente confrontativa desde sectores de izquierda. Las calles se transformaron en escenarios de una disputa que muchas veces reproduce los mismos mecanismos de descalificación y exclusión que pretende combatir. Las tensiones por la inmigración, la identidad nacional, el costo de vida y la seguridad se convirtieron en combustible para dirigentes que encuentran en el conflicto una fuente permanente de legitimidad.
Las redes sociales contribuyen a profundizar ese enfrentamiento. La discusión pública se fragmenta en comunidades que consumen información diferente, comparten enemigos comunes y desarrollan sus propias versiones de la realidad. Una declaración puede ser extraída de contexto, transformada en un video viral y reproducida miles de veces antes de que aparezca una explicación. La rectificación suele llegar tarde y con una difusión mucho menor que la acusación original.
El resultado es una sociedad cada vez más fragmentada, en la que las diferencias políticas dejan de ser una expresión normal de la democracia y pasan a organizar la vida cotidiana. El vecino deja de ser alguien que piensa distinto para convertirse en alguien de quien hay que desconfiar. La familia, el trabajo, las universidades y hasta los espacios culturales terminan atravesados por identidades políticas que exigen adhesión antes que convivencia.
Pero sería un error interpretar este cambio como una victoria ideológica de la izquierda o una derrota definitiva de la derecha. Las elecciones de Estados Unidos, Hungría y Brasil muestran movimientos electorales importantes, pero no una desaparición de las fuerzas que construyeron su poder alrededor del nacionalismo, el personalismo o la confrontación.
Tampoco los resultados de Lula permiten afirmar que Brasil haya superado su polarización. Lo que aparece es algo más complejo: los electores pueden seguir respaldando proyectos de izquierda o de derecha, pero también pueden castigar a quienes confunden el liderazgo con la confrontación permanente.
El fenómeno también explica por qué el concepto de outsider comienza a perder parte de su atractivo. Ser ajeno a la política tradicional puede ser una ventaja para llegar al poder, pero no constituye una capacidad para gobernar. Haber denunciado durante años los defectos de un sistema no significa saber cómo reemplazarlo. Y tener una enorme capacidad para comunicar indignación no equivale a tener la preparación necesaria para conducir un Estado.
El outsider tiene una ventaja inicial: puede atribuir los problemas a quienes lo precedieron. Pero cuando lleva dos, cuatro o seis años gobernando, esa explicación empieza a agotarse. Ya no alcanza con denunciar a la herencia recibida, a los jueces, a los periodistas, a los empresarios, a los sindicatos, a los inmigrantes o a las conspiraciones internacionales. En algún momento, el responsable de las decisiones es quien ocupa el despacho presidencial.
Ese es el momento en que el espectáculo empieza a competir con la realidad. Y la realidad suele ser bastante menos indulgente que los seguidores de un dirigente.
La política del odio tiene, además, un problema estructural: necesita enemigos para mantenerse viva. Cuando consigue derrotar a uno, debe encontrar otro. Nunca puede declarar terminada la batalla porque su propia existencia depende de que la batalla continúe. El dirigente que construyó su liderazgo sobre la promesa de terminar con la división termina necesitando profundizarla para conservar su protagonismo.
Pero una sociedad no puede vivir indefinidamente en estado de guerra política. Tiene que trabajar, producir, educar a sus hijos, atender a sus enfermos, construir viviendas, invertir y planificar el futuro. Todas esas actividades necesitan previsibilidad, confianza y cierta capacidad de cooperación. El enfrentamiento permanente destruye precisamente las condiciones que hacen posible el bienestar que esos dirigentes prometieron recuperar.
Quizás la lección más importante de las derrotas de Trump y Orbán, de la frustración que empieza a expresarse en Argentina y de las dificultades de los proyectos políticos que se apoyaron en el personalismo sea que el electorado no está necesariamente buscando dirigentes menos firmes, sino dirigentes que demuestren que su firmeza sirve para algo.
Los ciudadanos no han dejado de valorar el carácter, la autoridad o la capacidad de tomar decisiones difíciles. Lo que empiezan a distinguir es entre alguien que tiene autoridad y alguien que necesita demostrarla todos los días; entre quien conduce y quien solamente confronta; entre quien tiene convicciones y quien es incapaz de escuchar una opinión diferente.
Tampoco significa que la política tradicional haya recuperado automáticamente su prestigio. Los partidos que hicieron posible el ascenso de estos outsiders siguen teniendo enormes responsabilidades en la crisis de representación que los llevó al poder. Si pretenden regresar limitándose a ofrecer una versión más educada de los mismos fracasos, descubrirán que el electorado no tiene ninguna obligación de volver a confiar en ellos.
La alternativa no es regresar al pasado ni sustituir a un líder estridente por otro de buenos modales. Es recuperar una política en la que los resultados importen más que los gestos, los equipos sean más importantes que los aduladores, las instituciones estén por encima de las ambiciones personales y el adversario no sea considerado un enemigo que debe desaparecer.
Tal vez estemos asistiendo al principio del final de una época en la que el volumen de los gritos parecía medir la capacidad de un dirigente. Trump, Orbán y Bolsonaro representan distintas expresiones de ese ciclo, mientras que Argentina todavía tiene por delante su propia discusión sobre los límites y los resultados del modelo de Milei. Los ejemplos de
Chávez, Maduro, López Obrador, Castillo y Tsipras demuestran que la misma tentación atravesó proyectos ideológicos muy diferentes. Ninguno de esos procesos permite anunciar que la sociedad global haya encontrado una nueva fórmula política. Pero sí dejan una advertencia que debería ser escuchada en todas las capitales.
Los ciudadanos pueden votar por un revolucionario, un libertador, un nacionalista o un líder que prometa destruirlo todo. Lo que no están obligados a hacer es seguir aplaudiéndolo cuando descubren que, después de destruir, no sabe construir.
Y quizás allí esté comenzando el verdadero cambio de época: no en el triunfo de una ideología sobre otra, sino en el cansancio de sociedades que descubrieron que el odio puede ganar elecciones, que el narcisismo puede conquistar el poder y que la confrontación puede mantener encendida una campaña durante años, pero ninguna de esas cosas sirve para pagar las cuentas, conseguir trabajo, educar a los hijos o vivir un poco mejor.
Porque, al final, los ciudadanos no necesitan presidentes que ganen todas las peleas. Necesitan gobiernos que consigan que sus vidas sean mejores. Y el bienestar no se reduce a la prosperidad económica: también se construye con una convivencia más respetuosa, con menos violencia y con la posibilidad de vivir sin convertir cada diferencia en un enfrentamiento.
Hay una reflexión que merece quedar flotando después de tanta confrontación: el odio puede ser un motor poderoso, pero es un motor ciego. Destruye incluso aquello que pretende defender y difícilmente pueda construir algo duradero.
Como escribió José Martí: «Los bárbaros que todo lo confían a la fuerza y a la violencia, nada construyen, porque sus simientes son de odio». Quizás una parte de la solución esté en regresar a leer los grandes textos, en detenernos a pensar y escuchar argumentos diferentes, en lugar de seguir consumiendo publicaciones cada vez más breves que apenas alimentan nuestras reacciones. Porque una sociedad que deja de pensar y solamente reacciona termina siendo mucho más fácil de conducir por quienes viven de su indignación.