Luis Manuel Marcano Salazar | Diáspora y justicia

La diáspora es parte de la Nación. No es una extensión sentimental del país ni una comunidad colocada en los márgenes de la vida pública, como si la distancia hubiese disminuido sus derechos o debilitado su pertenencia. La Nación es mucho más que un territorio: es una comunidad histórica, jurídica, cultural y humana unida por la ciudadanía, la memoria, la identidad y la voluntad de compartir un destino común. Por eso, quienes tuvimos que salir de Venezuela no dejamos de pertenecer a ella cuando cruzamos una frontera. Nos fuimos con el país adentro, con sus heridas, sus esperanzas y también con el deseo persistente de regresar, no solamente para volver a vivir allí, sino para participar en su reconstrucción. Yo formo parte de esa diáspora y he vivido el exilio no como una categoría académica, sino como una experiencia personal: mirar durante años a Venezuela desde la distancia y saber que, aunque uno esté lejos, una parte esencial de la vida continúa ocurriendo allí.

Muchos venezolanos salimos empujados por circunstancias que no escogimos. Unos huyeron de la persecución política; otros perdieron trabajos, oportunidades o libertades; algunos debieron marcharse porque permanecer significaba arriesgar incluso su libertad. El exilio venezolano tiene muchos rostros, pero una característica común: irnos no significó renunciar al país. Por eso sería profundamente contradictorio que, cuando se abre la posibilidad de reconstruir la democracia, quienes fuimos expulsados directa o indirectamente por el autoritarismo descubramos que la distancia que aquel mismo sistema produjo se convierte ahora en un impedimento para participar.

La nueva democracia venezolana debe empezar por la Justicia. No existe reconstrucción democrática posible si el Poder Judicial continúa siendo débil, dependiente o seleccionado mediante reparticiones de cuotas porque supuestamente “así funciona la política”. Falso. Así funciona el desmontaje progresivo de un sistema de libertades, y ya conocemos sus consecuencias. Podemos cambiar autoridades, modificar leyes, convocar elecciones y reorganizar instituciones, pero si el ciudadano no recupera la certeza de que existe un juez independiente frente al poder, la democracia seguirá siendo incompleta. La Justicia es el lugar donde el Estado demuestra si realmente ha cambiado, y quienes somos más no deberíamos aceptar nuevamente selecciones de jueces al margen de la Constitución. Por eso la reconstrucción del Sistema Judicial debe ser una verdadera convocatoria nacional, y cuando digo nacional incluyo necesariamente a quienes estamos fuera.

Lo digo desde mi propia experiencia. El 21 de julio de 2017 fui designado magistrado del Tribunal Supremo de Justicia por la Asamblea Nacional, junto con otros juristas venezolanos, en medio de una de las crisis institucionales más graves de nuestra historia contemporánea. Después llegaron la persecución, las amenazas, las órdenes de aprehensión y, para todos, el exilio. Tuvimos que reconstruir nuestras vidas lejos de Venezuela por haber aceptado una responsabilidad pública en circunstancias extraordinarias. Han transcurrido años de distancia, trabajo y estudio, pero nuestro vínculo con la Justicia venezolana no desapareció. Sería difícil aceptar que, llegado el momento de reconstruir precisamente aquello por lo que fuimos perseguidos, se nos impidiera participar porque estamos fuera.

No reclamo para mí ni para quienes vivimos circunstancias semejantes ningún privilegio. No pido reconocimiento automático ni posiciones reservadas. Reclamo algo mucho más elemental: el derecho a participar. Si un venezolano que vive en Caracas puede presentar sus credenciales para integrar el Tribunal Supremo de Justicia, quien vive en Santiago, Madrid, Bogotá, Buenos Aires o Washington debería poder hacer exactamente lo mismo. Tendrá que acreditar sus méritos, someterse a las evaluaciones, responder preguntas y competir en igualdad de condiciones. Pero la geografía no debería convertirse en una forma de exclusión, mucho menos cuando esa geografía fue consecuencia de la persecución.

Mi deseo de participar nuevamente, llegado el momento y bajo las reglas constitucionales correspondientes, nace de una razón sencilla: contribuir al proceso de transformación que Venezuela tiene que vivir. Eso no significa desconocer ni disminuir la significación jurídica, constitucional e histórica de la decisión adoptada por la Asamblea Nacional el 21 de julio de 2017. Aquella designación fue realizada por un Poder Legislativo legítimamente electo, en ejercicio de sus competencias constitucionales y mediante un proceso que quienes fuimos designados asumimos con plena conciencia de sus consecuencias. Nada de lo que ocurra ahora obliga a fingir que aquello no existió o careció de significado.

Existe, además, una responsabilidad política e histórica todavía pendiente. Quienes nos juramentaron deberán algún día explicar al país por qué, cuando llegaron las amenazas, las detenciones, la persecución y el exilio, quienes habíamos respondido a aquel llamado institucional terminamos prácticamente solos frente a las consecuencias. No lo planteo desde el resentimiento ni como un asunto personal; es un problema institucional. Las democracias también se construyen reconociendo responsabilidades. En algún momento habrá que explicar qué se hizo, qué se dejó de hacer y por qué. Precisamente porque conozco el costo humano de la destrucción institucional, quiero contribuir a que Venezuela construya una Justicia que nunca vuelva a abandonar a quienes actúan en defensa de la Constitución. Enviaré, si me lo permiten, mis credenciales con la misma soledad que me ha acompañado durante estos nueve años, y observaré con atención si, después de veintisiete años, hemos aprendido finalmente la lección que la historia nos ha dejado.

La diáspora jurídica venezolana es hoy inmensa y valiosa. Abogados, profesores, investigadores y jueces continuaron formándose en universidades, centros de investigación, organizaciones internacionales y otros espacios profesionales de América y Europa. Muchos conocieron otros Sistemas Judiciales, estudiaron mecanismos de independencia judicial y comprobaron cómo funcionan democracias en las cuales un juez puede decidir frente al poder sin temer por su libertad. Ese conocimiento también puede ponerse al servicio de Venezuela. Muchos de nosotros seguimos pensando que aquello que aprendimos durante estos años puede contribuir a reconstruir lo que perdimos.

Por eso los procesos de postulación judicial deben mirar deliberadamente hacia la diáspora. No basta con publicar una convocatoria y suponer que así se ha convocado a la Nación. La Nación venezolana está hoy dispersa. Convocarla significa habilitar mecanismos digitales para remitir documentos, aceptar credenciales desde el extranjero, realizar entrevistas telemáticas y reservar la presencia física únicamente para aquellas etapas en que sea verdaderamente indispensable. Exigir que un profesional cruce un océano para entregar una carpeta no demuestra rigor; muchas veces demuestra que las instituciones todavía no han comprendido la realidad del país que pretenden reconstruir.

La simplificación administrativa también debe servir a ese propósito. Evidentemente ninguna norma puede modificar los requisitos constitucionales para ser magistrado ni dispensar condiciones de idoneidad, experiencia u honorabilidad. El rigor tiene que estar en la trayectoria del candidato, su independencia, su formación, su competencia profesional y su compromiso con el Estado de Derecho. Pero una cosa es proteger la seriedad del procedimiento y otra convertir formalidades innecesarias en obstáculos que excluyan a quienes están fuera. La calidad de una candidatura no puede depender de la posibilidad de estar físicamente en Caracas una determinada mañana para entregar documentos que pueden ser recibidos y verificados de manera segura a distancia.

La integración del Comité de Postulaciones Judiciales demuestra la importancia de este debate. Una sociedad que ha perdido millones de ciudadanos por migración y exilio no puede actuar institucionalmente como si todos continuaran viviendo dentro del territorio. Existen juristas venezolanos de enorme prestigio y honorabilidad en el exterior que podrían contribuir. Pienso, entre otros, en el doctor Carlos Sarmiento Sosa, pero su nombre representa una cuestión mucho mayor: cuántos profesionales valiosos se encuentran hoy fuera y cuántos habrían participado si hubiesen sentido que la convocatoria también estaba dirigida a ellos.

Esto no significa crear una competencia entre quienes permanecieron y quienes tuvimos que marcharnos. Sería una terrible manera de comenzar la democracia. Quienes se quedaron soportaron circunstancias que merecen todo nuestro respeto; quienes salimos también dejamos familias, carreras, proyectos, bibliotecas, amistades y una parte de nuestra vida. Ningún dolor disminuye al otro. Venezuela necesita reunir ambas experiencias: la de quienes resistieron dentro y la de quienes aprendimos a resistir desde lejos.

La historia está llena de exilios y regresos. España conoció esa realidad después del franquismo. Dolores Ibárruri, la Pasionaria, regresó en 1977 después de décadas fuera y volvió a participar en la vida política española. Podemos estar muy lejos de sus ideas, pero el hecho histórico sigue siendo significativo: la transición comprendió que quien había vivido décadas fuera seguía siendo parte de la Nación. La experiencia cubana ofrece, en cambio, una enseñanza dolorosa. Generaciones enteras en Miami esperaron un regreso que para muchos nunca ocurrió. Marco Rubio conoce por su historia familiar y política esa dimensión del exilio: la patria que permanece cerca emocionalmente aunque la realidad política la mantenga distante. Venezuela no debería repetir esa historia.

En mi caso, la relación entre exilio y Justicia tiene inevitablemente un contenido personal. Fui expulsado de mi país por circunstancias vinculadas directamente con mi ejercicio institucional y con la defensa de la Constitución. He reconstruido mi vida fuera, he continuado estudiando, enseñando, investigando y pensando sobre el Sistema Judicial venezolano, pero nunca he considerado que la distancia haya cancelado mi derecho a servir a Venezuela. No quiero que nadie me regale un lugar. Quiero poder presentar mis credenciales, explicar lo que he hecho, responder por mi trayectoria, someterme al escrutinio correspondiente y aceptar la decisión que se adopte. Eso no debería ser extraordinario; debería ser normal.

Y lo mismo debe valer para todos: para el joven abogado que completó sus estudios fuera, para la profesora universitaria que reconstruyó su carrera en otro país, para el juez que tuvo que marcharse por negarse a obedecer una orden política, para el investigador, el fiscal o el litigante que siguió creciendo profesionalmente lejos de Venezuela. Una democracia inteligente no desprecia ese capital humano. Lo convoca y crea mecanismos para que pueda regresar o contribuir desde donde se encuentre.

Venezuela tendrá que aprender a reunir nuevamente a su Nación. No bastará con abrir fronteras o dejar sin efecto órdenes de persecución. Habrá que reconstruir confianza y demostrar a quienes fueron expulsados que el país al que pueden regresar es realmente distinto. La democracia no puede comenzar reproduciendo las exclusiones del autoritarismo. Si la persecución produjo el exilio, el exilio no puede convertirse ahora en una sanción adicional. Si queremos reconstruir un Poder Judicial independiente, debemos convocar a quienes puedan contribuir, sin preguntar primero desde qué ciudad envían sus documentos, sino qué han hecho, qué conocimiento poseen, qué independencia han demostrado y cuál es su compromiso con la Constitución.

Quienes estamos fuera seguimos siendo Venezuela. Seguimos sus noticias, sufrimos sus retrocesos, celebramos sus avances y nos preguntamos cuándo llegará el momento del regreso. Algunos volverán definitivamente, otros lo harán progresivamente y muchos podrán contribuir desde el exterior. Pero todos debemos tener la posibilidad de participar en la reconstrucción de un país que también es nuestro.

La nueva democracia debe comenzar por la Justicia, y la nueva Justicia debe reconocer a la Nación entera: a quienes permanecieron y a quienes tuvimos que marcharnos, a quienes resistieron dentro y a quienes aprendimos a hacerlo desde lejos. Yo quiero regresar a una Venezuela en la que nadie vuelva a abandonar su país por pensar distinto, ejercer con independencia una función pública o defender la Constitución. Mientras ese regreso se vuelve plenamente posible, ningún venezolano debería ser considerado menos parte de la Nación por vivir fuera de sus fronteras.

La diáspora no está fuera de Venezuela; Venezuela también vive en su diáspora. Permitirnos participar en la reconstrucción de su Justicia no sería un gesto de generosidad hacia quienes nos marchamos. Sería reconocer un derecho, reparar una exclusión y demostrar que, después de todo lo vivido, comenzamos finalmente a entender que la democracia venezolana solo podrá reconstruirse con todos.