Daniel García Arellano | De chavistas maduristas a trumpistas pitiyankis: Los esclavistas del siglo XXI

El inédito y humillante ocaso del salario en nuestro atormentado y desmembrado país ha dejado de ser una simple anomalía macroeconómica para convertirse en un hecho inédito, vergonzoso y profundamente cruel e inhumano. Mantener el sueldo mínimo legal y las pensiones de jubilación congelados en 130 bolívares mensuales, una cifra que, al tipo de cambio oficial, se reduce a unos humillantes 0,17 dólares (17 centavos de dólar) al mes, no es solo un fracaso político socialista; es, por definición, un colapso ético y social que roza el esclavismo moderno.

El trabajo ha sido históricamente el motor de la movilidad social y la base de la dignidad familiar. Sin embargo, cuando una jornada mensual de esfuerzo se traduce en 17 centavos de dólar, el concepto mismo de empleo se desintegra. En una economía donde la canasta alimentaria básica se mide en cientos de dólares. Esta retribución no cubre el costo de un solo alimento, convirtiendo el salario en una dolorosa ficción legal. El ciudadano ya no trabaja para vivir; trabaja a pérdida. El costo real de asistir al puesto de trabajo (transporte, calzado, alimentación básica) supera con creces lo que se recibe a cambio, empujando a la población a una informalidad forzada o a la sumisión miserable de la dependencia

Sostener que un ciudadano puede sobrevivir con un ingreso diario de 0,005 USD es ignorar la realidad material más elemental. El umbral internacional de pobreza extrema, establecido por las Naciones Unidas en 2,15 dólares diarios, queda a una distancia astronómica de la realidad local. Lo que hoy experimenta el trabajador no es pobreza severa; es una forma inédita de desposesión económica que roza el esclavismo logrado en revolución, donde el individuo gasta más recursos para asistir a su puesto de trabajo de lo que recibe a cambio al final del mes.

Los responsables del fomento e instauración de los antivalores, el hambre, la pobreza y para rematar promotores del fomento de la delincuencia organizada en todos sus aspectos y vertientes conocidas, en convivencia obligada con las autoridades del gobierno americano quien depuso a su máximo líder, hoy procesado por diferentes acusaciones, mantienen en una burbuja asfixiante al pueblo venezolano. A este se le ignora sistemáticamente en sus necesidades más elementales y en sus legítimas demandas de un equilibrio económico y de salud mental familiar. El ciudadano común debe hacer malabares y magia diaria para sobrevivir a lo que brinda la revolución, la cual, tras haber saqueado los recursos de la nación, nos deja para colmo de males con una deuda impagable que supera los 250 mil millones de dólares donde honrar ese compromiso adquirido por un estado fallido no puede priorizarse sobre el bienestar de una sociedad abandonada, reprimida, controlada, acorralada, vejada, maltratada y violentada en todos sus derechos.

Bajo esta misma lógica, resultan sencillamente inconcebibles los escandalosos casos de corrupción que vinculan a funcionarios revolucionarios de todas las vertientes chavistas, maduristas, autodenominados antiimperialistas, y ahora pragmáticos trumpistas o piti yankis. En un frenético e inmoral reciclaje y enroque permanente, estos actores continúan manejando la chequera pública desde Miraflores, mientras la moral y los bolsillos de los venezolanos se debaten día a día en la más honda ansiedad, desesperación, angustia, incertidumbre y no podemos excluir el drama creciente de la depresión.

Si la situación del trabajador activo es trágica, la de los pensionados y jubilados constituye un agravio moral imperdonable. Aquellos que dedicaron sus mejores años y sus fuerzas al desarrollo productivo del país se encuentran hoy con una pensión equivalente al vacío absoluto. La vejez, que por derecho constitucional e internacional debería ser una etapa de resguardo, protección, descanso y recreación, se ha transformado en un calvario diario por la supervivencia.

Para un adulto mayor, la salud no es un accesorio; es una urgencia constante. Al privarlos de un ingreso real, se les condena a la imposibilidad de adquirir medicamentos esenciales para patologías crónicas como la hipertensión o la diabetes. La pensión de 130 bolívares no es una ayuda, es una cifra simbólica y humillante que formaliza el desamparo estatal y delega la supervivencia de los ancianos a la caridad ajena, a la fragmentación familiar de la migración o a un deterioro físico acelerado.

Frente a este escenario, la narrativa oficial suele escudarse en la política de asignación de bonificaciones discrecionales, sujetas a una devaluación diaria y esporádicas y casi inexistentes bolsas de alimentación para matizar la precariedad extrema. Sin embargo, este mecanismo de bonificación del ingreso destruye sistemáticamente los derechos laborales conquistados durante generaciones.

Al carecer de incidencia salarial, estas asignaciones complementarias no se reflejan en las utilidades, en las prestaciones sociales ni en el cálculo de las jubilaciones futuras, destruyendo la capacidad de ahorro y la planificación de las familias. El derecho legítimo al salario ha sido sustituido por una dádiva estatal intermitente, y el ciudadano pierde su autonomía para quedar sujeto a la discrecionalidad política con el fin de cubrir sus necesidades más básicas.

No existen precedentes contemporáneos en la región y en el mundo de un desplome de tal magnitud en los ingresos de la clase trabajadora. El costo social de la indolencia económica se mide hoy en desnutrición, desintegración familiar y la pérdida de la esperanza de progreso interno. El salario mínimo debe recuperar con urgencia su función constitucional y humana: ser el garante de una vida digna y el justo reconocimiento al esfuerzo de quienes sostienen el país. Continuar normalizando la cifra de 130 bolívares no es un problema de flujo de caja; es una renuncia implícita a los valores éticos que fundamentan cualquier sociedad civilizada.

La responsabilidad y corresponsabilidad en este caso de extrema importancia está clara, perfectamente definida y entendida de quienes la generaron y de quienes ahora con premura y sin más dilaciones deben atenderla mientras se define la conducción del país.

Venezuela reclama y clama en todos los rincones de su territorio y en el exterior por soluciones de gran impacto, bien pensadas y planificadas, que sean expeditas, efectivas, rápidas y oportunas. Que comiencen a reivindicar a los venezolanos por tantos años de sufrimiento y limitaciones.

Aunque estamos inmersos en una era de inconstitucionalidad severa, transitando un proceso intervencionista (justificado hasta cierto punto), aunado a un gobierno prescrito con tendencia infructuosa a sostenerse y reditarse, frente a un pueblo expectante y decidido, quienes prometen y deben cumplir con una transición impecable e impostergable, sobre la marcha saben que con una correcta administración de los recursos y una planificación e inversión ordenada ,que respete las prioridades ya diagnosticadas, bajo control férreo de altos niveles de profesionalismo y tecnicismo, que superen la politiquería y todo lo que ella representa o ha representado, podrán mostrar exitosamente a corto y mediano plazo los resultados y el bienestar que todos esperamos.