Carlos J. Sarmiento Sosa | Sánchez quiere que España vote con el corazón para no juzgarlo con la razón
Pedro Sánchez ha decidido que la campaña electoral no se dispute en el terreno de los resultados, sino en el de las emociones. El abrazo y el beso a Begoña Gómez en el acto de proclamación como candidato socialista no fueron solo un gesto íntimo: fueron una operación política calculada. El mensaje era evidente: el presidente se presenta como un hombre querido, perseguido y, por tanto, víctima de unas derechas que sólo sabrían odiar.
Es una estrategia comprensible. Cuando el balance de una legislatura resulta difícil de defender —vivienda inaccesible, presión fiscal elevada, inseguridad percibida, instituciones bajo presión y una dependencia crónica de tóxicos socios heterogéneos—, la política emocional se convierte en refugio. No se pide al electorado que valore lo hecho; se le pide que elija entre el “amor” y el “odio”.
Pero esa disyuntiva es falsa. No se puede convertir el afecto personal en certificado de buen gobierno, ni presentar toda crítica al poder como un ataque a la dignidad de una persona. La democracia exige algo más elemental: que quien ejerce el poder rinda cuentas. Respetar a las personas y exigir explicaciones sobre la defensa de la integridad territorial de España, el dinero público, los nombramientos, los privilegios o el uso de las instituciones no son actitudes contrarias. Son, precisamente, la misma exigencia democrática.
El error en que pueden caer las derechas es responder con la misma moneda: indignación, insultos y una espiral de polarización. Eso sería regalarle al PSOE el terreno que busca. Sánchez necesita un adversario que parezca odioso, deshumanizador y dispuesto a confirmar el relato de la persecución. La respuesta sensata no es odiar más, sino cambiar la pregunta.
La pregunta no es si Pedro Sánchez quiere a su esposa. La pregunta es si España está mejor gobernada. ¿Puede una familia trabajadora acceder a una vivienda digna? ¿Puede un autónomo sostener su negocio sin ahogarse entre impuestos y trámites? ¿Se sienten seguras las personas mayores, las mujeres, los comerciantes y los vecinos de nuestros barrios? ¿Cree el ciudadano que las leyes se aplican por igual a todos? ¿Existe todavía confianza en que las instituciones sirven al interés general y no a la supervivencia política de un gobierno?
Sobre esos asuntos debe librarse esta campaña
La vivienda es el mejor ejemplo. El PSOE intenta apropiarse del malestar social que genera la dificultad de acceder a una casa, pero no puede pretender resolver con topes, controles y anuncios expresados en apresurados e improvisados decretos lo que exige una política seria de oferta: más suelo, menos burocracia, licencias ágiles, rehabilitación, alquiler asequible, seguridad jurídica y ayudas focalizadas a quienes de verdad las necesitan. Proteger no significa sustituir la libertad y el esfuerzo por la dependencia del Estado; significa garantizar que quien trabaje, ahorre y cumpla las reglas pueda salir adelante y tener un futuro.
Lo mismo cabe decir de la seguridad y la convivencia. Frente al relato emotivo del Gobierno, las derechas deben ofrecer algo tan elemental como necesario: calles seguras, autoridad eficaz, justicia rápida y protección efectiva de quienes cumplen la ley. Sin brutalidad, sin exclusiones y sin demagogia; pero también sin esa tolerancia cansada que termina dando visos de normalidad a la ocupación, la impunidad o el miedo cotidiano.
Y en materia económica, debe reivindicarse una idea que ese progresismo inspirado en el chavo- madurismo venezolano ha intentado desacreditar: la mejor política social no es repartir dependencia, sino crear oportunidades. Bajar la presión fiscal sobre las nóminas más bajas, los autónomos y las pymes; simplificar la administración; dar estabilidad a la inversión; sostener las pensiones; y acabar con el gasto clientelar. Ese es el camino para proteger a quien produce y ayudar a quien lo pasa mal, sin financiar privilegios ni clientelismos.
Tampoco debe eludirse la cuestión institucional. Cuando un gobierno convierte cada control judicial, cada investigación periodística y cada crítica de la oposición en una agresión personal, no defiende a una persona: erosiona la separación de poderes. La independencia judicial no se defiende contra Pedro Sánchez; se defiende a favor de que ningún poder quede por encima del control público. “Sin Justicia, y sobre todo sin una Justicia independiente, no existiría verdaderamente el concepto de una comunidad política democrática”, dijo el Jefe del Estado, el rey Felipe VI, en la conmemoración de un evento judicial, en 2024, en el que reiteró que el Poder Judicial es “( ... ) pieza clave en la arquitectura institucional ( ... )” como “( ... ) poder del Estado independiente y plenamente separado de los demás”.
Las derechas españolas tienen, por tanto, una oportunidad. No necesitan imitar la teatralidad emocional del presidente, ni competir por ver quién genera más indignación.
Necesita ofrecer algo distinto: dignidad, orden, libertad y esperanza práctica. Un relato que diga a los españoles que no venimos a destruir nada, sino a reparar lo deteriorado; que no queremos un país del resentimiento, sino uno donde trabajar, emprender, criar hijos y vivir en seguridad vuelva a ser posible, con mejores condiciones de vida.
La emoción puede ser el punto de inicio de una campaña. Pero es ineficaz para gobernar una
nación. Y cuando llegue el momento de votar, los ciudadanos no deberían elegir entre el amor y
el odio, sino entre la escenificación del poder y la capacidad real de construir futuro.
nación. Y cuando llegue el momento de votar, los ciudadanos no deberían elegir entre el amor y
el odio, sino entre la escenificación del poder y la capacidad real de construir futuro.