Alfonso Hernández Ortiz | De la estabilización a la democracia, ¿está Venezuela realmente en transición?

Hace algunas semanas me pregunté si Venezuela había comenzado realmente una transición. Hoy prefiero formular una pregunta más exigente, cuánto hemos avanzado y, sobre todo, hacia dónde conduce este proceso. Después de tantos años de anuncios, negociaciones y expectativas frustradas, sería un error volver a medir el cambio por fotografías, declaraciones o reuniones. Una transición debe producir resultados observables. Para intentar evaluarlos recurro al Triángulo Estratégico desarrollado por Mark H. Moore, profesor e investigador de Gestión Pública de la Harvard Kennedy School y uno de los principales referentes contemporáneos de la gestión pública. Moore propone observar la acción pública desde tres dimensiones que necesitan guardar coherencia entre sí, el valor público que se produce, la legitimidad y el apoyo que lo sostienen, y la capacidad operativa para transformar decisiones en resultados. No se trata de una teoría concebida para estudiar transiciones democráticas y precisamente por eso me interesa utilizarla aquí como instrumento de análisis, no para encajar a Venezuela dentro de una fórmula, sino para separar avances reales de simples señales políticas. Porque un país puede estar moviéndose y, sin embargo, no estar avanzando hacia el lugar que espera.

Comencemos por el valor público. Sería absurdo desconocer que Venezuela se encuentra hoy en una situación política diferente a la de comienzos de 2026. Existe interlocución entre sectores que hasta hace poco apenas se reconocían, se han producido excarcelaciones de presos políticos, se discuten libertades políticas y Washington ha establecido una estrategia que ya no se limita a contener la crisis venezolana. El Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, conocido por sus siglas en inglés como Congressional Research Service, CRS, organismo profesional y no partidista que proporciona análisis al Congreso estadounidense, recoge una secuencia de tres fases planteada por el secretario de Estado Marco Rubio, estabilización, recuperación económica y reconciliación política, y finalmente transición política. El propio Rubio ha colocado, sin embargo, una frontera que no deberíamos perder de vista, para que Venezuela transite realmente deberá celebrar elecciones multipartidistas, libres y justas. Esa distinción es esencial. Recuperar producción, atraer inversiones, reconstruir infraestructura, normalizar relaciones internacionales y devolver cierta previsibilidad a la vida cotidiana pueden mejorar profundamente un país, pero ninguna de esas conquistas sustituye el derecho de sus ciudadanos a decidir quién los gobierna.

La segunda dimensión de Moore, legitimidad y apoyo, me parece más problemática. Las conversaciones formales comenzaron el 6 de agosto entre representantes de la estructura política actualmente en el poder y de la Asamblea Nacional elegida en 2015, mientras María Corina Machado y Edmundo González Urrutia permanecen fuera de la negociación. El Departamento de Estado estadounidense recibió favorablemente el inicio de esas conversaciones y Washington las considera parte del camino hacia mayores libertades políticas. Ya en julio, Rubio había presentado el foro que se preparaba como algo que debía ir más allá de una conversación de reconciliación y conducir hacia el proceso de transición. Sin embargo, una negociación puede disponer de reconocimiento internacional, interlocutores institucionales y capacidad para producir acuerdos, y aun así enfrentar un problema de legitimidad social. María Corina representa una fuerza política que no desaparece del tablero porque no ocupe una silla en la mesa, y Edmundo González continúa inevitablemente asociado al conflicto de legitimidad abierto por las presidenciales de 2024. Por eso me interesa tanto lo que acuerdan quienes negocian como la capacidad de esos acuerdos para ser reconocidos por quienes no están allí. Ninguna transición sostenible puede construirse como una conversación exclusiva entre quienes tienen acceso a la sala.

Aquí resulta útil una segunda mirada, la de Guillermo O’Donnell. Sus trabajos sobre democratización nos enseñaron que salir de un régimen autoritario y construir una democracia no son exactamente el mismo proceso. Las elecciones son indispensables, pero la democracia necesita además instituciones, controles y mecanismos de rendición de cuentas capaces de limitar el ejercicio del poder después de las elecciones. Esa distinción resulta especialmente pertinente para Venezuela. El Consejo Nacional Electoral, CNE, el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, el Ministerio Público, la Contraloría, la administración pública y las garantías para la competencia política no pueden quedar para una segunda etapa indefinida. Son parte del problema que la transición pretende resolver. Una democracia no puede descansar en la buena voluntad de quienes circunstancialmente gobiernan, necesita reglas suficientemente fuertes para funcionar también cuando respetarlas resulte inconveniente.

La tercera dimensión, capacidad operativa, es probablemente aquella donde encuentro los avances más claros. Hoy existen actores capaces de negociar, presión internacional suficiente para modificar incentivos, recursos vinculados a la recuperación económica y una administración estadounidense dispuesta a involucrarse directamente. El informe del CRS reconoce que la presión de Estados Unidos ha conseguido resultados concretos, entre ellos una ley de amnistía y la liberación de algunos presos políticos, además de modificaciones importantes en las relaciones exteriores y económicas venezolanas. El mismo documento confirma que las conversaciones iniciadas el 6 de agosto buscan fortalecer la respuesta posterior al terremoto y ampliar las libertades políticas. Esto demuestra que capacidad para producir cambios existe. La pregunta verdaderamente política es para qué se utilizará esa capacidad. Estados Unidos puede resultar decisivo para abrir el sistema venezolano, pero el éxito de su participación debería medirse también por su capacidad para hacerse progresivamente menos necesaria. Una transición democrática asistida desde el exterior solo habrá madurado cuando las instituciones venezolanas puedan sostener por sí mismas aquello que la presión internacional ayudó a construir.

Al colocar las tres dimensiones sobre la mesa, mi evaluación es de avance real, aunque profundamente desigual. Existe capacidad operativa, comienza a generarse valor público y se ha creado una arquitectura política capaz de negociar, pero la legitimidad continúa siendo frágil y la transformación institucional todavía no tiene la profundidad necesaria para hablar de una democracia recuperada. Allí encuentro el principal riesgo de esta etapa. Venezuela podría estabilizarse sin democratizarse. Podría aumentar su producción petrolera, recibir inversiones, normalizar relaciones con Estados Unidos, liberar gradualmente presos políticos y reducir la conflictividad mientras conserva mecanismos que condicionen la competencia y la alternancia. Sería tentador declarar exitosa semejante evolución porque el país estaría indudablemente mejor. Yo no la despreciaría, estabilizar una sociedad golpeada tiene un enorme valor, pero tampoco confundiría el alivio con la llegada. La estabilización puede ser una estación necesaria, el problema comenzaría si alguien pretende convertirla en destino.

Por eso creo que durante los próximos meses tendremos que aprender a leer el proceso de otra manera. No preguntarnos cada semana si la transición comenzó o terminó, sino observar qué capacidad nueva adquiere el ciudadano frente al Estado. Las excarcelaciones importan, pero también importa si disminuye la posibilidad de que alguien vuelva a ser encarcelado por razones políticas. La apertura de espacios importa, pero más aún que esos espacios dejen de depender de una concesión. La inversión extranjera será bienvenida, pero no puede convertirse en el indicador que sustituya a la democratización. Las negociaciones son necesarias, pero su éxito no puede medirse por el número de acuerdos firmados, sino por las conductas que esos acuerdos consiguen modificar. En gestión pública existe siempre la tentación de confundir productos con resultados, y en política ocurre exactamente lo mismo. Una reunión es un producto, una declaración conjunta también lo es, una democracia capaz de sostenerse cuando cambian los actores es un resultado.

Mi conclusión sigue siendo cautelosamente optimista, pero por razones distintas a las de hace algunas semanas. Ya no me interesa demasiado discutir si podemos colocar una fecha exacta al comienzo de la transición. Me interesa saber si el proceso está adquiriendo dirección, profundidad y capacidad de sostenerse. El marco de Moore nos obliga a responder tres preguntas incómodas, qué valor estamos creando, quién legitima ese cambio y si existe capacidad para hacerlo realidad, O’Donnell añade otra todavía más exigente, qué clase de democracia quedará cuando termine la excepcionalidad. Allí pondría hoy la mirada. Venezuela ha pasado demasiados años esperando acontecimientos extraordinarios que resolvieran su historia de una sola vez. Tal vez esta vez el cambio sea menos espectacular y mucho más difícil, convertir una sucesión de acuerdos, presiones y aperturas en una nueva normalidad política. La transición habrá valido la pena si al final dejamos de hablar de ella. Si Venezuela necesita permanecer eternamente en transición, algo habrá fallado. El verdadero éxito será llegar al momento en que la democracia deje de ser un proyecto, una negociación o una promesa y vuelva a ser, sencillamente, la manera normal de vivir políticamente en Venezuela.