Nacho Montes de Oca | Rusia huye antes de la próxima movilización
En las últimas semanas, el paso fronterizo de Verjni Lars, el único cruce terrestre entre Rusia y Georgia, volvió a reflejar el estado de ánimo de la sociedad rusa. El rumbo de la guerra, el impacto de los ataques ucranianos y una economía que rechina explican en parte esa huida. Pero el factor más importante es el temor a un reclutamiento masivo.
Las filas de kilómetros de vehículos varados en la frontera georgiana, agravadas a mediados de agosto por el mal tiempo y por restricciones al tránsito de camiones, coinciden con las señales de inquietud dentro de Rusia ante la posibilidad de una nueva movilización militar.
Las imágenes recuerdan inevitablemente a septiembre de 2022, cuando cientos de miles de rusos huyeron después de que Vladímir Putin anunciara una movilización parcial. Pero esta vez hay una diferencia que puede ser todavía más significativa: no existe una nueva orden de movilización y, aun así, crece el temor de que llegue.
Según el Servicio Federal de Aduanas ruso, el 18 de agosto pasaron por ese puesto más de veinte mil pasajeros, tras superar los diecinueve mil los días 15 y 16, cifras que el organismo calificó de récord y significativamente superiores a las de periodos similares de años anteriores. El Ministerio del Interior georgiano, sin embargo, precisó que en ese periodo cruzaron hacia Georgia 7.880 personas de diversas nacionalidades mientras 8.406 salían en dirección opuesta, un tráfico total de unos 16.300 viajeros. La discrepancia no borra la realidad de las colas de varios kilómetros reportadas por testigos en el lado ruso, donde los vehículos avanzaban a veces apenas cincuenta metros por hora, pero obliga a leer con cautela cualquier relato sobre el tema.
El antecedente de 2022 es el punto de comparación obligado. El 21 de septiembre de ese año, Vladímir Putin decretó la llamada “movilización parcial”, en cuestión de horas se agotaron los vuelos disponibles hacia destinos sin visado, y miles de hombres en edad de combatir intentaron cruzar a pie o en coche a Georgia, Armenia, Turquía y Finlandia. Según cifras difundidas por el ministerio del Interior de Kazajistán, más de 200.000 ciudadanos rusos entraron sólo a ese país en las dos semanas posteriores al anuncio, mientras que estimaciones de fuentes locales, recogidas por diferentes medios, elevaban esa cifra a un cuarto de millón.
Con el correr de los meses, distintos analistas calcularon que entre setecientos mil y un millón de rusos abandonaron en 2022, en la que probablemente fue la mayor ola migratoria rusa desde la caída de la Unión Soviética. Ese éxodo tuvo un impacto en la región. Georgia, con apenas 3,5 millones de habitantes, llegó a albergar a finales de 2022 y principios de 2023, cerca de 100.000 rusos recién llegados según cifras del Ministerio del Interior georgiano recopiladas en un informe del Social Justice Center de Tiflis, aunque una parte relevante emigró después hacia Europa, Estados Unidos, Israel o el sudeste asiático, o regresó a Rusia.
Kazajistán, Armenia, Uzbekistán, Kirguistán y Turquía se convirtieron en los otros grandes receptores, en parte por la ausencia de requisitos de visado y por los vínculos históricos heredados de la época soviética, según un estudio de PONARS Eurasia. El fenómeno tuvo además una huella económica visible: según un reporte de Radio Free Europe/Radio Liberty basado en datos de la agencia rusa RBC, los residentes de Rusia transfirieron en 2022 unos 2.000 millones de dólares a Georgia, más de 2.500 millones a Kirguistán y más de 3.000 millones a Armenia, los niveles más altos en más de una década, lo que dinamizó temporalmente esas economías pero también generó presión inflacionaria y tensiones sociales por el encarecimiento de la vivienda y la competencia laboral. Para Rusia, al mismo tiempo, estas migraciones masivas implican una fuga de divisas considerable.
El cuadro de 2026 combina varios factores que, sumados, explican por qué el temor a una repetición de aquel escenario ha vuelto a instalarse. El primero es estrictamente militar. El ritmo de alistamientos voluntarios mediante contratos profesionales, la vía que hasta ahora había permitido al Kremlin sostener el esfuerzo bélico sin recurrir a una leva forzosa, se desplomó de forma pronunciada: según datos del Ministerio de Hacienda ruso recopilados por el investigador Janis Kluge y publicados por el medio independiente Meduza, la contratación cayó de 1.400-1.900 de 2024 a 800 – 1.000 en 2026. Esa cifra es insuficiente frente a las pérdidas, y ni siquiera el aumento de las recompensas regionales por anotarse logró revertir la tendencia.
Esa escasez de voluntarios reactivó el debate dentro del propio aparato estatal ruso sobre decretar una nueva ola de movilización hacia octubre, con la preparación de campos de entrenamiento adicionales para reclutas, según reportó el diario independiente The Moscow Times a fines de junio. El segundo factor es político y tiene una fecha muy concreta: las elecciones legislativas a la Duma de septiembre de 2026. Un análisis publicado a fines de julio por la revista digital Le Grand Continent, que cita como fuente a comandantes rusos sobre el terreno y a la organización “Movimiento de los objetores de conciencia”, sostiene que el Kremlin prefiere evitar una medida tan impopular como es la movilización antes de los comicios, y que el momento más probable para anunciarla sería inmediatamente después.
El vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, y el vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitri Medvédev, negaron en varias oportunidades que exista un plan de movilización en marcha y atribuyeron los rumores a debates sobre el registro militar único a una modernización administrativa, según declaraciones recogidas por Radio Svoboda y TASS. Esos desmentidos oficiales, sin embargo, fueron contemporáneos a medidas como la Ley de Citaciones Electrónicas, que ampliaron las capacidades de reclutamiento forzoso y le restaron credibilidad a la negación del Gobierno.
Un indicador más verificable de ese clima de incertidumbre es un pico de búsquedas en Yandex, el Google ruso, sobre el término “movilización” que, según datos del propio buscador citados en ese informe de Le Grand Continent y confirmados por Verstka, alcanzó en julio niveles comparables a los de septiembre de 2022. También crecieron las consultas a las organizaciones que asesoran a objetores de conciencia y a hombres que buscan ser declarados no aptos para el servicio militar, muchas de ellas sobre cómo abandonar el país, incluso por vías irregulares, según lo reportó a fines de julio el medio independiente Vörstka.
Para entender la profundidad de ese temor conviene mirar lo que efectivamente ocurre en el frente, porque es el dato que más pesa en la cabeza de cualquier hombre ruso en edad de combatir. De acuerdo con los cálculos de Seth Jones y Riley McCabe para el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), las bajas rusas acumuladas desde febrero de 2022 se sitúan en torno a 1,4 millones entre muertos, heridos y desaparecidos ( de los cuales entre 325.000 y 450.000 serían muertes).
De acuerdo con la misma fuente, la relación de bajas entre Rusia y Ucrania, que hasta 2025 rondaba tres a uno, se disparó en la primera mitad de 2026 a casi ocho bajas rusas por cada baja ucraniana, en gran medida por el uso masivo de drones baratos que han convertido buena parte de la línea de contacto en lo que los analistas militares llaman una “zona de aniquilación”, una franja de veinte a cuarenta kilómetros donde cualquier avance de tropas resulta extremadamente costoso en vidas.
El director de la CIA, John Ratcliffe, afirmó públicamente que la inteligencia estadounidense estima que un recluta ruso dura apenas de 20 a 30 minutos en el campo de batalla. Uniendo estos datos es más fácil entender por qué cada vez menos hombres firman contratos voluntarios y qué los anima a intentar una migración desesperada.
Ese sangrado militar no se queda en el frente: se traslada directamente a la estructura demográfica y laboral del país, aunque aquí conviene separar el dato censal oficial de la proyección o estimación de cada analista. Lo medido: según el censo más reciente, Rusia cuenta con 67,6 millones de hombres y 77,6 millones de mujeres, una proporción de 87 hombres por cada 100 mujeres que se agudiza hasta el 80 % en regiones como el Lejano Oriente ruso, un desequilibrio que se remonta en parte a la Segunda Guerra Mundial; la tasa de fecundidad oficial es de 1,4 hijos por mujer y la esperanza de vida masculina ronda los 68 años, doce menos que la femenina, en un país que además tiene una arraigada tasa de mortalidad asociada al alcoholismo.
Un análisis de los periodistas Alexander Kolyandr y Alexandra Prokopenko publicado en el medio especializado The Bell calcula que la combinación de bajas militares y emigración equivale a cerca del 2 % de la población en el núcleo reproductivo y laboral ruso, y un déficit de entre 2,4 y 3 millones de trabajadores. El mismo análisis señala que la reserva de mano de obra disponible habría caído a 4,4 millones de personas, un 40 % menos que en 2021. El desempleo oficial del 2,2 %, que el Kremlin suele presentar como un logro, es leído por algunos economistas, incluida la propia gobernadora del Banco Central, Elvira Nabiullina, como el reflejo estadístico de que cientos de miles de hombres que ya no están disponibles para trabajar.
El cuarto factor se relaciona con el impacto de la guerra en la vida cotidiana de los hogares, más allá de las cifras macro del déficit o el precio del petróleo. La inflación golpea de forma desigual: mientras el promedio general ronda entre el seis y el ocho por ciento anual, el Centro de Análisis Macroeconómico y Previsión a Corto Plazo, (un centro de investigación ligado al Kremlin), calculó que la inflación real para los hogares más pobres llegó al 16 % a fines de 2024, casi el doble de la tasa media, porque una parte mucho mayor de su presupuesto se destina a alimentos. La canasta básica que releva anualmente el servicio ruso de la BBC en supermercados moscovitas pasó de costar 7.358 rublos en 2024 a 8.724 en enero de 2026, un incremento del 18,6 % en dos años, con saltos mensuales de hasta el 2,3 % según datos de Rosstat, el organismo estadístico oficial, en productos esenciales como carne, lácteos, frutas y medicamentos.
A eso se sumó la suba del IVA general del 20 al 22 % aprobada por la Duma, una medida explícitamente destinada a financiar el gasto militar y que, por ser un impuesto al consumo, recae proporcionalmente más sobre los hogares de menores ingresos. En una encuesta anual de Gallup publicada a fines de octubre, casi un tercio de los rusos dijo haber tenido dificultades para comprar alimentos en el último año. Este malestar cotidiano no equivale por sí solo a una motivación para huir del país, pero funciona como una erosión constante de la confianza en el futuro que se combina con el temor a la movilización y con la sensación de que la guerra ya les está siendo cobrada directamente en el bolsillo.
Las encuestas del centro independiente Levada de julio de 2026 muestran que el 70 % de los rusos describe la situación interna como tensa o crítica, el nivel más alto desde septiembre de 2022, mientras que el 73 % se opone a una nueva movilización forzosa y un récord del 81 %, según el instituto ucraniano IKAR, apoyaría terminar la guerra “mañana mismo”. La fatiga de guerra es palpable: dos tercios de la población ya no sigue de cerca los acontecimientos en el frente, y la guerra ha vuelto a ocupar el primer puesto entre las preocupaciones cotidianas, por delante de salarios y precios.
Los sitios de salida no son aleatorios y responden a una lógica de geografía, visados y capacidad de las rutas. Verjni Lars, hacia Georgia, sigue siendo el paso más importante porque es el único cruce terrestre hacia un país sin requisito de visado para rusos y con vuelos internacionales disponibles desde Tiflis, algo clave desde que la Unión Europea y otros países cerraron gran parte de su espacio aéreo a las aerolíneas rusas. La frontera con Kazajistán, con varios pasos habilitados como Troitsk, es la segunda gran vía, favorecida por la ausencia de visado, la extensión de la frontera común y una minoría rusa numerosa que facilita la instalación temporal, aunque en 2026 las autoridades kazajas
se han mostrado más dispuestas a colaborar con Moscú en la devolución de desertores y objetores.
Los cruces hacia Finlandia, cerrados definitivamente por Helsinki a fines de 2023, ya no son una vía de escape, al igual que varios puestos ferroviarios con Estonia y Letonia suspendidos en los últimos meses. Quedan el paso hacia Mongolia por Kyakhta y rutas más marginales y desesperadas, como pequeñas embarcaciones cruzando el estrecho de Bering hacia Alaska, utilizadas por quienes no lograban salir por ningún otro punto. La elección de cada ruta depende en buena medida de dónde vive cada persona, de si tiene coche propio, de si cuenta con ahorros para sobornar a algún funcionario menor y de la rapidez con la que necesita salir antes de que llegue una citación.
El Kremlin, lejos de facilitar la salida, instaló desde 2022 oficinas de reclutamiento junto a los pasos fronterizos más transitados, incluido Verjni Lars, la frontera con Kazajistán y el paso de Torfyanka hacia Finlandia, con el objetivo de entregar citaciones en el momento mismo en que los hombres intentaban escapar, convirtiendo la frontera en una zona de riesgo adicional en lugar de una simple vía de salida.
Ese último punto conecta con un cambio normativo que resulta central para entender el temor actual y que lo distingue del de 2022. El 14 de abril de 2023, Vladímir Putin firmó una ley, aprobada un día antes por la Duma, que permite notificar las citaciones militares por vía electrónica a través del portal estatal Gosuslugi, según lo informó en ese momento la revista Forbes Rusia. La norma establece que la prohibición de salida del país se activa automáticamente desde el momento en que la citación se considera entregada, es decir, siete días después de su publicación en un registro electrónico centralizado, haya sido leída o no por el destinatario.
Esa ley estuvo en gran medida en pausa durante casi dos años, hasta que el registro se probó primero en tres regiones —Riazán, Mari El y Sajalín— a partir de septiembre de 2024 y finalmente pasó a régimen normal en todo el país el 9 de mayo de 2025, según documentó el portal
En 2026 el sistema opera a escala nacional, aunque reportes de abogados y organizaciones de objetores indican que su aplicación todavía no es uniforme en todas las regiones y que algunos hombres siguen logrando salir antes de que las restricciones se activen por completo.
Esto significa que, a diferencia de 2022, cuando la prohibición de salida solo regía formalmente una vez que la citación en papel había sido entregada en mano, hoy un hombre puede quedar legalmente impedido de salir del país sin siquiera haber abierto su bandeja de notificaciones, lo que ha llevado a muchos rusos en edad militar a evaluar la salida de forma preventiva, antes de que exista cualquier citación registrada, en lugar de esperar una señal directa como ocurrió hace cuatro años.
Ese mecanismo, sumado al recuerdo todavía fresco de las oficinas de reclutamiento junto a las fronteras, ayuda a explicar por qué el ambiente de estas semanas se parece más a una espera ansiosa y silenciosa, y no aun a una estampida visible como la de septiembre de 2022.
Lo que sí parece claro es que una parte de la sociedad rusa, especialmente los hombres en edad de combatir, se está preparando anticipadamente para una eventual repetición del escenario de hace cuatro años, a la espera de que las elecciones de septiembre despejen el camino para una decisión que, según múltiples indicios, ya se está discutiendo en los despachos de Moscú.
Puesta en perspectiva estadística, la magnitud de cada ola cambia bastante según la vara con la que se la mida. El éxodo de 2022, estimado entre setecientos mil y un millón de personas a lo largo del año, representó apenas entre el 0,5 % y el 0,7 % del total de los 144 millones de habitantes de Rusia, una cifra que a simple vista parece modesta. Pero si se la mide sobre la población que realmente estaba en riesgo, los hombres de entre 15 y 54 años, que según los últimos datos disponibles rondan entre 37 y 38 millones de personas, la proporción sube a entre el 1,8 % y el 2,6 % de ese grupo en particular, concentrado además en apenas unas semanas y en un puñado de pasos fronterizos. Las bajas militares, por su parte, equivalen según el CSIS a alrededor del 1 % de toda la población rusa, una cifra sin precedentes para un conflicto convencional en la historia reciente de cualquier gran potencia.
Para 2026, en cambio, no existe todavía ni un número de cruces fronterizos ni una cifra oficial o de inteligencia pública sobre el tamaño de una eventual nueva movilización que permita repetir el mismo cálculo con una precisión comparable. Lo que sí puede compararse es la escala del universo disponible para una nueva ola: el propio deterioro del reclutamiento voluntario deja sin cubrir una brecha mensual de varios miles de efectivos que, de traducirse en una leva forzosa, movilizaría en potencia a 37-38 millones de hombres en edad militar y laboral. Esa es la veta poblacional de la que se nutren las huidas de 2022 y 2026.
La diferencia más verificable entre ambos momentos está entonces en el momento del ciclo: mientras en 2022 la sociedad rusa reaccionó después del anuncio de movilización, en 2026 buena parte del movimiento parece estar ocurriendo antes de cualquier decreto formal y por el cálculo, cada vez más extendido, de que cuando la movilización se anuncie oficialmente ya será tarde para salir.
La reacción de los países receptores también ha cambiado con el tiempo. Según el estudio comparativo de PONARS Eurasia sobre las respuestas locales a la migración rusa, Georgia, cuya relación con Rusia sigue marcada por la ocupación de Osetia del Sur y Abjasia, sostiene una actitud ambivalente hacia los recién llegados: los acepta sin visado por razones prácticas y económicas, pero con un trasfondo social de desconfianza que en 2022 se tradujo en pintadas y protestas callejeras contra la presencia rusa que ese mismo estudio atribuye a la larga historia de conflicto entre ambos países. Hoy, con unos 70.000 a 72.000 rusos residentes según estimaciones recientes, esa desconfianza persiste y se combina con una cierta fatiga social.
Kazajistán, con una minoría étnica rusa que ese mismo informe cifra en torno al 15 % de la población total y vínculos diplomáticos mucho más estrechos con Moscú, mostró entonces una postura más acogedora y con críticas públicas más moderadas, aunque combinada con la preocupación por la presión que la llegada masiva ejercería sobre el mercado laboral y la vivienda, según describió el informe del Social Justice Center de Tiflis sobre la migración rusa de 2022-2023. En 2026, sin embargo, las autoridades kazajas se han vuelto más colaborativas con Moscú en la devolución de desertores y objetores. Si el escenario de una nueva movilización se confirma tras las elecciones de septiembre, es probable que estos mismos países vuelvan a convertirse en el primer destino de una nueva oleada, aunque esta vez con administraciones y sociedades locales ya familiarizadas, y en algunos casos más cautelosas, después de la experiencia de 2022.
En síntesis, las imágenes de rusos intentando salir del país reflejan de un modo dramático el impacto de cuatro años y medio de la invasión a Ucrania. Pero, al mismo tiempo, suponen una hemorragia de mano de obra para el frente de parte de ciudadanos que, pese a la propaganda, desconfían de las promesas de Putin. Y en su partida, contribuyen a debilitar a una economía que necesita de esos hombres para sostener la idea de una victoria en la que muchos dejaron de creer al momento de preferir huir hacia las fronteras en lugar de marchar hacia el frente.