Alfonso Hernández Ortiz | “No serán años, serán meses”. ¿Comenzó la transición en Venezuela?
A propósito de la reciente declaración de Marco Rubio, de la primera reunión entre Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera y de la entrevista de María Corina Machado con Luis Olavarrieta, tengo la impresión de que Venezuela ha entrado en una fase política distinta. No afirmo todavía que la transición haya comenzado, hacerlo sería prematuro, pero hay señales que obligan a mirar el tablero de otra manera. Washington ha colocado un horizonte temporal, una negociación política acaba de abrirse en Caracas y María Corina ha fijado los límites que, desde su perspectiva, no pueden sacrificarse. Son tres movimientos que responden a tiempos e intereses diferentes. Estados Unidos busca una salida estable y ordenada, quienes se sientan en la mesa necesitan construir acuerdos y una sociedad que lleva demasiado esperando quiere saber cuándo esos acuerdos comenzarán a sentirse en la vida política del país. Allí está, a mi juicio, la cuestión de fondo. No se trata solamente de saber cuánto durará este proceso, sino de determinar hacia dónde conduce y quién terminará decidiendo su destino.
La afirmación de Rubio, semanas o meses, no años, tiene mucho más peso del que podría sugerir una simple referencia al calendario. Introduce un límite a la provisionalidad y, sobre todo, crea una expectativa que Washington tendrá que sostener. Me parece una buena señal. También sería ingenuo desconocer la correlación real de fuerzas y pretender que Venezuela puede recorrer este camino sin apoyo internacional. Estados Unidos posee capacidad de presión, incentivos económicos, influencia diplomática y recursos capaces de modificar el comportamiento de los actores. Yo respaldo esa alianza porque puede resultar decisiva para recuperar la democracia, pero distingo claramente entre alianza y tutelaje. Una alianza ayuda a crear las condiciones para que Venezuela vuelva a decidir por sí misma, el tutelaje comienza cuando desde otra capital se determina quién representa al país, cuál debe ser su ritmo y qué puede sacrificarse en nombre de la estabilidad. Necesitamos a Estados Unidos como aliado de una transición venezolana, no a Venezuela como objeto de una transición estadounidense. Si Rubio habla de meses, esos meses deben fortalecer nuestra capacidad para gobernarnos mediante instituciones legítimas y no aumentar nuestra dependencia de decisiones tomadas fuera del país.
La mesa entre Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera debe evaluarse desde esa realidad y no desde su puesta en escena. Venezuela ha visto suficientes fotografías de adversarios estrechándose las manos como para confundir una reunión con un cambio político. Lo importante comienza cuando se cierran las puertas, qué quiere cada parte, qué está dispuesta a entregar y qué obtiene a cambio. Guillermo O’Donnell y Philippe Schmitter mostraron al estudiar las transiciones desde gobiernos autoritarios que estos procesos están atravesados por incertidumbre, negociación y pactos entre actores que buscan abrir espacios mientras protegen intereses y reducen riesgos. Esa perspectiva resulta especialmente útil para comprender esta mesa. Jorge Rodríguez representa una estructura que conserva resortes fundamentales del Estado y que necesitará garantías ante cualquier apertura real. Dinorah Figuera representa la continuidad institucional de la Asamblea Nacional de 2015 y enfrenta una responsabilidad distinta, demostrar que esa legitimidad puede convertirse en resultados para una realidad política que cambió profundamente desde entonces. El peligro está en que la negociación encuentre un punto cómodo para quienes participan en ella sin resolver la demanda de quienes permanecen fuera. Una transición no consiste en redistribuir espacios entre dirigentes, consiste en cambiar las reglas que determinan quién puede ejercer el poder y, sobre todo, cómo puede perderlo.
Y allí aparece María Corina Machado. Su ausencia no es secundaria porque se puede negociar sin su presencia física, pero resulta mucho más difícil construir legitimidad política ignorando lo que representa. En su conversación con Luis Olavarrieta dejó una posición que considero coherente con el momento, no obstaculizar aquello que produzca avances reales, pero tampoco aceptar que el gradualismo termine diluyendo lo esencial. Su afirmación de que no va a ceder en lo fundamental coloca una referencia necesaria para medir el proceso. Se pueden discutir mecanismos, secuencias, garantías y tiempos, pero la voluntad expresada por los ciudadanos no debería convertirse en una ficha más dentro de la negociación. Robert Putnam explicó, mediante su conocida lógica de los juegos a dos niveles, que un acuerdo negociado entre dirigentes necesita ser aceptable también para las bases políticas y sociales que están detrás de ellos. Ese es precisamente el desafío de Caracas. Dinorah Figuera puede alcanzar acuerdos con Jorge Rodríguez y contar con el respaldo de Washington, pero si lo pactado es percibido por una parte importante del país como una sustitución del mandato popular por un arreglo entre actores políticos, podrá existir un documento viable y, al mismo tiempo, una enorme fragilidad de legitimidad. Por eso María Corina tiene un papel central aun fuera de la mesa, acompañar lo que abra espacios democráticos, mantener la exigencia sobre lo fundamental y representar una presión política que impida que la estabilidad termine convirtiéndose en el objetivo final.
Toda negociación seria necesita además algo más que voluntad, necesita compromisos creíbles. Thomas Schelling dedicó buena parte de su obra a estudiar cómo los actores negocian bajo condiciones de conflicto, cómo utilizan sus capacidades y, especialmente, cómo los compromisos adquieren valor cuando existen consecuencias frente al incumplimiento. Venezuela necesita exactamente eso. No podemos construir este proceso sobre otra declaración de confianza. Si existe alivio de sanciones, debe corresponderse con apertura política verificable, si se ofrecen garantías a quienes hoy ejercen el poder, deben existir también para quienes compiten por sustituirlos, si se habla de elecciones, tienen que aparecer un árbitro confiable, observación internacional, libertad de campaña, derechos políticos y un calendario cierto. Y si se habla de justicia, el Tribunal Supremo no puede continuar siendo percibido como una extensión de una parcialidad política. No espero que todo ocurra mañana, sería poco serio plantearlo, pero sí espero que dentro de pocas semanas podamos identificar una dirección inequívoca. La medida del avance no será la cantidad de reuniones celebradas, sino cuánto espacio pierde progresivamente la arbitrariedad y cuánto recupera el ciudadano.
Desde allí observo cuatro escenarios. El primero, y naturalmente el deseable, sería una apertura gradual pero irreversible, liberación de presos políticos, recuperación de derechos, instituciones electorales confiables y elecciones competitivas dentro del horizonte temporal planteado por Rubio. El segundo sería un pacto de estabilización, el oficialismo obtiene garantías y alivio, algunos sectores opositores recuperan espacios, Washington consigue previsibilidad y el país mejora parcialmente, pero la alternancia permanece condicionada. El tercero sería el fracaso de las conversaciones, porque las concesiones necesarias para democratizar resulten incompatibles con los intereses de quienes todavía conservan posiciones decisivas. El cuarto sería una transición tutelada, formalmente democrática, pero excesivamente condicionada por decisiones externas. Paradójicamente, no es el fracaso el escenario que más me inquieta. El fracaso se reconoce. Me preocupa más un acuerdo que todos presenten como exitoso porque reduce tensiones, normaliza relaciones y atrae inversiones, mientras deja prácticamente intacta la estructura que impide la alternancia. Podríamos terminar frente a un éxito diplomático y una transición incompleta.
La sociedad venezolana tampoco puede quedar reducida al papel de espectadora. No creo en aventuras ni en llamados irresponsables cuyo costo termine recayendo, como tantas veces, sobre la gente. Creo en presión democrática, organización ciudadana y exigencias perfectamente identificables, presos políticos libres, libertad de expresión, derechos políticos, instituciones independientes y elecciones con garantías. La movilización cívica no tiene por qué competir con la negociación, puede darle fuerza y recordarle permanentemente a quienes están sentados en Caracas que no negocian sobre un país abstracto. María Corina tiene razón al mantener elevada la exigencia democrática, Dinorah Figuera debe demostrar que la institucionalidad que representa puede traducirse en avances concretos, Jorge Rodríguez tendrá que mostrar si existe verdadera disposición a aceptar límites al poder y Washington deberá probar que su búsqueda de estabilidad es compatible con la soberanía popular venezolana. No todos llegan a esta etapa con los mismos intereses ni con la misma fuerza, precisamente por eso necesitamos reglas capaces de sobrevivir a todos ellos.
Rubio ha dicho que no serán años, sino semanas o meses. Vale la pena tomarlo en serio. La primera mesa está instalada, María Corina ha marcado su posición y el país vuelve a mirar hacia adelante con una mezcla comprensible de esperanza y cautela. ¿Comenzó la transición? Todavía no estoy dispuesto a afirmarlo. Creo que comenzó una posibilidad real de transición, y esa diferencia importa. Si en los próximos meses vemos derechos restituidos, presos liberados, instituciones que recuperan independencia y una ruta electoral cierta, podremos decir que este momento marcó un punto de inflexión. Si al final encontramos más reuniones, nuevos equilibrios entre dirigentes y una estabilidad incapaz de producir alternancia, habremos cambiado nuevamente el lenguaje sin transformar la naturaleza del poder. Venezuela necesita la cooperación de Estados Unidos, pero necesita mucho más recuperar la República. El día en que el Consejo Nacional Electoral no pertenezca a quien gobierna, el Tribunal Supremo deje de funcionar como protección del poder, quien gane pueda gobernar y quien pierda pueda volver a competir, la transición habrá dejado de ser una promesa. Si de verdad no serán años, sino meses, entonces el reloj ya está corriendo. La pregunta ahora no es cuánto tendremos que esperar, sino cuánta democracia seremos capaces de recuperar mientras corre.
Alfonso Hernández Ortiz
Politólogo y Abogado
Doctor en Derecho y Ciencias Sociales