Daniel García Arellano | Crisis migratoria venezolana y la actuación desmedida de EE.UU.
Presidente Donald Trump se puede ser altisonante benefactor, verdugo y carcelero a la vez.
A pesar del apoyo expresado por el gobierno estadounidense para el fin de la dictadura en Venezuela, la realidad para miles de migrantes venezolanos en Estados Unidos es crítica. Resulta contradictorio e indignante que un país que se promociona como garante de la justicia y la equidad actúe hoy de manera severa, desproporcionada e inhumana contra quienes buscaron refugio en su territorio.
Si bien cada estado posee sus propias dinámicas y leyes migratorias, el trato actual hacia los solicitantes de asilo vulnera principios elementales de derechos humanos.
El caso del exalcalde Carlos García es un ejemplo claro de esta arbitrariedad. Fue arrestado el 23 de enero de este año en el estado de Ohio por autoridades migratorias (ICE), a pesar de haber solicitado asilo y contar con su documentación en regla. Cumple ya seis meses encarcelado sin justificación legal clara ni precedentes aplicables, en una situación desproporcionada que desdice del correcto proceder de quienes imparten justicia y desnudan una realidad sorprendente ejecutada sin medir consecuencias. Su solicitud de asilo se fundamentó en la persecución política en su país, donde el Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia de 15 meses de prisión e inhabilitación en su contra por ser catalogado como responsable de las guarimbas que le hacían resistencia a la dictadura.
El impacto familiar por su detención prolongada deja en la indefensión absoluta a su esposa e hijos menores, sumiendo a toda su familia en un desgaste constante y una profunda incertidumbre y desesperación.
Las afirmaciones de figuras políticas como Donald Trump, quien ha hablado sobre la explotación de recursos petroleros, el bienestar en Venezuela o incluso la idea de incorporar al país como el estado 51 invitan a un profundo análisis.
Si realmente existe un interés pragmático en mantener relaciones comerciales o ayudar a Venezuela, esto debe plasmarse en un trato justo y digno para los venezolanos en suelo estadounidense. No se puede hablar de pragmatismo ni de cooperación mientras se ejerce coacción y fuerza desmedida contra quienes huyen de la crisis que aun existe y se mantiene.
Exigencia a la clase política y llamados a la acción.
Aunque un Estado soberano tiene la prerrogativa de aplicar sus leyes migratorias es urgente que el gobierno norteamericano cese las hostilidades, revise y resuelva con celeridad los casos pendientes de asilo, TPS y regularización migratoria.
Quienes ostentan el poder en Venezuela o conducen el proceso de transición tienen la obligación moral, ética y política de abocarse con urgencia a exigir la protección y liberación de sus conciudadanos en el exterior.
De no actuar con firmeza frente a esta crisis humana, la clase política nuevamente será juzgada en el futuro por su irresponsabilidad e inobservancia ante el sufrimiento y tragedia de los migrantes.
Es momento de que prevalezca la sensibilidad, la sensatez y la solidaridad sobre la arbitrariedad y el abuso, garantizando el respeto a la ley y la dignidad humana.