Rodrigo Rivera | Reforma constitucional o “chaqueta” a la medida

Maduro después de usurpar la presidencia de la República se propuso hacer una Constitución al servicio de los intereses de la pandilla gobernante. Ha sido una tradición del régimen hacer leyes a su medida, acude a los poderes constituidos, bajo su dominio, tal como acudir a un sastre para mandarse a hacer una chaqueta. ¿Por qué desea la pandilla una reforma constitucional? Esta propuesta causa estupor. Pues, a cada momento, calificaban a la Constitución como la más avanzada del mundo y el instrumento más completo de defensa de los derechos ciudadanos, de democracia, de modernidad de Estado y de justicia social y propulsora del bien común. En cada perorata de Maduro o del general de hojalata los veíamos agitar el pequeño librito, ordenado imprimir por Chávez, que actuaban conforme a ella.

No hay duda del colosal cinismo de la pandilla cívico-militar gobernante. El Estado de derecho ha sido aniquilado y con ella la Constitución del 98. La han pisoteado a placer, han impuesto como política permanente y sistemática la violación de los derechos fundamentales. Han suprimido las libertades, perseguido al disidente, acorralado a los medios de comunicación e intervenido a los partidos políticos. Son miles los presos políticos, algunos de ellos asesinados en las cárceles o lugares de tortura. Como clímax de su atropello a la Constitución desconocieron la soberanía popular manifestada mediante el voto el 28 de julio, lo que de hecho es desconocer al soberano, consecuentemente a la Constitución que emana de él como pueblo constituyente (Preámbulo Constitución “El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores” y “en referendo democrático” y art.5).
Para afianzarse en el poder percibieron que la Constitución constituía un freno para sus desmanes. Lo más practico es una reformar que destruya la república, creando un sistema centralista, sin controles, en el que lo legislativo y lo judicial esté supeditado y al servicio del poder central.

Obviamente, un Estado como ese no puede permitir libertades, por tanto, debe proscribirse la disidencia mediante normas que proscriban ciertos hechos o ideas sobre calificaciones abstractas e indeterminadas, dejando a la discreción del poder central y sus sicarios calificar quien incurre en tal conducta, será una chaqueta de fuerza para contener la protesta popular.

Maduro designó una comisión para elaborar la propuesta que será sometida a la Asamblea Nacional poniendo al frente al sicario judicial. Ya no se trata de aniquilar al adversario político o a grupos, se trata de devastar las libertades, a las organizaciones populares naturales, a la estructura política del Estado y la división de poderes. No hay duda que el sicario, cumpliendo mandatos de la pandilla, formulará un proyecto antidemocrático, desconocedor de las libertades y de los derechos humanos. Quieren darle sepultura formal a la Constitución vigente, ya mancillada, estropeada y desobedecida por la burocracia civil y militar.

El poder constituyente, `precisamente, para evitar esos atropellos a la Constitución y a la ciudadanía concibió diversos mecanismos para la defensa de la supremacía constitucional, tanto desde el punto de vista normativo como de protección de los derechos fundamentales. Estos mecanismos son de orden normativo, estableciendo cláusulas constitucionales intangibles cuyo núcleo central es inmodificable: (art. 2 valores superiores, art.3. “El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular”, art. 5 soberanía popular, y art. 6 “El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático”; así como normas no sujetas a reforma como son: el principio político democrático según el cual el pueblo es titular del poder constituyente, por tanto, autor de la Constitución (art.5); el principio político de la garantía jurídica de la libertad que exige organizar el Estado conforme al principio de división de poderes y el respeto a los derechos fundamentales (art. 136); y el principio jurídico de supremacía según el cual la Constitución es la norma suprema del ordenamiento (art.7). El problema está en que el control de constitucionalidad está en manos de un grupo sumiso al poder de la pandilla cívico-militar gobernante.

No queda otra salida sino luchar contra los usurpadores del poder, predicantes y practicantes de la violencia y del odio, de carácter fascista por su empeño en eliminar el disenso, ampararse en un fuerte aparato militar y grupos civiles armados. La única manera de defender las libertades y la soberanía popular, es mediante la lucha permanente en todos los escenarios contra esa pandilla. Constitucionalmente debemos asumir los artículos 333 y 350 y ejercer un constitucionalismo militante, esto es, hacer valer la Constitución, exigiendo se respete la soberanía popular. Unidos en la Constitución, los valores de libertad, justicia, igualdad y paz. Vale decir ¡Hasta el final!