Antonio Bermúdez | Cuando la presunción de inocencia es sólo un adorno constitucional

Hace 33 años, en 1993, cuando estudiaba mi Maestría en Ciencias Penales y Criminológicas en LUZ, siete años antes de que entrara en vigencia el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), ya estudiábamos por él, por lo que era un proyecto legislativo ya culminado, y teníamos a su coautor, el argentino Alberto Binder, de la Universidad de Buenos Aires, en nuestro salón de clases. El sistema acusatorio se nos presentaba como el adalid justiciero de todos los males que aquejaban al sistema de justicia penal, en ese tiempo inquisitivo, representado por el Código de Enjuiciamiento Criminal.

El COPP venezolano preconstitucional consagró, en su artículo 8, un principio que en el papel suena a conquista civilizatoria: “Cualquiera a quien se le impute la comisión de un hecho punible tiene derecho a que se le presuma inocente y a que se le trate como tal”. Luego, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela lo refrendó. Los tratados internacionales de derechos humanos, suscritos y ratificados por la República, lo exigen. Sin embargo, en la práctica cotidiana de los tribunales penales venezolanos, esta garantía fundamental ha sido reducida a una fórmula vacía, un adorno retórico que los operadores de justicia invocan para luego ignorar con desparpajo.

El sistema acusatorio -que en teoría debe ser oral, público, contradictorio y garantista-se ha transformado en una coartada perfecta para encubrir lo que en los hechos es un sistema inquisitivo disfrazado. La regla, que debe ser la libertad del imputado durante el proceso, se ha invertido de manera siniestra. Hoy en Venezuela la privación de libertad es la regla, y el juzgamiento en libertad, la excepción.

La prisión preventiva fue concebida como una medida excepcional, sujeta a los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad. Su propósito no es castigar, sino asegurar las finalidades del proceso. Pero lo que observamos en los estrados venezolanos es exactamente lo contrario: miles de ciudadanos permanecen tras las rejas

durante años, esperando un juicio que nunca llega, cumpliendo condenas anticipadas sin haber sido declarados culpables.Esta perversión es el resultado lamentable de una política judicial que ha convertido la prisión preventiva en un instrumento de control social y castigo extrajudicial. Y en este mecanismo de opresión, los jueces -desde los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Penal, hasta el último juez del más apartado rincón de la República- han cumplido un rol protagónico que debería avergonzarlos.

La formación deficiente de muchos jueces no es un problema menor; es la consecuencia lógica de un sistema judicial penal que no privilegia el mérito ni la capacidad. La carrera judicial es prácticamente inexistente: la gran mayoría de los jueces son provisionales, nombrados y removidos a discreción, lo que garantiza su sumisión a la cúpula del poder judicial penal antes que su independencia.

Un juez que no domina los principios del sistema acusatorio, que desconoce la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre prisión preventiva y presunción de inocencia, que no entiende que la carga de la prueba corresponde al acusador y que la duda beneficia al reo, está condenado a ser un mal juez. Pero no es un mal juez por casualidad: es el producto de un sistema de justicia penal que premia la lealtad por encima de la competencia.

Hay una verdad incómoda que pocos quieren reconocer: para muchos jueces, decretar la prisión preventiva es más cómodo que analizar las circunstancias de cada caso. Es más fácil firmar un auto de detención que estudiar si proceden medidas menos gravosas. Es más sencillo enviar a un ciudadano a la cárcel que evaluar si existen arraigo, trabajo, familia o cualquier otro factor que permita garantizar su comparecencia en libertad.

La flojera judicial tiene un nombre técnico: automatismo. El juez repite fórmulas estereotipadas, copia y pega párrafos de sentencias anteriores, invoca peligro de fuga o de obstaculización sin ningún sustento real, y archiva el expediente con la conciencia tranquila. Mientras tanto, un ser humano –siempre presunto inocente- pasa meses o años en un centro de reclusión en condiciones infrahumanas. La flojera es, en este contexto, una forma de crueldad.

El problema más grave, sin embargo, es la corrupción. No es un secreto para nadie que en el sistema de justicia penal venezolano la justicia se compra y se vende al mejor postor. Los escándalos recientes han evidenciado una corrupción rampante: fiscales y jueces que negocian libertades y condenas como si se tratara de mercancías. Así lo han reconocido las propias autoridades oficiales, empezando por la Presidenta Delcy Rodríguez.

Un juez que sabe que su permanencia en el cargo depende de su obediencia a la cúpula del sistema de justicia penal de turno, no es un juez: es un burócrata, el "mujiquita” de Doña Bárbara que consulta y ejecuta órdenes sin cuestionarlas. Y cuando ese burócrata tiene en sus manos la libertad de un ciudadano, el resultado es predecible: la presunción de inocencia se convierte en letra muerta.

El problema no se limita a los jueces de control o de juicio. La podredumbre comienza en la cúpula. La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, lejos de ser la garante de la constitucionalidad y los derechos fundamentales en materia penal, ha contribuido a consolidar la impunidad y debilitar la independencia judicial. El sistema está diseñado para fallar. No falla por accidente: falla porque así lo quiere el poder instalado en el sistema de justicia penal. Un Poder Judicial independiente, formado por jueces competentes y probos, sería un obstáculo para el autoritarismo. Por eso se garantiza que los jueces sean mediocres, dóciles y, cuando sea necesario, corruptos.

La presunción de inocencia no es un favor que el Estado concede al acusado: es un derecho humano fundamental, piedra angular del Estado de Derecho. Cuando un juez decreta una prisión preventiva sin los requisitos legales, cuando mantiene a un ciudadano encarcelado por más tiempo del razonable, cuando prejuzga la culpabilidad antes de la sentencia, no está cometiendo un error técnico: está violando un derecho humano.

Los jueces venezolanos -desde los magistrados de la Sala Penal del TSJ hasta los jueces de control- deben rendir cuentas por esta tragedia. No pueden escudarse en la falta de preparación, en la presión política o en las "circunstancias del país". Un juez que no está preparado para juzgar no debería ser juez. Un juez que es corrupto debería estar en la cárcel. Un juez que es flojo debería dedicarse a otro oficio.

Mientras tanto, la sociedad venezolana sigue pagando el precio: ciudadanos inocentes tras las rejas, un sistema de justicia penal que es una farsa, y un principio constitucional
-la presunción de inocencia- que brilla por su ausencia en la práctica diaria de los tribunales. El sistema acusatorio prometido por el COPP es, hoy por hoy, una mentira. Y los jueces, en su inmensa mayoría, son los cómplices necesarios de ese engaño.

El reconocimiento oficial por parte de la Presidenta Delcy Rodriguez de esta realidad, es un gran paso en la dirección correcta. La creación de la Comisión para la Gran Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal y la reactivación de la Comisión para la Revolución Judicial por parte de la Asamblea Nacional, son parte del necesario balance de poderes que debe existir en toda democracia, cuando una de las ramas del Poder Público desvía el camino.

Los ciudadanos tenemos profundas expectativas positivas con el anuncio de estas comisiones. Desde el año 1999 esta es la sexta “Gran Reforma Judicial”. Las otras cinco fracasaron y no lograron resolver problemas estructurales como el hacinamiento, el retardo procesal o la corrupción. Estas comisiones hoy anunciadas representan una oportunidad histórica para reivindicar la justicia como un pilar del Estado, corrigiendo desviaciones que han afectado a los ciudadanos y se avance definitivamente hacia un sistema de justicia penal más transparente, humano y eficaz.