Rodrigo Méndez | El daño colateral de la corrupción
Una licitación amañada puede parecer, al principio, un número inflado en una hoja de cálculo. Un medicamento que no llegó, una escuela sin condiciones seguras o una carretera sin mantenimiento parecen problemas distintos. Pero cuando el dinero público se desvía y el servicio que debía proteger a la gente falla, la corrupción deja de ser una abstracción contable: sus consecuencias llegan a la salud, a la seguridad y, en los casos más graves, a la vida.
La corrupción no siempre mata de manera inmediata ni deja una escena que permita señalar a un responsable único. A veces comienza con una comisión clandestina; otras, con un contrato diseñado para favorecer a un proveedor, materiales de calidad inferior o recursos que desaparecen antes de llegar al hospital. Entre la decisión ilícita y el daño pueden interponerse muchas decisiones, omisiones y circunstancias. Esa distancia complica la prueba, pero no vuelve inocua la conducta.
La dimensión humana está reconocida por organismos internacionales. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advierte que la corrupción debilita las instituciones y la capacidad estatal de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señala que, en salud, la corrupción deteriora la eficacia, la calidad y el acceso a los servicios. Cuando se desvían fondos, se manipulan compras o se toleran suministros deficientes, quienes menos recursos tienen suelen contar con menos alternativas para ponerse a salvo.
Esa relación social y ética no resuelve por sí misma la pregunta penal. Decir que la corrupción puede contribuir a una muerte no equivale a afirmar que toda muerte ocurrida en un servicio público deficiente constituye homicidio, ni que todo funcionario relacionado con el área sea cómplice. La responsabilidad penal es personal. Debe probarse qué hizo u omitió cada persona, cuál era su deber concreto, si podía actuar de otro modo, qué sabía o debía prever y cómo se conecta su conducta con el resultado. El estándar y las figuras aplicables dependen de la legislación de cada país.
En un caso de homicidio culposo, no bastaría demostrar que faltaron medicinas y que hubo corrupción en algún nivel del sistema. Habría que establecer, con prueba verificable, que una conducta negligente o imprudente atribuible al acusado creó o elevó un riesgo jurídicamente prohibido y que ese riesgo se materializó en la muerte examinada. También habría que considerar el estado previo del paciente, las decisiones clínicas, la disponibilidad real de recursos y otros factores que pudieron influir. En las omisiones, además, importa determinar si la persona tenía una obligación legal específica y una posibilidad efectiva de impedir el daño.
La imputación objetiva ofrece un lenguaje para analizar si el riesgo creado por una conducta se concretó en el resultado y si este pertenece al ámbito que la norma buscaba evitar. No es una llave automática que convierta una irregularidad administrativa en homicidio. La previsibilidad de una tragedia, sin la prueba de los demás elementos exigidos por la ley, no basta para condenar. Tampoco la gravedad moral de un hecho reemplaza el debido proceso.
La experiencia judicial permite precisar ese debate. En la tragedia ferroviaria de Once, Argentina, el tribunal condenó a exfuncionarios de Transporte y directivos de la concesionaria en la misma causa por administración fraudulenta y estrago culposo agravado por la muerte de 51 personas y las lesiones de 789. La sentencia describió a Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi como coautores y partícipes necesarios de esos delitos; también impuso penas a empresarios de TBA. El caso muestra que, cuando la prueba vincula la administración infiel de fondos públicos y el deterioro del servicio con una tragedia evitable, la respuesta judicial puede abarcar tanto el delito patrimonial como el resultado mortal.
El derrumbe del puente Morandi, en Génova, ofrece otro ejemplo de responsabilidad individual por fallas de mantenimiento y seguridad. En julio de 2026, un tribunal de primera instancia condenó a 32 de los 57 acusados por el colapso que causó 43 muertes, entre ellos exdirectivos de la concesionaria y responsables técnicos y públicos. El fallo puede ser recurrido. Este caso ilustra la persecución penal de omisiones y negligencia que desembocan en muertes; no debe presentarse como una condena por corrupción ni como prueba de sobornos. Esa distinción importa: los casos ayudan a explicar cómo se prueba la responsabilidad por una tragedia, pero cada uno debe describirse según los delitos que efectivamente examinó y las decisiones que dictó.
La misma cautela se aplica a la complicidad o a la cooperación necesaria. Esas categorías cambian entre ordenamientos y exigen examinar la contribución individual, el conocimiento y los requisitos que establezca la ley aplicable. Quien alteró una licitación, quien certificó materiales defectuosos y quien autorizó una obra pueden haber desempeñado papeles diferentes. La investigación debe reconstruirlos con contratos, auditorías, comunicaciones, peritajes, registros de pagos y decisiones documentadas; no puede repartir culpabilidad por el cargo que alguien ocupaba ni por pertenecer a una institución.
Venezuela: una cadena de poder entre el Estado, los negocios y los cuarteles
En Venezuela, el daño de la corrupción se entiende mejor como una cadena de decisiones y beneficios que como la obra de un solo actor. En un extremo están quienes controlan presupuestos, permisos, empresas públicas, compras y fiscalización; en otro, quienes reciben contratos, licencias, divisas u oportunidades de negocio; y, en ciertos sectores, mandos militares que han asumido funciones de gobierno y de gestión económica. La responsabilidad de cada eslabón depende de pruebas. El patrón institucional, sin embargo, puede estudiarse sin convertirlo en una condena colectiva.
Los funcionarios civiles tienen una responsabilidad especial porque administran recursos confiados por la ciudadanía y deben asegurar que el gasto se decida con reglas, competencia, transparencia y controles. El riesgo aparece cuando quien diseña la contratación también la adjudica, cuando el organismo contratante omite publicar los términos, cuando una autoridad fiscalizadora tolera incumplimientos o cuando el presupuesto se convierte en recompensa política. El clientelismo puede abrir la puerta, pero solo la revisión de cada expediente permite establecer si hubo delito: quién aprobó, qué información tenía, qué obligación incumplió, quién recibió el beneficio y qué daño produjo.
Los “empresarios de nuevo cuño” deben entenderse aquí como una categoría para describir empresarios cuyo ascenso depende de una relación privilegiada con el Estado —contratos, concesiones, importaciones, licencias o acceso a recursos—, no como sinónimo de delincuente ni de todo empresario reciente. Una empresa puede crecer legítimamente mediante innovación y competencia. El problema público surge si su ventaja proviene de acuerdos opacos, licitaciones hechas a la medida, sobreprecios, empresas interpuestas, conflictos de interés o bienes y obras de calidad inferior. Quien ofrece el soborno, pacta el sobreprecio o vende conscientemente un producto defectuoso puede tener una responsabilidad propia; no es un actor pasivo por el hecho de tratar con el Estado.
La nota de opinión “La dinastía Rangel: cuatro generaciones ante el tesoro público y el candado del apellido” sirve como punto de partida para examinar ese acceso desigual. La investigación allí reseñada documenta 360 contratos municipales sin licitación y relaciones mercantiles entre empresas contratistas y personas del entorno familiar o político del exalcalde José Vicente Rangel Ávalos. También refiere la devolución de un anticipo y una multa en un litigio municipal por una obra incumplida. Esos datos ameritan escrutinio de los contratos, pagos, beneficiarios finales y decisiones de adjudicación; por sí solos no equivalen a una condena penal del exalcalde ni permiten atribuir responsabilidad a todos sus familiares. El apellido orienta una pregunta de investigación; la prueba debe contestarla persona por persona.
El sector militar requiere un análisis propio porque su papel ha desbordado la defensa. Transparencia Venezuela informó que, en su inventario de 576 empresas estatales de 2018, 76 tenían a un militar como máxima autoridad; en un estudio posterior reportó presencia de personal militar en juntas directivas de al menos 103 empresas públicas y en 11 de 34 ministerios, además de 24 empresas adscritas a Defensa, muchas con actividades no estrictamente castrenses. Son cortes temporales y categorías distintas: describen la expansión de la participación militar en la gestión civil y económica, no la culpabilidad penal de sus integrantes. La existencia de empresas militares puede ser legal; el riesgo de captura y conflicto de interés crece cuando no hay cuentas públicas, competencia efectiva ni auditoría civil independiente.
La investigación de OCCRP sobre compañías vinculadas con oficiales ofrece otro indicio de cómo pueden cruzarse el poder público y el interés privado: identificó, en registros disponibles para su investigación, 84 generales vinculados a empresas inscritas para contratar con el Estado y 35 en juntas directivas de compañías privadas; estas últimas habían obtenido 225 contratos estatales, según el reportaje. OCCRP también reconoce las dificultades para establecer qué integrantes incurrieron en corrupción y presenta parte de la información como denuncias y testimonios de fuentes. Por eso, la cifra justifica preguntas sobre conflicto de intereses, contratación y beneficiarios reales; no permite afirmar que esos 35 generales, los 84 oficiales o la Fuerza Armada en su conjunto hayan cometido delitos.
El punto de contacto entre los tres grupos es la rendición de cuentas. Una autoridad pública puede habilitar la operación y debilitar la supervisión; un empresario puede obtener y ejecutar el contrato; un mando o una empresa militar puede actuar como regulador, proveedor, operador o socio. Si los mismos actores concentran la decisión, la ejecución y la fiscalización, el control se vuelve circular: el árbitro termina revisando su propia actuación. Los estudios sobre empresas estatales venezolanas han descrito opacidad presupuestaria y contractual, falta de información sobre directivos y escaso control independiente, además de denuncias de malas prácticas en sectores como alimentos, hidrocarburos, minería y servicios públicos. Las denuncias de una investigación civil no son sentencias, pero la opacidad que impide verificarlas constituye por sí misma un problema de gobernanza.
La cadena del daño puede ser concreta: se adjudica una obra sin competencia o se paga por insumos que no llegan; el proveedor reduce costos o el organismo omite inspecciones; el servicio queda sin mantenimiento, medicina o equipos; y la población soporta el riesgo. En carreteras, agua, electricidad y hospitales, ese deterioro puede traducirse en accidentes, enfermedades no tratadas y muertes evitables. En paralelo, la pérdida de oportunidades y de servicios básicos alimenta la migración. No se puede atribuir cada muerte o cada salida del país a una trama específica sin una investigación causal, pero tampoco es razonable analizar esas consecuencias como si fueran ajenas a la captura de recursos y a la destrucción de controles.
Cuando la corrupción se vuelve una enfermedad social endémica
“No se realiza ninguna actividad en Venezuela en la cual no se practique la corrupción a cualquier nivel”. La frase resume una percepción extendida de desconfianza: para muchos ciudadanos, desde un trámite cotidiano hasta un gran contrato público, ningún espacio parece quedar a salvo de la irregularidad. Como afirmación literal, sin embargo, abarcaría todas las actividades y a todas las personas; por eso conviene leerla como una denuncia de la penetración de la corrupción, no como un dato estadístico que pruebe que cada venezolano o cada institución participa en ella.
La corrupción deja de ser un episodio aislado cuando se repite, se vuelve previsible y rara vez encuentra sanción. Entonces funciona como una enfermedad social endémica: no porque una sociedad esté condenada a ser corrupta, sino porque reglas informales van ocupando el lugar de las normas públicas. “Hay que tener un contacto”, “sin comisión no sale”, “ese contrato ya está repartido” o “resuelve por fuera” pasan de ser señales de alarma a instrucciones para sobrevivir dentro de un sistema que castiga la honestidad con demoras, exclusión o pérdida de oportunidades.
Ese proceso se reproduce en varios niveles. Arriba, la impunidad enseña que el poder puede usar recursos comunes sin explicar sus decisiones. En el mercado, algunos proveedores aprenden que la cercanía política vale más que la calidad o el precio. En la vida cotidiana, ciudadanos que no diseñaron la red pueden verse obligados a pagar, hacer favores o buscar intermediarios para conseguir servicios básicos. La conducta de supervivencia no los vuelve equivalentes a quienes controlan presupuestos y contratos, pero sí muestra hasta qué punto la disfunción institucional invade la vida social.
La normalización tiene un costo que no aparece en un balance: debilita la confianza, desalienta a quienes cumplen las reglas, premia la lealtad por encima de la competencia y enseña a la siguiente generación que el acceso depende de conexiones. La referencia a varias generaciones de la familia Rangel puede ayudar a formular esa pregunta sobre continuidad y acceso al Estado; no demuestra transmisión hereditaria de culpa. La enfermedad es el sistema de incentivos que permite que redes de influencia sobrevivan a los nombres y a los gobiernos, y que la ciudadanía pierda la expectativa de que denunciar o cumplir la ley vaya a cambiar algo.
Por eso, combatir una corrupción endémica exige algo más que encarcelar a unos pocos responsables, aunque la sanción individual sea indispensable. También requiere desmontar las condiciones que la reproducen: contrataciones abiertas y competitivas, identificación de beneficiarios finales, separación entre quien compra y quien audita, controles civiles sobre empresas y gastos militares, servicios públicos que no obliguen a pagar sobornos para acceder a derechos, protección efectiva a denunciantes y decisiones judiciales explicadas y verificables. La confianza no se decreta: se reconstruye cuando las reglas se aplican a quienes tienen poder y cuando la ciudadanía puede comprobar que los recursos producen servicios y protegen vidas.
La responsabilidad del sector militar tampoco se resuelve con una acusación genérica contra “los militares”. Debe distinguirse entre el miembro que cumple una función constitucional, el oficial designado para administrar una empresa pública, el funcionario que ordena o encubre una irregularidad y quien obtiene un beneficio privado. La responsabilidad penal exige demostrar conducta, deber, conocimiento, aporte y nexo con el resultado conforme a la ley aplicable. La responsabilidad política e institucional es más amplia: los mandos y autoridades que dirigen organismos armados deben explicar sus decisiones, someter el gasto a auditorías civiles y garantizar que el uso de recursos y la cadena de mando no sirvan para blindar intereses particulares.
Por ello, el análisis no debe presentar una conspiración total donde solo hay evidencia de riesgos o vínculos; tampoco debe reducirlo todo a “manzanas podridas” si las reglas permiten que los conflictos de interés y la opacidad se reproduzcan. La pregunta central es qué incentivos y controles conectan a los decisores con los beneficiarios, quién podía detener una contratación o una omisión y qué consecuencias soportó la población cuando nadie lo hizo. Para responderla hacen falta registros accesibles de contratos, propietarios efectivos, pagos y modificaciones; auditorías técnicas independientes; protección a denunciantes; y jueces capaces de investigar sin distinción de uniforme, partido, apellido o tamaño empresarial.
Pero el límite penal no debe servir de excusa para minimizar el daño. Aunque no se consiga probar homicidio contra una persona determinada, la malversación, el peculado, el cohecho, el fraude en contrataciones o el incumplimiento de deberes pueden conservar su propia relevancia penal, administrativa o civil. También puede existir responsabilidad estatal por no proteger derechos y por no ofrecer servicios esenciales. Son planos distintos: distinguirlos evita la impunidad y, al mismo tiempo, impide convertir una denuncia legítima en una condena sin pruebas.
El daño colateral de la corrupción no aparece siempre bajo la palabra “víctima”. Puede quedar escondido en el paciente que espera, en la familia que paga lo que debía ofrecer el servicio público, en el conductor que encuentra una vía sin mantenimiento o en la comunidad expuesta a una obra insegura. No todo perjuicio termina en una muerte; cada peso sustraído, sin embargo, reduce la capacidad de prevenir enfermedades, accidentes y tragedias.
El éxodo venezolano es otra expresión de ese daño acumulado. ACNUR estima que casi 7,9 millones de personas refugiadas y migrantes venezolanas viven fuera del país; R4V reportó 6.978.009 en América Latina y el Caribe en su actualización del 20 de agosto de 2026. Son cifras de alcance distinto: la primera es mundial y la segunda corresponde a la región. Comparadas, solo como referencia, con una población venezolana de aproximadamente 30,6 millones en 2015, los 7,9 millones equivaldrían a cerca del 26 por ciento. No es una proporción de quienes residen hoy en Venezuela ni una prueba de que una sola causa haya producido cada salida.
La CIDH describió la migración venezolana como forzada ante una grave crisis política, económica y social, y como una estrategia de supervivencia para preservar derechos como la vida, la salud y la alimentación. Los organismos humanitarios también identifican la pérdida de oportunidades económicas y las barreras de acceso a servicios básicos entre los factores que impulsan la salida. La corrupción puede agravar ese cuadro cuando captura recursos, vuelve opacos los presupuestos y deteriora servicios esenciales; las cifras migratorias, por sí solas, no permiten medir qué proporción del éxodo le corresponde. Tampoco el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional establece esa causalidad: su puntuación es un indicador de percepción del sector público, no una medición de las razones individuales para emigrar.
Por eso, la lucha anticorrupción también es una política de prevención. Publicar contratos y beneficiarios, comparar precios, auditar la calidad de los suministros, mantener registros de inventario y proteger a quienes denuncian no son formalidades burocráticas. Son formas de vigilar que los recursos lleguen a su destino y que las alertas no se archiven hasta que sea tarde.
A la justicia le corresponde probar responsabilidades individuales. A las instituciones, proteger los derechos y corregir los sistemas que convierten el desvío de fondos en una amenaza cotidiana. Y a la ciudadanía, exigir respuestas con documentos, no con rumores. La corrupción no debe llamarse homicidio sin prueba; tampoco debe considerarse un delito sin víctimas cuando sus decisiones vacían los servicios de los que depende la vida.