Marcelo Crovato | Bukele en Haití: el miedo cambia de bando

Cuando el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que enviaría a sus soldados a Haití para recuperar a cuatro compatriotas desaparecidos tras un ataque de las pandillas, comenzaron a aparecer en las redes sociales numerosos pronósticos sobre el desastre que esperaba a los salvadoreños. Desde cuentas vinculadas a la izquierda latinoamericana y europea, así como desde sectores panafricanistas, se aseguraba que Haití sería la tumba de Bukele y de sus hombres. Lo verdaderamente llamativo no era que algunos considerasen que la operación podía fracasar, algo perfectamente posible en cualquier intervención militar, sino que muchos parecían desear ese fracaso.

Me llamó especialmente la atención la actitud de determinadas cuentas que se identificaban abiertamente con posiciones socialistas, panafricanistas e incluso con discursos racistas contra los blancos. Su odio hacia Bukele parecía pesar más que el sufrimiento de millones de haitianos sometidos a organizaciones criminales. Resultaba difícil comprender cómo alguien podía terminar manifestando simpatía por quienes secuestran, asesinan, violan y aterrorizan a poblaciones enteras, simplemente porque sus adversarios eran soldados enviados por un presidente al que detestaban.

En mi caso, mi solidaridad está con las víctimas de la criminalidad y con quienes arriesgan sus vidas para protegerlas. Comparto la orientación política de Bukele y respaldo su decisión de combatir a las organizaciones criminales con la firmeza que las circunstancias requieren. Pero, incluso más allá de esa coincidencia política, existe una cuestión de principios: ninguna diferencia ideológica puede justificar la defensa de asesinos y terroristas que han convertido la vida de millones de personas en un infierno. Mi solidaridad es moral y ética, no racial. Está con quienes defienden la ley y el orden, no con quienes hacen del crimen su forma de vida.

Y lo ocurrido durante estos días en Haití merece una reflexión que va mucho más allá del presidente salvadoreño.

Los que secuestraron a quienes habían llegado para ayudar

El 18 de octubre, cuatro técnicos de aviación salvadoreños desaparecieron después de que el vehículo blindado en el que se desplazaban fuera atacado por pandilleros en las proximidades de Puerto Príncipe. Los hombres consiguieron abandonar el vehículo incendiado, pero desde entonces se desconoce su paradero.

Hay un detalle especialmente importante: aquellos hombres no habían sido enviados originalmente para combatir a las pandillas. Sus funciones principales estaban relacionadas con evacuaciones médicas y operaciones de apoyo. No se trataba de una unidad de combate que estuviera desarrollando una ofensiva contra las organizaciones criminales, sino de personal que participaba en tareas destinadas a salvar vidas.

Pero eso no importó a sus atacantes. Quienes viven del secuestro, la extorsión y el asesinato no necesitan que sus víctimas representen una amenaza para atacarlas. La brutalidad es parte esencial de su manera de ejercer el poder. Cuando una organización criminal consigue someter a comunidades enteras, termina creyendo que puede actuar de la misma manera contra cualquiera, incluso contra personal dedicado a labores humanitarias.

Bukele respondió anunciando que sus hombres serían buscados y que, si no eran devueltos vivos e ilesos, las consecuencias serían mucho más contundentes. No se limitó a emitir una declaración diplomática de condena ni a solicitar respetuosamente la colaboración de los secuestradores. Ordenó una respuesta militar y desplegó miles de efectivos salvadoreños en territorio haitiano.

Desde entonces han circulado versiones contradictorias sobre la suerte de los cuatro desaparecidos. Algunos aseguran que murieron, otros sostienen que podrían encontrarse heridos y también existen informaciones que indican que continuarían con vida. Ninguna de esas versiones permite establecer con certeza su situación. Hasta el momento de escribir estas líneas, su destino continúa siendo incierto.

Pero la respuesta salvadoreña ya ha comenzado a producir acontecimientos que merecen ser examinados.

No es lo mismo aterrorizar que combatir

Las pandillas haitianas disponen de un armamento considerable. Fusiles de asalto, ametralladoras y otras armas de gran potencia forman parte de los arsenales que han conseguido reunir. Controlan territorios, establecen puestos de vigilancia, organizan emboscadas y utilizan la violencia para impedir la actuación de las autoridades. En determinadas zonas han conseguido ejercer un dominio territorial que, en la práctica, sustituye a la autoridad del Estado.

Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre una organización criminal capaz de aterrorizar a una población indefensa y una fuerza militar profesional preparada para combatir. Un pandillero puede ser extraordinariamente peligroso, estar dispuesto a asesinar sin vacilaciones y utilizar una brutalidad difícil de imaginar. Pero eso no lo convierte automáticamente en un soldado. Ser un asesino despiadado no constituye una especialidad militar, y la crueldad no sustituye al entrenamiento.

La capacidad militar no depende solamente de las armas. Depende de la instrucción, la disciplina, la organización, el mando, las comunicaciones, la logística, la coordinación y la capacidad de sostener operaciones bajo presión. Quienes hemos conocido el funcionamiento de las organizaciones militares sabemos que una unidad profesional es mucho más que un grupo de hombres armados. Sus integrantes han sido preparados para actuar conjuntamente, obedecer órdenes, adaptarse a situaciones cambiantes y continuar cumpliendo su misión en circunstancias adversas.

Las organizaciones criminales pueden desarrollar capacidades tácticas importantes y constituir adversarios peligrosos, especialmente cuando conocen el terreno y utilizan a la población como cobertura. Pero su experiencia asesinando civiles, extorsionando comerciantes y sometiendo barrios enteros no demuestra que estén preparados para enfrentarse a unidades militares profesionales. Los pandilleros que se comportan como fieras frente a una familia indefensa pueden descubrir que sus métodos de intimidación resultan mucho menos eficaces cuando tienen delante soldados entrenados para responder al fuego.

La verdadera medida de la capacidad de combate no está en cuántas personas desarmadas puede aterrorizar una organización, sino en su capacidad para enfrentarse a un adversario que puede defenderse y responder de manera organizada. Y esa diferencia parece haber sido ignorada por muchos de quienes anunciaban alegremente la derrota de los salvadoreños.

Cuando los criminales empiezan a pedir diálogo

Durante los últimos días han aparecido informaciones sobre pandilleros muertos y capturados durante los enfrentamientos con las fuerzas que operan en Haití. También han circulado versiones sobre la captura de un dirigente de Chèn Méchan, una de las organizaciones criminales que actúan en el país. Aunque algunos de esos episodios todavía requieren confirmación independiente, las operaciones y los enfrentamientos son una realidad.

Lo que está confirmado es que Wilson Joseph, conocido como Lanmò Sanjou y dirigente de la organización criminal 400 Mawozo, solicitó la intervención de Naciones Unidas para promover un diálogo. Posteriormente, la misma organización también buscó contactos con una instancia haitiana encargada del desarme. Resulta extraordinariamente significativo que quienes durante años han impuesto sus condiciones mediante asesinatos, secuestros y amenazas recurran ahora a organismos internacionales para solicitar negociaciones.

Durante demasiado tiempo, estas bandas de asesinos y terroristas han convertido barrios enteros en territorios sometidos a su voluntad. Sus víctimas no tenían oportunidad de negociar en condiciones de igualdad. O pagaban, obedecían y soportaban los abusos, o se exponían a sufrir las consecuencias. Los comerciantes debían pagar extorsiones para continuar trabajando, las familias podían perder sus viviendas y cualquier persona podía convertirse en víctima de un secuestro o de un asesinato.

Ahora uno de sus dirigentes pide mediación internacional. Parece que el diálogo adquiere un atractivo especial cuando quienes están acostumbrados a imponer el terror descubren que también pueden sufrir las consecuencias de la violencia que han desatado.

No debemos confundir las cosas. Una organización criminal no se convierte en un movimiento político legítimo porque controle territorio o disponga de fusiles. Tampoco adquiere la condición de representante de una población porque haya conseguido someterla mediante el terror. Las Naciones Unidas pueden facilitar contactos para conseguir la liberación de rehenes, proteger vidas humanas o promover la entrega de las armas, pero eso no significa que deban conceder reconocimiento político a los jefes de las pandillas.

Mi posición es clara: esas organizaciones deben entregar las armas, abandonar los territorios que ocupan y someterse a la justicia. Sus integrantes deberán responder por los delitos cometidos. La violencia criminal no puede convertirse en una vía para obtener privilegios políticos, amnistías indiscriminadas o posiciones de poder. Quienes han asesinado, secuestrado y aterrorizado a la población no pueden pretender que sus crímenes se transformen en méritos para sentarse a negociar el futuro del país.

Durante demasiado tiempo han sido los ciudadanos quienes han tenido miedo. La posibilidad de que ahora sean los criminales quienes teman las consecuencias de sus actos representa un cambio profundamente positivo.

Un vaso de agua puede decir mucho

Entre las imágenes difundidas de las operaciones salvadoreñas hay algunas que considero especialmente conmovedoras. Se ve a habitantes de Haití ofreciendo agua a los soldados salvadoreños. En otras grabaciones, los saludan y los vitorean mientras pasan por las calles. El propio Bukele ha compartido videos de sus tropas recorriendo sectores poblados y siendo recibidas por residentes que expresan su satisfacción ante su presencia.

Detengámonos un momento en lo que significa esa escena. Hablamos de personas que viven en uno de los países más pobres del mundo, donde conseguir alimentos, agua potable o atención médica puede representar una dificultad enorme. Personas que han soportado durante años el dominio de organizaciones criminales que deciden quién puede circular, trabajar, comerciar o simplemente permanecer en su vivienda. Y esas personas ofrecen agua a los soldados que han llegado para combatir a quienes las someten.

Quizá no tengan otra cosa que ofrecerles. Pero quien ha pasado horas trabajando bajo el sol, y mucho más quien ha realizado actividades militares, sabe perfectamente cuánto puede agradecerse un vaso de agua. Es un gesto sencillo, pero de una enorme fuerza humana. No hace falta organizar una ceremonia ni pronunciar un discurso para expresar gratitud. A veces basta con acercarse a un soldado y ofrecerle algo tan elemental como agua.

Durante años, esos habitantes han visto hombres armados que representaban una amenaza. Hombres que podían quitarles sus pertenencias, secuestrar a sus familiares o asesinarlos por cualquier motivo. Ahora ven soldados a quienes reciben con agua, saludos y vítores. Es una imagen que expresa de manera extraordinaria la diferencia entre quienes utilizan las armas para someter a una población y quienes las utilizan para combatir a sus verdugos.

Mientras determinadas cuentas ideológicas, a miles de kilómetros de distancia, auguraban o deseaban el desastre de los salvadoreños, algunos de los propios haitianos que padecen la violencia criminal salían a recibirlos con muestras de agradecimiento. El contraste difícilmente podría ser más elocuente.

"Hay que dejar Haití a los haitianos"

Otro de los argumentos que encontré repetidamente en redes sociales era que había que dejar Haití a los haitianos. En algunas cuentas panafricanistas, esa consigna aparecía acompañada de un discurso racial que presentaba la intervención como una agresión de blancos contra negros. Resulta particularmente absurdo aplicar semejante simplificación a los salvadoreños, procedentes de una sociedad mayoritariamente mestiza, con una importante herencia indígena.

Pero el problema principal de ese argumento no es racial. Es político y moral. ¿Dejar Haití a los haitianos? ¿Acaso quiénes han estado padeciendo durante años el dominio de las pandillas? Precisamente los haitianos. Los ciudadanos que no pueden salir de sus casas, que ven sus negocios extorsionados, que pierden familiares en ataques armados y que deben abandonar sus hogares para escapar de la violencia son haitianos. También lo son los funcionarios que intentan cumplir sus responsabilidades con recursos insuficientes y bajo amenazas constantes.

Invocar la soberanía nacional mientras una población está sometida por organizaciones criminales no resuelve absolutamente nada. La soberanía no puede reducirse a una consigna utilizada para impedir que alguien ayude a quienes están siendo masacrados. Su verdadero sentido está relacionado con la capacidad de una sociedad para gobernarse, establecer sus instituciones y garantizar los derechos de sus habitantes.

Haití ha perdido una parte enorme de esa capacidad. El gobierno carece de control efectivo sobre amplias zonas de la capital, las instituciones funcionan bajo enormes limitaciones y las pandillas han conseguido imponer su autoridad sobre territorios donde el Estado apenas puede actuar. Funcionarios mal remunerados, policías que trabajan en condiciones extremadamente difíciles y organismos públicos sin recursos suficientes intentan sostener lo poco que queda de una estructura estatal profundamente deteriorada.

Desde hace tiempo considero que la expresión «Estado fallido» se queda corta para describir semejante realidad. Haití se ha aproximado peligrosamente a convertirse en un territorio habitado donde las estructuras estatales existen formalmente, pero no consiguen ejercer las funciones elementales que justifican su existencia. No basta con tener un presidente, ministros, funcionarios y edificios públicos para que exista un Estado capaz de cumplir sus responsabilidades. El Estado debe ejercer autoridad, garantizar derechos, proteger a sus habitantes y asegurar el funcionamiento de sus instituciones.

Y quienes más sufren esa situación son los propios haitianos. Por eso resulta particularmente indignante que algunos pretendan convertir la defensa de la soberanía en una excusa para abandonar a esa población a merced de asesinos y terroristas.

Décadas de misiones internacionales y una tragedia que continúa

Haití no ha carecido de atención internacional. Durante décadas ha recibido misiones de Naciones Unidas, programas de cooperación, intervenciones extranjeras, asistencia humanitaria y proyectos financiados por gobiernos y organizaciones de todo el mundo. Se han gastado miles de millones de dólares en nombre de la reconstrucción, el desarrollo, la estabilidad institucional y la protección de la población.

Y, sin embargo, Haití continúa sumido en una crisis devastadora. Sigue figurando entre los países más pobres del mundo, sus instituciones se han debilitado gravemente y las organizaciones criminales han llegado a controlar amplias zonas de la capital. Después de tantos años, tantos programas, tantas misiones y tantos presupuestos, la situación de seguridad ha alcanzado niveles absolutamente intolerables.

¿Dónde están los resultados? Esta es una pregunta que debería formularse con mucha mayor frecuencia y con mucha menos complacencia. No basta con anunciar presupuestos millonarios, organizar conferencias internacionales, publicar informes y presentar proyectos de cooperación. Los resultados deben medirse en función de las mejoras reales que experimenta la población. Si después de décadas de cooperación y miles de millones de dólares las personas continúan sin seguridad, sin servicios públicos suficientes y sin oportunidades para desarrollar una vida digna, tenemos un problema gravísimo.

Y no solamente de eficacia, sino también de administración de los recursos. En la cooperación internacional existen antecedentes documentados de corrupción, desvío de fondos y utilización indebida de recursos. A eso debemos añadir cantidades enormes de dinero consumidas por estructuras burocráticas, proyectos mal diseñados, iniciativas inconclusas y programas que no han producido los resultados prometidos. En otras palabras, recursos malversados o dilapidados.

No sabemos cuánto corresponde a cada categoría en el caso haitiano, pero la falta de una transformación duradera del país obliga a cuestionar seriamente cómo se han administrado esos recursos. No podemos seguir aceptando que el éxito de un programa se mida por el dinero que consiguió gastar en lugar de por los problemas que consiguió resolver.

Y considero indispensable cuestionar también a determinadas organizaciones que han convertido la administración de las tragedias humanas en su actividad permanente. Existen incentivos perversos en un sistema donde la continuidad económica de algunas estructuras depende de la persistencia de los problemas que supuestamente deben solucionar. Una tragedia permite solicitar fondos; la continuidad de esa tragedia permite solicitar nuevos fondos. Se elaboran proyectos, se contrata personal, se financian oficinas, se organizan viajes y se preparan informes para justificar la siguiente partida presupuestaria.

Existen organizaciones que realizan una labor encomiable, cuyos integrantes trabajan en condiciones difíciles y que consiguen mejorar verdaderamente la vida de muchas personas. Eso merece reconocimiento. Pero también existen estructuras burocráticas que han encontrado en la miseria ajena una fuente permanente de financiación. No necesitan resolver definitivamente los problemas para continuar funcionando; necesitan demostrar que esos problemas siguen existiendo y que, por tanto, requieren nuevos presupuestos.

Una organización que recibe dinero para resolver un problema debería ser evaluada fundamentalmente por su capacidad para resolverlo. No por la cantidad de dinero que consigue recaudar, ni por el número de empleados que mantiene, ni por los informes que publica. Si después de años de financiación el problema continúa igual o peor, alguien debe rendir cuentas. Y si se comprueba que hubo apropiación indebida de recursos, los responsables deben responder ante la justicia.

La tragedia humana no puede convertirse en una industria donde todos cobran, todos administran, todos presentan informes y quienes supuestamente deberían beneficiarse continúan viviendo en las mismas condiciones miserables.

Lo que MrBeast puede enseñarle a la cooperación internacional

En 2023, el creador de contenido estadounidense Jimmy Donaldson, conocido como MrBeast, impulsó un proyecto para construir y rehabilitar cien pozos de agua en comunidades africanas. Su iniciativa llevó agua potable a poblaciones que carecían de ella y que, en muchos casos, debían recorrer largas distancias para conseguirla. Su organización ha informado que las instalaciones construidas o rehabilitadas han permitido mejorar el acceso al agua de cientos de miles de personas.

Pero sus iniciativas no se limitaron a los pozos. También ha participado en proyectos de construcción y equipamiento de escuelas, instalación de mobiliario, computadoras y otros recursos educativos, además de pequeñas obras de infraestructura destinadas a resolver necesidades concretas de comunidades desfavorecidas. En febrero de 2026 presentó un proyecto de construcción de diez escuelas en distintos países, con una inversión anunciada de aproximadamente tres millones de dólares.

No estamos hablando de grandes complejos arquitectónicos ni de edificios monumentales destinados a impresionar a funcionarios internacionales. Hablamos de instalaciones sencillas, funcionales, equipadas para cumplir su propósito. Escuelas donde los niños pueden estudiar, pozos donde las familias pueden conseguir agua y obras que resuelven problemas reales.

Por supuesto, también hubo quienes criticaron a MrBeast porque obtiene visualizaciones, publicidad y beneficios económicos gracias a sus videos. A mí ese reproche me parece absurdo cuando se utiliza para descalificar las obras realizadas. Si las comunidades reciben agua potable, si los niños cuentan con una escuela y si los ingresos generados permiten financiar nuevas iniciativas, ¿cuál es exactamente el problema?

La cuestión fundamental es que las obras existen y pueden ser utilizadas. El agua llega a los habitantes, los alumnos disponen de instalaciones y las comunidades reciben soluciones materiales. Después habrá que asegurar el mantenimiento y la continuidad de esos servicios, pero el resultado inicial está allí y puede comprobarse.

Y eso plantea una pregunta extraordinariamente incómoda para las grandes estructuras de cooperación internacional: ¿cómo es posible que un creador de videos consiga mostrar resultados concretos mientras organismos que han administrado presupuestos inmensamente superiores durante décadas siguen sin resolver necesidades elementales de tantas comunidades?

Naturalmente, construir un pozo no equivale a reconstruir un Estado, y una iniciativa privada no sustituye todas las funciones de la cooperación internacional. Pero tampoco debemos utilizar la complejidad de los problemas como excusa permanente para justificar la ausencia de resultados. La comparación no pretende demostrar que todas las organizaciones internacionales sean inútiles, sino denunciar una cultura administrativa donde el dinero gastado parece importar más que el beneficio obtenido.

Hay demasiadas organizaciones expertas en explicar por qué no pueden resolver los problemas que reciben dinero para resolver. Demasiadas estructuras que crecen mientras las comunidades a las que supuestamente sirven continúan esperando soluciones. Y demasiados funcionarios internacionales que parecen considerar un éxito haber ejecutado el presupuesto anual, aunque las condiciones de vida de los beneficiarios apenas hayan cambiado.

MrBeast no ha resuelto la pobreza de África, ni pretende haberlo hecho. Pero ha demostrado algo elemental que muchos administradores de la cooperación parecen haber olvidado: cuando se dispone de recursos, el objetivo debe ser convertirlos en soluciones concretas, no simplemente en nuevos presupuestos, reuniones e informes.

El dinero alcanza cuando nadie roba

Bukele ha popularizado una frase que considero especialmente importante para la administración pública: «El dinero alcanza cuando nadie roba». La expresión encierra una idea más amplia que la simple lucha contra la corrupción. Los recursos públicos son limitados y cada dólar desperdiciado, desviado o gastado inútilmente es un dólar que no se destina a una necesidad real.

En Haití se han comprometido recursos extraordinarios durante décadas sin conseguir establecer condiciones duraderas de seguridad y funcionamiento institucional. Las misiones internacionales han tenido objetivos y resultados diversos, pero ninguna ha conseguido resolver de manera definitiva la crisis que padece el país. Después de tantos años, Haití no solamente continúa siendo pobre, sino que ha sufrido un deterioro institucional y de seguridad que pone en cuestión la eficacia de buena parte de las estrategias aplicadas.

La intervención salvadoreña permite plantear una discusión sobre los métodos utilizados hasta ahora. Todavía no conocemos su costo total ni podemos declarar que haya conseguido pacificar el país. Pero las operaciones recientes han puesto sobre la mesa una cuestión que durante demasiado tiempo se ha evitado: la diferencia entre administrar indefinidamente una crisis y actuar para modificar las condiciones que la producen.

La seguridad no puede construirse solamente con declaraciones diplomáticas, resoluciones internacionales y presupuestos de cooperación. Se necesitan instituciones capaces de hacer cumplir la ley, fuerzas profesionales, autoridades que asuman responsabilidades y una administración que utilice los recursos disponibles para obtener resultados.

También se necesita comprender que ninguna política social puede desarrollarse normalmente donde las organizaciones criminales controlan las calles. No hay inversión sostenible donde los empresarios deben pagar extorsiones, no hay educación normal donde los niños no pueden llegar a sus escuelas y no hay atención médica adecuada donde las ambulancias y el personal sanitario están expuestos a secuestros y ataques.

La seguridad no resuelve por sí sola todos los problemas de una sociedad, pero sin seguridad resulta extraordinariamente difícil resolver cualquiera de ellos. Un país necesita escuelas, hospitales, infraestructura, inversiones y oportunidades económicas, pero todo eso requiere unas condiciones mínimas de orden que permitan a las personas trabajar y desarrollar sus vidas.

Durante demasiado tiempo se ha tratado la seguridad como una cuestión secundaria frente a otros objetivos sociales. La realidad demuestra que es precisamente una de las condiciones fundamentales para alcanzarlos.

El miedo cambia de bando

Durante años, las pandillas haitianas han impuesto el miedo mediante asesinatos, secuestros, extorsiones, violaciones y atrocidades contra la población. Han aterrorizado a comunidades enteras, obligado a familias a abandonar sus hogares y demostrado una crueldad que resulta difícil de comprender desde una sociedad donde todavía existe una autoridad estatal capaz de proteger a sus habitantes.

Estamos hablando de organizaciones criminales cuyos integrantes han cometido actos de una brutalidad verdaderamente psicopática. Asesinos despiadados que han convertido el sufrimiento ajeno en un instrumento de poder y que se muestran extraordinariamente valientes cuando sus víctimas son mujeres, niños, ancianos o trabajadores indefensos. Su aparente fortaleza ha descansado, en buena medida, sobre la incapacidad de sus víctimas para defenderse y sobre la debilidad de las instituciones encargadas de protegerlas.

Ahora se enfrentan a una situación diferente. Las operaciones salvadoreñas han introducido una fuerza militar profesional cuyos integrantes cuentan con entrenamiento, organización, disciplina y capacidad para responder a ataques armados. No se trata de ciudadanos indefensos a quienes se puede intimidar mediante amenazas ni de comerciantes obligados a pagar extorsiones para continuar trabajando.

Las informaciones sobre enfrentamientos, pandilleros muertos y capturados, junto con las solicitudes de diálogo formuladas por dirigentes criminales, permiten observar un cambio en la dinámica de la confrontación. No tenemos confirmación independiente de muertes de personas ajenas a las organizaciones criminales en las operaciones recientes. Las acusaciones formuladas por los propios dirigentes de las pandillas no constituyen, por sí solas, pruebas de que esas muertes hayan ocurrido.

Eso no significa que las pandillas estén derrotadas ni que Haití haya recuperado la paz. Todavía queda mucho por conocer sobre los resultados de esta intervención y, sobre todo, sobre la suerte de los cuatro salvadoreños desaparecidos. Recuperar territorios puede ser una tarea militar; conseguir que permanezcan bajo el control de instituciones legítimas exige además un esfuerzo político, policial, judicial y administrativo sostenido.

Pero hay algo que considero especialmente significativo. En un país donde millones de personas han vivido sometidas al miedo, aparecen imágenes de ciudadanos ofreciendo agua, saludando y vitoreando a soldados que han llegado para enfrentarse a las organizaciones criminales. Mientras tanto, uno de los jefes de esas organizaciones pide la intervención de Naciones Unidas para negociar.

Hace algunos años habría parecido absurdo imaginar que El Salvador pudiera llegar a ejercer una influencia militar tan importante en la seguridad de otro país. Durante décadas, la propia sociedad salvadoreña estuvo sometida a niveles extraordinarios de violencia criminal. Hoy sus fuerzas participan en operaciones contra las pandillas haitianas y su presidente ha demostrado que está dispuesto a respaldar con acciones sus advertencias.

No sé si esta intervención conseguirá abrir definitivamente el camino hacia la recuperación de Haití. Espero sinceramente que así sea. Después de tantos años de sufrimiento, sus habitantes merecen vivir en un país donde puedan trabajar, estudiar, formar sus familias y salir a la calle sin depender de la voluntad de un pandillero. Merecen tener un Estado que los proteja y unas instituciones que funcionen, en lugar de vivir sometidos a organizaciones de asesinos y terroristas.

Y si las operaciones de estos días están demostrando algo, es que quienes durante años han sembrado el terror también pueden llegar a conocerlo. Los criminales que se creían dueños de la vida y la muerte de los haitianos han descubierto que existe una fuerza dispuesta a enfrentarlos y que sus amenazas no necesariamente conseguirán detenerla.

En Haití todavía no ha llegado la paz, pero algo podría estar comenzando a cambiar. Durante demasiado tiempo, el miedo fue patrimonio exclusivo de las víctimas. Ahora los victimarios también tienen motivos para sentirlo.

En Haití, el miedo está cambiando de bando.

Artículo tomado de su blog.