Rodrigo Méndez | La hora de la justicia: El perdón no basta

Los pisatarios, aquellas personas que de hecho han permanecido de forma constante y pacífica en suelo o territorio estadounidense, merecen ser considerados beneficiarios por una ley que, en cierto modo, repare el daño a la dignidad humana que la barbarie instaurada por el acoso crónico del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ha causado.

Durante décadas, este persistentemente asedio institucional no solo ha perseguido cuerpos; ha pausado la vida, los proyectos y la tranquilidad de millones de personas que, lejos de ser una amenaza, se encuentran plenamente integradas en este país y contribuyen de manera decisiva con el desarrollo económico, fiscal y social de la nación.

Los datos de abusos y las crónicas de derechos humanos revelan una realidad cruda e indignante: detenciones arbitrarias, violencia física y psicológica, y la sistemática fractura de núcleos familiares. Se ha escurcturado una auténtica cacería de inmigrantes, un perverso sistema de incentivos donde se llegó a premiar a los agentes por cuotas de capturas, tratando a seres humanos como si se tratara de una peste que combatir. El contraste moral de esta política es aberrante.

Durante la crisis global del COVID-19, no se premió de esa forma al personal de salud que, con férrea voluntad y exponiendo sus vidas, salió a luchar contra un monstruo mundial desconocido para proteger al propio pueblo estadounidense. En cambio, el sistema sí premia económicamente y encubre a funcionarios que, lejos de usar un tapabocas para prevenir el contagio, utilizan máscaras para ocultar el rostro y evadir la responsabilidad penal que genera todo exceso de violencia en los procesos civiles policiales. Vivir bajo la sombra de este hostigamiento amparado por el Estado implica un desgaste que ninguna democracia que se autodenomine justa puede normalizar.

El aporte de la población extranjera con más de diez años de permanencia no es un porcentaje marginal que se pueda camuflar en promedios corporativos; es el motor operativo absoluto de los sectores más duros del país. Al desglosar la realidad en el terreno, los números reales de primera línea muestran una dependencia total de su fuerza laboral: Agricultura y Cosecha (Zafra): El campo estadounidense colapsaría de inmediato sin ellos. El 75% de los trabajadores que realizan la recolección manual de alimentos a nivel nacional son de origen extranjero, una cifra que supera el 85% en las regiones de mayor producción agrícola del país.

Hostelería y Turismo: En la operación crítica de la hotelería —limpieza de habitaciones, cocinas, mantenimiento y lavandería— el personal extranjero sostiene más del 30% de los puestos a nivel nacional. Al considerar las empresas de subcontratación y las agencias de empleo que suplen personal de primera línea, el volumen real de trabajadores extranjeros alcanza entre el 50% y el 70% en los principales centros turísticos de estados como California, Florida, Nueva York y Nevada.

Construcción Civil: Conforman más del 30% de la fuerza laboral en oficios especializados de alta exigencia física y alto riesgo, como el techado, la pintura y la cimentación de infraestructura pesada.

Jardinería y Mantenimiento: Sostienen de forma directa más del 40% de los puestos de cuidado exterior, paisajismo y servicios de mantenimiento ambiental a gran escala.
Transporte y Distribución: Son una pieza indispensable en la logística diaria de distribución de bienes comerciales, carga y traslado de personas, manteniendo activo el engranaje de suministro local y regional.

Frente a esta innegable e indispensable integración, resulta éticamente contradictorio promover iniciativas como la propuesta por la congresista María Elvira Salazar, que contempla exigir el pago de penalidades o anualidades elevadas a cambio de un permiso temporal de trabajo.

Establecer este tipo de cánones obligatorios equivale a imponer un gravamen regresivo directo sobre las familias trabajadoras más humildes del país. Mientras la arquitectura fiscal general ha facilitado históricas rebajas impositivas para los sectores de mayores ingresos y grandes corporaciones, se pretende condicionar la tranquilidad jurídica de los migrantes a una carga financiera asimétrica. Esto ignora de forma deliberada que los hogares de trabajadores indocumentados ya aportan más de 90 mil millones de dólares anuales en impuestos federales, estatales y locales a través del consumo, la propiedad y las retenciones de nómina.

El verdadero reto radica en un imperativo ético y de justicia retributiva. Una reforma legal que reconozca el arraigo —ya sea mediante la actualización de la histórica "Fecha de Registro" (Registry Date) de la ley de inmigración o a través de vías directas de regularización por permanencia— debe funcionar como un mecanismo de verdadera reparación frente a los excesos de un enfoque estrictamente punitivo. Garantizar la seguridad jurídica a quienes han demostrado un respeto continuo por las leyes de convivencia ciudadana no es una concesión arbitraria. Al contrario, representa el reconocimiento formal de una realidad que ya existe en la práctica: estas personas ya son parte fundamental de la identidad nacional. La única vía para restaurar la equidad es detener la persecución violenta y permitirles prosperar plenamente, con plenos derechos, en la sociedad que ayudan a construir y sostener día con día.