Rodrigo Méndez | El costo del miedo

Las sociedades cambian aunque sus gobiernos prefieran prometer estabilidad. Se desplazan las personas, envejece la población, nacen nuevas necesidades y aparecen especies fuera de su hábitat. Frente a esos cambios, una política responsable distingue los problemas reales de los temores que se explotan para obtener respaldo. El populismo suele hacer lo contrario: convierte el cambio en amenaza, señala un enemigo y presenta la fuerza como sustituto de una solución.

En Florida, esa lógica aparece en dos asuntos muy distintos: la inmigración y la expansión de la iguana verde. No son fenómenos equivalentes. Las personas tienen derechos, historias y proyectos; una especie invasora plantea un problema de manejo ambiental. La comparación útil está en otra parte: en cómo el miedo puede cerrar el debate antes de que se evalúen los costos, los beneficios y las alternativas.

El aporte del trabajo migrante

Cuando digo que el país receptor obtiene una fuerza laboral “a costo cero”, no afirmo que el trabajador deba laborar sin salario ni que recibir población no genere gastos públicos. Me refiero a una ventaja económica concreta: el receptor incorpora a una persona ya criada y formada sin haber sufragado la inversión inicial que hizo posible su capacidad de trabajar. Durante los primeros 17 años, 11 meses y 29 días, padres, comunidad e instituciones de la sociedad de origen sostuvieron su alimentación, cuidado, salud, escolaridad y formación; en ese proceso se cultivaron también valores, principios, hábitos, conocimientos y destrezas. Al emigrar, la persona lleva consigo ese capital humano; la inversión que lo creó no cruza de vuelta con ella.

Ponerle una cifra exacta a esa inversión depende del país, el ingreso familiar y los rubros contados. En Estados Unidos, las referencias disponibles muestran su escala: el USDA calculó US$233.610 para criar hasta los 17 años a un hijo nacido en 2015 en una familia de ingreso medio; Brookings actualizó ese cálculo a US$310.605 bajo sus supuestos de inflación. Son gastos familiares estimados, no una tasación universal del valor de una persona ni un cálculo completo de la inversión social. Dentro de ese marco, el rango aproximado de US$150.000 a US$340.000 ilustra cuánto puede costar criar a un hijo según la metodología y el contexto. Y ni siquiera ese rango monetario recoge por entero los valores, los vínculos, la disciplina y la capacidad aprendida que el trabajador también aporta. La comparación del capital formativo financiado en el exterior se refiere, en

particular, a quienes emigraron después de haber sido criados y educados en su país de origen. Los hijos nacidos y formados en Estados Unidos también integran la fuerza laboral de origen inmigratorio, pero su crianza representa una inversión de hogares y comunidades estadounidenses.

Las cifras confirman la escala de ese aporte, siempre que distingamos las generaciones. En 2023, la población de origen inmigratorio -inmigrantes y sus hijos nacidos en Estados Unidos- sumaba 90,8 millones de personas, el 27 por ciento de la población. De ellas, 47,6 millones eran trabajadores: el 29 por ciento de todos los trabajadores de 18 años o más. En actividades decisivas, la participación era aún mayor: 47 por ciento en agricultura, pesca y silvicultura; 42 por ciento en construcción y extracción; 37 por ciento en preparación y servicio de alimentos; y 46 por ciento en limpieza y mantenimiento de edificios. Para 2025, la Oficina de Estadísticas Laborales informó que las personas nacidas en el extranjero, consideradas por sí solas, componían el 19,1 por ciento de la fuerza laboral civil. Esta última cifra es la más reciente para la primera generación; el dato más amplio de 29 por ciento incluye también a trabajadores nacidos en Estados Unidos de padres inmigrantes.

Florida, como el resto del país, envejece y enfrenta una fecundidad baja. La inmigración amplía la población en edad laboral y la base de cotizantes. La Administración del Seguro Social incorpora distintos escenarios migratorios en sus proyecciones y estima que una mayor inmigración tiende a reducir la tasa de costo del sistema porque los inmigrantes llegan, en promedio, a edades que aumentan primero el número de trabajadores cubiertos. No es una solución única a los desequilibrios del Seguro Social, pero sí una contribución demográfica y fiscal que una política de expulsión masiva no puede ignorar. La sociedad que rechaza esa fuerza laboral tendrá que responder quién ocupará esos puestos, sostendrá la producción y aportará a los programas públicos.

Perseguir a trabajadores sin distinguir entre control fronterizo, debido proceso y necesidades del mercado puede generar costos concretos: menor disponibilidad de mano de obra, interrupciones productivas y presión al alza en algunos precios. La respuesta prudente es medir esos efectos, hacer cumplir la ley con garantías y crear vías laborales ordenadas allí donde la economía las necesita.

La iguana y el valor desaprovechado

La iguana verde sí es una especie no nativa que puede causar daños a la vegetación, la infraestructura y los ecosistemas de Florida. La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre del estado promueve su retiro y regula su posesión, manejo y eventual uso comercial. No se trata simplemente de una campaña de exterminio recreativo: hay requisitos de permisos y manejo, y la agencia ha permitido, bajo reglas específicas, que ciertos ejemplares capturados se transfieran a titulares autorizados o se sacrifiquen humanamente.

El destino de los animales retirados merece una conversación más amplia. Antes de llamar “riqueza desperdiciada” a su biomasa, sin embargo, hace falta demostrar que puede aprovecharse de forma segura, legal y económicamente viable. La presencia de patógenos, contaminantes, los costos de captura y transporte, el bienestar animal, la trazabilidad y las normas sanitarias no desaparecen por confinar al animal ni por alimentarlo con subproductos agrícolas. La depuración que propongo como posibilidad requeriría investigación independiente y pruebas verificables; no debe presentarse como una tecnología ya probada.

Una ruta sensata sería financiar estudios piloto con universidades, autoridades sanitarias y especialistas en vida silvestre. Esos estudios podrían evaluar, por etapas, el uso de restos en productos no destinados al consumo humano, la recuperación de materiales y, solo si la evidencia lo permite, aplicaciones de mayor valor. No hay base suficiente para afirmar de antemano que la iguana ofrece colágeno superior, péptidos farmacéuticos comercializables o una harina con determinada concentración proteica. Convertir una conjetura en promesa industrial debilitaría precisamente la defensa de la innovación.

Gobernar para transformar

La inmigración y el manejo de especies invasoras exigen políticas diferentes, pero ambas ponen a prueba la capacidad de gobernar con evidencia. En un caso, se trata de integrar a personas y ordenar el trabajo; en el otro, de proteger ecosistemas y estudiar si una parte del costo de control puede recuperarse. Ni el eslogan de la “invasión” ni la promesa de una “mina de oro” sustituyen el análisis.

Florida no protegerá su bienestar congelando la sociedad en una imagen idealizada del pasado. Tampoco lo hará convirtiendo toda novedad en oportunidad comercial. Necesita instituciones que midan, corrijan y expliquen; políticas migratorias que combinen legalidad con realismo económico; y proyectos ambientales sometidos a controles científicos y sanitarios.

El costo del miedo aparece cuando una sociedad deja de distinguir entre riesgo y posibilidad. Aceptar el cambio no significa celebrarlo sin reservas. Significa enfrentarlo con datos, límites y responsabilidad, para que el temor no termine consumiendo los recursos y las oportunidades que se pretendía defender.