Ramón Guillermo Aveledo | El juez constitucional

En mis manos El Rey, libro póstumo del constitucionalista y politólogo Manuel García Pelayo que con palabras de vivencia y conceptos del ex Presidente del Gobierno Felipe González fue presentado en el Senado español. Lleva ya dos ediciones, una de 2024 y ésta de 2026, estudia la figura constitucional de la Corona como jefatura del estado en una democracia parlamentaria.

Este es el segundo libro del maestro publicado después de su muerte, el primero en 2021 fue Inédito sobre la Constitución de 1978, también con sello de Tecnos, con presentación del académico y magistrado emérito Manuel Aragón y estudio de contextualización de Francisco Vila, más joven y estudioso con rigor de la filosofía del Derecho y la obra de Don Manuel, quien en Venezuela vivió y trabajó durante dos décadas, casó con la profesora venezolana Graciela Soriano, dirigió el Instituto de Estudios Políticos de la UCV al que dio fisonomía y formó la generación fundacional de los estudios sistemáticos de Ciencia Política en nuestro país. Hombre de honor, español raigal, sirvió a Venezuela con gratitud y excelencia.

Estos dos libros no están, por lo tanto, en las más de tres mil páginas de las monumentales Obras Completas, publicadas por la fundación que lleva su nombre y el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid en 1991.

La condición póstuma de la segunda obra mencionada se explica porque siendo contentivo de las opiniones e informes durante el proceso constituyente, su publicación debía esperar por razones de prudencia y estética. García Pelayo, “hombre de razones y no de pasiones” en decir de Aragón, fue el primer presidente del Tribunal Constitucional que entonces se instituyera, magistratura que ejerció no sólo con la brillantez que cabía esperar, sino con lo más importante, sentido del equilibrio, justicia y fidelidad al proyecto de Estado definido constitucionalmente.

Aquí, como no podía ser de otra manera, su consejo fue requerido por la comisión bicameral que redactó el proyecto de constitución de 1961, la más duradera y la menos incumplida de nuestras cartas fundamentales, copresidida por Leoni y Caldera e integrada por un elenco plural y muy representativo de todo el país en el pensamiento y las regiones, que uno hoy repasa con envidia buena. En el acta 94 de la comisión el secretario, nada menos que José Guillermo Andueza, reseña la comparecencia de García Pelayo para presentar, junto a los profesores Moles Caubet y Polanco Alcántara, el proyecto para la regulación del Poder Judicial que les fuera encargado.

García Pelayo era republicano y venía de prolongado exilio. En la preparación de la primera visita del monarca a Caracas, consultó a Felipe González acerca de con quienes debía conversar aquí porque “Entonces había la costumbre (…) de que el líder de la oposición era también parte del gobierno para las cuestiones de Estado…” y él le recomendó hacerlo con el jurista zamorano. Sancionada la constitución, el Presidente Adolfo Suárez, propuso a González el nombre de García Pelayo para presidir el recién creado Tribunal Constitucional, cuerpo de doce magistrados designados cuatro y cuatro a propuesta de mayorías calificadas del Congreso de los Diputados y del Senado, dos del Gobierno y dos del Consejo General del Poder Judicial.

Su competencia es sobre recursos de inconstitucionalidad de las leyes, recurso de amparo por violación de derechos y libertades fundamentales, los conflictos de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas y de éstas entre sí y las demás atribuidas en la Constitución y las leyes orgánicas.

Destaco que, para empezar tarea tan trascendente, los líderes de la transición española a la democracia, consensuaron la escogencia de una persona, un jurista y ciudadano, a conciencia de su independencia de criterio y por lo tanto, de la radical imposibilidad de manipularlo o presionarlo.

Y es que el juez constitucional es pieza clave en un Estado democrático. Se le confía arbitrar y decidir en los conflictos más sensibles, en asuntos decisivos para la salud y la estabilidad del sistema todo, es decir de la vida de la sociedad entera.

Aquí, por una decisión que entonces, aunque voté no en el referendo de 1999 por otras razones, me pareció sensata pero que la experiencia me ha demostrado equivocada, se optó por una sala del Tribunal Supremo y no por un órgano distinto, como en España o en Alemania, por citar dos casos ejemplares de justicia constitucional. Pero este detalle no exime del celo conque al elegir los magistrados se actúe. Celo patriótico y constitucional, nunca de interés parcial de cualquier tipo.

Mi juicio crítico acerca de la trayectoria de esa Sala y su impacto en la mala salud constitucional del país es conocida y no viene al caso ahora. Miro hacia adelante, si de verdad queremos enmendar errores hay que, digámoslo quijotescamente, “desfacer entuertos” y allí será central, ineludible, fundamental, el juez constitucional.