Nacho Montes de Oca | Venezuela: nueve meses de un parto inconcluso
Javier Oropeza había vuelto a Venezuela tras dos años y medio de exilio en España, cuando efectivos del SEBIN lo secuestraron a plena luz del día en Barquisimeto. El exalcalde del municipio Torres, en Lara se había acogido a la Ley de Amnistía y con sobreseimiento de las causas abiertas contra él después de los comicios de 2024. También buscaba recuperar bienes incautados —dos fincas y las sedes de El Caroreño y El Diario de Lara— y revertir una inhabilitación de 15 años.
María Corina Machado denunció el arresto como un “secuestro” y responsabilizó al gobierno de Delcy Rodríguez. La escena condensa la pregunta que atraviesa al país desde el 3 de enero de 2026, cuando Nicolás Maduro fue capturado en una operación estadounidense que alteró el equilibrio político: si el viejo sistema cayó, ¿por qué un opositor que vuelve del exilio sigue siendo detenido por los mismos aparatos de inteligencia?
La respuesta no está solo en Caracas. También se mide en Doral, el epicentro de la comunidad venezolana en los Estados Unidos, en centros de detención de Florida, en vuelos de deportación reanudados hacia Maiquetía y en expedientes de cientos de miles de venezolanos a quienes Washington les dice que el país cambió lo suficiente para regresar.
Axios y otros reportes estadounidenses estimaron en alrededor de 600.000 los venezolanos expuestos a deportación tras el fin del TPS: unos 268.000 por la designación de 2021 y unos 348.000 por la de 2023. Caracas Chronicles describió operativos de ICE en Doral y advirtió sobre una eventual revocación masiva de hasta 200.000 visas B1/B2 concedidas entre 2016 y 2026 a personas que pidieron o buscan asilo.
De acuerdo con reportes de la organización Human Rights First actualizados a mediados de septiembre de 2026, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a 35.704 ciudadanos venezolanos y deportó a más de 13.600 de ellos desde el 3 de enero de 2026 en un ritmo constante que promedia tres vuelos semanales de repatriación.
La inmensa mayoría de los detenidos se encontraban indocumentados debido al fin de las extensiones del Estatus de Protección Temporal (TPS), aunque precisan que 21,422 de los capturados (el 60%) carecía por completo de antecedentes penales o cargos judiciales pendientes en el país.
Paralelamente, registros analizados por el diario El País confirman que este flujo migratorio forzado sufrió un freno temporal tras el doble terremoto que sacudió a Venezuela a finales de junio —donde trágicamente fallecieron más de 130 repatriados recién llegados—, reactivándose los operativos en agosto con traslados masivos directos e incluso la implementación de esquemas alternativos de deportación a terceros países.
El Deportation Data Project, citado por Dorothy Kronick, registró 3.783 deportaciones interiores de venezolanos entre el 16 de enero y el 10 de marzo, un ritmo diario 38% superior al del segundo semestre de 2025, mientras Delcy Rodríguez aceptaba tres vuelos de deportación por semana, contra dos admitidos por Maduro.
Estados Unidos sostiene que Venezuela dejó de ser el país que justificaba esas protecciones; quienes son perseguidos por ICE responden que el país al que se los devuelve aún no garantiza seguridad, salario ni libertad. En el centro de esa polémica están las preguntas que debería ordenar el balance: ¿está mejor Venezuela hoy que antes de la salida de Maduro? ¿El regreso puede representar un riesgo vital?
La respuesta depende de qué se mida. Venezuela crece, pero los venezolanos no necesariamente viven mejor. A comienzos de enero el Banco Central sostenía la estabilidad cambiaria con intervención sobre el mercado y uso de reservas, mientras limitaba la publicación de datos. Ahora volvió a exhibir cifras y reportó una expansión del PIB de 7,14% en el segundo trimestre, empujada por un crecimiento petrolero de 9,10%. La Cepal proyecta que el país podría cerrar 2026 con un avance de 6,5%, entre las mayores tasas de la región.
Pero crecimiento no equivale a prosperidad. Hay más actividad petrolera pero menos dólares líquidos dentro del país. Parte de la renta del crudo queda retenida en cuentas, fideicomisos o mecanismos de pago de deudas y compromisos con empresas extranjeras, mientras la administración interina recibe una porción limitada de divisas efectivas para alimentar el mercado cambiario. Esa diferencia explica por qué mejoran las estadísticas macroeconómicas mientras la vida cotidiana sigue deteriorándose.
Las reservas internacionales refuerzan esa lectura: subieron entre enero y junio, de 13.403 millones de dólares el 9 de enero a cerca de 14.000 millones a fines de junio, pero luego revirtieron. Finanzas Digital informó que cerraron la semana del 4 de septiembre en 12.804 millones, una caída de 4,18%, y que el 11 de septiembre estaban en 13.101 millones, 1,54% por debajo del cierre de 2025. En nueve meses el indicador quedó prácticamente estancado: otro dato compatible con crecimiento estadístico sin liquidez real.
El bolívar acumula una devaluación cercana al 45% y la brecha con el dólar paralelo volvió a ampliarse. Datos macro ubica la inflación interanual por encima de 534%, mientras Cendas-FVM calculó que la canasta alimentaria familiar llegó en julio a 727,89 dólares, equivalentes a 516.804,22 bolívares, con un aumento mensual de 15,18%. Según el reporte citado por Infobae, se necesitan casi 3.800 salarios mínimos para cubrir solo la alimentación de una familia de cinco personas. El salario mínimo, congelado en 130 bolívares desde 2022, equivale hoy a unos 18 centavos de dólar y apenas al 0,03% de la canasta. Venezuela produce más, pero el trabajador formal compra menos.
El gobierno interino intentó responder con el ingreso mínimo integral, fijado en 240 dólares para empleados activos y 70 dólares para pensionados. Bloomberg Línea y organizaciones sindicales advierten que son bonos sin incidencia sobre prestaciones, vacaciones ni aguinaldos. Un salario integra derechos laborales y previsionales; un bono puede modificarse por decisión administrativa.
A ese límite salarial se suma el frente financiero. El 16 de abril de 2026 el FMI reanudó relaciones con Venezuela, después de la suspensión de 2019 por el problema de reconocimiento del gobierno. El paso reabre la vía de supervisión, asistencia técnica y eventual financiamiento, pero no implica por sí mismo un programa, desembolsos inmediatos ni auditoría independiente de las cifras del BCV.
Mientras tanto, el encarecimiento de los importados presiona la mesa de los hogares porque el país depende del exterior para una parte sustancial de su abastecimiento: entre 70% y 75% de los alimentos básicos y materias primas alimentarias provienen de importaciones, y en medicamentos la dependencia puede alcanzar el 85%. La Asociación de Agencias de Carga y Aduanas de Venezuela anticipó un crecimiento inferior al 2% de las importaciones para el cierre del año, afectado por demoras portuarias, costos logísticos y falta de financiamiento en divisas.
La dimensión social confirma la contradicción. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social contabilizó 3.495 protestas durante el primer semestre de 2026, frente a 1.249 en igual período de 2025: un aumento de 179,8%, que otras fuentes redondean al 181%. La mitad estuvo vinculada con derechos civiles y políticos y la otra mitad con demandas económicas, sociales, culturales y ambientales. El aumento no prueba por sí solo que la situación sea peor —también puede reflejar más espacio para reclamar—, pero sí muestra que el cambio político no eliminó los conflictos cotidianos.
El 24 de junio, dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 golpearon el norte y el centro del país. El parte oficial de las primeras semanas se movió en un rango mucho más bajo que el de las organizaciones humanitarias: las autoridades hablaron de 1.450 muertos hacia el 27 de junio y de 1.719 al 29. Oxfam, al 24 de julio, reportó 5.546 muertos y 16.740 heridos; un recuento previo de la misma red había hablado de al menos 3.685 fallecidos. Otros relevamientos posteriores elevaron la cifra por encima de 7.400 muertos, más de 226.000 heridos y al menos 16.300 desplazados.
ACNUR informó 2.501 infraestructuras dañadas, incluidas 774 viviendas y 38 hospitales, y UNICEF calculó que necesitaba 65,7 millones de dólares adicionales para asistir a 470.000 personas, entre ellas 169.000 niños. La discrepancia no anula la magnitud del desastre: mide, sobre todo, la opacidad de un recuento que tardó en cerrarse, con 47.00 de desaparecidos contabilizados por Venezuela Reporta y una infraestructura devastada. El gobierno informa de solo 1.579 personas desaparecidas. La discrepancia es un asunto profundamente político.
En un país donde el gasto en agua potable rondaba entre 13 y 14 dólares mensuales y ya existían planes de ahorro eléctrico y de agua, la catástrofe multiplicó problemas previos. Los datos de pobreza —68,5% de los hogares y 31,7% en pobreza extrema— pertenecen a la Encovi 2025, levantada entre marzo y junio de 2025, antes de la captura de Maduro y de la apertura con Washington; aún no existe una Encovi posterior a enero de 2026 que mida el efecto directo de la intervención ni el del sismo. La falta de datos es también una herramienta política.
La electricidad es una de las mejores pruebas de cuánto falta para que la recuperación económica sea social. El acuerdo anunciado por Estados Unidos con GE Vernova busca estabilizar la red en seis a doce meses, rehabilitar infraestructura y sumar 1 GW de capacidad durante los primeros dos años y otros 5 GW en los cuatro siguientes. Guri produce apenas alrededor de la mitad de su capacidad prevista. No alcanza con anunciar nuevos megavatios: hay que recuperar centrales, turbinas, líneas, subestaciones y redes de distribución dañadas por años de desinversión. El terremoto y la sequía asociada complicaron aún más el problema. Como en el petróleo, hay distancia entre el anuncio de inversión y la experiencia ciudadana: una se mide en miles de millones de dólares; la otra, en cuántas horas tiene electricidad una familia.
En política, lo que se abrió fue una mesa, no una competencia. Tras la captura de Maduro, Delcy Rodríguez asumió una presidencia encargada y convocó a un “verdadero diálogo político”, según informó EFE el 23 de enero, e instruyó a Jorge Rodríguez a convocar a la oposición. Meses después, la negociación entre Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera avanzó con acompañamiento estadounidense y produjo acuerdos sobre la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y la recuperación de activos venezolanos en el exterior. El 17 de septiembre las conversaciones volvieron a reunirse y Estados Unidos siguió como facilitador y supervisor. Pero todo es un regurgitar constante de anuncios sin avances concretos.
Ese movimiento importa. No alcanza, sin embargo, para describir una apertura política: no hay fecha de elección presidencial, no hay cronograma publicado y no hay anuncio concreto de cuándo la mayoría que se reconoció en 2024 podrá competir de nuevo. María Corina Machado permanece fuera de la mesa central y Edmundo González Urrutia tampoco ocupa el papel que esperaba buena parte de la oposición. Machado cuestionó quién firma, quién financia, quién garantiza y quién se beneficiará del acuerdo petrolero, y reclamó que cualquier reforma económica estuviera acompañada por un calendario electoral.
Sin ese calendario, el diálogo administra la transición, pero no la somete al voto. Donald Trump dijo el 2 de septiembre que Delcy Rodríguez quiere elecciones, pero que Venezuela todavía “no está preparada” para celebrarlas. Rodríguez respondió en términos casi idénticos: “yo no fijo fecha” y habrá proceso electoral “en las condiciones en que Venezuela esté preparada”. El carácter cosmético de la apertura no es un adjetivo de parte: es el dato que nueve meses después, las urnas siguen escondidas.
Washington no solo desplazó a Maduro; también define el ritmo de lo que viene después. Esa decisión no puede cargarse retrospectivamente sobre el viejo régimen. Al mismo tiempo, Venezuela conserva una estructura institucional de ilegitimidad. La elección de 2024 fue impugnada por la oposición y por gobiernos extranjeros, y el sistema surgido de ella no puede describirse como un régimen con contrapesos efectivos. Puede hablarse de dictadura cuando el poder carece de controles institucionales capaces de limitar al Ejecutivo, las elecciones no ofrecen garantías reconocidas de competencia y los mecanismos de seguridad y justicia pueden usarse contra adversarios.
La misión de investigación de Naciones Unidas acaba de señalar que buena parte del aparato represivo permanece intacto y que funcionarios vinculados con abusos siguen en posiciones de poder. Sacar a Maduro no desmontó esa estructura. Washington hizo mucho para demolerla. El resultado es una situación inédita: una estructura política heredada de un régimen autoritario funciona ahora bajo la supervisión de una potencia extranjera que fue decisiva para desplazar a su jefe. Una parte de la responsabilidad sigue en Caracas; otra recae sobre las decisiones que toma Washington.
El llamado “Acuerdo del Siglo” asigna a North American Blue Energy Partners, NABEP, vinculada al empresario venezolano Alejandro Betancourt, un papel central en la explotación de 17 campos petroleros. Elegir a uno de los emblemas de la corrupción chavista es de por sí un mensaje nítido de una continuidad de estilo de negocios que se inició en 1999.
El gobierno de Rodríguez habla de una inversión superior a 100.000 millones de dólares, reservas involucradas de unos 65.000 millones de barriles y aportes fiscales de unos 209.000 millones durante 25 años. Rodríguez sostiene que Venezuela conserva la propiedad de los recursos y que el acuerdo permitirá recuperar una industria devastada.
La estructura divulgada por Reuters sin embargo es más pesimista para Venezuela. El acuerdo deja dudas sobre el modelo jurídico definitivo y la forma en que NABEP se asociará con PDVSA. Reuters señaló además la ausencia de licitación competitiva y preguntas sobre aprobaciones oficiales y transparencia. Esas incertidumbres lo convierten en una ruleta rusa comercial.
Trump habló de un horizonte de hasta 100 años; Rodríguez sostiene que el acuerdo venezolano dura 25. Esa diferencia cambia por completo la dimensión temporal del compromiso. La falta de precisión aleja a las grandes petroleras que no están ya en Venezuela y plantean dudas sobre toda la arquitectura del Acuerdo del Siglo. El rechazo de la oposición, siembra mas dudas sobre su supervivencia una vez terminado el periodo dictatorial en curso.
Antes del 3 de enero, Venezuela tenía una industria petrolera devastada por mala administración, corrupción, sanciones, falta de inversión y pérdida de capacidad técnica. Lo que cambó es que el petróleo dejó de ser solo el principal activo de Venezuela: también se volvió instrumento con el que Estados Unidos administra la transición. Rodríguez firmó y defendió el acuerdo. Washington lo negoció, lo impulsó y obtuvo condiciones concretas para las empresas y para el Estado estadounidense.
La única cifra de renta petrolera que el gobierno interino ha dado por recibida en Venezuela es la de enero: Delcy Rodríguez anunció 300 millones de dólares ingresados, de un primer tramo de 500 millones. Rubio confirmó esa venta inicial ante el Senado y Reuters reportó después que Washington dijo haber completado los 500 millones. Desde entonces no hay otra declaración venezolana que eleve el monto líquido.
El portal habilitado por Caracas para rastrear esos fondos seguía mostrando, meses después, una sola operación: los 300 millones. El Financial Times estimó en más de 13.000 millones las ventas de crudo venezolano desde enero, administradas bajo custodia del Tesoro de EEUU. En abril, Michael Kozak habló de unos 3.000 millones “enviados” a Venezuela, cifra que no aparece desglosada en las planillas públicas de la dictadura interina. Aparte de los 386 millones de la ayuda directa por el terremoto, no hay mas flujo de dinero verificable.
En septiembre, legisladores estadounidenses pidieron al Gobierno de Trump cuenta detallada de esos ingresos; la administración sostiene que están auditados. Lo comprobable es más estrecho: la producción subió, pero en la contabilidad visible solo regresó a Venezuela el 2,31% de la renta generada desde enero. Ese es el dato hasta que se pruebe lo contrario.
Incluso sin cerrar esa contabilidad, una conclusión es evidente: Venezuela puede producir más petróleo sin que esa renta llegue de inmediato al ciudadano. Lo mismo ocurre con los activos bloqueados en el exterior. La negociación contempla recuperar parte de esos recursos y, en un acuerdo cercano a concretarse, unos 4.000 millones de dólares en oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra podrían transferirse a la Reserva Federal de Nueva York bajo un esquema que permitiría usarlo como garantía para financiar la reconstrucción. Activos atrapados durante años por la disputa sobre quién representaba legítimamente al país ahora son administrados mediante acuerdos entre Caracas, la parte dialoguista de la oposición, Londres y Washington.
Los derechos humanos muestran otro cambio incompleto. Foro Penal registraba al 14 de septiembre 344 presos políticos: 330 hombres, 14 mujeres, 200 civiles y 144 militares, con 153 condenados y 191 sin condena. También contabilizaba 19.242 detenciones políticas desde 2014, más de 14.000 excarcelados asistidos por sus abogados y 11.472 personas todavía sometidas a medidas restrictivas de libertad. Entre el 20 de febrero y el 14 de septiembre registró 188 libertades plenas o sobreseimientos y otros 582 casos de personas con medidas cautelares. El número cayó respecto de los más de 700 casos de comienzos de año y Washington habló de 1.046 excarcelaciones desde la captura de Maduro.
Foro Penal y defensores de derechos humanos denuncian que, en septiembre de 2026, la casa por cárcel y las inhabilitaciones civiles mantienen a los afectados bajo control estricto: prohibición de hablar con medios, publicar en redes y salir del país. Aunque los presos en cárceles de máxima seguridad bajaron a 344 personas verificadas, la disidencia sigue silenciada, sin derechos plenos y usada como rehén político doméstico para simular distensión ante mediadores internacionales.
Es un cambio aparente y no equivale al desmantelamiento del sistema represivo. El último informe de la misión de investigación de Naciones Unidas sostiene que los mecanismos represivos permanecen en gran medida intactos. Hubo liberaciones, una ley de amnistía y el cierre anunciado de El Helicoide, antiguo centro de detención asociado a denuncias de tortura, para convertirlo en un centro social, deportivo, cultural y comercial. Cientos de personas continúan detenidas arbitrariamente y hay denuncias de torturas y condiciones inhumanas en El Rodeo I y el Fuerte Guaicaipuro.
La ONU señala que funcionarios vinculados con abusos anteriores permanecen en posiciones de poder y que los colectivos armados vinculados al Estado siguen operativos. Menos presos políticos no significa necesariamente menos capacidad represiva ni una primavera de expresión política. Un Mundo Sin Mordaza documentó más de 131 violaciones a la libertad de expresión y al menos 206 sitios web informativos bloqueados.
El secuestro de Oropeza encaja en esa reclamación. Una persona puede salir de la cárcel o volver del exilio y toparse con el mismo aparato represivo. Si ocurre bajo Delcy, la responsabilidad corresponde a su administración y a las instituciones venezolanas que ejecutan la detención. Si Estados Unidos mantiene una relación tutelar sobre ese gobierno, también asume una responsabilidad política al decidir qué reformas exige, cuáles tolera y cuáles considera suficientes.
Tomemos el ejemplo de las “alcabalas”. Durante años, los puestos de control policial y militar fueron uno de los contactos más concretos entre Estado y ciudadano. Transparencia Venezuela identificó 322 puntos de control y estimó que en al menos 25 de cada 100 alcabalas podrían producirse actos extorsivos. Los funcionarios militares o policiales los instan en terminales, aeropuertos y fronteras para pedir dinero, bienes o alimentos a cambio de evitar multas, detenciones o retenciones. También registró amenazas con “sembrar” drogas, agresiones físicas y sustracción de alimentos, medicamentos y mercancías.
Delcy Rodríguez anunció en agosto la eliminación de las alcabalas policiales en las ciudades y su reemplazo por patrullajes. La orden nunca se cumplió. Maduro también había ordenado eliminar esas irregularidades en 2021 y la práctica sobrevivió. La pregunta decisiva es si el nuevo Estado puede impedir que reaparezcan bajo otro uniforme o si está interesado realmente en terminar con los peajes extorsivos.
La ilegalidad en el territorio tiene un punto aún más caliente en el tema del narco y su relación entre el Cartel de los Soles chavista. Lo que cambió es que ahora aquella amenaza urgente que sirvió para volar 35 embarcaciones en el Caribe y para que luego los Delta se llevaran a Maduro, fue desaparecida por decreto. Y con él, el rol de la dictadora interina Delcy como lavadora y facilitadora de los movimientos de exportación de la droga. Ese es un cambio real.
Antes de la caída de Maduro, Estados Unidos señalaba a Venezuela por incumplir sus obligaciones antidrogas y funcionar como plataforma de salida de cocaína desde Colombia hacia el Caribe, Europa y otros mercados. InSight Crime describió un ecosistema criminal compuesto por funcionarios, redes locales y grupos armados colombianos. El documento original estima que unas 250 toneladas métricas de cocaína podían transitar anualmente por territorio venezolano, alrededor del 10% de la producción mundial, con Zulia, Táchira y Apure como zonas relevantes de almacenamiento, protección y despacho.
Después de enero, la administración interina aumentó la cooperación con Washington y el Comando Sur. Sunad y el Ministerio del Interior reportaron más de 7.364 procedimientos tácticos, más de 30 toneladas de drogas incautadas y 8.616 detenidos vinculados con redes logísticas hasta mediados de septiembre. En los primeros días de enero, Diosdado Cabello había informado decomisos por 6.850 kilos, mientras Sunad reivindicó ante Naciones Unidas casi 66 toneladas incautadas durante 2025, un 64,44% más que en 2024.
Las toneladas incautadas no miden por sí solas si disminuyó el narcotráfico: pueden indicar más actividad criminal, mayor eficacia policial o ambas cosas. El narcotráfico no desapareció. La captura de Maduro pudo haber debilitado un actor político de su protección, pero no eliminó las fronteras porosas, los puertos vulnerables ni las redes criminales.
Estados Unidos pasó de presionar al gobierno de Maduro a administrar una parte de la transición. Participa en el diseño de la política petrolera, controla mecanismos de administración de ingresos, interviene en el diálogo político, coopera en materia antidrogas, negocia sobre activos venezolanos y decide al mismo tiempo las condiciones migratorias de los venezolanos que permanecen en su territorio. No es una influencia diplomática convencional: es una participación directa en las decisiones centrales del nuevo orden.
La reunión que Trump prepara con Delcy Rodríguez en Nueva York, durante la Asamblea General de Naciones Unidas, simboliza esa relación: el primer encuentro entre ambos, meses después de que Washington pasara de capturar a Maduro a trabajar estrechamente con Rodríguez.
Trump reivindica el acuerdo petrolero, la recuperación de la producción y su relación con la dictadora. Una tutela no se define solo porque un país extranjero tenga influencia. Se define por la capacidad de condicionar decisiones que formalmente corresponden al tutelado. En Venezuela esa capacidad aparece hoy en el petróleo, en los activos externos, en la negociación política, en la seguridad y, de manera especialmente sensible, en el calendario electoral.
Eso no elimina la responsabilidad venezolana. Delcy Rodríguez y sus funcionarios siguen tomando decisiones. El aparato estatal sigue ejecutando detenciones, administrando justicia, controlando fuerzas de seguridad y distribuyendo recursos. Tampoco permite atribuir todo lo que ocurre a la herencia de Maduro. Washington eligió mantener una relación privilegiada con Rodríguez, impulsó el acuerdo petrolero, participa en la negociación y ha dicho expresamente que todavía no considera preparada a Venezuela para votar.
El evento del 15 de enero en el que María Corina Machado le entregó su medalla del Premio Nobel de la Paz a Trump en el Salón Oval pertenece a un capitulo que, como el Cártel de los Soles, parece haber sido prolijamente borrado de los relatos de Caracas y Washington.
Lo que no puede ocultarse son las mediciones ajenas al circuito narrativo que construyeron Caracas y Washington.
Transparencia Internacional sigue ubicando a Venezuela en el fondo de su Índice de Percepción de la Corrupción, situándolo en el puesto 178 de 180 naciones evaluadas, alertando además que el desvío de la renta petrolera hacia fideicomisos fomenta la opacidad en el manejo de recursos corrientes. Por su parte, Freedom House mantiene al país bajo la categoría de "no libre" en materia de libertad de prensa.
El Índice Mundial de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras ubica actualmente a Venezuela en el puesto 159 de 180 países valorados. El Cato Institute y Fraser Institute la mantiene relegada al puesto 155 del ranking mundial, reflejando severas restricciones en libertades personales, civiles y económicas frente al promedio de la región.
El Emerging Markets Bond Index de JPMorgan que mide el Riego País registró la opinión más drástica: tras la captura de Maduro y los posteriores acuerdos petroleros con EE. UU. Ese índice se contrajo un 52% en lo que va de año, transitando desde los 12.671 puntos básicos reportados el 2 de enero hasta situarse en los 6.037 puntos a mediados de septiembre de 2026. En el Índice de Libertad Económica de The Heritage Foundation: Mantiene a la economía venezolana en la categoría de "reprimida", asignándole una puntuación de 27,3 puntos sobre 100 que la sitúa en el puesto 174 a nivel mundial, debido a la persistencia de debilidades extremas en el estado de derecho y la ineficiencia regulatoria generalizada. Esta última es parte del ecosistema de MAGA, por lo que su opinión tiene una relevancia aún más critica.
En síntesis, la economía venezolana muestra crecimiento petrolero verificable, pero también un salario mínimo prácticamente destruido. La política muestra diálogo, pero no una apertura que se pueda verificar en las urnas: sin fecha, sin cronograma y sin anuncio concreto de elección, la mesa no sustituye el voto. Los derechos humanos muestran cientos de liberaciones, pero también un aparato represivo que Naciones Unidas considera esencialmente intacto.
La seguridad muestra mayor cooperación internacional y más incautaciones, pero no la desaparición de las redes criminales. La electricidad recibe anuncios de inversión, pero Guri produce aproximadamente la mitad de lo que podría. Las alcabalas pueden desaparecer en las ciudades, pero las denuncias de extorsión muestran cuánto penetró la corrupción en los mecanismos cotidianos de control.
Washington endureció las condiciones para los venezolanos en Estados Unidos precisamente cuando sostiene que Venezuela está suficientemente transformada para recibirlos. Esa política puede ser coherente con los objetivos migratorios estadounidenses, pero no prueba por sí misma que las condiciones de vida venezolanas hayan mejorado. La prueba tendría que ser otra: cuántos regresan voluntariamente, cuántos permanecen, cuántos vuelven a emigrar y qué condiciones encuentran. El retorno forzado no debería confundirse con retorno sostenible.
Lo que cambió desde la captura de Maduro es la arquitectura del poder. El Estado ya no gira alrededor de un solo jefe, pero tampoco funciona como una democracia con contrapesos restaurados. La economía dejó atrás parte de la opacidad y recuperó producción petrolera, pero la renta aún no se tradujo en poder adquisitivo. La represión perdió parte de su dimensión carcelaria más visible, pero conserva estructuras judiciales, policiales y de inteligencia. La política abrió una mesa antes imposible, pero la oposición que reclamó la mayoría de 2024 no ocupa su centro y la urna sigue sin fecha. La seguridad incorporó una cooperación mucho más estrecha con Washington, pero las economías criminales continúan.
El 3 de enero Washington intervino para sacar a Maduro. Nueve meses después sigue participando en las decisiones que determinan qué Venezuela emerge de esa operación y lo hace coordinándose con la segunda del tirano depuesto y con su mastín más furioso: Diosdado Cabello. En la teoría hubo un cambio; en la foto del poder venezolano solo desapareció Maduro.
Una transición puede ser simultáneamente una apertura y una dependencia. Puede liberar presos y mantener estructuras represivas. Puede aumentar la producción petrolera y no mejorar todavía el salario. Puede reconstruir una central eléctrica y continuar sin resolver el sistema institucional que debe administrar esa inversión. Puede iniciar un diálogo y, al mismo tiempo, postergar la elección.
Venezuela no volvió al punto de partida, pero tampoco llegó a una democracia consolidada ni a una recuperación social verificable. Esas grietas no resolvieron el problema chavista: el ingreso real sigue severamente deteriorado, la canasta alimentaria permanece fuera del alcance del salario formal, miles de ciudadanos siguen sujetos a restricciones, las redes criminales se adaptan y el terremoto agregó muertos, desplazados, hospitales dañados y familias sin techo a un malestar previo.
El plazo constitucional de 180 días previsto para la presidencia provisional ya expiró y la elección presidencial continúa sin fecha definitiva. Mientras tanto, gremios y organizaciones civiles siguen reclamando una hoja de ruta electoral.
La pregunta ya no es simplemente qué quedó de Maduro. La pregunta es qué Venezuela está naciendo entre la estructura que sobrevivió a Maduro y el poder estadounidense que decidió intervenir, administrar y permanecer.
La incógnita que persigue a los venezolanos es si ese cambio imperfecto será revertido por el chavismo luego de las elecciones de medio término de noviembre si Trump pierde el poder de fuego que tiene para manejar de manera discrecional los resortes económicos que sostienen en tutelaje.
El futuro no llegó y el presente expone un escenario en el que todo cambió para que poco cambie fuera de la burbuja petrolera. La primera responsabilidad es de la dictadura venezolana y de sus socios locales: la de quienes conservaron instituciones, funcionarios y prácticas del viejo sistema y ahora gobiernan sin haber desmontado completamente sus mecanismos. La segunda es estadounidense: la de una administración que decidió no retirarse después de cambiar de dictador, que negocia el petróleo, interviene en los activos, maneja el diálogo político interno y sostiene que todavía no llegó el momento de las elecciones.
El parto comenzó el 3 de enero. Nueve meses después, todavía no nació el país que se prometió. Nació otra cosa: una transición cargada de fechas difusas y que no se mide por la cantidad de anuncios que produce, ni por cuántos barriles agrega, ni por cuántos presos libera, ni por cuántas reuniones organiza. Se mide por algo bastante más incómodo: cuánto poder devuelve a los ciudadanos que lo perdieron y cuánto poder queda, mientras tanto, en manos de quienes llegaron para reemplazar al poder anterior.
En las calles y en las rutas siguen los colectivos y los mismos aparatos de mando. En Miraflores continúa una delegada del universo chavista. En la mesa de los venezolanos hay más promesas que comida. El ambiente del ciudadano común no es el de un país recién nacido: es el de siempre, la frustración ante un parto que anunció algo nuevo y, por ahora, apenas produjo un simulacro. Lo que asomó no fue el país prometido. Fue un gatopardo: el cambio suficiente para que el poder se reconozca otro y, en lo esencial, permanezca. Ese animal no salió solo de Caracas ni solo de Washington. Salió del apareo viscoso entre Donald Trump y Delcy Rodríguez.