Nacho Montes de Oca | La guerra económica contra Irán: una prueba de resistencia para Trump y Teherán
Estados Unidos abrió una nueva etapa de la guerra contra Irán. El 24 de agosto, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció un “Día D económico”: una ofensiva para cortar las principales fuentes de financiación de Teherán y castigar a los países y empresas que continúen ayudándolo.
Washington recurre a la máxima presión económica porque la vía militar no logró la rendición iraní y la diplomacia tampoco cerró un acuerdo. La estrategia busca mediante el desgaste financiero lo que no consiguió con las armas: que el costo de resistir supere al de negociar.
Bessent señaló cinco áreas esenciales para la supervivencia económica iraní: activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo. El Tesoro también sancionó a unas 60 personas, empresas y buques vinculados con la adquisición de tecnología nuclear y misilística, operaciones cibernéticas y contrabando de petróleo.
La amenaza va más allá: Washington advirtió que los países y empresas que sigan haciendo negocios con Irán también podrán ser expulsados del sistema financiero estadounidense.
La magnitud de la amenaza contrasta con la fragilidad de Irán. El 24 de agosto, el rial cayó a cerca de 2.000.000 de unidades por dólar en el mercado paralelo, mientras la inflación y la escasez erosionan el poder adquisitivo. Tras décadas de sanciones, la economía afronta además el bloqueo naval y la caída de los ingresos petroleros. El reto para Washington ya no es probar que las sanciones dañan, sino que ese daño puede forzar una decisión política del régimen.
Ahí comienza la verdadera batalla. Durante décadas, Irán desarrolló una economía de resistencia: vende petróleo mediante intermediarios, usa empresas pantalla, modifica rutas, recurre a sistemas financieros alternativos y ofrece descuentos para conservar compradores. Por eso cada sanción obliga a Washington a ir más lejos: no basta con perseguir a Irán; también debe perseguir a quienes lo ayudan a sobrevivir.
Esa es la parte más difícil: no es lo mismo sancionar a una empresa iraní o a un pequeño intermediario en un tercer país que castigar a una refinería china, un banco extranjero o una transportista cuyos negocios afectan a países que Washington necesita de su lado. Las sanciones secundarias extienden globalmente el poder financiero estadounidense, pero elevan su costo diplomático y económico.
Esto implica sancionar, por ejemplo, a empresas de Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Irak e India integradas en el circuito exportador iraní, además de compañías de Alemania, Italia y Países Bajos. EAU suspendió un comercio de al menos 21.000 millones de dólares, pero Turquía mantiene intercambios por 6.000 millones, Irak por 10.000 millones, India por 1.630 millones y la UE por 3.720 millones en conjunto. Cortar cada vínculo exige una batalla política propia.
La complejidad aumenta porque varios de esos países alojan bases estadounidenses desde las que se podría amenazar a Irán con nuevas acciones militares si fracasa la presión económica. Las sanciones también podrían alcanzar a Omán, Irak, Catar y Kuwait, cruciales para el despliegue regional, por lo que Washington debe calibrarlas para no debilitar su propio dispositivo militar.
China es la prueba decisiva: sigue siendo el principal comprador del petróleo iraní y una pieza clave de la red que genera ingresos para Teherán. Washington ya sancionó a empresas chinas vinculadas con ese comercio, pero el anuncio del 24 de agosto mostró el límite: el Tesoro amenazó con más sanciones secundarias sin aplicar aún las medidas más sensibles contra las grandes instituciones financieras chinas.
Aunque Bessent afirmó que ningún país está fuera del alcance estadounidense, la cautela ante los principales bancos chinos revela la distancia entre poder sancionar y decidir hacerlo. Pekín confirmó la tensión el 25 de agosto: rechazó las medidas, defendió como legítima su cooperación con Irán y advirtió que protegerá sus intereses.
El mensaje encarece la siguiente fase: para cerrar realmente las vías de financiación iraníes, Washington deberá decidir hasta dónde está dispuesto a confrontar con China. Ese es el verdadero experimento: no cuánto daño puede causar Washington dentro de Irán, sino si puede obligar al resto del mundo a dejar de sostener su economía sin pagar un precio mayor que Teherán.
La estrategia tampoco es gratuita para Estados Unidos: exige meses de esfuerzo militar, financiero y diplomático; fuerzas desplegadas en una región donde cualquier incidente puede reabrir la guerra; y precios de la energía capaces de alimentar la inflación. La tasa anual pasó del 2,4 % en febrero al 3,8 % actual, un aumento que ya afecta la percepción económica interna y eleva el costo político de prolongar la presión.
Hay otro costo menos visible: cuanto más sanciona Washington a empresas extranjeras, mayor es el incentivo para reducir la dependencia del dólar y del sistema financiero estadounidense. Usada en exceso, la misma herramienta que le da ventaja puede acelerar alternativas contraproducentes. La máxima presión, por tanto, tiene un límite político.
Si Washington golpea solo a empresas pequeñas y países secundarios, quizá no aísle a Irán. Si avanza contra las grandes instituciones chinas, aumentará la eficacia de las sanciones, pero abrirá un frente riesgoso con Pekín. Si evita ambas opciones, Teherán conservará las vías de escape necesarias para resistir.
La situación es una prueba de resistencia. Estados Unidos confía en que su capacidad financiera, tecnológica y militar sostendrá la presión hasta que Irán ceda. Teherán apuesta a que el tiempo jugará a su favor: los precios de la energía, el costo militar, las dificultades de los aliados y la presión política interna reducirán la voluntad de Washington.
Irán ya muestra límites. El presidente Masoud Pezeshkian reconoció la gravedad económica y sostuvo que el país debería terminar la guerra mientras aún se encuentra en una posición de fuerza. El presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, fue más explícito: ningún poder militar puede sostenerse indefinidamente si la población pasa hambre y la economía deja de funcionar.
Sin embargo, pese a las divergencias internas, el poder real está concentrado en el ala dura teocrática encabezada por Mojtaba Jamenei y respaldada por la Guardia Revolucionaria Islámica, que por ahora elige la intransigencia y la colisión con Washington. Confía en que sus principales socios comerciales resistirán la presión. El 25 de agosto, Teherán anunció que responderá a las nuevas sanciones y expresó confianza en que China y otros socios mantendrán sus vínculos económicos.
La puja también se libra en las capitales capaces de mantener a flote la economía iraní. De ahí la importancia del petróleo: aunque la guerra redujo drásticamente las exportaciones, el aislamiento no será completo mientras haya compradores dispuestos a asumir el riesgo, navieras capaces de transportar la carga y sistemas financieros que procesen los pagos.
China vuelve al centro de la ecuación. Kpler calculó que, durante los 60 días del memorando entre Washington y Teherán, salieron del Golfo unos 374 millones de barriles de crudo, equivalentes a 6,1 millones diarios, frente a los aproximadamente 20 millones que transitaban en 2025. Al terminar el acuerdo, las cargas iraníes cayeron de un máximo de 1,85 millones a unos 260.000 barriles diarios en agosto.
Pekín redujo sus compras de crudo un 48,9 % desde el inicio de la crisis y cubrió faltantes con sus 1.200 millones de barriles de reserva. Así redujo su exposición a la presión estadounidense sobre las exportaciones iraníes y sobre el 16 % de sus compras de petróleo procedente de Irán, además del 50 % al 54 % que adquiría en Medio Oriente.
Las cifras muestran que la presión funciona, pero también su límite: reducir el flujo no equivale a eliminarlo ni produce efectos lineales. Para lograrlo, Washington tendría que perseguir con mayor agresividad a compradores, transportistas e intermediarios; cuanto más se acerque a ellos, mayor será el costo.
La dimensión energética explica por qué la opción económica resulta políticamente más atractiva que otra campaña militar. Washington puede presentarla como una ofensiva contra Irán sin asumir de inmediato nuevos ataques, bajas estadounidenses o una escalada regional. A la vez, permite a Trump mantener la amenaza militar y mostrar que castiga a Teherán mientras intenta evitar una guerra abierta.
El problema es que los resultados pueden demorar. Mientras tanto, una encuesta de Reuters/Ipsos indicó que solo el 31 % de los estadounidenses apoya la acción militar contra Irán, frente al 37 % de marzo y al 34 % de principios de este mes.
Con las legislativas de noviembre cada vez más cerca, la guerra ya repercute en los precios de la energía y en la percepción económica. El calendario no explica por sí solo la estrategia, pero sí su urgencia: Washington necesita tiempo para comprobar si el deterioro económico quebrará la resistencia iraní sin volver de inmediato a la guerra.
Irán también intenta usar ese tiempo. Puede aceptar un deterioro económico mayor si conserva capacidad militar, mantiene al régimen y logra que Estados Unidos pague un costo político superior. Su apuesta es que Washington no sostendrá indefinidamente la combinación de presión económica, presencia militar, petróleo caro y confrontación con sus principales socios comerciales. El bloqueo de Ormuz también afecta las exportaciones de las coronas petroleras y, con el tiempo, genera desgaste.
Ormuz es el mecanismo que transmite la crisis iraní al mundo. Kpler concluyó que el acuerdo de 60 días permitió mover parte del petróleo acumulado, pero nunca reabrió por completo el estrecho: durante ese período, el tráfico fue apenas un 5 % del nivel normal.
Estados Unidos necesita rutas abiertas para impedir que la presión sobre Irán derive en una crisis energética mundial. Irán conserva en Ormuz uno de los pocos instrumentos capaces de trasladar parte del costo de la guerra a Washington, sus aliados y la economía global.
La guerra económica, por tanto, no elimina la dimensión militar: la suspende. El poder naval estadounidense sigue siendo necesario para que funcionen las sanciones petroleras; la capacidad iraní de alterar las rutas marítimas continúa amenazando a Washington; y cada cierre de una vía de escape incentiva a Teherán a buscar otra forma de encarecer la confrontación.
La paradoja es que ambos pueden librar una guerra de desgaste sin derrotar por completo al otro. Estados Unidos solo necesita mantener la presión más tiempo del que Irán puede soportarla.
Irán necesita evitar el colapso y elevar el costo de esa presión hasta volverlo políticamente inaceptable para Washington. Por eso la verdadera prueba comienza después del anuncio del “Día D económico”.
Habrá que observar si las sanciones reducen aún más los ingresos petroleros iraníes, si Washington se atreve a presionar a China, qué hacen Rusia y los países del Golfo, y cuánto tiempo puede sostener el esfuerzo militar y económico sin provocar otra escalada.
La eficacia estadounidense dependerá menos de cuánto castigue a Irán que de cuánto esté dispuesto a pagar para castigar a quienes aún le permiten sobrevivir.
También hay un reloj físico. La Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos contiene unos 293,4 millones de barriles, el nivel más bajo en más de cuatro décadas. Los inventarios comerciales suman 428,8 millones, pero no son íntegramente una reserva de emergencia porque sostienen el funcionamiento normal de refinerías y mercado. Estas cifras permiten estimar un plazo para la crisis.
Si Washington compensara con el SPR una pérdida neta de dos millones de barriles diarios, la reserva alcanzaría teóricamente para unos 150 días; con tres millones, para 100; y con cuatro millones, para 75. En la práctica, los límites de extracción, transporte y distribución reducen ese margen. Más que una reserva indefinida, el SPR es un colchón capaz de comprar entre tres y cinco meses en un escenario de presión intensa.
Irán también tiene un reloj. Su petróleo almacenado en buques cayó de unos 105 millones de barriles a cerca de 80 millones durante agosto, pero solo unos 30 millones permanecían en aguas asiáticas, cerca de sus principales compradores. Con las exportaciones reducidas, esos 30 millones equivalen a unos 56 días de ventas; los 80 millones globales representarían unos cinco meses si pudieran comercializarse a ese ritmo.
Esto no significa que Irán se quede sin petróleo en 56 días, sino que disminuye su capacidad de convertir reservas flotantes en ingresos. Agotado ese colchón, Teherán deberá producir, transportar y vender nuevo crudo bajo un bloqueo que intenta impedir las tres cosas, o depender del crédito de aliados como China y Rusia.
Estados Unidos dispone de un colchón físico y una capacidad productiva mucho mayores, pero debe estabilizar el mercado energético mientras presiona a Irán. Además, llega a esta carrera con otro problema: Canadá aporta unos 3,9 millones de barriles diarios de crudo y Venezuela más de 500.000 bpd.
La crisis política entre Washington y Ottawa, agravada en agosto, añade incertidumbre sobre la principal fuente externa de petróleo estadounidense. Venezuela ofrece una alternativa parcial, pero no puede expandir rápidamente sus exportaciones: produce alrededor de 1,25 millones de barriles diarios y sus puertos sufren demoras de hasta 30 días, pese al aumento productivo.
El tiempo estadounidense no depende solo del SPR, sino de la combinación de reservas, producción doméstica, petróleo canadiense, suministro venezolano y rutas alternativas mientras Ormuz siga restringido.
Todos esos factores tienen límites. La evaluación más razonable es que Estados Unidos puede amortiguar una interrupción severa durante unos tres a cinco meses con sus reservas estratégicas. Irán dispone de un colchón flotante accesible menor: alrededor de dos meses para los barriles almacenados en Asia y varios meses si logra movilizar todo su stock.
Ninguno de esos relojes llegará realmente a cero. Antes de agotar sus reservas, ambos gobiernos deberán encontrar nuevas fuentes de suministro, compradores o rutas. La pregunta no es quién se queda primero sin petróleo, sino quién amplía su margen antes de consumir el colchón inicial. En esa carrera, cada barril cuenta.
Para Estados Unidos puede ser un barril canadiense que no se pierda, uno venezolano que llegue a una refinería o uno liberado del SPR. Para Irán, un cargamento que cruce el bloqueo, un comprador chino dispuesto a asumir el riesgo o un buque que convierta la reserva flotante en dinero.
La guerra económica se parece cada vez más a una guerra de desgaste convencional: gana ventaja quien repone sus pérdidas más rápido. Será una carrera contra el tiempo. Estados Unidos debe cerrar las puertas financieras y comerciales antes de que el costo político sea excesivo; Irán, mantenerlas abiertas hasta que Washington descubra que aislarlo por completo puede costar casi tanto como combatirlo.
Conviene recordar que hablamos de Medio Oriente, donde cada epílogo anunciado puede convertirse con facilidad en el prólogo de otro conflicto.