María Alejandra Aristeguieta | Cuando el poder pierde disciplina

Aunque no siempre lo parezca, los conflictos que las noticias internacionales nos recuerdan a diario están interconectados, incluyendo el largo conflicto híbrido venezolano.

Lo que presenciamos es parte del movimiento tectónico que acompaña el avance hacia ese ya anunciado nuevo orden internacional —todavía en pleno proceso de acomodo– , que, más que  una reedición del antiguo sistema de equilibrios precarios de poder emerge cada vez con mayor claridad marcado por una ausencia de disciplina colectiva.

Ya no basta hablar de la crisis del multilateralismo o  del unilateralismo estadounidense. Más bien vemos una creciente participación de actores que se distribuyen la autoridad, la coerción y la capacidad de decisión de una manera distinta, porque las reglas internacionales subsisten, pero disciplinan cada vez menos a quienes poseen poder para ignorarlas. Al mismo tiempo, dentro de numerosos países, incluyendo Venezuela, el debilitamiento institucional abre espacios que son ocupados por liderazgos populistas, potencias extranjeras, empresas, grupos armados, plataformas tecnológicas y redes transnacionales. Es decir, la gobernanza global cambia de manos y se vuelve más fragmentada, transaccional y opaca.

El fenómeno lo vemos en la confrontación entre Estados Unidos e Irán en torno al estrecho de Ormuz, y ahora, en la participación del movimiento hutí Ansar Allah de Yemen en el estrecho de Bab el-Mandeb, dos escenarios que alteran los flujos energéticos mundiales. Lo vemos con Rusia, que ejerce sobre Europa una presión que combina guerra convencional, sabotaje, desinformación, financiación de partidos políticos y coerción económica. También en Sudán, donde un largo conflicto condujo a la secesión y, posteriormente, a una nueva guerra civil y a una fragmentación en la que fuerzas militares y paramilitares disputan un territorio atravesado por intereses externos, incluso mediante formas de intervención por delegación. En Venezuela, tras veintisiete años de destrucción institucional y penetración ideológica foránea, surge una compleja y opaca operación petrolera entre gobiernos, empresas e intermediarios que reorganiza el control efectivo de recursos estratégicos.

Claro que las circunstancias no son equivalentes, pero en todas ellas se reconoce una misma tendencia: el poder desborda las estructuras destinadas a contenerlo.

Por eso hablamos de una pérdida de disciplina colectiva,  entendiendo por ella la capacidad política, institucional y material de un sistema para inducir a sus integrantes —especialmente a los más poderosos— a moderar su actuación unilateral, reconocer un marco común de coexistencia, aceptar restricciones recíprocas y asumir los costos de preservar el orden del que forman parte. Cuando esa capacidad se debilita, cada actor procura asegurar por sí mismo sus intereses y los acuerdos generales ceden terreno ante arreglos parciales, coaliciones circunstanciales y hechos consumados.

Es allí donde nos encontramos en este momento.

La disciplina colectiva no elimina el conflicto ni presupone una comunidad de valores. No se trata  necesariamente de un mundo basado en reglas multilaterales, sino de una comprensión  compartida de que el equilibrio es necesario para evitar una  mayor confrontación. Por ejemplo, Estados Unidos y la Unión Soviética mantuvieron durante la Guerra Fría una confrontación ideológica, militar y geopolítica de alcance mundial, pero aprendieron a reconocer determinados límites, mantener canales de comunicación y establecer mecanismos para evitar una escalada nuclear. No dejaron de competir sino que  administraron la rivalidad, porque comprendieron que llevarla hasta sus últimas consecuencias podía destruir el sistema que ambos necesitaban para sobrevivir.

La distribución actual del poder hace más difícil esa autocontención. La aparición de nuevos centros de poder, la competencia entre Estados Unidos y China, el revisionismo ruso e iraní y la pérdida de autoridad de las instituciones multilaterales han erosionado el consenso mínimo sobre las reglas. Esto afecta de manera distinta a Estados fuertes, débiles o incluso forajidos, pero no se explica únicamente por la naturaleza de cada uno. Se trata también de la dinámica sistémica y las brechas por las que se pueden introducir actores estatales o no estatales para actuar con mayor impunidad y trasladar los costos de sus acciones a terceros.

Normalmente, un Estado puede dejar la ejecución de ciertas tareas en manos de empresas, comunidades u organizaciones sociales sin perder autoridad. Lo determinante es quién establece las reglas, quién supervisa, quién responde por los resultados y quién conserva la decisión final. Un Estado capaz puede delegar la ejecución sin ceder la autoridad, mientras que un Estado debilitado pierde la capacidad de decidir qué delega, en qué condiciones y al servicio de qué intereses. Entonces, el problema comienza cuando la delegación se convierte en sustitución, captura o tercerización incontrolada de funciones soberanas. Allí donde el Estado no puede garantizar seguridad, administrar recursos, controlar fronteras o hacer cumplir la ley, otros actores ocupan el espacio. Algunos lo hacen para suplir necesidades sociales; otros, para apropiarse de territorios, mercados y recursos. De nuevo, no toda presencia no estatal es depredadora, pero sin reglas, supervisión y responsabilidad, la distribución de funciones deja de ser cooperación para convertirse  en fragmentación del poder.

Este fenómeno se produce tanto entre los Estados como dentro de ellos. En el plano internacional, las potencias aplican selectivamente las normas y utilizan la interdependencia como instrumento de presión. En el interno, algunos Estados pierden capacidad para controlar el territorio, regular actores privados, garantizar derechos o formular una estrategia nacional. Ambos procesos se retroalimentan: la fragmentación interna facilita la penetración exterior, mientras la competencia internacional profundiza las fracturas nacionales.

Sudán ofrece una manifestación extrema de esa secuencia. La pérdida de gran parte de los ingresos petroleros después de la separación de Sudán del Sur debilitó la capacidad del régimen para distribuir recursos y comprar lealtades. El empobrecimiento del Estado erosionó su legitimidad, aumentó su dependencia de los aparatos de seguridad y profundizó una fragmentación de la coerción que el propio régimen había contribuido a crear entre fuerzas militares y paramilitares. Potencias regionales y globales, junto con redes económicas externas, pudieron entonces intervenir en el conflicto sin necesidad de ocupar formalmente el país. Les bastó con financiar, armar o sostener a los actores locales, contribuyendo así a prolongar la guerra y a preservar su influencia sobre el oro, el petróleo y sus infraestructuras transfronterizas, así como sobre los puertos y la posición estratégica de Sudán en el Mar Rojo.

El caso sudanés no es equiparable a la guerra contra Ucrania ni a la presión rusa sobre Europa, pero ayuda a explicar una pieza de la misma dinámica. En Europa, no estamos ante un Estado ruso débil que ha perdido el control sobre actores autónomos, sino ante un Estado con capacidad para proyectar su poder mediante instrumentos diversos. La guerra convencional coexiste con ciberataques, sabotaje, desinformación, interferencia política, presión energética y actuaciones difíciles de atribuir de manera inmediata. La propia OTAN reconoce que estas amenazas híbridas operan mediante recursos políticos, económicos, tecnológicos y comunicacionales, muchas veces por debajo del umbral que activaría una respuesta militar convencional.

La consecuencia es una frontera cada vez menos nítida entre guerra y paz, agresión externa y desestabilización interna, actuación estatal e iniciativa privada. Del otro lado de esa ecuación, los Estados europeos conservan plena soberanía jurídica, pero dependen de empresas para proteger comunicaciones, infraestructura digital, redes energéticas y sistemas financieros. Al mismo tiempo, actores económicos y tecnológicos controlan información y servicios indispensables para la seguridad. El Estado continúa siendo central, pero ya no siempre posee por sí solo todos los instrumentos necesarios para ejercer su autoridad.

El fenómeno lo vemos en la confrontación entre Estados Unidos e Irán en torno al estrecho de Ormuz y, ahora, en la participación de los hutíes, el grupo armado yemení, en torno al estrecho de Bab el-Mandeb, que altera los flujos energéticos mundiales.

El caso de la guerra en el estrecho de Ormuz, y la ampliación del escenario de coerción hacia el Mar Rojo mediante la actuación de los hutíes desde posiciones estratégicas en Yemen, revela otra dimensión de esta transformación, que podríamos calificar como la interdependencia convertida en instrumento de coerción. No es necesario controlar permanentemente una ruta estratégica para ejercer poder sobre ella. Basta con tener capacidad para interrumpir, encarecer o volver incierto el flujo de bienes esenciales. Antes del conflicto, alrededor de 20 millones de barriles diarios de crudo y productos petroleros atravesaban el estrecho; su casi paralización produjo la mayor disrupción de suministros registrada en la historia del mercado petrolero mundial.

Más aún, el sistema entra en una fase de doble cuello de botella. Ormuz y Bab el-Mandeb pueden ser presionados por actores conectados, sin que exista necesariamente un mando único demostrable. Esta ambigüedad favorece la negación plausible y dificulta una respuesta proporcional. La coerción económica estadounidense puede reducir los ingresos iraníes, pero simultáneamente eleva los precios que financian a otros productores y encarece la vida en las economías importadoras.

Así, un espacio geográfico reducido transmite los efectos de un conflicto regional al conjunto de la economía global. Países que no participan en las hostilidades pagan el costo mediante inflación, inseguridad energética, encarecimiento del transporte y deterioro de las cadenas de suministro. Algo semejante ocurrió con el trigo y otros alimentos al principio de la guerra rusa contra Ucrania, cuando la confrontación territorial produjo efectos inmediatos sobre países africanos cuya seguridad alimentaria dependía de flujos comerciales originados a miles de kilómetros, y ocurre ahora con el aceite de girasol.

La interdependencia, que durante décadas fue concebida como un incentivo para la expansión de las libertades, la prosperidad mundial y la cooperación, se ha convertido también en una fuente de vulnerabilidad. Energía, alimentos, minerales críticos, semiconductores, rutas marítimas, compras públicas, sistemas financieros y plataformas digitales forman redes con nodos estratégicos. Controlar uno de esos nodos permite utilizarlo para observar, excluir, condicionar o castigar. El poder territorial no desaparece ni pierde necesariamente relevancia, sino que se combina con el poder de quien controla los flujos.

Irán ha aprendido a operar simultáneamente en ambos planos. Además de sus capacidades estatales, ha construido relaciones con organizaciones armadas, aliados locales y redes logísticas que amplían su influencia y reducen el costo de una intervención directa. El Estado conserva la orientación estratégica, pero distribuye parte de la ejecución. Con ello amplía su radio de acción y dificulta la atribución de responsabilidades. La tercerización no revela aquí una ausencia del Estado, sino una modalidad deliberada de proyección estatal.

Este es el hilo conductor que nos conecta con Venezuela. La crisis venezolana no constituye una excepción aislada ni puede comprenderse únicamente como el resultado de decisiones adoptadas en Caracas o Washington. Venezuela forma parte de ese movimiento tectónico en el que la rivalidad entre potencias, la penetración de actores externos y no estatales, la fragmentación institucional, el peso de actores privados y la competencia por recursos estratégicos han ido redefiniendo la soberanía.

La tutela estadounidense posterior al 3 de enero no cayó sobre un Estado plenamente soberano. Durante más de dos décadas, el poder venezolano destruyó contrapesos, subordinó instituciones, deterioró PDVSA, debilitó el Estado de derecho y permitió que intereses particulares reemplazaran progresivamente el interés nacional. La pérdida de soberanía externa fue precedida por la destrucción de la soberanía popular y de las capacidades internas que permiten ejercerla. Al mismo tiempo, el propio régimen abrió deliberadamente espacios a Cuba, Rusia, China e Irán como instrumentos de supervivencia política, financiera, militar y tecnológica. Grupos armados, redes criminales, intermediarios comerciales y élites empresariales vinculadas al poder ocuparon también funciones y recursos que formalmente correspondían al Estado. Algunos de esos actores actuaron con autonomía; otros sirvieron como extensiones informales del poder; y otros conectaron intereses internos con agendas extranjeras dentro y más allá de nuestras fronteras.

Por lo tanto, Estados Unidos no inauguró la tutela externa de Venezuela. Entró en una estructura previamente erosionada, y, por lo pronto, parece estar desplazando, concentrando y reorganizando dependencias anteriores. Está cambiando la naturaleza de los actores, así como la correlación geopolítica, pero el problema fundamental permanece mientras las decisiones estratégicas sobre Venezuela continúen adoptándose fuera de los mecanismos mediante los cuales los venezolanos deberían expresar su soberanía.

El acuerdo petrolero anunciado a finales de agosto constituye un nuevo escalón en el proceso, aunque todavía no conozcamos íntegramente su naturaleza jurídica. La información disponible sugiere una arquitectura articulada en varios niveles, que incluye relaciones políticas entre Washington y Caracas; una relación productiva entre NABEP y PDVSA al amparo de una legislación venezolana controvertida; y, quizás como elemento más claro hasta ahora, una operación mediante la cual el Gobierno estadounidense obtendría derechos sobre el 35 % de NABEP y acceso preferencial a parte de su producción. En definitiva, la Casa Blanca sostiene que se trata de un acuerdo con una empresa privada y no con el “gobierno interino” venezolano. Otras informaciones describen un entendimiento general negociado por funcionarios de ambos países, cuya ejecución se canaliza mediante contratos empresariales. Los instrumentos completos no se han publicado y persisten dudas sobre su duración, sus mecanismos de aprobación y el modelo productivo que será utilizado.

Para los efectos de este análisis, esa ambigüedad no es secundaria, sino que forma parte del fenómeno. Y quizás sea ese, justamente, el peligro real, porque un acto puede adoptar la forma jurídica de un contrato entre empresas y producir efectos propios de un acuerdo geopolítico entre Estados, más aún cuando la operación incorpora al Pentágono, a varios departamentos de la administración norteamericana, a PDVSA, a las autoridades venezolanas y a una empresa privada controlada por un intermediario venezolano de reputación cuestionada. Más aún, un contrato puede ser jurídicamente defendible y políticamente ilegítimo; económicamente beneficioso y moralmente cuestionable; capaz de elevar la producción y, al mismo tiempo, consolidar a quienes tienen incentivos para postergar la transición democrática.

A ello se suman los objetivos explícitos de Estados Unidos relativos a la seguridad energética y al desplazamiento de la influencia iraní, rusa y china. En un mundo fragmentado, donde se han borrado los límites entre actores y hay cada vez menos disciplina colectiva, la cuestión no puede reducirse a si el acuerdo es legal o ilegal, ni a la participación de actores extranjeros o privados, cuya presencia, bien sabemos, será indispensable para la reconstrucción. Esto es apenas una arista de un entramado de ámbitos interconectados, con efectos en distintos planos.

En consecuencia, las soluciones a la crisis venezolana no pueden diseñarse como si el país existiera en un vacío geopolítico. La transición tendrá que desarrollarse en medio de la competencia entre Estados Unidos y China, del intento estadounidense por recuperar el predominio hemisférico, de la presión internacional por asegurar energía en medio de un conflicto regional con implicaciones en la economía global, de la competencia por los minerales estratégicos para garantizar el liderazgo tecnológico, y del poder adquirido por empresas, redes e intermediarios durante la destrucción institucional.

El desafío, entonces, consiste en actuar dentro de esa tensión. En un mundo donde el poder pierde disciplina y la gobernanza se fragmenta, recuperar soberanía significa poder determinar qué funciones se comparten, con quién, bajo qué reglas y para alcanzar qué objetivos nacionales.

Significa, sobre todo, recuperar la capacidad para decidir.

*ExEmbajadora, internacionalista, experta en ONU.

 Ensayo difundido originalmente en encuentrohumanista.org