Nacho Montes de Oca | Cuba: la cuenta regresiva corre para Washington y La Habana
El nuevo anuncio del presidente Donald Trump sobre una posible acción militar contra la dictadura en Cuba en su discurso en la ONU no es una declaración vacía, pero tampoco es el preludio inmediato de una invasión a gran escala. Es la invasión de Schrödinger porque a esta altura ya es la sexta vez que lo anuncia desde que asumió en enero de 2025.
Lo que por ahora está en marcha es una estrategia de máxima presión que combina lo económico, lo diplomático, lo militar y lo negociador, y cuya probabilidad de convertirse en una intervención real depende de una ecuación de costos y beneficios que, por ahora, inclina la balanza hacia la presión antes que hacia los disparos. Los plazos concretos que maneja cada una de estas vías -política, militar, económica y negociadora- son la clave para entender si el anuncio de Trump se quedará en retórica o si puede materializarse en una intervención real.
En el plano político y legal, el reloj más importante es el que marca la Constitución de Estados Unidos. La Resolución de Poderes de Guerra de 1973 exige que el presidente notifique al Congreso en un plazo de 48 horas cuando despliega tropas en hostilidades y que las retire en un máximo de 60 días, a menos que el Congreso autorice la acción o declare la guerra. Esto significa que, si Trump ordenara un ataque sin autorización legislativa previa, tendría apenas dos meses para completar la operación antes de que las tropas debieran ser retiradas.
Pero en enero de 2026, Trump ya ignoró este procedimiento al ordenar la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, notificando al Congreso solo cuando la operación ya estaba en marcha, según reportó en su momento The Washington Post. La efectividad de esta ley para restringir a los presidentes fue históricamente limitada, como lo demuestran las guerras prolongadas en Irak y Afganistán, que contaron con autorización del Congreso, o la invasión de Panamá en 1989, que se realizó sin declaración de guerra pero con apoyo bipartidista previo. Pero en el terreno concreto, una oposición del Congreso podría obstaculizar permisos de despliegue o dejar sin presupuesto a una acción militar, algo que no sucedió en administraciones anteriores, en donde cada esfuerzo militar tuvo respaldo de demócratas y republicanos.
En el terreno militar, los plazos que maneja el Pentágono son igualmente importantes. Según una exclusiva de CBS News recogida por Euronews, la Reserva del Ejército estadounidense está evaluando la disponibilidad de unidades de policía militar, personal sanitario y otras fuerzas de apoyo para el Comando Sur en un plazo de entre 90 y 120 días. El documento interno, fechado a finales de septiembre de 2026, solicita información sobre seis tipos de unidades -que incluyen un batallón de apoyo logístico, un batallón de ingenieros y una brigada médica- que podrían quedar bajo la autoridad del Comando Sur, responsable de las operaciones en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.
Sin embargo, funcionarios citados por la agencia Anadolu bajo condición de anonimato declararon que este mensaje interno “no constituye una orden de despliegue” y que el presidente Trump “no ha tomado una decisión final”. Esto significa que, incluso en el escenario más agresivo, cualquier operación terrestre o de ocupación requeriría un mínimo de 3 a 4 meses de preparación logística antes de estar lista para ejecutarse. Ese plazo es crucial porque coincide con otro calendario: las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre de 2026.
Ciertamente, el calendario electoral es quizás el factor temporal más determinante. Las encuestas apuntan a que el Partido Republicano está en camino de perder la Cámara de Representantes. El Cook Political Report, un boletín electoral no partidista citado por Axios y SANA, proyecta que los demócratas ganarían entre 5 y 15 escaños, alcanzando una mayoría de 220 a 230 bancas. Los demócratas ya son favoritos en 208 contiendas frente a las 205 de los republicanos, y hay 17 escaños republicanos en la categoría de “empate técnico” frente a solo cinco demócratas. El informe señala que “el presidente está ahora profundamente bajo el agua y está arrastrando a los miembros y candidatos republicanos de la Cámara”.
Hay otro dato concreto: Donald Trump se encuentra en su nivel más bajo en lo que va de su segundo mandato. De acuerdo con la medición de RealClearPolling registra un promedio de 38.8% de aprobación frente a un 59.9% de desaprobación. Este es el punto más bajo de su actual mandato, cayendo desde el 43.1% que sostenía en febrero. La probabilidad de una derrota republicana no es una especulación, es un escenario probable.
Una derrota republicana en la Cámara Baja tendría consecuencias directas sobre cualquier plan de acción militar contra Cuba. Aunque Trump podría argumentar que la Resolución de Poderes de Guerra es inconstitucional -ningún presidente ha reconocido su constitucionalidad y el Tribunal Supremo nunca se ha pronunciado al respecto-, el costo político de desafiar abiertamente a un Congreso opositor sería altísimo. Una administración debilitada por una derrota electoral tendría mucho menos capital político para embarcarse en una aventura militar impopular. En ese escenario, la “opción militar” quedaría prácticamente descartada, y la estrategia de máxima presión económica y diplomática se convertiría en la única vía viable.
En el ámbito económico, los plazos de las sanciones ya están en marcha y fueron reforzados. El 1 de mayo de 2026, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14404, que expandió las sanciones contra Cuba y apuntó directamente al corazón financiero, minero y energético de la isla. La orden estableció una ventana de liquidación que cerró el 5 de junio de 2026, fecha límite para que las empresas extranjeras rompieran sus relaciones económicas con el gobierno cubano o GAESA, el conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
A partir de ese momento, cualquier entidad que continuara haciendo negocios con Cuba quedó expuesta a sanciones secundarias. El 3 de septiembre de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro añadió al Banco Exterior de Cuba, a la petrolera estatal CUPET y a empresas de níquel a la lista de sancionados, con efecto inmediato. Según informó el secretario de Estado, Marco Rubio, a través de su cuenta en X, las medidas alcanzaron a CUPET “en defensa de la seguridad nacional de Estados Unidos”.
El impacto se siente en la calle y en las cuentas del Estado. Según datos del gobierno cubano recogidos por Reuters, el déficit de combustible ha provocado apagones que afectan a más del 60 % del territorio y han dejado equipos médicos sin funcionar.
El golpe en el bolsillo, sin embargo, no empezó ayer. Según un informe de la organización independiente Cuba Siglo 21, el canal formal centralizado por el conglomerado militar GAESA pasó de recaudar 1.972 millones de dólares en 2023 a apenas 81,6 millones en 2024. En 2019, el mejor año, las remesas habían llegado a unos 3.717 millones. Al congelarse u obstaculizarse operadores como Western Union y Orbit S.A., más del 95 % de la ayuda familiar se desplazó hacia una red de unos 150 “bancos informales”, como documentó Yoani Sánchez en 14ymedio. Esos operadores entregan el dinero en casa y dejan al banco central sin los dólares en efectivo. Las sanciones de 2025 y 2026 no inventaron ese colapso: lo profundizaron.
Para Washington, el objetivo es claro: forzar un cambio de régimen en La Habana sin necesidad de disparar un solo tiro, mediante el colapso económico y la presión sobre la población. El costo de una ocupación militar, en cambio, sería astronómico y no reportaría ningún beneficio económico directo que justifique semejante gasto. Luego veremos el detalles de ese costo.
Hay, sin embargo, otro factor que no aparece en los cables del Pentágono ni en las declaraciones públicas de Trump, pero que se convirtió en una pieza central de la estrategia estadounidense: la vía negociación directa con el poder real cubano, al margen del gobierno formal de Miguel Díaz-Canel. El interlocutor elegido es Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, conocido como “El Cangrejo”.
Según revelaciones de Axios, el secretario de Estado Marco Rubio mantuvo conversaciones reservadas con él en febrero de 2026. Ese mismo mes, The Miami Herald reportó que un asesor cercano a Rubio se reunió con Rodríguez Castro en Basseterre, San Cristóbal y Nieves, durante una cumbre de la Comunidad del Caribe. El planteo que Washington puso sobre la mesa fue sencillo: Estados Unidos podía suministrar el crudo que Cuba necesita desesperadamente y atraer inversiones para reconstruir su castigado sistema energético. El precio era abrir al capital privado la petrolera estatal CUPET y facilitar la salida del poder de Miguel Díaz-Canel.
La negociación acabó empantanada, según The Miami Herald, por la oposición de La Habana y de los republicanos cubanoamericanos. El periodista Jon Lee Anderson, en una entrevista con BBC News Brasil publicada el 21 de septiembre de 2026, atribuyó el estancamiento a que “Estados Unidos no sabe con quién tratar” y señaló que “El Cangrejo” carece de respaldo institucional en las Fuerzas Armadas para actuar como interlocutor decisivo. Anderson también advirtió que “es improbable que haya cambios inmediatos antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos”, lo que sugiere que la vía negociadora también está condicionada por el calendario electoral.
La combinación de estos cuatro factores estructurales -político, económico, militar y negociador- define el menú de opciones disponibles. En consecuencia, es el calendario electoral el que determina cuándo y con qué intensidad se eligen. Y ese calendario está dominado por una fecha: el 3 de noviembre de 2026 y una posible derrota de MAGA.
Esa derrota, si se materializa, crea una ventana de decisión que es preciso entender con precisión. Si Trump quiere actuar antes de las elecciones, tiene menos de 40 días. En ese escenario, lo más probable no es una invasión -que requeriría 90 a 120 días de preparación- sino una operación limitada, simbólica, diseñada para movilizar a su base y al voto cubanoamericano en Florida. Sin embargo, la importancia de ese voto ha sido bastante exagerada: los cubanoamericanos representan menos del 5% del electorado de Florida y del 1% del país.
Politico reportó en mayo de 2026 que los escenarios en discusión incluyen “desde un ataque aéreo de precisión hasta una operación militar a mayor escala”, pero que no se ha tomado ninguna decisión final. Si Trump actúa antes del 3 de noviembre, lo hace con un cálculo electoral: busca una victoria rápida que contrarreste el desgaste de la guerra con Irán. Pero ese cálculo tiene un problema: la operación limitada puede escalar, y una escalada en medio de la campaña electoral podría tener el efecto contrario al deseado.
Si Trump espera, se abre un período de lame-duck, es decir, un lapso de debilidad política tras haber perdido las cámaras, entre la elección y la instalación del nuevo Congreso en enero de 2027. Durante esos dos meses, el presidente sigue teniendo el mando militar y podría intentar un ataque con menos costo electoral inmediato, porque ya no habría elecciones que perder.
Una derrota republicana no descarta necesariamente la opción militar; puede retrasarla y concentrarla en un momento de menor potencia política. Sin embargo, un presidente debilitado por una derrota electoral tendría menos capital político para sostener una operación impopular, y el Congreso saliente o entrante podría aprobar resoluciones vinculantes que exijan autorización previa. O aumentar el costo político al forzar un retiro.
En abril de 2026, el Senado controlado por los republicanos ya había bloqueado una resolución demócrata que habría exigido autorización del Congreso para una acción militar contra Cuba, con una votación de 51 a 47, según informó el diario La Opinión. Si los demócratas recuperan la Cámara, ese cálculo cambia por completo.
El segundo factor temporal es el efecto de la guerra con Irán sobre el apetito de conflicto del electorado. Los datos son demoledores. Una encuesta de CNN realizada por SSRS y publicada el 22 de septiembre de 2026 muestra que solo el 26% de los estadounidenses aprueba el manejo de Trump de la guerra con Irán, una caída de 7 puntos desde un mes después del inicio del conflicto. El 70% dice que las decisiones de Trump sobre acción militar han perjudicado a Estados Unidos, el 75% cree que no tiene un plan claro para manejar Irán, y casi dos tercios afirma que el país no está ganando la guerra.
El apoyo republicano al manejo de la guerra ha caído 13 puntos desde marzo. Estos números no son un detalle: son la evidencia de que una segunda guerra de final incierto en el mismo año electoral sería políticamente tóxica. Si Trump no puede ganar rápido en Cuba, pierde políticamente. Y si no puede ganar, no debería empezar.
El tercer factor temporal es el voto latino. El análisis distingue entre el voto cubanoamericano y el latino general, y esa distinción es crucial. Una operación contra Cuba puede movilizar al primero, pero difícilmente resuelva el problema del segundo, que está dominado por la economía, el efecto de la política de deportaciones y el encarecimiento del costo de vida.
Según el Pew Research Center, el 70% de los votantes latinos desaprueba la gestión de Trump, y una encuesta de Global Strategy Group y Somos Votantes encontró que más de un tercio de quienes votaron por él se arrepiente. El 71% de los votantes latinos dice que los aranceles de Trump están impulsando sus costos.
Los analistas citados por NBC News advierten que el efecto de la política hacia Cuba sobre la popularidad de Trump es “acotado”, porque la economía ha sido el factor principal para los votantes latinos. Una guerra en Cuba en medio de la campaña electoral no resolvería el problema económico que domina las preocupaciones del electorado latino; lo agravaría.
El cuarto factor temporal es el votante general no latino. A diferencia del cubanoamericano, este elector no tiene un vínculo afectivo con Cuba y sí tiene una memoria fresca de Afganistán e Irak. Las encuestas de CNN/SSRS sobre Irán son el mejor termómetro de ese estado de ánimo: solo el 26% de los estadounidenses aprueba el manejo de Trump de esa guerra, el 70% cree que sus decisiones militares perjudicaron al país y el 75% dice que no tiene un plan claro para terminarla.
Esos números atraviesan a independientes, moderados, suburbanos y veteranos, que son decisivos en los distritos competitivos de Pensilvania, Míchigan, Wisconsin, Arizona y Georgia.
Para ese votante, una operación en Cuba no es necesariamente una causa noble ni una amenaza existencial: es otra guerra, con otro costo, en un año en que la gasolina y la inflación ya golpean su bolsillo. El Pew Research Center ha documentado que la economía y la inflación son las principales preocupaciones del electorado, muy por encima de la política exterior.
El cálculo electoral, entonces, es asimétrico: una acción militar podría movilizar al voto cubanoamericano en Florida, pero difícilmente compense la pérdida de apoyo entre los no latinos que rechazan la aventura militar. Por eso, si Trump actúa antes del 3 de noviembre, lo más probable es que sea una operación simbólica y breve, no una ocupación. Y si la operación se prolonga, el costo político se multiplica.
Lo que estos factores temporales revelan es que el supuesto de racionalidad electoral -la idea de que Trump calcula fríamente el costo-beneficio electoral de cada opción- es plausible pero incompleto. Trump no es un maximizador frío de votos. Ha demostrado impulsividad, obsesión por el legado y una tendencia a doblegarse ante su base más ideológica.
La tesis de la “maniobra electoral para esconder Medio Oriente” es sugerente, pero no automática. También podría ocurrir lo contrario: un presidente frustrado por Irán puede tener menos apetito de abrir un segundo frente, no más. Y una vez que los activos militares se despliegan, la lógica burocrática y la inercia de la planificación pueden empujar hacia la escalada incluso si el cálculo electoral original pedía lo contrario.
El factor psicológico introduce un riesgo no contemplado: la posibilidad de que Trump ordene una operación limitada como gesto teatral incluso sin probabilidades de éxito, o que la planificación del Pentágono adquiera una dinámica propia que escape al control político.
Un análisis realista, integrando todos los factores y el reloj electoral, es que la probabilidad de una invasión y ocupación bajó, porque requiere una decisión política de enorme costo con un riesgo alto de convertirse en un conflicto prolongado y una crisis humanitaria, y porque el calendario electoral hace que cualquier operación terrestre seria caiga inevitablemente después del 3 de noviembre.
Y no sería solo un costo en dólares. Cualquier operación terrestre en Cuba arrastraría un éxodo masivo hacia Florida -un territorio políticamente sensible- y un conflicto de guerrillas prolongado donde la doctrina de la "Guerra de Todo el Pueblo" está diseñada para hacer la ocupación "terriblemente onerosa". 67 años de adoctrinamiento deben sopesarse junto al descontento reinante en la isla. La tercera opción es huir de un conflicto. Un estudio del Niskanen Center calcula que un escenario de intervención podría desencadenar un flujo migratorio equivalente al 60-75% de la crisis del Mariel de 1980.
Luego están los costos materiales. El congresista demócrata Jonathan Jackson lo resumió al decir: "No hay posibilidad militar de tomar Cuba. Sería mucho más costoso que Afganistán e Irak combinados, y no tendría éxito". Un expresidente del Pentágono advirtió además que el costo podría alcanzar "mil millones de dólares por día".
Del lado de los costos operativos reales ya desplegados, Bloomberg estimó que el despliegue naval en el Caribe hasta febrero de 2026 había costado alrededor de 3.000 millones de dólares, con un pico de 20 millones diarios en los meses de mayor actividad. Solo el portaaviones Gerald R. Ford, con su grupo de destructores y submarinos, implicaba 11,4 millones de dólares por día. Es decir, la fase de presión naval ya en marcha -sin invasión- consume cifras que se cuentan en miles de millones.
El analista del CSIS y exfuncionario del Pentágono Mark Cancian, citado por The Telegraph, advirtió que ocupar un país de más de once millones de habitantes requeriría al menos 100.000 efectivos y se convertiría en un “atolladero” -lo que se denomina “un quagmire”- con costos logísticos, políticos y de seguridad insostenibles desde la política.
Ahora vemos la columna de las ganancias. El primer gran incentivo es el control de recursos estratégicos. Cuba posee la quinta reserva mundial de cobalto y la tercera de níquel, dos minerales esenciales para la transición energética: se usan en baterías, aleaciones y tecnologías limpias. Hasta la imposición de las sanciones de 2026, la canadiense Sherritt International explotaba níquel y cobalto en la mina de Moa mediante una empresa mixta con el Estado cubano.
Tras la Orden Ejecutiva del 1 de mayo de 2026, Sherritt fue obligada a retirarse, y dos rivales estadounidenses -el empresario Ray Washburne, vicepresidente del comité de victoria de Trump en 2016, y el magnate petrolero texano Albert Huddleston- compiten por comprar su participación en esa mina.
El cobalto y el níquel cubanos no son un trofeo menor: China y Rusia ya habían establecido asociaciones en la extracción de esos recursos, y arrebatárselos a esos rivales estratégicos tiene un valor que trasciende lo económico. Además de minerales, Cuba tiene depósitos notables de petróleo sin explotar y tierras raras, según el análisis del Pekin Shuhuo.
El segundo incentivo material es la posición geográfica. Cuba ocupa una posición de mando en la intersección del Golfo de México, el Mar Caribe y el Atlántico. Más del 90% del comercio marítimo estadounidense con la costa del Golfo pasa por aguas adyacentes a territorio cubano. Los puertos de aguas profundas de Mariel y La Habana son hubs logísticos potenciales que conectarían Norteamérica y Sudamérica.
Y la base naval de Guantánamo, aunque deteriorada, actuaría como "un nodo central en cualquier escenario militar estadounidense" y "punto logístico fundamental para la Armada". Luego está el potencial turístico e inmobiliario. Trump lo resumió con su crudeza habitual: "Venezuela tiene petróleo, Cuba no, pero tiene buenas propiedades y una costa preciosa".
Ese es el tercer incentivo, es el más tangible y el menos discutido: hay una lista de espera para repartirse los activos cubanos si el castrismo cae. Esa competencia la protagoniza un grupo de empresarios de Washington y Florida, desde aliados de Trump , lobistas vinculados a Rubio y exiliados cubanos.
Las discusiones actuales entre Washington y La Habana incluyen "restituciones para los propietarios de propiedades confiscadas" durante la revolución de 1959 -muchos de esos empresarios expatriados se establecieron en Florida del Sur y se hicieron republicanos- y "asegurar amplia latitud estadounidense para invertir, desarrollar y capitalizar las ciudades y playas subdesarrolladas de Cuba". Ese tipo de negocios involucra rubros inmobiliarios y turísticos que Trump conoce como empresario y son quizás a largo plazo más importantes que el factor ideológico para su patrimonio grupal.
El cuarto incentivo es geopolítico, y quizás el más importante para Washington. La estrategia estadounidense hacia Cuba no es solo un ajuste de cuentas con un régimen comunista: es una operación para expulsar a Rusia y China del hemisferio occidental. Las negociaciones secretas entre Rubio y "El Cangrejo" tenían ese objetivo explícito: Washington quería "eliminar la presencia rusa y china en la isla", según el análisis de Gazeta do Povo. La competencia por la influencia en Cuba es un test de poder en el "patio trasero" de Estados Unidos.
Es lo que un analista explicó al decir: la presión sobre Cuba es un "test vital para la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos" para reconstruir el hemisferio occidental. Recuperar el control de Cuba sería la señal más potente de que Washington sigue mandando en el Caribe, y ese valor simbólico tiene consecuencias reales para la disuasión frente a Moscú y Pekín.
Por eso el cálculo es complejo y cargado de pros y contras. Una acción militar en Cuba puede encender Miami y apagar los suburbios. Lo más verosímil antes del 3 de noviembre no es ocupar Cuba; es un gesto breve que muestree la voluntad de hegemonía hemisférica a sus adversarios. Pero si se alarga, el precio político se multiplica. También puede ocurrir lo contrario de la tesis fácil -usar Cuba para tapar Irán-: un presidente quemado por Medio Oriente puede no querer un segundo frente. Las apuestas se dirigen por igual en sentidos opuestos.
Integrando plazos y costos, la probabilidad de una invasión y ocupación a gran escala es baja: sale cara, puede enquistarse y el calendario la deja para después de noviembre. La de una acción limitada -bloqueo o golpe selectivo- es media y depende de las urnas: antes, para movilizar; después, como hecho consumado de un presidente herido. La de resolverlo a palos económicos, amenazas y negociación con el poder real cubano es alta.
El 3 de noviembre no cierra el expediente. Decide qué cartas le quedan. Si los republicanos pierden la Cámara, la presión y el forcejeo diplomático serán casi las únicas. Recién entonces se verá si la amenaza de Trump en la ONU anticipaba un golpe o solo sustituía, con palabras, una guerra que no estaba en condiciones de pelear.
Mientras tanto el reloj corre y el castrismo cuenta los días que restan para el 3 de noviembre. Saben que en la Casa Blanca también hay una cuenta regresiva en marcha.