Luis Suárez | Del país “uninvestable” a la vuelta de Alejandro Betancourt. La estrategia de EE. UU. para captar empresas dispuestas a sumarse a la fiebre del oro negro venezolano

Tan solo una semana había transcurrido desde la madrugada del 03 de enero en la que EE.UU. activó la operación “Absolute Resolve”, llenando en un par de horas el cielo nocturno de Caracas con cientos de aviones militares y extrayendo exitosamente a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El 09 de enero, en un encuentro sin precedentes, Donald Trump acompañado del secretario de Estado, Marco Rubio y del secretario de Energía Chris Wright, recibía a los directores ejecutivos de las petroleras norteamericanas más importantes, así como de empresas extranjeras interesadas en el petróleo venezolano. En dicho encuentro, Trump mencionó lo que a su juicio había sido una operación militar “exitosa”, al tiempo que relataba la historia de la industria petrolera venezolana, y lo mucho que el país sudamericano le debía a su vecino del norte, pues, a su juicio “Estados Unidos había construido la industria petrolera venezolana”.

Al mismo tiempo, Trump resaltó el papel de Chevron, que no obstante la nacionalización de la Faja Petrolífera del Orinoco del 2007 durante el mandato de Hugo Chávez, mantuvo sus operaciones en el país pese al considerable deterioro de las nuevas condiciones contractuales. Con frases como “¿Qué demonios hacían allí?” o “¿Cómo lo hicieron?” Trump alababa la resiliencia de la sucesora de la Standard Oil Company of California, una de las tantas filiales creadas tras la aplicación de la Ley Sherman en lo que fue el primer juicio antimonopolio de Estados Unidos y que desmembró al gigante petrolero de John Rockefeller.

Pero Trump esa noche no se limitó a mostrar a Venezuela como su nuevo trofeo, sino en presentar un plan de 100.000 millones de dólares para la reconstrucción de la industria petrolera que por muchos años sufrió un proceso de desmantelamiento producto de la corrupción y las sucesivas malas administraciones que tuvo su clímax con la detención en 2024 de Tarek El Aissami, acusado del desfalco de 3.500 millones de dólares en un esquema conocido como loa trama de PDVSA-Cripto en la que el ex ministro, eludiendo las sanciones estadounidenses, triangulaba el dinero obtenido de la venta del petróleo en el mercado negro a cuentas de criptomonedas que solo él y sus allegados manejaban.

Así, una vez presentado el proyecto de “la nueva era petrolera en Venezuela”, Trump, como el vendedor de un bien a remate, se dedicó a escuchar, uno por uno, la opinión de los ejecutivos sobre su proyecto de inversión, al tiempo que advertía que el salón se había quedado pequeño, y que él había seleccionado a las empresas “America First”, pero que en caso de no tener interés “decenas de empresas tanto americanas como extranjeras deseaban un puesto en la mesa.

En dicha mesa hubo opiniones divergentes, empresas como Chevron, Eni y Repsol, se mostraron entusiastas y declararon estar dispuestas a invertir. Chevron habló de aumentar su actual producción en Venezuela hasta en un 50% en 24 meses, mientras que Eni y Repsol anunciaron su disposición a invertir en bloques de la Faja del Orinoco y del Campo Dragón respectivamente. Sin embargo, Trump deseaba también escuchar la opinión de las grandes empresas de su país, y fue así como recibió las sorpresivas respuestas de los ejecutivos de Conoco Phillips y Exxon.

Desde Conoco Phillips hubo una discreta negativa a la propuesta, al menos en principio. Recordaba Ryan Lance, CEO de la empresa, que Venezuela mantiene una gigantesca deuda producto de los laudos arbitrales en la que el país fue condenado al pago de cuantiosas indemnizaciones por las confiscaciones de Hugo Chávez. Cabe recordar que fue durante la gestión de Juan Guaidó que su designado procurador general, José Ignacio Hernández, llevó las riendas de los arbitrajes contra la República.

Asimismo, y en consonancia con Conoco Phillips, Darren Woods, CEO de Exxon, argumentó que el país, luego de tantos años de ataque contra la inversión extranjera, necesitaba “profundas reformas legales y fiscales”. No bastaba simplemente un cambio de rostro en el gobierno, sino que la institucionalidad del país debía ofrecer garantías a largo plazo. Finalmente, sentenció con una lapidaria frase que acapararía los titulares al día siguiente: “Venezuela is uninvestable” (Venezuela no es apta para invertir).

Para las grandes petroleras de EE.UU., Venezuela es un país de alto riesgo. Exxon a su vez recordó que su país había sido expropiado “hasta dos veces” en el pasado ( En 1973 con la nacionalización de la industria petrolera en el gobierno de Carlos Andrés Pérez y 2007 con la antes mencionada nacionalización de la Faja del Orinoco), y por tanto la empresa no podía permitirse una “tercera vez”.  Una vez terminado el derecho de palabra de cada de una de las petroleras, se le ordenó a la prensa retirarse del salón para que a puertas cerradas la administración pudiese negociar los términos del proyecto.

Al otro día, las sensaciones que llegaban desde Washington no eran nada positivas. Trump no había logrado convencer a las grandes empresas de volver al país, e incluso las ya instaladas, como Chevron, hablaban de aumentar su propia producción, pero a partir de los beneficios obtenidos en Venezuela, no de dinero fresco traído del extranjero.

Tan solo un par de días después, la prensa develaba de que Trump había concedido dos licencias ad hoc para dos operadores de petróleo: Trafigura y Vitol. Ambas empresas serían las únicas autorizadas en poder comercializar el petróleo venezolano desde los terminales nacionales hasta las refinerías del Golfo o incluso de Europa. En principio pareció ser una medida de urgencia ante la necesidad de extraer hasta 50 millones de barriles almacenados en los tanques venezolanos y hasta en los buques de la estatal PDVSA producto de la cuarentena petrolera de diciembre que impidió la salida del crudo al mercado negro. Sin embargo, a las pocas semanas el Financial Times revelaba que el CEO de Vitol había realizado una “pequeña donación” de 5 millones de dólares al movimiento de Donald Trump por el “gesto” de la licencia. Desde entonces, lo que se creía sería un proceso transparente, en aras de beneficiar al país, comenzó a tonarse turbio.

Así las cosas, los operadores interinos comenzaron a mover piezas siguiendo las instrucciones del Departamento de Estado. Primero, el anuncio de PDVSA de que a partir de ahora trabajaría con Estados Unidos en la venta de esos 50 millones de barriles. Luego, el anuncio y la aprobación de una nueva Ley de Hidrocarburos que vino a talar de raíz uno de los hitos de Hugo Chávez, mostrando una bizarra imagen la votación a favor de la bancada oficialista de una ley que le ponía un clavo más al ataúd de su “líder supremo”. Sin embargo, la nueva ley tiene ya fecha de caducidad pues el nuevo régimen fiscal no deja ser opaco y excesivamente discrecional por lo que el Departamento de Estado ha estado presionando por mayores rebajas fiscales para terminar de convencer a más empresas, y así ha sido aceptado por los hermanos Rodríguez quienes preparan un paquete de reformas tributarias próximas a anunciar.

Para mediados de año, el panorama de inversiones petroleras lucía bastante claro. La administración Trump había trabajado con una batería de licencias para diversas empresas de la cadena que conforman el negocio petrolero. Licencias de producción, licencias de exportación, licencias de comercialización, licencias para la venta de insumos y repuestos para la PDVSA. Pero detrás de este esquema burocrático, dirigido desde la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), saltaba una cruda realidad: se habían sumado a la “nueva fiebre del oro negro” empresas pequeñas y medianas, muchas de las cuales son conocidas como wildcatters, empresas del sector con un alto apetito al riesgo, pero con inversiones bajas o moderadas.

Así como plantas que resurgen luego de un largo invierno, comenzaban a resucitar viejos nombres de aquellas empresas mixtas creadas en 2007 tras las expropiaciones: Petropiar, Petroquiriquere, Petrourdaneta, así como los nombres de los bloques en el Lago de Maracaibo y en la Faja del Orinoco. Incluso, un mapa con los campos petroleros venezolano llegó a circular en un programa de la cadena de Fox News.

Pero detrás de estos conocidos nombres, se escondía la verdad. En su totalidad, las empresas interesadas en invertir en Venezuela bajo el auspicio de la administración estadounidenses, en un esquema de licencias y con las leyes reformadas por los Rodríguez, solo buscaban invertir en mature fields (campos maduros). Para estas empresas, exponer un capital en un país de alto riesgo solo puede hacerse bajo tres condiciones: poco dinero invertido, alta rentabilidad y poco tiempo necesario para empezar a producir. Así, los campos maduros, abandonados por el chavismo entre la desinversión y corrupción, son las “joyas” apetecibles para estas empresas.

Desde entonces, como en un desfile, han circulado una cantidad de nombres de empresas petroleras interesadas en lograr un contrato en Venezuela. Una fuente en marzo narraba que en Houston los teléfonos de estas empresas “no paraban de llamar a Washington”. Pero en términos económicos, la expectativa de producción de estas empresas es muy baja. Se habla de contratos de apenas unos pocos miles de barriles al día en campos del estado Zulia y Monagas, que junto todo sumado puede elevar la producción, pero no a los niveles que el país requiere.

Por otro lado, las grandes empresas que suelen invertir en proyectos mil millonarios, a largo plazo y centradas en los green fields (campos verdes), siguieron manteniendo cautela y si bien en abril algunas decidieron enviar equipos para “evaluar el terreno y las condiciones”, lo cierto es que hasta la fecha Washington no está ni cerca de lograr su meta de 100.000 mil millones de dólares en inversiones que se pautó tras la captura de Nicolás Maduro.

El 2026 avanzaba y una catástrofe que no estaba en agenda en nadie sacude al país. El 24 de junio en el marco de la conmemoración de la Batalla de Carabobo y de las Fiestas de San Juan, la región central era sacudida por lo que hasta entonces se catalogaba como un “doblete sísmico”. Dos potentes terremotos causaban graves daños en Caracas y destruían el estado La Guaira dejando miles de fallecidos, heridos, desaparecidos y una cifra de daños materiales que no termina de cerrarse.

Lo que parecía ser un cambio de agenda tanto en Washington como en Caracas, no interrumpió la llegada al país, tan solo tres días después y en plena conmoción nacional, de otro viejo conocido personaje, Alejandro Betancourt,  socio fundador de Derwick Associates, una contratista  que se vio envuelta en una mega trama de corrupción durante el inicio de la crisis eléctrica en el país y que dio lugar a la creación del término “bolichico” en alusión a empresarios inescrupulosos que valiéndose de sus influencias habían obtenido, de forma poco transparente, millonarios contratos para la solución  de los problema de la red eléctrica, solución que nunca llegó.

Alejandro Betancourt ha figurado en numeras causas por lavado de activo, fraude fiscal, y demás delitos financieros en países como Suiza, España y sobre él pesa una investigación en Estados Unidos. Ha sido objeto de múltiples medidas cautelares, y pese a que Suiza ha dado por concluida su investigación, otros países mantienen abierto su expediente. Lo relevante en este momento es que no han sido solo los Rodríguez los que han propiciado su retorno a la palestra pública, sino el propio Departamento de Estado.

La investigación en EE. UU contra Betancourt hoy está congelada, y pese a los graves señalamientos en su contra, así como las pruebas del desfalco, hoy el Departamento de Estado “lo ve con otros ojos”. En medio de todo esto sale a relucir otro nombre: Mauricio Clever-Cavorone, sí, otro “viejo conocido”. Claver-Carone, un cubano-estadounidense del sur de Florida, diplomático con una trayectoria de oposición al gobierno comunista de La Habana y aliado desde hace mucho tiempo de Rubio, ocupó el cargo de subsecretario para asuntos del hemisferio occidental y luego la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo durante el primer mandato de Trump antes de ser destituido por mala conducta. Su nombre es recordado por esas reuniones con Harry Sargeant III, el zar del asfalto venezolano y que, en los momentos más tensos de la crisis política de 2019, fungió como intermediario entre Caracas y Washington. Claver-Carone regresaba a ocupar un cargo no oficial de consejero en la administración bajo el paraguas de Marco Rubio.

Así, recientemente se pudo conocer que detrás de Betancourt existen intereses poco legítimos en Washington. Según pudo comentar un diplomático venezolano a un importante diario español, Claver-Carone ve a Betancourt como “un activo de EE.UU” y que sus antecedentes “poco importan” mientras sirva a Washington. Pocos días antes de darse a conocer la noticia del vuelo que trasladaba a Betancourt desde Florida a Caracas, Claver-Carone renunció a su cargo de forma “voluntaria”, tras conocerse que el Senado estadounidense adelantaba una investigación sobre el destino de los fondos provenientes de la venta del petróleo venezolano a una cifra que se elevaba por encima de los 7.000 millones de dólares, sobre los cuales la población venezolana sigue esperando recibir.

Según la agencia Reuters, Claver-Carone ha sido una pieza clave para que la firma estadounidense Centerview Partners obtuviera un contrato —valorado en más de 150 millones de dólares y adjudicado sin proceso de licitación— destinado a reestructurar la deuda de Venezuela, que asciende a unos 200.000 millones de dólares. Asimismo, comenta la misma fuente, ayudó a organizar conversaciones entre el gobierno venezolano y líderes de la oposición previstas para el 1 de agosto e intervino en acuerdos petroleros, incluidos casos en los que se adjudicaron negocios potencialmente lucrativos a determinadas empresas, según señalaron ocho fuentes.

Si bien dentro del Partido Republicano, algunos partidarios de Claver-Carone lo presentaban como un hábil estratega capaz de impulsar la agenda del gobierno en medio del tutelaje a los Rodríguez, otros miembros del partido, aliados de Trump cuestionaban su idoneidad para llevar a cabo la impetuosa estrategia de las empresas estadounidenses de adquirir activos venezolanos, dado que era un agente privado, con un cargo no oficial, y que controlaba un fondo de capital privado.

Comenta también algunas agencias, que entre quienes se mostraron molestos por la influencia de Claver-Carone se encontraba Richard Grenell, exembajador y exenviado especial a Venezuela, partidario de Trump, quien habló con él sobre la influencia de Claver-Carone en negocios en Caracas a principios de julio, según varias fuentes familiarizadas con el asunto.

Mientras el futuro político del país se decide tras bastidores en el marco de un tutelaje que no se había visto desde la Guerra en Iraq, cuyo país hasta la fecha sigue sin poder recuperar el control de sus ingresos petroleros los cuales desde el 2003 son depositados en cuenta de la Reserva Federal de New York a discreción de Washington, es imperativo que la ciudadanía esté alerta de los operadores, mediadores y demás agentes que, queriendo pescar en río revuelto, se apoderen de contratos petroleros, gasíferos y mineros bajo nula transparencia, auspiciados por el interinato de los Rodríguez y amparados por una licencia de la OFAC, pero sin dar mayores detalles de la licitación, su alcance y monto, esto es, procedimientos tan poco transparentes como los denunciados en los últimos 27 años del régimen chavista.