El diario plural del Zulia

Hugo Sánchez | Venezuela a oscuras: cuando los apagones se convierten en la vida cotidiana

Hay algo profundamente preocupante en vivir en un país donde la electricidad dejó de ser un servicio que eventualmente puede fallar para convertirse en una incertidumbre que organiza la vida de millones de personas. En Maracaibo ya no se pregunta únicamente cuándo llegará la luz, sino cuánto tiempo permanecerá antes de volver a irse. La gente carga los teléfonos cuando aparece el servicio, llena los tanques de agua cuando puede, cocina cuando hay electricidad, intenta trabajar cuando las condiciones lo permiten y calcula hasta las horas de sueño en función del calor. Y cuando finalmente regresa la energía, lejos de existir tranquilidad, comienza otra cuenta regresiva: ¿cuánto durará esta vez? Esa pregunta, que en cualquier sociedad medianamente funcional sería absurda, se convirtió en parte de la rutina venezolana.

Lo que está ocurriendo nuevamente en el Zulia no puede ser presentado como una simple molestia, ni reducido a una estadística sobre megavatios, demanda o consumo. En los últimos días, habitantes de Maracaibo y San Francisco salieron a protestar, tocar cacerolas, cerrar vías y reclamar frente a instalaciones de Corpoelec por cortes que en algunos sectores llegan a seis, siete, doce y hasta 16 horas. El 24 y 25 de septiembre se registraron manifestaciones en distintos puntos de Maracaibo, mientras numerosos sectores denunciaban tandas consecutivas de apagones durante el día y la madrugada.

Aquí hay algo que no debería perderse de vista, estamos hablando de Maracaibo, una ciudad donde el calor no es un detalle del clima, sino una condición que puede determinar si una persona duerme, descansa o pasa la noche intentando soportar temperaturas insoportables dentro de una habitación cerrada. En agosto, comerciantes de la ciudad relataban que estaban reduciendo entre 20 % y 50 % sus inventarios de productos refrigerados para evitar pérdidas provocadas por los apagones, mientras algunos negocios gastaban dinero adicional en combustible para mantener funcionando sus plantas eléctricas. ¿Qué clase de normalidad es esa? ¿En qué momento aceptamos que tener una planta eléctrica, combustible y un sistema alternativo de generación dejó de ser una emergencia y comenzó a convertirse en un requisito para poder trabajar?

Yo crecí en Maracaibo y conozco esa ciudad de otra manera. Recuerdo una Venezuela que tampoco era perfecta, que también tenía problemas económicos, políticos y sociales, pero en la que la idea de un servicio público implicaba una responsabilidad concreta, planificar, mantener, reparar, invertir y responder. Recuerdo ENELVEN, sus equipos, sus trabajadores, sus operaciones de mantenimiento y aquella lógica elemental de intervenir antes de que una falla terminara convirtiéndose en una emergencia. No estoy diciendo que aquel sistema fuera perfecto ni que entonces no existieran problemas, digo algo mucho más sencillo; había una cultura técnica del mantenimiento y una expectativa ciudadana de que la electricidad debía funcionar.

Hoy esa expectativa parece haberse invertido. El ciudadano ya no parte de la idea de que tendrá electricidad; parte de la sospecha de que puede perderla en cualquier momento, lo más grave es que el problema dejó de ser excepcional hace mucho tiempo. Reuters reportó este 30 de septiembre que Venezuela opera con una fracción reducida de su capacidad de generación instalada y enfrenta un déficit superior a 1.500 megavatios, mientras expertos citados por la agencia estiman que la recuperación de la red requiere inversiones de gran magnitud. No estamos, por tanto, ante un inconveniente pasajero ni ante un transformador aislado que explotó una tarde. Estamos frente a un deterioro estructural que se expresa diariamente en millones de hogares.

Aquí comienza la parte incómoda de esta historia: la responsabilidad no puede desaparecer detrás de una nueva explicación cada vez que falla el sistema. Durante años hemos escuchado hablar de sequías, temperaturas, crecimiento de la demanda, falta de repuestos, problemas de transmisión, fallas en generación, sanciones, terremotos, mantenimiento, consumo excesivo y muchas otras razones, algunas de esas causas pueden ser reales y algunas decisiones externas pueden haber complicado el acceso a determinados equipos o recursos. Pero explicar una crisis no equivale a resolverla y con tanto años en el poder la misma gente, los afectados la  población tiene derecho a preguntar qué se hizo, cuánto se invirtió, qué se reparó, qué se recuperó, qué está operativo y por qué tantos equipos siguen fuera de servicio, la respuesta la tenemos la sabemos pero el descaro de quienes han gobernado lo que dicen que es culpa de las iguanas, de los sabotajes, del calor, del cima, de las altas temperaturas y otras absurdas respuestas cuando la realidad nos ice que es culpa de la no inversión, del no mantenimiento, del robo descarado porque dicen que invirtieron millones y millones en recuperación del sistema pero vuelvo y recalco, ya sabemos lo que ha pasado.

El contraste es todavía más duro cuando el mensaje que recibe la ciudadanía es que debe consumir menos. El 24 de septiembre, la interina/encargada Delcy Rodríguez pidió a los venezolanos colaborar con el ahorro energético y reducir el uso de equipos como los aires acondicionados, precisamente cuando millones de personas sufrían prolongados racionamientos y protestas por los apagones.

El uso responsable de la energía es razonable en cualquier país y nadie debería defender el derroche, pero una cosa es pedir eficiencia energética dentro de un sistema estable y otra muy distinta es pedirle al ciudadano que reduzca su consumo cuando ese mismo ciudadano lleva horas sin recibir el servicio y necesita para vivir, trabajar, estudiar, conservar alimentos o atender a un familiar.

Ese mensaje tiene una consecuencia que no puede ignorarse desplaza la conversación desde la capacidad del sistema hacia la conducta del usuario. No es lo mismo pedir solidaridad ante una emergencia puntual que convertir al ciudadano en parte de la explicación permanente de una crisis estructural. En Maracaibo, una persona que enciende el aire acondicionado no lo hace necesariamente por comodidad. Muchas veces lo hace porque afuera hay un calor extremo y dentro de la casa también. El problema no es que el ciudadano quiera consumir más electricidad; el problema es que el sistema no está garantizando la energía suficiente para una población que vive en condiciones climáticas particularmente exigentes.

Aparece la pregunta que nadie debería esquivar ¿cuánto tiempo más se puede administrar esta realidad a punta de anuncios? El 30 de septiembre el ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, anunció un plan para incorporar 1.300 megavatios durante el último trimestre de 2026, incluidos 500 megavatios destinados al Zulia. El anuncio también contempla nuevas unidades de generación y trabajos de transmisión. ojalá se cumpla, ojalá las máquinas entren en funcionamiento, se reparen las plantas y la electricidad deje de ser una lotería. Pero después de tantos años de anuncios, la medida de cualquier promesa ya no puede ser el discurso del funcionario que la pronuncia, tiene que ser el resultado que el ciudadano pueda comprobar en su casa.

Lo venezolanos (as) estamos HARTOS cansados de anuncios, el pueblo está cansado de escuchar que ahora sí se va a recuperar una planta, que ahora sí llegarán los repuestos, que ahora sí se estabilizará el sistema, que ahora sí se incorporarán megavatios. La población no necesita otro comunicado diciendo que se está trabajando; necesita comprobar que la nevera vuelve a mantenerse encendida, que el comercio puede trabajar, que el hospital puede operar sin sobresaltos, que un estudiante puede conectarse a internet, que una familia puede dormir y que una ciudad entera puede volver a organizar su vida sin depender de un cronograma de racionamiento, ah cronograma por cierto que no aparece, porque hasta eso, ni siquiera le dicen o comunican a la población al menos la hora y los idas que les será suspendido el servicio hasta dónde llega la irresponsabilidad.

Hay episodios recientes que hacen todavía más difícil aceptar las explicaciones oficiales. En San Jacinto, al norte de Maracaibo, vecinos permanecieron más de 48 horas sin electricidad después de una falla en un cable de alta tensión. Según el reporte publicado medios periodísticos, Corpoelec acudió varias veces, pero no pudo reparar la avería porque no contaba con los materiales necesarios para completar el trabajo. Ese dato debería estremecer a cualquiera que tenga alguna responsabilidad sobre el servicio público.

No estamos hablando de una tecnología desconocida ni de una infraestructura imposible de reparar, hablamos, según el reporte, de 15 metros de cable y cinco piezas necesarias para ejecutar la reparación. Cuando una ciudad puede pasar más de dos días a oscuras por falta de materiales básicos, la discusión deja de ser únicamente sobre el clima o sobre el consumo, es también una discusión sobre planificación, inventarios, mantenimiento, logística y capacidad operativa.

Y mientras ocurre todo esto, Maracaibo prepara nuevamente su tradicional Encendido de Bella Vista. El alcalde confirmó la celebración y dijo que se tomarán consideraciones especiales en materia de ahorro energético, en medio de racionamientos que alcanzan las 10 horas diarias y que han provocado protestas en distintas regiones.

No se trata de cuestionar una tradición de la ciudad ni de negar el derecho de los marabinos a celebrar; se trata de reconocer la contradicción que puede producir en una población que vive entre apagones ver una gran instalación de luces mientras todavía hay comunidades intentando conseguir algo mucho más básica luz, electricidad en sus hogares. El problema no son las luces de una avenida; el problema es que las luces de una avenida no pueden convertirse en el símbolo de una ciudad que permanece a oscuras cuando termina el espectáculo.

Yo me niego a aceptar que esto sea normal. No puede ser normal que una madre tenga que explicar a sus hijos que no pueden dormir porque no hay ventilador, no puede ser normal que un adulto mayor pase horas sin electricidad mientras depende de equipos eléctricos, no puede ser normal que un comerciante tenga que reducir sus inventarios porque no sabe cuándo volverá la luz, no puede ser normal que una familia tenga que comprar una planta eléctrica para garantizar un servicio que debería recibir de una red pública. Tampoco, DIOS mío, Virgen de Chiquinquirá puede ser normal que millones de venezolanos organicen su vida alrededor de los apagones.

La crisis eléctrica tampoco puede convertirse en una competencia de culpas donde cada administración señala a la anterior y cada nuevo funcionario asegura que recibió una situación peor de la que esperaba, porque en este caso todos pertenecen a la misma desgracia de gobierno que por 27 años han estado en el poder destruyendo todo lo que tocan. Ese mecanismo puede servir para explicar una transición política o administrativa, pero no sirve para iluminar una casa. La historia de deterioro del sistema eléctrico venezolano es larga y tiene responsabilidades acumuladas, decisiones tomadas durante diferentes etapas y múltiples factores económicos, técnicos e institucionales. Precisamente por eso la exigencia debe ser mayor transparencia sobre lo recibido, transparencia sobre lo invertido y resultados verificables sobre lo recuperado.

Hoy la discusión ya no debería reducirse a quién tiene una explicación más convincente. La discusión debería concentrarse en qué está funcionando y qué no. ¿Cuántas unidades de generación están realmente disponibles? ¿Cuál es la capacidad efectiva de transmisión? ¿Cuánto se ha invertido en mantenimiento? ¿Qué equipos permanecen fuera de servicio? ¿Qué obras están en ejecución? ¿Cuánto dinero se ha destinado? ¿Qué empresas participan? ¿Cuáles son los plazos reales? ¿Qué mecanismos de seguimiento existen? Son preguntas básicas para cualquier servicio público y, después de años de crisis, la sociedad venezolana tiene pleno derecho a exigir respuestas concretas.

Porque el ciudadano también se cansó de vivir en una permanente situación de emergencia. Se cansó de comprar velas, baterías, inversores, plantas y combustible, esta cansado de desconectar equipos por miedo a las fluctuaciones de voltaje, está cansado de perder comida, mercancía, jornadas de trabajo, clases, horas de descanso y oportunidades económicas y se, sobre todo, se cansó de escuchar que debe tener paciencia, no señor, la paciencia se acabó, mucho hemos aguantado, demasiado hemos tenido que sufrir, con las promesas de la revolución del siglo 21.

Venezuela necesita recuperar su sistema eléctrico, pero también necesita recuperar algo más profundo la cultura de la responsabilidad pública.

La oscuridad de Venezuela no se mide solamente en horas sin electricidad. También se mide en las horas que la gente pierde intentando sobrevivir a un sistema que funciona de manera intermitente. Se mide en los negocios que dejan de invertir, en los estudiantes que pierden oportunidades, en las familias que se desgastan, en los enfermos que quedan expuestos y en una población que poco a poco empieza a considerar normal aquello que nunca debería haberse normalizado. Esa es quizás la parte más peligrosa de esta crisis que la sociedad se acostumbre a ella.

Yo crecí en una Venezuela que tenía problemas, sí, pero donde todavía parecía evidente que los servicios públicos tenían que responder. Hoy, como periodista venezolano y como marabino, ¿me cuesta aceptar que la pregunta central de una familia sea cuándo volverá la luz? Me cuesta aceptar que las protestas se multipliquen y que la respuesta oficial vuelva a ser un nuevo llamado al ahorro, un nuevo anuncio de megavatios o una nueva promesa de recuperación. El país necesita escuchar menos promesas y ver más resultados.

Venezuela no puede seguir viviendo con apagones, explicaciones técnicas y promesas de recuperación, necesita un sistema eléctrico que funcione, instituciones capaces de responder y autoridades que puedan explicar públicamente qué hicieron, qué no hicieron y qué van a hacer para corregirlo. Eso no es una exigencia extraordinaria, es lo mínimo que una sociedad puede esperar de quienes administran un servicio esencial.

La electricidad no es un lujo, no es un premio y no es un favor que el Estado concede, es una condición básica para vivir, trabajar, estudiar, producir, atender a los enfermos y sostener una economía. Cuando un país llega al punto en que millones de personas tienen que preguntarse cada noche cuánto tiempo permanecerán con luz, el problema ya no es solamente energético. es institucional, económico y humano.

Venezuela no necesita que le expliquen nuevamente que está haciendo calor, que le fenómeno del niño, la niña u otros nombres que le puedan colocar porque si no en Dubai o en los países donde hace calor no ocurren estos apagones eternos.

Este es uno de los temas de los problemas que tiene Venezuela en la actualidad, señores de la robolucion bonita, la de los ojitos de Chávez, la de Maduro, y ahora de la del interinato vean otro de los fracasos que tienen, eso sí lo pueden demostrar, aunque traten de ocultarlo o queriendo ocultar mintiendo, señores FRACASARON, y quieren justificar con cualquier declaración balurda lo que ocurre en el país.

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