Imdat Oner | ¿De qué trata realmente el acercamiento de Venezuela con Israel?
Israel y Venezuela anunciaron que restablecerán las relaciones consulares y establecerán un canal de coordinación oficial, 17 años después de que Hugo Chávez expulsara al embajador de Israel durante la guerra de Gaza. El ministro de Relaciones Exteriores, Félix Plasencia, y su contraparte israelí, Gideon Sa’ar, presentaron el acuerdo como un resultado de la misión de ayuda humanitaria de Israel tras los terremotos del 24 de junio, que acabaron con la vida de más de 6.000 venezolanos.
Pero el acuerdo va mucho más allá de los asuntos consulares, o incluso de Israel. Para la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien asumió el poder después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en enero, la política exterior se ha convertido en un instrumento de supervivencia del régimen. Su gobierno ha buscado una serie de concesiones que reducen el aislamiento de Venezuela sin exigir una liberalización política significativa. La estrategia es sencilla: volverse más útil para Washington sin volverse más rinde-cuentas en el plano interno.
El acercamiento a Israel es uno de los ejemplos más claros de ese enfoque. Israel sirve como prueba de fuego para el realineamiento más amplio de Venezuela. Un gesto hacia Jerusalén le cuesta poco a Rodríguez a nivel interno, pero tiene un valor simbólico considerable en Washington, donde romper con Teherán y sus aliados puede señalar un cambio estratégico mayor. Es una forma más rápida y económica de demostrar que Caracas está dejando atrás la arquitectura de política exterior de los años de Chávez y Maduro.
Queda muy poca base política en Venezuela capaz de convertir esta medida en un obstáculo interno grave. La base del chavismo está demasiado mermada como para movilizarse por el restablecimiento de los lazos consulares, mientras que las críticas más contundentes han venido de radicales ideológicos que se opusieron cuando Rodríguez dio la bienvenida a los rescatistas israelíes tras el terremoto. Irán, por su parte, no está en posición de imponer costos significativos a Caracas por distanciarse. Y el acuerdo en sí es deliberadamente limitado: sin embajada, sin embajador, sin misión diplomática permanente, al menos por ahora.
El patrón más amplio ya es visible. Desde enero, su gobierno ha restablecido relaciones con Chile, Perú y la República Dominicana, todos los cuales rompieron con Caracas tras las disputadas elecciones de 2024. Retiró a Venezuela de la Corte Penal Internacional y reescribió las normas petroleras y mineras para atraer a empresas estadounidenses.
En abril, el Fondo Monetario Internacional reanudó su interacción tras siete años, seguido a las pocas horas por el Banco Mundial. Luego, el Departamento del Tesoro de EE. UU. retiró a Rodríguez de su lista de sancionados. En conjunto, estos movimientos apuntan a una política exterior construida menos en torno a la ideología que a una normalización transaccional.
La segunda lógica es el desmantelamiento de la antigua mentalidad de política exterior. Durante más de una década, el chavismo confinó a Venezuela a un estrecho círculo de socios estratégicos —China, Rusia, Irán y Cuba— mientras trataba a Washington, a los gobiernos occidentales, a las instituciones multilaterales y a gran parte de América Latina como adversarios. La ruptura con Israel formaba parte de esa arquitectura. No era simplemente una decisión diplomática; era un distintivo de identidad revolucionaria.
Maduro reforzó esa postura aun cuando se volvió cada vez más costosa. En 2024, su gobierno respaldó la demanda por genocidio presentada por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia. Se suponía que la política exterior de Venezuela debía reflejar la cosmovisión ideológica de la revolución bolivariana. Rodríguez parece cada vez menos dispuesta a pagar ese precio.
En lugar de defender el mapa del mundo de Maduro, lo está rediseñando. Gobiernos que antes eran definidos como enemigos se están convirtiendo en posibles socios, y los compromisos ideológicos se están revaluando en función de lo que puedan aportar. Parte de este cambio tiene un significado estratégico real. Las redes vinculadas a Irán y Hezbolá que operan desde territorio venezolano han preocupado durante mucho tiempo a los responsables de las políticas en EE. UU., y cualquier reducción significativa de esos lazos importaría más allá de las fronteras de Venezuela.
El propio Sa’ar situó el nuevo acuerdo con Venezuela junto al reciente reconocimiento por parte de Colombia de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán como prueba de un realineamiento regional más amplio. Queda por ver si ese realineamiento resulta duradero. Pero Caracas claramente está poniendo a prueba qué tanto puede avanzar sin pagar un costo político interno significativo.
La tercera lógica es interna y está conectada de forma más directa con la oposición venezolana. La posición pro-Israel de María Corina Machado ha sido durante mucho tiempo una de sus cartas de presentación en política exterior. En 2020, su partido, Vente Venezuela, firmó un acuerdo formal de cooperación con el Likud de Benjamín Netanyahu. Ella habló por teléfono con Netanyahu en octubre pasado, días después de recibir el Premio Nobel de la Paz, y respaldó la campaña de Israel contra Irán. En enero, se comprometió a restablecer las relaciones diplomáticas con Israel y trasladar la embajada de Venezuela a Jerusalén, afirmando que Venezuela se convertiría en el aliado más cercano de Israel en América Latina.
Esa posición también le otorgó a Machado una credencial útil en Washington, donde el apoyo a Israel tiene un peso político considerable. Rodríguez le ha arrebatado ahora ese tema. Al abrir su propio canal con Jerusalén, Rodríguez se asegura de que la oposición ya no pueda reclamar la propiedad exclusiva de la agenda pro-Israel de Venezuela. La medida reduce una de las ventajas de Machado en Washington, al tiempo que le permite a Rodríguez presentarse como la actora más pragmática.
CUANDO EL REALISMO MÁGICO SE CONVIERTE EN POLÍTICA DE GOBIERNO
Lo que se está poniendo a prueba en Caracas es si un gobierno autoritario puede volverse más útil para Washington sin volverse más rinde-cuentas ante sus propios ciudadanos. Hasta ahora, Rodríguez parece estar probando la propuesta con éxito.
Para Washington, esa distinción es también una advertencia. Las etapas restantes de la normalización —desde la ampliación de licencias petroleras hasta relaciones diplomáticas plenas— representan algunas de las pocas fuentes de presión que aún le quedan. Si el objetivo no es simplemente hacer que Venezuela sea más útil, sino lograr que su gobierno rinda cuentas, no se pueden ceder todas esas concesiones de golpe.
*Artículo original del Washington Examiner