Daniel garcia Arellano | Desmantelar el privilegio para rescatar la república

Venezuela atraviesa una encrucijada sin precedentes, donde la crisis estructural ha alcanzado una dimensión inédita y espantosa. Más allá de las dinámicas electorales tradicionales, el país transita por un terreno minado por el marasmo institucional y la manipulación sistemática. La sociedad se debate hoy entre el deseo vehemente de un cambio genuino y la trampa de un diseño político hecho a la medida del régimen y sus colaboradores, quienes han logrado imponer un guion que busca la perpetuación de sus privilegios.

Nos encontramos inmersos en una arquitectura donde la inconstitucionalidad y la arbitrariedad coexisten como la norma habitual. Las modificaciones a conveniencia de las reglas del juego y la perversión del sistema electoral han construido una estructura diseñada para garantizar la continuidad del poder a cualquier costo.

La coexistencia de docenas de partidos inorgánicos, judicializados o alineados con el gobierno crea una pluralidad ficticia y fraudulenta. Mientras se congela el registro de cientos de iniciativas independientes y genuinas a lo largo y ancho del país, las cúpulas inflan un mapa político artificial con la única intención de distraer, dividir y legitimar las acciones que les benefician en este momento.

Nada de lo que acontece en el tablero político actual es fortuito. Todo responde a una hoja de ruta ejecutada por actores promovidos y permitidos por quienes tutelan el poder real. Ante este escenario, la falta de canales públicos y claros de interlocución deja a la ciudadanía a la deriva, sumergida en una peligrosa incertidumbre.

La coyuntura exige señalar con rigurosidad el papel que ha jugado una clase política tradicional. Aferrada a prácticas y a un historial de componendas y desaciertos, un sector de la dirigencia ha intentado monopolizar la interlocución, pretendiendo arrastrar al país a un terreno infértil de pugnas estériles que solo benefician al centralismo

En un proceso caracterizado por la apertura constante de nuevos escenarios, es inaceptable que se pretenda imponer una hegemonía que aspire a controlar y decidir todo a espaldas de la nación. Los fracasos acumulados por esta cúpula son abrumadoramente superiores a sus tímidos y casi inexistentes aciertos, por lo que la dinámica no puede permanecer secuestrada en un callejón oscuro.

Cada acuerdo o ruta planteada independientemente de sus actores debe ser de cara al país, ejecutándose de manera pública para que la ciudadanía conozca en tiempo real cada uno de los resultados convenidos.

El propósito de esta lectura crítica no es alimentar la confrontación ni descalificar por el mero hecho de atacar. El objetivo fundamental es equilibrar la participación, frenar el sesgo centralista y evitar que se siga ultrajando la voluntad soberana del pueblo venezolano. La sociedad venezolana debe ser respetada, valorada y resarcida, convirtiéndose en la verdadera protagonista y articuladora de las soluciones que el país demanda con urgencia.

Garantizar un cambio duradero no será tarea fácil y requiere una profunda reconstrucción del Estado. Esto implica el desmantelamiento progresivo pero firme de todo el entramado legal e institucional construido bajo el modelo socialista, el cual ha vulnerado las libertades individuales y sofocado el Estado de derecho.

En su lugar, se debe erigir un marco normativo e institucional que otorgue garantías plenas a los derechos ciudadanos, asegure un árbitro electoral imparcial y ponga fin a la arbitrariedad del centralismo.

La salida exitosa de este laberinto no vendrá de negociaciones a puerta cerrada ni de la perpetuación de un sistema manipulado, sino de la restitución de la soberanía popular y de un compromiso irrestricto con la verdad, la justicia y las libertades democráticas.

Quienes tienen ya responsabilidades frente a la transición deben tomar como premisa el escuchar y acatar la voz del pueblo, seguido de la dignificación urgente de la familia venezolana como prioridad impostergable.

Nuestra nación requiere de un nuevo pacto social que tendrá su origen en la transición por lo que el trabajo y las tareas por ejecutar deben ser ejemplarizantes, moralizantes bajo el esquema de la integración y participación ciudadana.