Ángel Montiel | La verdad bajo asedio
Este 27 de junio, el Día del Periodista no marca una jornada de celebración, sino una resistencia extrema. La fecha exige una revisión urgente del papel del comunicador en un país donde la libertad de expresión camina sobre el filo de una navaja.
Las últimas décadas han transformado diversos medios en un territorio marcado por la censura, el bloqueo digital y el riesgo personal. Informar, en este contexto, constituye un acto de valentía. No se trata solo de transmitir datos, sino de preservar e interpretar la memoria histórica de una nación que el poder intenta reescribir a su conveniencia.
El mapa mediático sufrió una transformación radical. El Estado cerró emisoras de radio, asfixió económicamente a la prensa escrita y compró canales de televisión para imponer su narrativa hegemónica. Ante el despojo sistemático de espacios críticos, los periodistas fundaron portales digitales. Estas plataformas operan hoy como trincheras informativas frente al cerco oficial. No obstante, el bloqueo arbitrario de más de 200 portales por parte de proveedores de internet y organismos como Conatel buscan silenciar cualquier dato que escape al control gubernamental. Es una batalla desigual donde la tecnología se utiliza, irónicamente, como un muro de contención contra el conocimiento.
Las autoridades emplean un entramado legal diseñado para castigar la prensa libre. Instrumentos como la vigente y nefasta Ley del Odio funcionan como herramientas de judialización que criminalizan la investigación periodística y la denuncia ciudadana. Este marco jurídico, lejos de proteger la convivencia, se emplea para asfixiar el disenso. El Colegio Nacional de Periodistas documenta a diario ataques que incluyen detenciones arbitrarias, impedimentos de acceso a fuentes públicas y campañas estatales de estigmatización.
Aun que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) reporta que actualmente no hay periodistas en las cárceles venezolanas tras un proceso de excarcelaciones, la libertad plena es aún una quimera. La mayoría de los comunicadores liberados permanecen sujetos a severas medidas cautelares, como regímenes de presentación, prohibición de salida del país y juicios abiertos por presuntos delitos de “incitación al odio” o “terrorismo” lo que mantiene al gremio bajo un estado de vulnerabilidad constante.
La realidad desmiente cualquier narrativa oficial. El SNTP advierte que los ataques contra los comunicadores no cesan, por el contrario, escalan en frecuencia y sevicia. Estas agresiones confirman que el costo de buscar la verdad sigue siendo peligroso. Es preciso recordar una realidad esencial, el periodismo, si no es contrapoder, no es periodismo. Cuando un comunicador renuncia a cuestionar, se convierte en un simple transmisor de consignas y de propaganda. Por ello, el SNTP levanta la voz como un recordatorio. Cada agresión contra un periodista es, en última instancia, un atentado directo contra la libertad de toda la sociedad.
Es imperativo no caer en la trampa de apariencias. Aunque el sistema ensaye ocasionalmente gestos de apertura para mitigar las presiones internacionales, la estructura represiva permanece intacta e inalterable. Confundir estos espejismos con una flexibilización real es un peligroso error. El riesgo no ha disminuido, solo ha mutado para ser más sutil y, por tanto, más insidioso.
El derecho de informar sigue bajo asedio constante. Para el comunicador, cualquier resquicio de libertad es apenas una tregua precaria, pues la amenaza de la judialización, el acoso y el silencio forzado continúa gravitando sobre cada palabra publicada. No hay apertura real mientras el ejercicio de la verdad sea un delito bajo las sombras del poder.
Este escenario impone una cruda realidad, la censura y la autocensura. El ejercicio del periodismo se mueve hacia la clandestinidad, obligando a los reporteros a operar bajo condiciones de vulnerabilidad extrema.
La libertad de expresión no es una concesión del poder, es un derecho que se arrebata cuando el silencio se impone por la fuerza. Permitir que el miedo dicte la pauta es aceptar que la sociedad deja de existir como un ente crítico. Quien calla al periodista, no solo ataca un oficio, decapita la capacidad del ciudadano de entender su propia tragedia. En Venezuela, la libertad de expresión enfrenta a un sistema que teme a la luz porque su naturaleza es la penumbra. El periodista no pide permiso para informar, arrebata la verdad al poder y la devuelve a sus verdaderos dueños, los ciudadanos.
El periodismo venezolano sigue vivo, aunque opera en un estado de vulnerabilidad permanente. Organismos internacionales sitúan al país en los niveles más bajos de libertad de expresión. Resistimos porque, en la oscuridad, la palabra es la única resistencia posible. Y mientras existan voces dispuestas a cuestionar, la verdad, aunque esté bajo asedio, seguirá encontrando la forma de ser escuchada.
@angelmontielp