Alfonso Hernández Ortiz | Venezuela: la paradoja de una transición sin transformación

No me sorprende que Washington negocie con quienes todavía controlan buena parte del poder en Venezuela. Las transiciones políticas suelen obligar a sentarse con adversarios y a pactar con actores que ayer parecían inaceptables. Lo que sí me llama la atención es la rapidez con la que Jorge Rodríguez ha pasado de estar sancionado por Estados Unidos a convertirse en un interlocutor reconocido, siguiendo el camino que antes recorrió su hermana Delcy. Ambos ocuparon responsabilidades centrales durante el gobierno de Nicolás Maduro. En mi opinión, los venezolanos merecemos saber qué cambió realmente, si cambiaron sus actuaciones, si ofrecieron compromisos verificables o si Washington modificó sus prioridades. Una negociación puede ser necesaria, pero no debería bastar para borrar las preguntas sobre el ejercicio del poder durante tantos años.

La información publicada por ABC en febrero sobre las exigencias de cooperación de Washington contra Nicolás Maduro Guerra y otros antiguos integrantes del poder chavista adquiere ahora otro significado. En octubre, el traslado a Estados Unidos de Álvaro Pulido, socio de Alex Saab y acusado por la justicia estadounidense en causas relacionadas con corrupción y lavado de dinero, confirmó que la cooperación judicial entre Caracas y Washington tiene consecuencias concretas. Según informaciones periodísticas, los hermanos Rodríguez han participado en ese acercamiento. No afirmo que exista un pacto secreto de inmunidad, porque no se han presentado pruebas públicas de tal acuerdo. Pero considero razonable examinar si entregar información o facilitar procesos contra antiguos aliados puede proporcionar a otros dirigentes beneficios políticos, reconocimiento y posibilidades de permanencia. La pregunta no es si Washington puede negociar, sino qué compromisos se han asumido y quién conoce sus condiciones.

Conviene recordar algo que a veces se pierde entre titulares y declaraciones oficiales. Las transiciones no son necesariamente rupturas. Guillermo O'Donnell y Philippe Schmitter estudiaron precisamente las negociaciones entre quienes conservan recursos de poder y quienes aspiran a abrir el sistema político. En Venezuela, el riesgo es que una parte de la dirigencia anterior termine administrando el cambio en nombre de una democratización todavía pendiente. Que unos funcionarios cooperen contra otros no demuestra, por sí solo, una conversión democrática. También puede responder a disputas internas, cálculos de supervivencia o nuevas alianzas. El punto decisivo no es quién se sienta hoy a negociar, sino qué instituciones quedarán cuando termine la negociación y quién tendrá capacidad para controlar a quienes gobiernen.

Washington tiene intereses concretos en Venezuela, energía, seguridad, estabilidad regional y capacidad de interlocución. Sería ingenuo desconocerlo. Pero hay un antecedente que no puede borrarse. En septiembre de 2018, durante la primera presidencia de Donald Trump, el Departamento del Tesoro sancionó a Delcy y Jorge Rodríguez. La explicación oficial fue explícita, Nicolás Maduro les había otorgado altos cargos para ayudarlo a conservar el poder y consolidar su gobierno autoritario. Delcy había presidido la Asamblea Nacional Constituyente y asumido la Vicepresidencia Ejecutiva, mientras Jorge ocupaba el Ministerio de Comunicación e Información. Ocho años después, bajo una nueva administración del mismo presidente estadounidense, Delcy fue retirada de la lista en abril y Jorge el 14 de octubre. No es una contradicción menor. ¿Qué cambió para Washington, las conductas que motivaron aquellas sanciones o la utilidad de estos dirigentes en la nueva relación bilateral? En mi opinión, la respuesta importa porque la Realpolitik explica los intereses, pero no resuelve por sí sola el problema de la legitimidad.

En el terreno jurídico conviene evitar dos errores. Las sanciones de 2018 fueron medidas administrativas vinculadas a la actuación de los hermanos Rodríguez dentro del círculo de Maduro, no sentencias que demostraran delitos individuales. Del mismo modo, su levantamiento no los absuelve de posibles responsabilidades penales, ni borra las responsabilidades políticas que corresponde examinar por las funciones que ejercieron. Washington había explicado que las sanciones podían levantarse ante cambios concretos de conducta y avances democráticos, de modo que hoy sería pertinente conocer qué criterios verificables aplicó. De allí surge una cuestión incómoda, ¿hay sancionados aceptables cuando cooperan y sancionados inaceptables cuando dejan de ser útiles? La cooperación con la justicia puede contribuir a esclarecer hechos, pero no debería convertirse en una garantía de impunidad. Si Delcy, Jorge y otros dirigentes del chavismo participan en la política futura, deben hacerlo bajo reglas democráticas, con debido proceso, transparencia y responsabilidades individuales determinadas por instituciones independientes, no mediante absoluciones o condenas dictadas desde una negociación diplomática.

Mientras todo esto ocurre, hay otra realidad que no cabe en las fotografías de las reuniones diplomáticas. Trabajadores, pensionados, jubilados y organizaciones ciudadanas siguen reclamando ingresos, servicios públicos, derechos y libertades. Las protestas sociales recuerdan que la crisis no terminó con la salida de Maduro y que una economía más abierta no garantiza, por sí sola, una sociedad más justa ni un Estado más democrático. En mi opinión, allí se encuentra una de las pruebas más exigentes de esta transición. Los acuerdos pueden facilitar inversiones y recuperar actividades productivas, pero si no se traducen en instituciones que respondan a la gente, la distancia entre gobernantes y ciudadanos seguirá siendo la misma. La sociedad venezolana no puede aparecer únicamente como beneficiaria eventual de decisiones tomadas por otros.

Tampoco descarto que el chavismo intente reorganizarse para sobrevivir políticamente a la desaparición de su liderazgo anterior. Eso no sería, por sí mismo, incompatible con una democracia. Los partidos y dirigentes provenientes de experiencias autoritarias pueden competir en sistemas abiertos, siempre que acepten reglas, controles y alternancia. El problema comienza cuando la selección de los actores habilitados para el futuro parece depender de negociaciones opacas o de su utilidad para intereses externos. Una transición que aspire a durar necesita justicia independiente, garantías electorales, acceso a la información y una ciudadanía con voz propia. Sin esos elementos, podríamos presenciar una renovación de nombres y alianzas, pero no una modificación sustantiva de la forma de ejercer el poder.

No me preocupa que existan conversaciones difíciles ni que se busquen salidas negociadas. Me preocupa que, en nombre de la estabilidad, terminemos aceptando que la verdad se administre selectivamente, que las responsabilidades se intercambien por cooperación y que la democracia quede para una etapa siempre posterior. Washington debe rendir cuentas sobre sus decisiones ante sus propias instituciones, pero el futuro político de Venezuela no puede quedar definido únicamente por lo que Washington considere conveniente. Los dirigentes venezolanos, incluidos quienes hoy se presentan como socios de la transición, tendrán que responder ante instituciones legítimas y ante los ciudadanos. La historia dirá si estos acuerdos ayudaron a desmontar un sistema de concentración del poder o si apenas encontraron una forma distinta de conservarlo. Porque negociar una transición no es lo mismo que transformar un país.

* Politólogo- Abogado- Doctor en Derecho y Ciencias Sociales