Alfonso Hernández Ortiz | ¿Estado 51 o República tutelada? La verdad incómoda detrás de Trump, el chavismo y la oposición venezolana
“Una nación comienza a perderse cuando deja de decidir sobre sí misma y termina acostumbrándose a que otros lo hagan en su lugar.”
Donald Trump volvió a hacerlo. Y esta vez ni siquiera necesitó demasiadas palabras.
Publicó una imagen de Venezuela cubierta completamente con la bandera de Estados Unidos mientras el resto de Sudamérica aparecía en gris. No agregó mayor explicación. Apenas el concepto implícito del “estado 51”. Horas antes había declarado en Fox News que estaba “considerando seriamente” la posibilidad de iniciar un proceso para convertir a Venezuela en el estado número cincuenta y uno de Estados Unidos. Incluso habló de petróleo, de reservas energéticas y afirmó con su habitual tono provocador que “Venezuela ama a Trump”.
Como era previsible, las reacciones fueron inmediatas. El chavismo respondió con indignación patriótica, la oposición guardó un silencio incómodo y los analistas comenzaron a discutir si se trataba de una broma, una provocación o una estrategia comunicacional.
Sin embargo, creo que el verdadero problema no es Trump.
El verdadero problema es que Venezuela llegó al punto histórico donde una declaración así deja de sonar completamente imposible.
Y ese dato, por sí solo, debería estremecer a toda la dirigencia venezolana.
Porque las grandes tragedias nacionales no comienzan cuando una potencia extranjera amenaza con intervenir. Generalmente empiezan mucho antes, cuando el propio Estado pierde lentamente la capacidad de gobernar, proteger y decidir sobre sí mismo. Primero se degrada la institucionalidad, luego se vacía el voto, después el poder deja de responder a los ciudadanos y finalmente otros actores comienzan a ocupar el espacio que el Estado ya no puede controlar.
Eso fue exactamente lo que ocurrió en Venezuela.
Muchos siguen analizando a Trump como un político impulsivo que habla sin calcular consecuencias. Yo creo que ese análisis es profundamente equivocado. Trump entiende perfectamente la lógica del poder y su visión sobre América Latina responde a una reinterpretación contemporánea de la Doctrina Monroe: América como espacio natural de influencia estadounidense y territorio donde Washington no está dispuesto a tolerar poderes rivales con capacidad de penetración estructural.
Y allí Venezuela ocupa un lugar central.
No solamente por el petróleo, aunque el petróleo sigue siendo decisivo. Venezuela representa además una pieza estratégica frente a la creciente influencia china, rusa e iraní en el continente. Durante años, el chavismo abrió espacios para financiamiento chino, cooperación militar rusa, alianzas con Irán y soporte político cubano. Lo que Washington observa no es simplemente una dictadura latinoamericana; observa una plataforma de influencia multipolar instalada sobre uno de los territorios energéticos más importantes del hemisferio occidental.
Por eso Trump habla como habla.
Y aquí quiero desmontar una afirmación repetida mecánicamente por muchos analistas: convertir a Venezuela en algún tipo de asociación estructural o incluso estado federado de Estados Unidos no es jurídicamente imposible. Sería enormemente complejo, políticamente traumático y requeriría transformaciones constitucionales tanto en Estados Unidos como en Venezuela, además de procesos legislativos y probablemente mecanismos plebiscitarios. Pero imposible no es.
De hecho, Hans Kelsen sostenía que la soberanía estatal no es un fenómeno eterno ni metafísico, sino una construcción jurídica y política dependiente de relaciones reales de poder. Los Estados cambian, se integran, se subordinan o incluso desaparecen cuando las correlaciones políticas e históricas lo permiten.
Y precisamente allí aparece lo más grave: el simple hecho de que hoy pueda discutirse públicamente la idea de Venezuela como “estado 51” ya revela el nivel de deterioro político e institucional al que llegó el país.
Durante más de dos décadas, Venezuela quedó atrapada en una narrativa agotadora: revolución versus democracia, chavismo versus oposición, patria versus imperialismo. Mientras ambos polos consumían al país en una confrontación permanente, ocurrió algo mucho más profundo y peligroso: la erosión progresiva de la soberanía efectiva del Estado venezolano.
Y aquí debemos hacer una precisión fundamental.
La soberanía no es una bandera gigantesca detrás de Delcy Rodríguez. Tampoco una cadena presidencial con referencias a Bolívar mientras el país depende de licencias emitidas desde Washington para sostener parte de su actividad petrolera. Mucho menos una consigna patriótica repetida por funcionarios cuyos hijos viven fuera del país mientras millones de venezolanos sobreviven gracias a remesas.
Desde las ciencias jurídicas, la soberanía implica autoridad suprema e independencia estatal. Desde la ciencia política, implica capacidad efectiva de decisión. Carl Schmitt lo resumía crudamente: “soberano es quien decide en última instancia”.
Y allí aparece la gran tragedia venezolana: hoy las decisiones fundamentales del país parecen dispersas entre Washington, los intereses petroleros internacionales, sectores militares, actores financieros externos y una estructura política nacional profundamente dependiente. La respuesta incómoda es que Venezuela dejó de decidir plenamente sobre sí misma hace tiempo.
Y eso tiene responsables claros.
El chavismo destruyó progresivamente los contrapesos institucionales, vació el voto de contenido, instrumentalizó el sistema judicial, militarizó el poder y convirtió el Estado en una maquinaria de control político y corrupción. Pero además destruyó la capacidad técnica y operativa de PDVSA en nombre de una supuesta soberanía petrolera que terminó convertida en ruina y dependencia externa.
Miles de ingenieros petroleros, geólogos, técnicos, economistas, profesores universitarios, médicos y profesionales altamente calificados abandonaron el país mientras las refinerías colapsaban, las universidades se vaciaban y la infraestructura nacional se oxidaba lentamente. La fuga masiva del talento venezolano constituye probablemente una de las mayores derrotas históricas de la República.
Mientras tanto, hospitales abandonados, apagones interminables, salarios miserables, niños desnutridos y millones de venezolanos huyendo del país se convirtieron en parte del paisaje cotidiano de una nación destruida lentamente por una élite incapaz de construir República pero extraordinariamente eficiente para destruirla.
Hoy Venezuela vive una situación que yo defino como tutelaje político. No como consigna emocional, sino como categoría analítica para describir una realidad concreta: las decisiones fundamentales del Estado venezolano ya no se producen plenamente dentro del país, sino condicionadas por factores externos energéticos, financieros y geopolíticos.
La economía petrolera venezolana depende de licencias emitidas por la OFAC. La continuidad operativa de Chevron requiere autorización periódica de Washington. Activos estratégicos como CITGO permanecen bajo estructuras jurídicas y financieras condicionadas desde el exterior. Mientras tanto, ExxonMobil fortalece posiciones alrededor del Esequibo y otros actores internacionales observan el territorio venezolano como reserva estratégica de petróleo, gas, oro, coltán y minerales críticos.
Eso no es soberanía plena. Es soberanía condicionada.
Washington no solo conoce perfectamente las debilidades estructurales del sistema venezolano; también conoce a profundidad a buena parte de los actores señalados durante años por corrupción, narcotráfico, lavado de dinero, violaciones de derechos humanos y redes ilícitas internacionales. Muchos de ellos han sido investigados, sancionados o incluidos en expedientes judiciales estadounidenses. Y, sin embargo, continúan formando parte del equilibrio de poder venezolano.
Allí aparece otro elemento todavía más incómodo.
Washington sabe perfectamente quién es Diosdado Cabello y cómo opera el entramado civil, militar y económico construido alrededor del poder chavista durante más de veinticinco años. Sabe quién es Vladimir Padrino López y conoce el rol de sectores militares vinculados al negocio del oro, redes de corrupción enquistadas dentro y fuera del Estado, colectivos armados, estructuras paramilitares, mafias del contrabando, guerrilla colombiana, narcotráfico y amplias zonas del hampa organizada que terminaron mezclándose con sectores del poder político.
El régimen también sabe que Estados Unidos conoce profundamente ese entramado.
Ambos lados poseen información suficiente para destruirse mutuamente.
Y, sin embargo, el sistema continúa funcionando.
Porque la prioridad parece no ser democratizar realmente Venezuela, sino estabilizarla lo suficiente para garantizar gobernabilidad mínima y explotación controlada de recursos estratégicos. Dicho crudamente: mientras el país permanezca bajo control y no genere un colapso regional mayor, el equilibrio resulta funcional para distintos intereses económicos, energéticos y geopolíticos.
Allí es donde Venezuela empieza a parecerse más a un acuerdo de mafias que a una República.
La oposición tampoco sale ilesa de este análisis. Durante años denunció correctamente la deriva autoritaria del chavismo, pero terminó atrapada en otra forma de dependencia: la expectativa permanente de que Washington resolvería lo que la política venezolana no logró construir internamente. Poco a poco, sectores opositores comenzaron a actuar más pendientes de las señales de Trump que de la capacidad nacional de reorganización republicana, y allí comenzó otra tragedia: el país dejó de debatir cómo reconstruir soberanía y empezó a discutir cuánto faltaba para que otros hicieran el trabajo.
Y quizás la imagen más irónica y reveladora de todo este momento político ocurrió recientemente.
Mientras María Corina Machado anunciaba que regresaría pronto a Venezuela para reorganizar a la oposición de cara a unas futuras elecciones, y Delcy Rodríguez hablaba desde La Haya sobre la defensa soberana del Esequibo y la integridad territorial venezolana, Donald Trump volvía a lanzar públicamente la idea de “pensar seriamente” en convertir a Venezuela en el estado 51 de Estados Unidos.
La escena parece sacada de una novela de realismo político latinoamericano: una oposición esperando condiciones internacionales para reorganizarse, un oficialismo hablando de soberanía mientras depende de licencias y negociaciones externas, y Washington recordándole simultáneamente a ambos quién posee hoy la mayor capacidad de presión sobre el tablero venezolano.
El mensaje implícito parece brutalmente claro: “discutan, hagan campañas, hablen de soberanía o de elecciones, pero las líneas estratégicas fundamentales todavía pasan por mí”.
Y lo más inquietante es que, irónicamente, buena parte del sistema político venezolano parece haber terminado aceptándolo con absoluta normalidad.
Por eso creo que llegó también el momento de exigir claridad política y moral a quienes se presentan como alternativa democrática. Si Edmundo González se asume como presidente electo de Venezuela y María Corina Machado como principal liderazgo opositor, ambos tienen el deber histórico de pronunciarse con firmeza frente a cualquier insinuación de tutelaje o subordinación extranjera. El silencio, la ambigüedad o el cálculo táctico frente a declaraciones de esta magnitud terminan siendo peligrosamente funcionales a la erosión de la soberanía nacional.
Porque como advertía Albert Camus, “nombrar mal las cosas es aumentar la desgracia del mundo”. Y guardar silencio frente a determinadas amenazas históricas también termina convirtiéndose en una forma de complicidad.
Prohibido olvidar a los presos políticos, a los torturados, a los muertos, a los millones de venezolanos expulsados del país, a las familias destruidas por la migración, a los hospitales abandonados, a los niños desnutridos y a los ancianos condenados a sobrevivir en la miseria.
Pero tampoco podemos aceptar la ambigüedad política de quienes denuncian correctamente al régimen mientras guardan silencio incómodo frente a señales cada vez más evidentes de subordinación externa.
La tragedia venezolana no puede terminar simplemente sustituyendo una dependencia por otra.
Y precisamente por todo eso creo que llegó el momento de fijar posición con claridad, sin ambigüedades y sin cálculos cómodos.
Yo no quiero un “estado 51”. No quiero tutelaje permanente. Y tampoco quiero continuidad chavista ni impunidad para los responsables de más de veinticinco años de destrucción nacional.
No salimos de la influencia cubana, rusa o iraní para terminar celebrando alegremente una subordinación estadounidense. Estados Unidos, Europa y otros países democráticos pueden ser aliados fundamentales de la reconstrucción venezolana. Pero un aliado no puede convertirse en tutor permanente, porque cuando eso ocurre la soberanía termina muriendo lentamente aunque las banderas sigan ondeando.
Porque las naciones no se salvan cambiando de amo.
Las naciones se salvan cuando vuelven a decidir su propio destino.
Y quizás allí reside la tragedia más profunda de Venezuela: no solo haber perdido la democracia, sino haber comenzado peligrosamente a perder la capacidad de imaginarse verdaderamente libre.
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Alfonso Antonio Hernández Ortiz
Politólogo, Abogado y Doctor en Derecho y Ciencias Sociales