CIDH pide activar la Carta Democrática ante el giro autoritario en Nicaragua
La CIDH rechazó las declaraciones de Daniel Ortega sobre la eliminación de elecciones en Nicaragua. Advirtió sobre reformas constitucionales que limitarían la competencia política y la alternancia democrática. Instó a los países de la OEA a utilizar los mecanismos disponibles para recuperar la institucionalidad
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó este lunes las recientes declaraciones del copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, sobre la posibilidad de eliminar las elecciones en el país, y pidió a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) activar los mecanismos disponibles para restablecer la institucionalidad democrática.
En un comunicado, la CIDH instó a los países de la región a recurrir a la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y otros instrumentos pertinentes para contribuir al restablecimiento del Estado de derecho y garantizar el respeto de los derechos humanos en Nicaragua.
El organismo también cuestionó la propuesta de reforma constitucional presentada por la Asamblea Nacional nicaragüense, al considerar que busca concentrar el poder, restringir la competencia política y eliminar las condiciones necesarias para la alternancia democrática.
Entre las modificaciones planteadas se encuentra la ampliación de seis a siete años del período de la denominada copresidencia, además de permitir su renovación.
CIDH alerta sobre restricciones políticas
La Comisión también expresó preocupación por las disposiciones que impedirían participar en política a personas señaladas por el gobierno como “golpistas” o “traidores a la patria”.
Según la CIDH, estas medidas, sumadas a la posibilidad de eliminar las elecciones libres y competitivas, profundizan el proceso de consolidación autoritaria en Nicaragua.
El organismo recordó que ya había advertido sobre la reforma constitucional aprobada en 2025, que modificó más de un centenar de artículos de la Constitución y, según su evaluación, profundizó la concentración del poder en la figura de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.
La CIDH sostuvo que las nuevas medidas son incompatibles con los principios de la democracia representativa y con las obligaciones internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos.
Por ello, instó al gobierno nicaragüense a abstenerse de aprobar reformas contrarias a sus compromisos internacionales y a restablecer las condiciones necesarias para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos políticos mediante elecciones libres, auténticas, periódicas y competitivas.
Ortega mantiene su postura sobre las elecciones
Las declaraciones de la CIDH se producen después de que Ortega afirmara que los opositores a los que califica como “terroristas y golpistas” no podrán participar en futuros procesos electorales.
El mandatario había asegurado previamente, durante un acto político celebrado el 19 de julio, que “no volverán a haber elecciones” para impedir que la oposición llegue nuevamente al poder.
Ante esta situación, la OEA informó que analiza la posibilidad de convocar una reunión de ministros de Exteriores de la región para evaluar la situación política de Nicaragua.