Abogados denuncian vicios en sentencia del caso Paramacay
La defensa de 10 condenados en el caso Paramacay exige la nulidad de la sentencia por irregularidades procesales. Los familiares de los implicados protestan en Carabobo por violaciones a derechos humanos
La lucha por la justicia en el caso Paramacay se intensifica. Los abogados del Foro Penal, quienes representan a 10 de los 23 condenados, han expuesto múltiples vicios que, según ellos, deberían llevar a la nulidad absoluta de la sentencia. Luis Armando Betancourt y Jennie Gutiérrez denunciaron que el expediente del caso está «retenido» en la Sala 1 de la Corte de Apelaciones, donde se había estipulado un plazo de 15 días para responder a la apelación de las condenas de 30 años de prisión impuestas por el juez Luis Ovalles el 18 de diciembre de 2025.
La audiencia de apelación, que se llevó a cabo el 26 de agosto, se extendió por más de seis horas y estuvo marcada por interrupciones debido a cortes de electricidad en los centros penitenciarios, donde algunos de los acusados debían participar de manera telemática. Betancourt subrayó que «esta decisión requiere que se traten puntos de mero derecho», haciendo hincapié en la necesidad de evaluar las denuncias de tortura y tratos crueles que han sido presentadas en el caso.
Gutiérrez, por su parte, añadió que han solicitado la designación de un juez suplente para la Sala 1, dado que la doctora Scarlett Mérida se encuentra de reposo desde el 16 de septiembre. “No entendemos por qué el presidente del Circuito, Carlos Alberto Bonilla, no ha designado un juez suplente”, insistió Gutiérrez, mientras el caso permanece en la presidencia del circuito.
Los familiares de varios condenados se manifestaron en la sede del Palacio de Justicia en Carabobo, denunciando las violaciones a los derechos humanos y el incumplimiento de los plazos procesales. Recogieron firmas para presentar una petición ante la Inspectoría General de Tribunales, en la que responsabilizan a Bonilla por las irregularidades que han afectado a los 23 implicados.
El caso se remonta a la madrugada del 6 de agosto de 2017, cuando un grupo de aproximadamente 20 personas, liderado por el excapitán de la Guardia Nacional Juan Carlos Caguaripano Scott, asaltó el Fuerte Paramacay en Valencia, Carabobo. El objetivo del asalto, denominado «Operación David», era obtener armamento para iniciar un movimiento de resistencia contra el gobierno de Nicolás Maduro. Tras un enfrentamiento que dejó dos muertos y varios heridos, Caguaripano y el capitán Yuaris Rengifo lograron escapar con el arsenal, aunque fueron capturados días después en Caracas.
Los implicados enfrentan acusaciones de traición a la patria, rebelión, sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional y ataque al centinela, resultando en condenas de 30 años de prisión.