Nacho Montes de Oca | EEUU envía combustible a Cuba y eso podría salvar a la dictadura
Hay decisiones que necesitan una explicación porque, vistas desde afuera, parecen decir exactamente lo contrario de lo que pretende su autor. La autorización de Donald Trump para que empresas privadas cubanas importen combustible es una de ellas.
Washington lleva meses intentando asfixiar energéticamente a la dictadura de Miguel Díaz-Canel. Desde comienzos de año, el corte de los suministros venezolanos y el bloqueo de buena parte de las importaciones de petróleo agravaron una crisis que ya era profunda. La red eléctrica cubana llegó a colapsar varias veces y la falta de combustible golpeó al transporte, la generación eléctrica y la actividad económica.
La lógica de la presión era bastante clara. Si el Estado no consigue combustible, no puede sostener las centrales eléctricas, el transporte ni buena parte de la actividad económica. Si la electricidad desaparece durante horas o días, el costo político recae sobre el gobierno. Y si la crisis se profundiza lo suficiente, Washington puede esperar que la presión económica termine transformándose en presión política.
Luego, la dictadura caería por gravedad por las protestas. O negociaría una capitulación. El problema es que la propia política estadounidense comenzó a abrir una válvula que reduce parte de esa presión.
En febrero, el gobierno cubano autorizó a empresas privadas y mipymes a importar combustible para sus propias actividades. El 25 de ese mes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos hizo algo todavía más significativo: mediante la FAQ 1238, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, estableció una política de licencias para revender petróleo venezolano al sector privado cubano. La condición era que las operaciones fueran realizadas por el sector privado y que no involucraran al gobierno, las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia ni las entidades incluidas en la lista restringida de Estados Unidos.
El Departamento de Comercio, además, mantiene una excepción conocida como Support for the Cuban People, que permite exportaciones de gasolina, diésel y otros productos petroleros estadounidenses destinados a empresas privadas cubanas y consumidores individuales.
Hasta ahí, la arquitectura parece razonable. Washington no quiere financiar al Estado cubano, pero tampoco quiere que la población quede sin combustible. En vez de venderle petróleo a CUPET y permitir que el gobierno decida cómo distribuirlo, deja que empresarios privados compren directamente en el exterior.
El problema aparece cuando se mira quiénes son esos empresarios y, sobre todo, cómo funciona realmente la cadena una vez que el combustible llega a Cuba.
La investigación publicada por CubaNet mostró que algunas de las empresas que solicitaron autorización para importar combustible tienen vínculos con organismos estatales, GAESA, el Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas y hasta la familia Castro. El caso más llamativo es el Proyecto de Desarrollo Local Gaia, propiedad de Lisa Titolo Castro, hija de Mariela Castro Espín y nieta de Raúl Castro. Según la investigación, Gaia firmó contratos para importar combustible con la Agencia Importadora Caribe y con CUPET.
También aparecen Servitec Mariel, Cubapack Internacional, Comelec Soluciones Integrales y otras compañías relacionadas con estructuras estatales o militares.
Esto no significa que todas las empresas autorizadas sean fachadas del régimen ni que todos los empresarios privados cubanos tengan vínculos con el poder. Sería una conclusión que la evidencia disponible no permite sostener. El problema es otro: en Cuba, una empresa puede ser privada en su propiedad y seguir dependiendo de un sistema estatal para importar, almacenar, recibir, transportar o distribuir combustible.
El caso de Diobel García lo muestra con claridad. García, un cubano radicado en Miami, administra Flash Kingz, una sociedad con licencia de OFAC para comerciar con Cuba. Su compañía envió combustible desde Port Everglades hacia una mipyme cubana dedicada a la venta de alimentos. Pero el combustible no fue recibido directamente por esa empresa. La carga fue dirigida a MetalCuba, una empresa estatal que actuó como intermediaria. La mipyme paga a la entidad cubana por ese servicio y los propietarios del negocio realizan desde Estados Unidos las transferencias necesarias para pagar al proveedor.
La frase de García resume el problema mejor que cualquier análisis: las importadoras son estatales, pero el cliente es privado.
Es decir, el combustible puede ser comprado por una empresa privada, pagado con capital privado y destinado a una actividad privada, pero para entrar a Cuba sigue necesitando pasar por una estructura controlada por el Estado. Washington puede excluir formalmente al gobierno cubano de la propiedad del combustible, pero no puede sacarlo de la infraestructura que permite que el combustible exista como negocio dentro de la isla.
El fenómeno llegó incluso a plantear operaciones de una escala muy superior. Vanguard Energy, una comercializadora de Coral Gables, acordó en mayo utilizar instalaciones de almacenamiento vinculadas a CUPET para recibir combustible transportado en buques tanque y venderlo al sector privado cubano. La empresa sostuvo que conservaría la propiedad del combustible y que establecería mecanismos para impedir que terminara en manos del Estado o de empresas militares.
La operación terminó bloqueada después de que las autoridades estadounidenses cuestionaran el vínculo con CUPET, entidad sancionada, y Miami-Dade revocara la licencia comercial de Vanguard. El episodio es revelador porque muestra que incluso una operación diseñada para mantener la propiedad del combustible en manos privadas necesitaba utilizar infraestructura estatal cubana. La frontera entre lo privado y lo estatal, por lo tanto, no es tan limpia como aparece en las regulaciones de Washington.
Y hay otro detalle que cambia todavía más el análisis: el combustible que llega a Cuba no llega barato. El esquema obliga a reemplazar el viejo petróleo subsidiado venezolano por una cadena comercial en la que aparecen el costo del producto, el transporte, los seguros, los intermediarios, los márgenes de comercialización y las tasas que deben pagarse dentro de Cuba. El resultado es que el combustible importado por las mipymes llega a un mercado donde la escasez permite precios extraordinariamente altos.
El precio oficial de la gasolina especial está en torno a US$2 por litro y el del diésel especial en US$2,20. Pero durante los momentos de mayor escasez el mercado informal llegó a ofrecer gasolina a unos US$38 por galón, aproximadamente US$10 por litro. Reuters documentó ventas de combustible desde viviendas y ofertas de diésel difundidas incluso por redes sociales.
La diferencia de precio no es un detalle menor. Significa que importar combustible no consiste simplemente en conseguir energía para que Cuba vuelva a funcionar. Consiste en entrar en uno de los mercados más rentables de la isla.
La aparición de ese mercado genera una renta extraordinaria para quien consigue acceder al producto antes que los demás. Y en un país donde el salario mensual promedio puede rondar los US$10, la distancia entre quien tiene acceso al combustible y quien no puede pagarlo deja de ser una diferencia comercial para convertirse en una diferencia de poder económico.
Una empresa independiente que no tenga capital suficiente, contactos, permisos, infraestructura ni acceso a divisas difícilmente puede competir en igualdad de condiciones con otra respaldada por capital y conexiones. En teoría, el nuevo esquema debería favorecer al empresario independiente. En la práctica, quien tiene capital, acceso a dólares, permisos y capacidad para sortear la burocracia parte con una ventaja enorme.
Y esa ventaja no depende solamente de quién sea dueño de la empresa. Depende de quién puede entrar primero al circuito, quién consigue combustible cuando falta, quién tiene capacidad para pagar los costos de importación y quién puede utilizar la infraestructura necesaria para ponerlo en el mercado.
En un país donde el combustible escaso puede multiplicar varias veces su precio, controlar ese acceso equivale a controlar una renta. Por eso, la apertura puede terminar fortaleciendo precisamente a aquellos sectores que Washington pretendía debilitar. El combustible barato o subsidiado era una herramienta de supervivencia del Estado cubano. El combustible escaso y caro puede convertirse en una herramienta de acumulación para quienes tienen acceso privilegiado al nuevo circuito privado.
Es una diferencia fundamental. Antes, el régimen necesitaba petróleo para mantener funcionando su economía. Ahora puede trasladar parte del costo de conseguirlo a empresarios privados y, al mismo tiempo, permitir que los grupos mejor conectados capturen una porción de la renta generada por la escasez.
Venezuela fue durante décadas el gran proveedor energético de Cuba. PDVSA enviaba petróleo directamente a la isla dentro de un esquema político y subsidiado que permitía a La Habana recibir crudo en condiciones que no tenían nada que ver con una operación comercial convencional. Ese circuito desapareció.
El nuevo modelo es mucho más complejo. El petróleo venezolano puede ser comercializado bajo las licencias estadounidenses, vendido a intermediarios y posteriormente convertido en combustible que termina en Cuba. En paralelo, empresas estadounidenses pueden exportar directamente productos refinados al sector privado cubano. Son circuitos relacionados, pero no idénticos.
El negocio puede incluir a grandes comercializadores internacionales como Vitol y Trafigura, capaces de adquirir crudo venezolano con descuentos importantes y colocarlo posteriormente en los mercados internacionales o convertirlo en productos refinados. Después aparecen otros costos: fletes, seguros, almacenamiento y márgenes de distribución. Finalmente, cuando el combustible llega a Cuba, las empresas privadas deben utilizar infraestructura controlada por entidades estatales y pagar tasas portuarias, aranceles y otros cargos. Es decir, incluso cuando el negocio es privado, una parte del dinero termina pasando por estructuras controladas por el Estado cubano.
Es decir, el petróleo que antes hacía el trayecto Caracas-La Habana puede terminar haciendo algo mucho más parecido a un circuito financiero y comercial: Venezuela, intermediarios internacionales, refinación o comercialización, distribuidores y finalmente Cuba. Cada etapa reparte una tajada y eso se traduce en ganadores y excluidos.
Y el resultado es particularmente irritante desde la perspectiva de quienes defienden la política de máxima presión. Estados Unidos intenta cortar el subsidio energético que sostenía a Cuba, pero el reemplazo no elimina el negocio: lo transforma. El petróleo deja de ser una transferencia política entre gobiernos y pasa a convertirse en una mercancía que genera comisiones, márgenes y rentas a lo largo de la cadena.
El régimen cubano tampoco queda afuera de esa cadena. Aunque Washington prohíba que las operaciones beneficien directamente al gobierno o a GAESA, el Estado mantiene el control de buena parte de la infraestructura necesaria para introducir, almacenar y distribuir combustible dentro de la isla. Y, como muestran estos casos, cada etapa de la operación genera costos, comisiones o pagos que terminan distribuyéndose entre empresas privadas y estructuras estatales.
Ahí aparece la contradicción central. Washington puede controlar las licencias, pero no controla quién tiene influencia suficiente en Cuba para lucrar con los negocios. Por eso, la cuestión no es solamente cuánto combustible llega a Cuba. La pregunta más importante es quién controla ese combustible cuando llega y cómo se reparten las ganancias.
Las cifras muestran que no hablamos de flujos simbólicos. Según la Administración de Información Energética de EEUU, las exportaciones de productos petroleros estadounidenses hacia Cuba llegaron a 3,22 millones de barriles en julio. Entre enero y julio se acumularon 4,896 millones de barriles. Solo en julio el promedio fue de unos 104.000 barriles diarios. De los 3,22 millones de barriles enviados en julio, 2,654 millones fueron destilados, fundamentalmente diésel, y otros 554.000 correspondieron a gasolina terminada.
El salto es particularmente significativo porque Venezuela había sido durante más de dos décadas el principal proveedor energético de Cuba. Cuando ese circuito desapareció, la crisis cubana se agravó rápidamente. Ahora el combustible vuelve a entrar, pero lo hace bajo reglas completamente diferentes. No vuelve como un subsidio de un gobierno aliado a otro. Vuelve como mercancía.
Y esa diferencia puede terminar siendo más importante de lo que parece.
La política estadounidense, además, no esconde su intención. Marco Rubio explicó que la excepción para el combustible forma parte de una estrategia diseñada para colocar al sector privado cubano y a los empresarios independientes en una posición privilegiada frente al Estado y las Fuerzas Armadas. Reuters recogió esa explicación al documentar los primeros envíos: Washington pretende que el combustible llegue a empresas privadas no vinculadas al gobierno ni a los militares.
El propósito, entonces, es claro. El problema es que la intención estadounidense y el resultado efectivo pueden ser dos cosas diferentes. Para que un mercado privado funcione en Cuba necesita permisos, puertos, almacenamiento, transporte y acceso a divisas. Buena parte de esos mecanismos siguen bajo control estatal o dependen de relaciones con el poder.
Una primera hipótesis para explicar la decisión estadounidense es que Washington no quiere derribar a Cuba mediante una catástrofe humanitaria. Una población sin electricidad, agua, alimentos, transporte y combustible no necesariamente se rebela contra el gobierno responsable de la crisis. También puede huir.
Para Estados Unidos, una explosión migratoria cubana tendría una consecuencia especialmente incómoda: Florida está a pocos kilómetros. La administración Trump tiene entonces un dilema bastante menos ideológico de lo que parece. Puede aumentar la presión hasta provocar un colapso todavía mayor, pero después tendría que administrar las consecuencias. Una estampida de cubanos hacia Florida convertiría una crisis de política exterior en un problema migratorio estadounidense.
La segunda hipótesis es que Washington quiera utilizar el combustible para cambiar la estructura económica cubana, no necesariamente para producir un derrumbe inmediato. La lógica sería obligar al Estado a retroceder y permitir que el sector privado gane espacio.
El gobierno cubano ya no puede garantizar por sí solo el abastecimiento energético, de modo que tiene que aceptar empresarios que compren combustible, generen actividad y mantengan funcionando sectores que antes dependían exclusivamente del Estado. Washington puede creer que está haciendo aparecer, desde abajo, una economía que en algún momento hará incompatible el monopolio del Partido Comunista con la supervivencia del país.
Pero hay una tercera posibilidad, bastante menos favorable a Estados Unidos: que el régimen cubano esté aprendiendo a adaptarse a la presión y que las nuevas reglas terminen resolviendo uno de sus problemas más urgentes sin obligarlo a abandonar el poder.
Eso es lo que vuelve tan interesante el caso de las mipymes. Durante décadas, el Estado cubano controló prácticamente toda la cadena energética. Ahora puede permitir que algunas empresas privadas importen combustible, pero conservar la capacidad de seleccionar a los participantes, controlar puertos, almacenamiento, permisos y distribución. El régimen no necesariamente pierde el negocio. Puede cambiar la forma de administrarlo.
Una economía completamente estatal necesita que el Estado consiga petróleo. Una economía parcialmente privatizada puede conseguirlo mediante empresarios que aporten capital propio, divisas y conexiones comerciales. El gobierno deja de cargar con todo el costo financiero y operativo, mientras mantiene una parte considerable del poder regulatorio.
Si una mipyme consigue dólares, compra diésel en Estados Unidos, paga el transporte, asume los riesgos y mantiene funcionando un negocio, el gobierno cubano obtiene una actividad económica que no tuvo que financiar. Y si además esa empresa debe utilizar infraestructura estatal, pagar tasas y cumplir permisos oficiales, el Estado continúa capturando ingresos y conservando capacidad de control.
Para una familia vinculada al poder, el escenario puede ser todavía mejor. Tiene capital, contactos, permisos, información y acceso a una estructura estatal que un empresario común difícilmente puede igualar. Un habitante que gana diez dólares mensuales tiene una desventaja evidente. En un mercado donde el combustible escasea y puede venderse a precios varias veces superiores al oficial, esa ventaja puede convertirse rápidamente en una fuente de riqueza y de poder político sin competencia.
La apertura puede entonces producir una clase empresarial conectada con el poder que utilice las reglas del capitalismo para reforzar una estructura política que sigue siendo comunista. En otras palabras, que el Partido Comunista sobreviva amparado por una clase empresarial asociada y que un recambio en el poder de la isla sea solo un cuento chino.
El combustible estadounidense lograría hacer algo paradójico: reducir la presión sobre el aparato económico sin resolver la crisis estructural que la originó.
Y hay una diferencia todavía más importante. Permitir la entrada de gasolina y diésel no significa resolver el problema energético cubano. La red eléctrica necesita otro tipo de abastecimiento, inversiones enormes y petróleo suficiente para las centrales termoeléctricas.
Cuba puede tener combustible para vehículos, generadores privados y negocios mientras sus centrales siguen colapsando. El flujo comercial puede mantener viva una parte de la economía sin devolverle al Estado la capacidad energética que perdió.
Esa podría ser, precisamente, la intención de Washington: mantener viva a la sociedad mientras deja al gobierno cargando con el costo de los apagones. Pero esa estrategia solamente funcionará si el nuevo mercado privado termina realmente independizándose del poder.
Si no ocurre, la política puede producir el efecto inverso. En lugar de destruir el sistema, la presión podría estar empujándolo hacia una versión distinta de sí mismo: menos estatal en la superficie, pero todavía controlada desde arriba; Un capitalismo administrado por las mismas familias, militares, funcionarios y empresarios conectados con el poder que durante décadas controlaron el socialismo. Un gatopardismo alimentado con gasolina.
También existe una explicación más pragmática. Quizás Washington simplemente esté intentando administrar dos problemas simultáneos. Por un lado, quiere presionar a Díaz-Canel. Por otro, quiere evitar una crisis humanitaria y migratoria que termine golpeando directamente a Estados Unidos.
Y existe una última posibilidad: que el combustible sea también una ficha de negociación. Los canales de comunicación entre Washington y La Habana existen. La diplomática cubana Lianys Torres Rivera confirmó en octubre que ambos gobiernos mantienen contactos mediante reuniones, llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp. Pero también aclaró que no existen negociaciones formales. Por eso sería incorrecto presentar esos contactos como prueba de un acuerdo secreto sobre el combustible o sobre una eventual
transición política.
Lo que sí puede observarse es que la política estadounidense dejó de ser un simple embargo energético. Se convirtió en una arquitectura mucho más compleja: presión sobre el Estado, apertura selectiva al sector privado, control estadounidense de las licencias y una cadena comercial en la que participan intermediarios internacionales y empresas cubanas autorizadas por el propio régimen.
Por eso la pregunta ya no es solamente por qué Estados Unidos permite que llegue combustible a Cuba mientras intenta presionar a Díaz-Canel. La pregunta crucial es quién gana dinero y poder con ese combustible.
Si la respuesta es una nueva clase empresarial independiente, Washington habrá conseguido abrir una grieta real en el monopolio económico del Partido Comunista. Si la contestación son las mismas familias, empresarios, militares y funcionarios que hasta ahora controlaron la economía cubana, la consecuencia será muy distinta.
Estados Unidos habrá conseguido quitarle al régimen el petróleo subsidiado de Venezuela para reemplazarlo por un mercado mucho más caro, con intermediarios internacionales cobrando su comisión y empresarios vinculados al poder capturando parte de la renta dentro de Cuba.
Y entonces aparece la contradicción más profunda de todas: si Washington pretende empujar a Cuba desde el socialismo hacia una economía de mercado, está creando las condiciones para que algunos cubanos acumulen capital privado. Eso, en principio, debería ser precisamente lo que busca una política destinada a quebrar el monopolio económico del Estado.
Pero si quienes tienen la capacidad de acumular primero ese capital son las mismas estructuras vinculadas al poder que durante décadas estuvieron en la cima del sistema, el resultado puede ser exactamente el contrario del buscado. El riesgo no es solamente que el castrismo sobreviva, sino que aprenda a sobrevivir de otra manera.
Las familias vinculadas al poder pueden pasar de administrar empresas estatales a controlar empresas privadas, de manejar recursos públicos a acumular capital propio y de depender de los mecanismos del Estado a convertirse en propietarias de una parte de la economía. El socialismo puede desaparecer de los balances sin que desaparezcan quienes lo administraron durante décadas.
Y ahí está la paradoja que esta política debería mirar con especial atención: una transición económica puede terminar creando las condiciones para una transición patrimonial del poder.
Porque el capital tiene una característica que el poder político no siempre tiene: puede acumularse, multiplicarse y transmitirse. Una familia que hoy controla un negocio de combustible puede mañana controlar transporte, alimentos, construcción, comercio o energía. Sus hijos ya no necesitarían ocupar un cargo estatal para conservar la influencia de sus padres. Podrían hacerlo como propietarios.
El combustible, entonces, puede ser mucho más que combustible, puede ser el capital inicial de esa transformación. Es que Washington puede estar intentando sacar a Cuba del socialismo y empujarla hacia el capitalismo. Pero si quienes acumulan primero el capital son las familias conectadas con el viejo poder, el resultado podría no ser una Cuba menos controlada por el castrismo, sino una Cuba en la que el castrismo haya aprendido a vestirse de capitalismo.
Y pocas cosas serían más paradójicas que intentar terminar con una dinastía política dándole, a través de negocios como estos, el combustible necesario para convertirse en una dinastía económica.
Agradezco a @rey_benitez_ por haberme advertido de esta situación.