Beatriz Becerra | La Fiscalía no exonera al PSOE, le da tiempo

El auto de Pedraz sostiene que Cerdán habría puesto "a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido". Leída despacio, la frase dice más que cualquier lista de delitos.

Algunas noticias parecen un alivio, pero son una advertencia.

La Fiscalía Anticorrupción ha comunicado al juez Pedraz que existen abundantes indicios que apuntan a la responsabilidad del Partido Socialista en el 'caso Leire', también conocido como 'caso Cloacas del PSOE', pero que considera prematuro pedir su imputación como persona jurídica hasta que se completen las diligencias.

Entre ellas, la declaración de Santos Cerdán.

Si el juez acepta el criterio, como suele ocurrir, el partido no será formalmente investigado antes de las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. Y Ferraz ha retemblado con el suspiro de alivio del mal estudiante al que retrasan un examen.

Anticorrupción no dice que no haya caso, al contrario: insiste en destacar la proliferación de indicios. Pero recuerda que el caso aún no está completo. Cómo iba a estarlo sin la declaratoria de Santos Cerdán, el factótum.

Establecer un aplazamiento para redondear el círculo es cualquier cosa menos una absolución, y la diferencia importa tanto en los tribunales como en las urnas. Quien aprecia indicios y reclama más diligencias entreabre un poco más la puerta ya entreabierta, que es la manera más incómoda de dejarla.

En mayo de 2025, antes de que nadie hubiera leído el informe de la UCO, sostuve en este diario que Cerdán no debía mirarse como un episodio individual, sino como la posible expresión de una crisis sistémica, capaz de alcanzar la línea de flotación del partido. Entonces se discutía hasta dónde llegaba la responsabilidad política de un hombre.

Hoy, la pregunta que se plantea la Fiscalía es hasta dónde llega la del aparato que ese hombre dirigía.

Ahí está el núcleo. El auto de Pedraz sostiene que Cerdán habría puesto "a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido". Leída despacio, la frase dice más que cualquier lista de delitos.

Falta pues escuchar aún a quien, según el instructor, estaría en el centro de la operativa. No sabemos qué dirá, pero sí sabemos qué se le preguntará: qué conocía, qué autorizó, con cargo a qué fondos, quién ordenaba y quién sabía de los pagos, qué papel desempeñaron los bufetes y la consultoría, y sobre todo si aquello fue decisión de un hombre o lógica de una casa.

Esa última cuestión es la que separa a un dirigente desleal de una organización responsable.

Una cosa es que alguien vinculado a un partido delinca presuntamente: es un problema suyo.

Otra, que dirigentes echen mano de recursos partidarios para hacerlo, con viajes pagados desde Ferraz, algo que las empleadas del partido han confirmado ante el juez, o con mensualidades que, según el auto, salían de sus fondos: es un problema de control.

Y otra distinta, la hipótesis que investiga el instructor, es que la maquinaria de una organización se emplee en entorpecer las causas incómodas para esa misma organización y para el Gobierno que sostiene. Máxime con las insoportables derivadas mafiosas que hemos conocido.

Eso implicaría la instrumentalización de un partido, que existe para competir por el poder dentro de las reglas, contra la Justicia que debe vigilarlas.

Y es justo lo que el Código Penal pregunta cuando se trata de una persona jurídica. No sólo qué hizo un dirigente, sino si la organización disponía de controles para impedirlo.

El PP sostiene que en el PSOE no existían. Lo deberá determinar la Justicia.

Que la imputación no llegue antes del 29-N no significa que el asunto no llegue a la campaña. En realidad, ya se ha instalado ahí, con el resto de ruido, gigantes y cabezudos.

¿Puede el PSOE eludir ese asiento de imputado de un caso que lleva su propio nombre asociado a cloacas?

¿Puede el presidente y previsible candidato reducir esto a Cerdán, Leire Díez y unos pocos nombres, cuando el instructor habla de la estructura del partido?

¿Puede Pedro Sánchez separar su responsabilidad política de un aparato que durante años dirigieron personas de su máxima confianza?

No cabe afirmar que esto vaya a costarle las elecciones, pero sí afecta radicalmente a su discurso anticorrupción, a la movilización de los suyos, al voto moderado que duda, a la abstención y a su pretensión de convertir la cita en un plebiscito sobre su proyecto cuando el debate se instala en el estado de su propia casa.

Pero el toque de atención no es sólo para Ferraz. Las fiscales consideran precipitada la petición del PP de imputar al PSOE, y la oposición haría bien en escucharlas.

Mientras la juez Biedma explicaba ante Pedraz que le consta, por varios testimonios, que fue objeto de seguimientos, Feijóo exigía a Sánchez que aclare quién dio la orden de deshacerse de la jueza, y afirmaba que la Audiencia Nacional investiga si el PSOE quiso contratar sicarios.

Lo publicado, aun siendo muy grave, es otra cosa. Una declaración a la UCO según la cual un intermediario de la trama habló de "eliminarla", y un informe que concluye que el grupo de Leire Díez se habría servido de él. Que un intermediario hable así de una jueza es intolerable.

Que el Partido Socialista diera la orden es una afirmación distinta, y nada de lo conocido hasta hoy la respalda. Esa distancia es la que separa un indicio de una acusación.

La oposición tiene el derecho y la obligación de exigir responsabilidades políticas por lo que ya consta. Acierta al ver la dimensión política del problema, pero se equivoca si pretende acelerar el reloj judicial porque el calendario electoral le conviene.

La prudencia procesal no es complicidad con el Gobierno, y la contundencia política no debe confundirse con la precipitación judicial.