Luis Eduardo Zué | Ha muerto Maricarmen. ¿Quién?

Maricarmen: un caso que plantea preguntas sobre la vivienda

María del Carmen Abascal, Maricarmen para quienes la conocieron, tenía 87 años cuando abandonó en camilla el edificio donde había vivido durante décadas, en el madrileño barrio del Retiro. Tras una disputa judicial con los nuevos propietarios, fue desalojada el 23 de septiembre, trasladada a un hospital y falleció el 7 de octubre sin regresar a su vivienda. Aunque posteriormente se alcanzó un acuerdo que permitía su retorno, este llegó antes de que sus condiciones previas de salud le permitieran volver a casa.

Su desalojo, comentado prácticamente al unísono por medios de comunicación a nivel munfdial, dejó al descubierto nuevamente las dificultades que pueden surgir para conservar una vivienda, especialmente entre personas mayores con recursos limitados. También planteó un debate sobre el alcance de las obligaciones de propietarios, administraciones y tribunales en situaciones de vulnerabilidad residencial.

La historia de Maricarmen detonó una multitudinnaria protesta a nivel nacional, teniendo como punto emblemático la Puerta del Sol, donde cientos de personas reclaman medidas a las autoridades. Esta movilización refleja un problema presente en numerosas ciudades: los precios de compra y alquiler han aumentado, en muchos casos, más rápido que los ingresos, lo que dificulta la emancipación y limita el acceso a la vivienda de determinados grupos.

El problema de la vivienda: más allá de los culpables

Entre los actores señalados en este debate están los llamados fondos buitre, fondos de inversión que adquieren activos, incluidos inmuebles o carteras de deuda, con el objetivo de obtener rentabilidad. Sus efectos no son uniformes. Algunas operaciones pueden concentrar la propiedad o aumentar la presión sobre determinados segmentos del mercado; otras aportan capital para rehabilitar, mantener y gestionar viviendas. El resultado depende del activo adquirido, el modelo de gestión, la regulación y las condiciones locales.

Por ello, el análisis no debería limitarse a descalificar a un actor económico. Es necesario examinar las reglas aplicables, los efectos concretos de cada operación y la responsabilidad de las administraciones encargadas de promover el acceso a una vivienda adecuada.

También conviene distinguir entre grandes inversores y propietarios particulares. Muchos arrendadores adquirieron una vivienda como forma de ahorro, complemento de ingresos o previsión para la jubilación. En medio de un clima de extrema polarización, se escuchan consignas que califican de malvados a los rentistas y les acusan de vivir del trabajo de los demás, sin tomar en cuenta que probablemente previcion y sacrificio han sido las principales carácteristicas de estos “caseros” en su juventud.

Sin embargo, si bien es cierto que equiparar automáticamente a un pequeño propietario con un fondo internacional es impreciso; al mismo tiempo, la existencia de pequeños propietarios no excluye la posibilidad de abusos ni elimina la necesidad de supervisión y protección para los inquilinos.

La seguridad jurídica no implica ausencia de regulación. Implica que las normas sean previsibles, que los contratos se cumplan y que existan procedimientos eficaces para resolver conflictos. El objetivo debería ser proteger a los hogares vulnerables sin reducir innecesariamente la oferta de viviendas en alquiler.

Una dificultad que también conocemos

La crisis de la vivienda no es exclusiva de España. Si saltamos al “otro lado del charco”, descubriremos que tambien en numerosas ciudades de nuestro lado del mundo, los precios de compra y alquiler han aumentado mientras los ingresos no han seguido el mismo ritmo. Para muchos jóvenes, emanciparse resulta difícil por el costo de los inmuebles, los alquileres elevados, los ingresos insuficientes y las restricciones para acceder al crédito.

Venezuela ofrece un caso relacionado, aunque no idéntico al español. La crisis económica, el deterioro institucional, la inseguridad y la incertidumbre impulsaron a millones de personas a emigrar. Muchos lo hicieron durante su etapa laboral más activa. Entre ellos hay profesionales, emprendedores, trabajadores y jóvenes formados en el país.

La emigración masiva redujo la disponibilidad interna de parte de ese capital humano, aunque también creó redes internacionales, generó remesas y abrió nuevas oportunidades. En Madrid, Bogotá, Sídney, Santiago de Chile y otras ciudades, los venezolanos han reconstruido sus vidas en condiciones diversas: algunos comparten vivienda, otros alquilan habitaciones y otros han logrado adquirir una propiedad.

Una parte de la comunidad envía remesas a sus familias. Esos recursos contribuyen al consumo, la educación, la salud o la vivienda de los hogares receptores, pero no compensan por completo la pérdida de oportunidades dentro de Venezuela. La diáspora representa, al mismo tiempo, una pérdida de capacidades para el país de origen y una fuente de apoyo y conexión internacional.

Qué políticas pueden contribuir a una solución

Ante el encarecimiento de los alquileres, los gobiernos recurren a controles de precios, límites a los desalojos, subsidios, ayudas directas y programas de financiamiento. Algunas medidas pueden proteger de inmediato a los hogares vulnerables, pero ninguna resuelve por sí sola la escasez de vivienda, el costo del suelo, la lentitud administrativa o la insuficiencia de ingresos.

Pero la economía es una ciencia social viva y revelde; una regulación aumenta la incertidumbre o reduce de forma significativa la rentabilidad esperada, algunos propietarios pueden retirar sus viviendas del alquiler, cambiar su uso o posponer inversiones. Del mismo modo, si la construcción no acompaña el crecimiento de la demanda, la oferta insuficiente puede mantener la presión sobre los precios.

Esto no significa que toda regulación sea contraproducente ni que el mercado pueda resolver por sí solo el problema. Significa que las políticas deben evaluarse con datos y combinar la protección social con medidas que amplíen la oferta. Una vez mas estamos en frente de la vital importancia de la convivencia equilibrada entre los sectores público y privado.

Una estrategia integral debería promover la construcción y rehabilitación de viviendas en las zonas con mayor demanda; facilitar el financiamiento sin fomentar un endeudamiento insostenible; desarrollar un parque de vivienda social para quienes no pueden acceder al mercado privado. Tambien sería de gran utilidad establecer reglas claras y procedimientos ágiles para resolver conflictos, ofrecer ayudas focalizadas a los hogares más vulnerable y mejorar la información disponible sobre precios, contratos, desalojos y condiciones de acceso.

Prometer alquileres asequibles sin aumentar la oferta es insuficiente. Estimular la inversión privada sin atender a quienes quedan excluidos también lo es. La solución requiere combinar iniciativa privada, regulación eficaz y políticas públicas sostenidas.

Regulación, inversión y riesgos del mercado

La especulación, el endeudamiento excesivo y las burbujas inmobiliarias pueden provocar graves consecuencias sociales, pero no toda subida de precios constituye una burbuja ni toda inversión es especulativa. Para identificar esos riesgos hay que analizar la relación entre precios, ingresos, crédito, empleo, tipos de interés y capacidad de pago de los hogares.

La incertidumbre jurídica y las políticas cambiantes pueden desalentar la inversión necesaria para ampliar y mantener la oferta. Por eso, el debate debería centrarse en resultados verificables: cuántas viviendas se incorporan al mercado, quiénes pueden acceder a ellas, cuánto cuestan las medidas y cómo afectan a propietarios, inquilinos y contribuyentes.

También es necesario evaluar los efectos distributivos de cada política. Una medida puede beneficiar a determinados inquilinos y perjudicar a otros si reduce la oferta disponible. Del mismo modo, una ayuda pública puede aliviar una situación de emergencia, pero resultar insuficiente si no se acompaña de una estrategia de largo plazo.

Una política de vivienda centrada en las personas

El caso de Maricarmen no debería utilizarse para alimentar una confrontación ideológica entre quienes defienden una intervención estatal amplia y quienes confían principalmente en el mercado. Su historia recuerda que detrás de cada estadística hay personas, familias y proyectos de vida.

La vivienda es un activo financiero, pero también un hogar y una condición importante para la estabilidad personal y familiar. Reconocer esa dimensión humana no implica desconocer los costos de construir, mantener y financiar una propiedad ni los derechos de quienes invierten sus ahorros. Ambos aspectos deben formar parte del mismo análisis.

La solución requiere instituciones capaces de establecer reglas claras, inversión suficiente, políticas sostenibles y mecanismos de protección para quienes más lo necesitan. La justicia social no se construye enfrentando automáticamente a propietarios e inquilinos, empresarios y trabajadores, capital y sociedad.

El capital no tiene por qué ser incompatible con el trabajo, ni la rentabilidad con la dignidad humana. La cuestión es bajo qué reglas se obtiene esa rentabilidad, quién asume los riesgos y cómo se distribuyen sus beneficios y costos.

Un hogar no es solo un inmueble. Maricarmen murió sin regresar al que por 70 años fue su hogar. Su historia no debería reducirse a una consigna política ni utilizarse para simplificar un problema complejo. Puede servir, en cambio, para examinar cómo funcionan las normas, qué protección reciben las personas vulnerables y qué políticas pueden mejorar el acceso a la vivienda.

Una vivienda es más que un inmueble. Es el espacio desde el cual muchas personas construyen su autonomía y organizan su vida familiar. Una sociedad justa debería procurar que el acceso a una vivienda adecuada no se convierta en un privilegio reservado a quienes poseen mayores ingresos o patrimonio.

No tengo dudas de que el deseo colectivo es que la Venezuela que aspiramos reconstruir vuelva a ser una tierra donde la movilidad social es posible, un lugar con oportunidades para todos…