The Guardian: acuerdo petrolero de Trump con Venezuela enfrenta dudas legales y operativas

El acuerdo petrolero anunciado por Donald Trump como “el mayor acuerdo petrolero de la historia” enfrenta cuestionamientos legales y operativos que podrían dificultar su ejecución, según una investigación publicada por The Guardian.

El pacto, anunciado después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y el establecimiento de un gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, contempla una participación del Gobierno de Estados Unidos en North American Blue Energy Partners (Nabep), una empresa petrolera vinculada al empresario venezolano Alejandro Betancourt.

Trump afirmó que el acuerdo permitirá a Estados Unidos obtener el control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo venezolano y contribuirá a reponer las reservas estratégicas de crudo estadounidenses. Sin embargo, expertos y funcionarios consultados por The Guardian cuestionan varios aspectos de la operación.

Uno de los principales puntos de controversia es la duración del acuerdo. La administración Trump ha hablado de un plazo de hasta 100 años, pero el abogado venezolano José Ignacio Hernández sostiene que la legislación del país limita este tipo de acuerdos a 25 años. El propio Gobierno venezolano también ha señalado que el convenio tendría una duración de 25 años.

Otro interrogante está relacionado con la participación del Pentágono. Aunque la Casa Blanca y el Departamento de Defensa han hablado de una participación estadounidense de 35 % en Nabep, documentos enviados al Congreso señalan que el Departamento de Defensa posee “warrants”, es decir, derechos para adquirir acciones, y no necesariamente acciones de la empresa.

Además, expertos citados por The Guardian cuestionan que la Oficina de Capital Estratégico (OSC) del Pentágono tenga autorización legal para adquirir participaciones accionarias en empresas privadas. De acuerdo con la investigación, otra oficina del Departamento de Defensa, Industrial Base Analysis and Sustainment (IBAS), podría ser la encargada de mantener esa participación.

El acuerdo también establece, según la administración estadounidense, que el Departamento de Estado tendría derecho a comprar hasta 20 % del petróleo producido por Nabep a precio de costo. Sin embargo, The Guardian señala que todavía no está claro cómo se realizarían esas compras ni cuál sería el mecanismo para trasladar ese crudo al mercado estadounidense.

En el centro del acuerdo aparece Alejandro Betancourt López, empresario venezolano de 46 años y propietario de Nabep. Su trayectoria empresarial y sus vínculos con el sector energético venezolano han sido objeto de investigaciones y controversias durante más de una década.

Betancourt nunca ha sido acusado ni condenado por un delito, según The Guardian. Su abogado también rechazó las acusaciones de corrupción y lavado de dinero relacionadas con su cliente.

En 2013, el exembajador estadounidense en Venezuela Otto Reich presentó una demanda civil en Nueva York en la que formuló acusaciones contra Betancourt y sus socios de Derwick Associates. Las reclamaciones bajo la legislación RICO fueron desestimadas por el tribunal, que determinó que Reich no había demostrado un patrón legal de actividad ilícita.

En 2018, un primo de Betancourt y socio vinculado a Derwick fue acusado en Estados Unidos en un caso de lavado de dinero por unos 1.200 millones de dólares. Un documento judicial mencionó a un “conspirador 2” que habría recibido fondos junto al acusado. The Miami Herald identificó posteriormente a esa persona como Betancourt, pero su abogado ha negado que haya sido acusado o identificado formalmente como objetivo de una investigación estadounidense.

El secretario de Estado, Marco Rubio, también afirmó que Betancourt no era objeto de una investigación en Estados Unidos.

La relación de Betancourt con las autoridades venezolanas también ha cambiado con el paso de los años. Según personas citadas por The Guardian, funcionarios venezolanos llegaron a contratar investigadores para rastrear el origen de sus fondos y, según una fuente, incluso recurrieron a hackers para obtener información sobre sus cuentas, abogados y comunicaciones.

El abogado de Betancourt no confirmó esa operación, pero sostuvo que cualquier eventual acción de este tipo habría estado relacionada con la oposición de su cliente al gobierno de Nicolás Maduro.

En 2024, Betancourt regresó al negocio petrolero venezolano a través de Nabep, que entonces era propiedad de Betancourt y del empresario estadounidense Harry Sargeant. La compañía comenzó con una producción aproximada de 23.000 barriles diarios, según declaraciones recientes de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

La investigación también señala que Betancourt habría desempeñado un papel como intermediario entre funcionarios estadounidenses y el Gobierno venezolano durante las negociaciones posteriores a la captura de Maduro.

Según una fuente involucrada en el proceso, Betancourt tuvo un papel importante en las conversaciones con Delcy Rodríguez. Su abogado confirmó que actuó como intermediario y explicó que ambas partes recurrieron a él porque tenían una relación previa y confiaban en su capacidad para facilitar las comunicaciones.

Mientras tanto, el Gobierno de Estados Unidos sostiene que se trata de un acuerdo privado con una empresa privada y niega que haya existido un proceso político en la negociación. Esta explicación contrasta con el anuncio inicial de Trump, quien presentó el pacto como un acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela.

The Guardian también recoge críticas de expertos y personas familiarizadas con el sector petrolero, quienes cuestionan la estructura, la transparencia y la viabilidad jurídica del acuerdo.

Por su parte, la administración Trump defiende el pacto como una oportunidad para controlar parte de las reservas petroleras venezolanas sin costo para los contribuyentes estadounidenses. Trump volvió a defender el acuerdo durante su discurso ante Naciones Unidas y lo calificó como uno de los mayores acuerdos alcanzados.