Keiko Fujimori contrata abogado para defender a expresidente José Jerí
El Gobierno de Keiko Fujimori destina hasta 100.000 soles para la defensa legal de José Jerí, quien enfrenta acusaciones de corrupción. La situación revela el despilfarro estatal en la defensa de funcionarios implicados en irregularidades.
En un movimiento que ha generado controversia, el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori se prepara para contratar un abogado por un monto de hasta 100.000 soles (aproximadamente 27.000 dólares) para defender al expresidente transitorio José Jerí en una investigación preliminar ante la Fiscalía de la Nación. La información fue revelada este sábado por el diario Perú21.
La defensa legal de Jerí se relaciona con indagaciones sobre presuntas irregularidades en la contratación de funcionarias que se incorporaron a su Gobierno poco después de reunirse con él en el Palacio de Gobierno. Un episodio inquietante incluye a una de estas funcionarias, quien permaneció en la sede presidencial durante la noche de Halloween y salió al día siguiente.
La situación ha llevado a la senadora Katherine Ampuero (Renovación Popular), presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a anunciar su trabajo en una iniciativa legislativa junto al diputado José Baella. Ampuero busca eliminar el “despilfarro del dinero del Estado en la contratación de estudios y abogados privados para la defensa de funcionarios públicos investigados por corrupción”, un planteamiento que resuena en un contexto de creciente indignación pública.
Este no es el primer caso en que el Estado asume la defensa de Jerí. En febrero, el Despacho Presidencial había autorizado que el Estado cubriera los costos de su defensa en otra investigación relacionada con presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias agravado. Esta investigación surgió a raíz de reuniones no registradas que Jerí sostuvo con empresarios chinos, entre ellos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong.
La resolución que permitió esta defensa se basó en la Ley N.° 30057, que establece el derecho de servidores y exservidores públicos a contar con defensa legal en ciertas circunstancias. Sin embargo, la controversia persiste, especialmente considerando el contexto de su breve mandato, que duró solo cuatro meses y estuvo plagado de acusaciones de conducta inapropiada.
Jerí fue destituido después de que se revelaran sus reuniones secretas con empresarios y se presentaran denuncias de irregularidades en la contratación de funcionarias. Su ascenso a la presidencia fue también ensombrecido por una denuncia de violación, supuestamente ocurrida a finales de 2024, que fue archivada por el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, por falta de pruebas biológicas, a pesar de las declaraciones de otros implicados que sugerían que pudo haber utilizado medios inusuales para consumar el acto.
Además, una jueza le ordenó someterse a terapia por una patología psicosexual, mientras que sus antiguos tuits, que revelaban una inclinación hacia el “sexo” y las “mujeres”, se volvieron virales. En el ámbito parlamentario, también fue acusado de enriquecimiento ilícito por supuestamente haber recibido dinero a cambio de impulsar proyectos de ley en la Comisión de Presupuesto del Congreso, que llegó a presidir.
El Congreso finalmente lo destituyó tras acumular siete mociones de censura, a menos de dos meses de las elecciones generales convocadas para abril pasado. La situación de Jerí es un claro reflejo de las crisis de gobernabilidad y corrupción que persisten en la política peruana.