Nacho Montes de Oca | Etiopía: el polvorín que puede incendiar el Cuerno de África
En Etiopía se está gestando una crisis que amenaza con superar en magnitud a las que hoy consumen a Sudán y a la República Democrática del Congo, dos de las mayores emergencias humanitarias del planeta. Los siete grupos que integran la nueva coalición rebelde etíope no negocian una tregua: dicen que buscarán derrocar por las armas al gobierno de Abiy Ahmed.
Pocos ojos están puestos, por ahora, en un país cuya última guerra civil, la de Tigray, dejó en apenas dos años más muertos que los que acumula la guerra en Sudán en tres, y a un ritmo que, de mantenerse, podría igualar en poco tiempo al del conflicto congoleño, activo desde hace tres décadas. Etiopía corre hoy el riesgo de repetir o superar esa tragedia.
Etiopía no es un país más. Con más de 126 millones de habitantes, es el segundo Estado más poblado de África, una cifra comparable a la de México o Rusia. En la última década su economía creció a un promedio del 7,6% anual, uno de los más altos del planeta, hasta alcanzar un PBI nominal cercano a los US$ 121.000 millones de acuerdo con el FMI. Es, además, la sede de la Unión Africana, el ancla diplomática del Cuerno de África y, hasta hace pocos años, una de las economías de mayor crecimiento del continente. Por eso, cuando su estabilidad se resquebraja, no se rompe solo un país: se pone en riesgo a toda una región que conecta el mar Rojo, el Nilo y el este africano.
Para entender la magnitud de la crisis actual hay que remontarse a la guerra civil de Tigray, librada entre noviembre de 2020 y noviembre de 2022. Aquel conflicto dejó alrededor de 600.000 muertos, según el mediador de la Unión Africana. En noviembre de 2022 se firmó en Pretoria un acuerdo de paz mediado por la Unión Africana que prometía desarmar a los combatientes y devolver la estabilidad. Sin embargo, el pacto dejó heridas abiertas y no resolvió las fallas estructurales de un sistema político construido sobre una federación étnica que agrupa a más de 80 grupos, muchos con aspiraciones de autogobierno o independencia.
Esa fragilidad terminó de resquebrajarse en septiembre de 2026. El Gobierno relativizo en julio de ese año la aplicación del acuerdo de Pretoria, poco después de que el Frente Popular de Liberación de Tigray recuperara el control de la administración regional a comienzos de mayo. El 20 de septiembre, siete grupos armados y de oposición anunciaron en la televisión pública de Tigray la formación de la Alianza de las Fuerzas de los Pueblos Etíopes para la Supervivencia, también conocida como Coalición por la Supervivencia. Entre ellos están el Movimiento Nacional Amhara Fano, el Ejército de Liberación Oromo, el Frente Popular de Liberación de Tigray, el Frente de Liberación Nacional de Ogadén, el Frente Revolucionario de Unidad Nacional Afar y los movimientos de liberación de los pueblos Benishangul y Gumuz.
Zemene Kassie, presidente del Movimiento Nacional Amhara Fano y voz de la nueva alianza, calificó al Ejecutivo del primer ministro Abiy Ahmed de "régimen dictatorial personalista y genocida" que había traído al país "guerra, genocidio y destrucción". Fijó como objetivo derrocarlo para instaurar, mediante una "Carta de Transición", un gobierno amplio que convoque a un "diálogo constitucional popular genuino, fiable, inclusivo y participativo". El portavoz del Frente Popular de Liberación de Tigray, Michael Asgedom, precisó a EFE que "el objetivo primordial de esta alianza es desmantelar la dictadura, salvaguardar la supervivencia del pueblo y establecer un sistema de transición inclusivo".
El Gobierno no emitió un comunicado oficial sobre la coalición más allá de ordenar la suspensión indefinida de la señal de Tigray TV. Pero la portavoz de Abiy Ahmed, Billene Seyoum, acusó directamente a Eritrea de estar detrás del nuevo frente: "los miembros de la alianza llevan tiempo colaborando con el respaldo financiero" de Asmara, escribió en un mensaje a la prensa, y agregó que "el reciente anuncio no hace sino confirmar lo que el Gobierno etíope ha venido denunciando una y otra vez". Eritrea no respondió a la acusación, aunque en el pasado ha negado señalamientos similares.
Apenas tres días después, el 23 de septiembre, las fuerzas del Frente Popular de Liberación de Tigray tomaron el control del aeropuerto de Mekelle, capital regional de Tigray, y de otros aeródromos de la zona, al tiempo que se libraban combates con tropas federales en puntos de Afar y Amhara, según documentó Al Jazeera. Ethiopian Airlines debió suspender sus vuelos a Mekelle, Axum y Shire. Getachew Reda, asesor del primer ministro y antiguo dirigente del propio Frente Popular de Liberación de Tigray, calificó lo ocurrido como una "ofensiva a gran escala" lanzada "contra posiciones gubernamentales en Afar y Amhara".
El Frente respondió acusando al Ejecutivo de haber "lanzado una invasión" de Tigray y advirtió que sus fuerzas "combatirán en una nueva ronda de la invasión genocida por parte de Abiy". Fueron los primeros choques de envergadura desde el fin de la guerra en 2022. Naciones Unidas expresó su "profunda preocupación"; la Unión Africana pidió una "desescalada inmediata" y recordó que drones etíopes habían atacado posiciones tigriñas en al menos una decena de ocasiones desde inicios de agosto, mientras EEUU condenó la ofensiva rebelde y amenazó con nuevas sanciones. Ninguno de los bandos aceptó hasta ahora un alto el fuego, y tanto la Unión Africana como la ONU evalúan si envían una misión de mediación a la región.
El riesgo es que estos combates no queden circunscritos a Tigray. Etiopía ya enfrenta insurgencias simultáneas en sus dos regiones más pobladas. En Amhara, con más de 30 millones de habitantes, actúan desde 2023 las milicias nacionalistas Fano, responsables, según registros de la propia insurgencia, de más de 100.000 desplazados solo en ese frente. En Oromía, la región más poblada del país, con más de 40 millones de personas y casi un tercio del territorio nacional, opera el Ejército de Liberación Oromo, catalogado como grupo terrorista por el Gobierno etíope desde 2021.
Que estos frentes, antes dispersos y hasta enemistados entre sí -Fano combatió junto al Ejército federal contra el Frente Popular de Liberación de Tigray durante la guerra de Tigray-, confluyan ahora en una sola coalición añade una dimensión nacional a una crisis que hasta hace pocos días parecía contenida en el norte. El Gobierno central se apoya en la Fuerza de Defensa Nacional de Etiopía, una fuerza de más de 150.000 efectivos regulares que suman entre 400.000 y 500.000 si se considera a los movilizados. Esa fuerza debe preservar la unidad estatal mediante una férrea centralización del poder.
Frente a él se prepara ahora una coalición opositora que reúne organizaciones vinculadas a varios de los principales espacios regionales del país. Estimaciones de Reuters. BBC y Al Jazeera indican que en conjunto los rebeldes pueden reunir entre 200.000 y 300.000 milicianos. La extensión territorial ilustra hasta qué punto el malestar dejó de ser un problema periférico para convertirse en una crisis de legitimidad del Estado etíope en su conjunto.
Pero la cuestión decisiva no es solamente cuántos frentes existen, sino si el Estado puede sostenerlos simultáneamente. El ejército central debe preservar la unidad territorial, combatir en Tigray y contener a las insurgencias de Amhara y Oromía, mientras mantiene bajo control las restantes regiones federales. Si la coalición consigue coordinar operaciones, rutas de abastecimiento y reclutamiento entre varios territorios, el problema para Addis Abeba dejaría de ser una sucesión de insurgencias aisladas y podría transformarse en una guerra de desgaste nacional. Ese escenario no implica automáticamente la caída del Gobierno, pero sí elevaría el costo militar, financiero y político de conservar el control territorial.
A la fractura política se suma una economía exhausta que erosiona aún más la base de sustento del Gobierno. El birr, la moneda local, pasó de 57 a más de 150 por dólar tras la liberalización cambiaria de julio de 2024, y aunque el Banco Nacional de Etiopía logró contener la inflación hasta el 9,4% interanual en marzo de 2026 -muy por debajo de la media del 16,6% de la década anterior- mediante una tasa de referencia del 15%, el país arrastra una deuda pública de unos US$ 49.000 millones. Las reservas internacionales, que habían caído a US$ 1.400 millones, se recuperaron hasta superar los 5.000 millones gracias a las reformas, pero la escasez de divisas sigue encareciendo las importaciones en un país donde la renta per cápita ronda apenas los US$ 1.100 anuales.
La crisis humanitaria que ya arrastraba Etiopía antes de esta escalada alcanza cifras alarmantes. La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios calcula más de 2,8 millones de desplazados internos en todo el territorio nacional. Ya en 2022, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos documentaba que "al menos dos millones de personas por toda la región de Tigray, Amhara y Afar se habían visto obligadas a abandonar sus hogares", y advertía que "muchas de ellas no están recibiendo la asistencia que necesitan para poder seguir con vida". Hoy la ONU calcula que más de 21 millones de personas, casi una sexta parte de la población total del país, se encuentran en situación de severa inseguridad alimentaria y dependen de una ayuda internacional cuyos presupuestos, advierte el propio organismo, están colapsados. Para poner esa cifra en perspectiva: 21 millones de personas equivalen a la población entera de países como Chile o los Países Bajos, todas ellas sin garantía de alimentarse por sus propios medios.
A ese mapa interno se suman actores externos con intereses muy concretos, que convierten a Etiopía en un tablero geopolítico regional. Eritrea, gobernada por el presidente Isaias Afwerki al frente de un ejército permanente de más de 200.000 soldados conscriptos, apoyó en su momento al ejército etíope contra el Frente Popular de Liberación de Tigray durante la guerra de Tigray, llegando a desplegar decenas de miles de soldados en territorio etíope. Ese alineamiento se revirtió por el creciente distanciamiento entre Asmara y Abiy Ahmed, agravado por el reclamo del primer ministro etíope de un acceso soberano al mar Rojo a través de puertos eritreos como Assab o Massawa, una exigencia que Eritrea interpreta como una amenaza a su propia soberanía.
El canciller etíope Gedion Timotheos denunció en junio de 2026 que Asmara proporciona de forma encubierta refugio, armamento y apoyo logístico a facciones del Frente Popular de Liberación de Tigray. Eso eleva el riesgo de una confrontación interestatal directa entre dos países que ya combatieron entre 1998 y 2000. Si además el conflicto interno vuelve a convertir a Tigray en un campo de batalla y Eritrea interviene de forma más abierta, una guerra civil etíope podría adquirir una dimensión internacional antes de que las potencias regionales tengan siquiera que decidir formalmente si intervenir.
Otro punto de máxima tensión es el agua del Nilo Azul. Egipto, una nación de más de 110 millones de habitantes que depende del río para más del 90% de su agua dulce, considera una amenaza existencial la operación de la Gran Presa del Renacimiento Etíope, inaugurada oficialmente en septiembre de 2025 tras catorce años de obras y una inversión cercana a los 5.000 millones de dólares, financiada en gran medida con recursos internos y bonos nacionales.
Es la mayor hidroeléctrica de África y produce ya una media de casi 15.800 gigavatios-hora al año, una cifra que Etiopía aspira a ampliar con tres presas adicionales en la misma cuenca proyectadas por su Ministerio de Agua y Energía. Expertos en recursos hídricos de la Universidad de El Cairo, citados por el medio The National, advirtieron que un control unilateral de Etiopía sobre el caudal del río reduciría la producción eléctrica de la Presa Alta de Asuán y comprometería el suministro básico de agua de la población egipcia.
El presidente Abdel Fatah al Sisi ha privilegiado hasta ahora la vía diplomática, pero su Gobierno no descarta una intervención militar si Addis Abeba avanza de forma inconsulta sobre el río. Mientras tanto, canaliza su presión de forma indirecta, respaldando política, financiera y militarmente a actores capaces de debilitar al Gobierno etíope y reducir así su margen de maniobra en la cuenca del Nilo. Si a la disputa por el agua se suma un debilitamiento severo del Estado etíope, Egipto podría interpretar que una crisis interna en Addis Abeba modifica el equilibrio sobre el Nilo y aumenta la necesidad de impedir decisiones unilaterales sobre el caudal. Es allí donde una guerra civil puede dejar de ser solamente un problema etíope y convertirse en una crisis estratégica para el noreste africano.
En el extremo opuesto del tablero, los Emiratos Árabes Unidos y otras potencias del Golfo respaldan directamente al Gobierno de Abiy Ahmed con asistencia financiera multimillonaria y transferencias de tecnología militar avanzada -incluidos drones de combate valuados en cientos de millones de dólares-, un apoyo que responde a su interés estratégico en asegurar puertos y rutas comerciales en el mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb, por donde transita más del 10% del comercio mundial.
Israel se sitúa del mismo lado que Abiy Ahmed en ese tablero, no como un observador distante. Ambos países firmaron en mayo de 2025 un memorando de entendimiento en materia de inteligencia y seguridad, y en septiembre de 2026 el propio embajador israelí en Addis Abeba, Avraham Neguise, confirmó el respaldo diplomático de Tel Aviv a las gestiones etíopes para lograr un acceso soberano al mar Rojo. Esa alineación, reforzada por visitas de alto nivel como la del canciller israelí Gideon Sa'ar en 2025, responde a un cálculo similar al de Emiratos Árabes Unidos: contener a los hutíes respaldados por Irán y blindar la seguridad de las rutas marítimas hacia el estrecho de Bab el-Mandeb y el puerto de Eilat, aunque no hay evidencia pública de una coordinación operativa directa entre Jerusalén y Abu Dabi en torno a Etiopía.
El resultado es, de todos modos, una paradoja incómoda: Emiratos Árabes Unidos figura entre los aliados tanto del Gobierno de Abiy Ahmed como, según señalan centros de análisis como el Soufan Center y el Observer Research Foundation, de las Fuerzas de Apoyo Rápido que combaten en la guerra civil de la vecina Sudán.
A esa lista de actores se suman otras potencias con intereses militares y financieros muy concretos. Turquía fue el proveedor de armamento crucial para el Gobierno etíope durante la guerra de Tigray: sus drones Bayraktar TB2 y, más tarde, los más avanzados Akinci, permitieron a las fuerzas federales revertir el avance del Frente Popular de Liberación de Tigray cuando este se encontraba a apenas 200 kilómetros de Addis Abeba. Esa dependencia llevó a Etiopía a desarrollar su propia industria de drones -hoy con una flota que, según analistas, se cuenta por miles-, combinando tecnología turca con modelos chinos Wing Loong e iraníes Mohajer-6, los mismos que el Ejército federal despliega hoy contra las milicias Fano y el Ejército de Liberación Oromo.
China, por su parte, es el mayor acreedor bilateral de Etiopía. Cerca de US$ 14.000 millones de deuda externa del país están en manos de bancos estatales chinos, que financiaron obras insignia como el ferrocarril de 4.000 millones de dólares entre Addis Abeba y Yibuti o la sede de 200 millones de dólares de la Unión Africana. Ese peso financiero le da a Pekín mucho que perder si la crisis se profundiza y explica su interés en sostener la estabilidad del Gobierno de Abiy Ahmed antes que arriesgar el repago de esa deuda.
Rusia, a su vez, cultiva vínculos con ambos lados del tablero regional -mantiene relaciones militares y diplomáticas tanto con Etiopía como con Eritrea- y en el litigio por la presa del Nilo Azul ha respaldado de forma sostenida la posición etíope de resolver la disputa mediante la mediación de la Unión Africana, en lugar del arbitraje internacional que reclama Egipto, un respaldo que, sumado a su histórica renuencia a condenar las acciones militares de Adís Abeba durante la guerra de Tigray, la convierte en otro actor con capacidad de inclinar la balanza si el conflicto vuelve a escalar.
Las consecuencias de esta crisis ya desbordan las fronteras etíopes. La porosidad de los límites internacionales y los lazos étnicos que se extienden más allá de ellos provocan huidas masivas de población hacia países vecinos como Sudán del Sur, Kenia y Yibuti, que ya reciben a cientos de miles de personas, según advirtió el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Ese organismo también alerta sobre redes de migración irregular que se extienden hacia Oriente Medio y Europa y que terminan por colapsar servicios locales en los países de acogida.
Buena parte de lo anterior resulta difícil de seguir sin entender cómo se organiza Etiopía por dentro. El país no es una nación homogénea, sino una federación construida deliberadamente sobre líneas étnicas desde la Constitución de 1995, impulsada por el Frente Popular de Liberación de Tigray cuando gobernaba el país. Cada uno de sus estados regionales fue trazado, en teoría, para que coincidiera con el territorio histórico de un pueblo determinado, una fórmula que sus impulsores presentaron como garantía de autogobierno para más de 80 grupos étnicos y que sus críticos señalan como el origen de buena parte de las actuales fracturas, al haber institucionalizado la pertenencia étnica como la unidad básica de la política nacional.
Según el último censo nacional completo, realizado en 2007 -el siguiente, previsto para 2017, fue postergado varias veces por la inestabilidad, y el Gobierno recién apunta a completarlo en el ciclo 2025-2026, según reconoció la ministra de Planificación, Fitsum Assefa, citada por el medio Addis Fortune-, los oromo son el grupo más numeroso, con algo más de un tercio de la población, seguidos por los amhara, que rondan la cuarta parte. Somalíes y tigriños representan, cada uno, en torno al 6-7%, y el resto se reparte entre decenas de pueblos menores como los sidama, gurage, welaita o afar. Esa distribución explica, casi en espejo, el mapa de los grupos armados que hoy desafían al Estado: el Ejército de Liberación Oromo actúa en nombre de la identidad oromo, las milicias Fano se reivindican como defensoras de los amhara, el Frente Popular de Liberación de Tigray gobierna de facto Tigray y el Frente de Liberación Nacional de Ogadén representa a la minoría somalí del este del país, mientras que los movimientos de Benishangul y Gumuz defienden a dos de los pueblos más pequeños del oeste etíope.
A ese mosaico étnico se superpone otro religioso que también ayuda a leer el conflicto, aunque con matices importantes. Según estimaciones citadas por el Servicio de Información sobre Países de Origen de la Unión Europea y por la Secretaría de Estado de Migración de Suiza, cerca de dos tercios de los etíopes son cristianos -un 44% pertenece a la Iglesia ortodoxa etíope, ligada al Estado desde el reino de Aksum en el siglo IV, y un 23% adicional es protestante, una corriente en fuerte crecimiento en el sur del país-, mientras que algo menos de un tercio, en torno al 31%, profesa el islam.
Esa frontera religiosa tiene, además, una geografía bastante marcada: Tigray y Amhara son mayoritariamente cristianos ortodoxos, lo que explica el peso histórico de ambos pueblos en la Iglesia y en el propio Estado imperial etíope, mientras que Afar, la región Somali y aproximadamente la mitad de la población oromo profesan el islam, una presencia que se remonta a las antiguas rutas de comercio con la península arábiga a través del mar Rojo.
Conviene aclarar, sin embargo, que la guerra actual no es un conflicto religioso: cristianos y musulmanes luchan en ambos bandos, y las alianzas -como la propia Coalición para la Supervivencia, que reúne a pueblos de distintas religiones- se articulan en torno a la identidad étnica y regional, no a la fe. La religión funciona más bien como un refuerzo simbólico de identidades ya enfrentadas por el reparto de poder y de tierra, no como su causa original.
El interés en que Etiopía no colapse tampoco es solo geopolítico: el país está entrelazado con cadenas globales de suministro y de finanzas. Es el quinto mayor productor de café del mundo y el origen de la variedad arábica; el grano representa el 60% de sus exportaciones y da sustento a unos 15 millones de pequeños productores, de modo que una disrupción prolongada en zonas cafetaleras como Sidamo, Yirgacheffe o Guji repercutiría en el abastecimiento y los precios internacionales de ese producto.
La diáspora etíope, por su parte, envió más de 6.000 millones de dólares en remesas en 2024 -un salto del 50% respecto al año anterior-, una de las fuentes de divisas de más rápido crecimiento del país, que una fuga masiva de población o un cierre de fronteras podría interrumpir de golpe. A eso se suma la exposición financiera internacional: además del eurobono de 1.000 millones de dólares en default y la deuda con acreedores privados y bilaterales, Etiopía es uno de los grandes receptores de programas del FMI y el Banco Mundial. Su fracaso alimentaría dudas sobre la solvencia de otros países africanos embarcados en reestructuraciones similares.
Pero existe todavía una pregunta política más profunda: incluso si la coalición rebelde lograra debilitar o eventualmente derrocar a Abiy Ahmed, ¿qué autoridad podría gobernar después un país de más de 126 millones de habitantes? Los grupos que integran la alianza comparten hoy el objetivo de terminar con el Gobierno central, pero representan identidades, territorios e intereses distintos. La "Carta de Transición" anunciada por sus dirigentes ofrece una hoja de ruta política, pero todavía no demuestra cómo se resolverían las disputas sobre poder, fronteras, recursos y autonomía entre sus propios integrantes. El problema del día después puede ser tan difícil como el de la guerra: derrocar a un Gobierno no equivale a construir una autoridad nacional capaz de impedir que la caída del centro acelere la fragmentación de la periferia.
Y todo esto sin contar el corredor marítimo del mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb, frente a las costas del Cuerno de África, por donde transitan a diario unos 4,5 millones de barriles de petróleo y cerca del 8% del gas natural licuado que se comercia en el mundo: cualquier escalada que empuje a Etiopía a disputar ese litoral con Eritrea añadiría un nuevo foco de riesgo a una de las rutas energéticas más sensibles del planeta.
El escenario que debe preocupar no es solamente una repetición de la guerra de Tigray. El riesgo aparece si varios elementos se activan al mismo tiempo: una nueva guerra abierta en Tigray, la coordinación efectiva de las insurgencias de Amhara y Oromía, una intervención más directa de Eritrea, un agravamiento de la disputa por el Nilo y una mayor implicación de las potencias del Golfo y de otros actores interesados en el mar Rojo. No es necesario que todos ocurran simultáneamente para producir una crisis regional; basta con que algunos se encadenen para que un conflicto interno comience a alterar el equilibrio de países vecinos y rutas estratégicas.
Sin embargo, mientras Sudán y la República Democrática del Congo concentran buena parte de la atención internacional dedicada a las crisis africanas, la que se gesta en Etiopía avanza casi en silencio sobre un país más poblado que ambos, con un historial reciente de violencia -los 600.000 muertos que dejó la guerra de Tigray en apenas dos años- más letal en su ritmo que cualquiera de esos otros conflictos, y con una capacidad de contagio regional, a través del mar Rojo, el Nilo y el Cuerno de África, que ninguno de ellos iguala.
Medida con la misma vara que esas tragedias, es difícil justificar que reciba menos diplomacia, menos cobertura y menos alarma internacional. Si Etiopía se fractura del todo, no será solo una crisis etíope: será una amenaza directa para toda una región y para el equilibrio de un continente. Y el problema más grave no sería solamente que el mundo la hubiera visto llegar: sería que, pese a haber visto las señales, hubiera esperado a que la guerra estuviera extendida para reaccionar.