Alfonso Hernández Ortiz | CITGO: de los pacientes a las ONG, la historia del dinero humanitario

Mi artículo anterior sobre CITGO terminaba preguntando de quién es realmente la empresa. Hablaba de soberanía, de Washington, de los acreedores, de los tribunales y de esa extraña situación en la que uno de los activos más importantes de Venezuela lleva años dependiendo de decisiones que muchas veces se toman fuera de Venezuela. Pensé que allí terminaba la historia, hasta que un lector me escribió. No me habló de Crystallex, ni de Delaware, ni de Guaidó, ni de Maduro. Me habló de enfermos. Me recordó que durante años la Fundación Simón Bolívar, creada por CITGO en 2006, pagó tratamientos para venezolanos con enfermedades graves: trasplantes, cáncer, médula ósea, cirugías y procedimientos que una familia común difícilmente podía pagar. “Investigue qué pasó con eso”, me dijo. Y lo hice. Lo primero que encontré fue que la historia era bastante más compleja de lo que parecía. La Fundación no nació con Guaidó y tampoco desapareció su asistencia médica cuando cambió la administración. De hecho, sus propios informes señalan que continuó atendiendo pacientes que estaban bajo su responsabilidad cuando asumió la nueva junta en 2019. Pero también encontré un cambio de modelo: los últimos acuerdos nuevos para determinados trasplantes bajo el esquema anterior habían sido firmados en 2018 y después la Fundación comenzó a privilegiar subvenciones a organizaciones capaces, según su explicación, de alcanzar a muchas más personas.

La fecha no es un detalle. En 2019 también cambió el poder alrededor de CITGO. Después de que Juan Guaidó fuera reconocido por Estados Unidos como presidente interino, la nueva estructura política venezolana designó una junta ad hoc de PDVSA y, a través de la cadena corporativa estadounidense, fueron renovándose las autoridades responsables de PDV Holding, CITGO Holding y CITGO Petroleum. De pronto, dirigentes y profesionales vinculados a una oposición que durante años había denunciado el manejo discrecional de los recursos públicos por parte del chavismo tenían bajo su responsabilidad uno de los activos internacionales más importantes del país. Y prácticamente al mismo tiempo comenzó la transformación de la Fundación. Sus documentos posteriores describen una estrategia cada vez más concentrada en grants a organizaciones humanitarias; para 2021 reconocía expresamente que su atención se había desplazado hacia organizaciones internacionales calificadas, aunque continuaba sosteniendo a pacientes heredados del modelo anterior. Que ambos procesos coincidan no demuestra corrupción, ni siquiera demuestra que uno haya causado el otro. Pero genera una pregunta perfectamente legítima: cuando cambió el poder sobre CITGO y cambió también la forma de distribuir una parte importante de su ayuda humanitaria, ¿quién tomó esas decisiones, con qué criterios y qué ocurrió después con el dinero?

La Fundación ofrece una explicación que no debe caricaturizarse. El modelo anterior podía concentrar cantidades extraordinarias de recursos en muy pocos pacientes durante períodos muy largos. El nuevo modelo pretendía financiar organizaciones capaces de llevar medicamentos, nutrición, atención materno-infantil y servicios médicos a poblaciones mucho mayores. Los resultados que la propia Fundación reporta son importantes: en 2023 informó una donación de CITGO de 7,8 millones de dólares, 25 subvenciones firmadas, 15 proyectos concluidos y verificados y unos 281.722 beneficiarios estimados; además reportó 1,1 millones de comidas y 360.000 medicamentos y vitaminas. Son cifras de la propia organización y deben entenderse como tales, pero sería absurdo ocultarlas simplemente porque incomodan una hipótesis de investigación. El problema no es que aparecieran las ONG. El problema es otro: cuando cambia el modelo, cambia también la ruta del dinero. Antes podía existir una relación relativamente corta entre Fundación, paciente y hospital. Después aparece potencialmente Fundación, ONG, proyecto, proveedor, subcontratista y beneficiario. Esa estructura puede ser mucho más eficiente y llegar a miles de personas; también exige controles mucho más sofisticados. La propia Fundación explica que las propuestas pueden llegar por invitación o convocatoria, que puede intervenir un equipo asesor comunitario y que la decisión final corresponde a la Fundación, a su discreción, de acuerdo con sus prioridades y recursos disponibles. Ahí es donde empieza la pregunta que realmente me interesa.

Andreas Schedler, uno de los autores que mejor ha trabajado el problema de la rendición de cuentas en las nuevas democracias, lleva esa discusión mucho más allá de votar cada cierto número de años. Una democracia necesita instituciones capaces de limitar el poder y obligarlo a responder por lo que hace; no basta con que los ciudadanos puedan cambiar al gobernante, el propio Estado necesita controles sobre quienes lo administran. Y eso toca directamente la historia de CITGO. Accountability no significa publicar un informe bonito, colocar unas cifras en una página web o decir cuántas personas fueron atendidas. Transparency International insiste precisamente en que transparencia y rendición de cuentas no son lo mismo: abrir información puede ser una condición necesaria, pero la información tiene que permitir entender responsabilidades, decisiones y destino de los recursos para que exista verdadera capacidad de exigir respuestas. Dicho en venezolano: si me dices que ayudaste a 300.000 personas, estupendo; ahora dime cuánto gastaste, a quién se lo entregaste, quién escogió a esa organización, cuánto cobró por administrar, quién ejecutó el proyecto, quién verificó el resultado y qué ocurrió cuando algo salió mal. No porque presuma que robaste. Precisamente porque el dinero que uno administra para otros se explica antes de que alguien tenga que sospechar.

Y algo salió mal al menos una vez. La propia Fundación informó que una revisión detectó una declaración incorrecta relacionada con la elegibilidad de una organización receptora, canceló aquella subvención, recuperó el dinero que no había sido utilizado y sostuvo que los recursos ya ejecutados habían llegado al programa humanitario correspondiente. Ese episodio no demuestra una trama de corrupción; al contrario, también puede leerse como evidencia de que un control funcionó. Pero justamente por eso abre preguntas incómodas: ¿qué control detectó el problema?, ¿cuánto tiempo tardó?, ¿se revisaron de la misma manera las demás organizaciones?, ¿existieron otros conflictos?, ¿quién recomendaba a los beneficiarios?, ¿quién aprobaba finalmente cada desembolso? Mientras revisaba los documentos encontré organizaciones con programas perfectamente identificables y otras cuyos expedientes fiscales plantean preguntas adicionales sobre transacciones con partes interesadas, costos administrativos o relaciones entre organizaciones. Nada de eso autoriza a condenar a nadie. Sí autoriza a preguntar. Y hay algo que me parece fundamental: la Fundación afirma haber sometido durante varios años su sistema de subvenciones a revisiones externas. Excelente. Entonces conozcamos, hasta donde permitan las obligaciones legales y de confidencialidad, quién auditó, qué revisó, qué muestra utilizó, qué encontró y qué recomendaciones formuló. La mejor manera de defender una gestión correcta no es pedir confianza. Es mostrar evidencia.

Aquí es donde la historia se vuelve inevitablemente política. La oposición que asumió responsabilidades sobre la estructura de CITGO en 2019 no llegó al escenario público prometiendo simplemente reemplazar unas personas por otras. Prometía representar una ruptura con una manera de ejercer el poder: menos discrecionalidad, menos opacidad, más instituciones. Por eso el estándar que debe aplicársele no puede ser “¿robó más o menos que el chavismo?”. Ese estándar sería una derrota moral antes de comenzar. La pregunta correcta es si construyó una manera diferente de administrar. Y para saberlo hacen falta cuentas: cuánto recibió la Fundación cada año, cuánto permaneció destinado a pacientes individuales, cuánto pasó al nuevo sistema, quiénes fueron los principales receptores, quién aprobó esas decisiones, qué organizaciones actuaron como intermediarias, qué conflictos fueron declarados, qué fondos tuvieron que recuperarse, qué proyectos no funcionaron y cuáles sí. Transparency International sostiene que los responsables de empresas y organizaciones deben actuar de manera visible, predecible y comprensible precisamente para que terceros puedan observar cómo se toman las decisiones. Ese principio me parece especialmente importante en una empresa vinculada al patrimonio venezolano. Si la gestión fue buena, una auditoría completa no debería ser una amenaza. Debería ser su mejor defensa.

Y ahora el tablero vuelve a moverse. Washington está redefiniendo durante 2026 partes importantes de su relación con Venezuela, PDVSA y sus activos externos, mientras el futuro de CITGO continúa atravesado por decisiones judiciales y autorizaciones estadounidenses. Eso hace todavía más urgente separar dos discusiones que suelen mezclarse. Una es quién administrará CITGO mañana. Otra, completamente distinta, es qué cuentas debe entregar quien la administró ayer. No afirmaría que Estados Unidos simplemente está preparando CITGO para entregársela a Delcy Rodríguez porque los documentos disponibles no permiten decirlo. Pero tampoco ignoraría el cambio político que está ocurriendo. Precisamente por eso, antes de cualquier transición importante, Venezuela debería recibir un inventario serio de esta etapa: estados financieros, contratos, subvenciones, auditorías, informes de ejecución, obligaciones pendientes, conflictos detectados y recursos recuperados. Antes de entregar las llaves de una casa se hace inventario. Aquí hablamos de algo bastante más importante que una casa. Y esas cuentas no pertenecen a Maduro, ni a Guaidó, ni a Delcy, ni a Washington. Les pertenecen, política y moralmente, a los venezolanos. Si el nuevo modelo de la Fundación multiplicó el impacto de cada dólar, hay que demostrarlo y reconocerlo. Si hubo errores, hay que explicarlos. Si hubo irregularidades, habrá que individualizarlas y probarlas. Lo que no podemos hacer es repetir nuestra vieja costumbre nacional de cambiar de administrador y comenzar de nuevo como si nada hubiera ocurrido.

Porque al final esta investigación dejó de ser para mí una historia sobre una fundación. Es una historia sobre la Venezuela que viene. Durante demasiado tiempo confundimos Estado con gobierno, gobierno con partido, administración con propiedad y lealtad política con permiso para no responder preguntas. Cambiar a Maduro sin cambiar esa cultura sería cambiar los nombres y conservar el problema. La nueva Venezuela comenzará realmente cuando quien administre un dólar que no es suyo sepa que algún día tendrá que explicar qué hizo con él; cuando quien nombre una junta explique por qué escogió a esas personas; cuando quien entregue una subvención pueda mostrar cómo seleccionó al beneficiario; y cuando quien pregunte deje de ser tratado automáticamente como enemigo. Mi artículo anterior preguntaba de quién es CITGO. Después de seguir esta historia creo que la pregunta más importante es otra: ¿quién está dispuesto a rendir cuentas por ella? Porque recuperar la República no será solamente recuperar elecciones, instituciones, empresas o petróleo. Será recuperar una idea elemental que perdimos hace demasiado tiempo: el poder administra; el ciudadano pregunta; y quien administra tiene la obligación de responder.