Juan Manuel Trak | Venezuela: reinstitucionalización judicial bajo tutela
El escenario político en Venezuela, luego de la captura de Maduro el 3 de enero de 2026, no ha sido la esperada transición a la democracia; por el contrario, el escenario ha sido un proceso de adaptación autoritaria producto del acoplamiento entre los intereses geopolíticos y transaccionales de la administración de Donald Trump y la capacidad del gobierno de Delcy Rodríguez de garantizar acceso rápido a recursos naturales gracias al control de facto que mantiene sobre las instituciones del Estado.
De esta suerte, el proceso político venezolano se ve atravesado por la tensión entre las demandas geopolíticas de los Estados Unidos y las aspiraciones de la ciudadanía por una mejoría económica y una mayor participación política. Esta tensión se incrementa en la medida en que, desde la perspectiva del presidente Trump, Venezuela es un caso de éxito de su política exterior y profundiza la relación transaccional con el gobierno de Rodríguez, mientras que, para la mayoría de los venezolanos, las condiciones de vida no han mejorado significativamente.
Diálogo incierto
En este contexto, la segunda ronda de diálogo entre los representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y el gobierno interino de Delcy Rodríguez está generando expectativas y frustraciones respecto del avance del proceso de reinstitucionalización democrática en el país.
El resultado de la primera ronda de diálogo (del 6 al 12 de agosto de 2026) se materializó en un acuerdo para la renovación total del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La consecuencia inmediata fue una reforma, aprobada por la Asamblea Nacional oficialista electa en 2025, a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. En dicha reforma se amplió el número de integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales de 21 a 23. De estos 23, 12 serán representantes de la sociedad civil, mientras que 11 serán diputados de la AN.
Esta decisión es, para algunos, un avance hacia la reinstitucionalización del Poder Judicial. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil y expertos en derecho constitucional enfatizan que esta composición es violatoria de la Constitución, pues el comité de postulaciones ha de estar integrado “por distintos sectores de la sociedad”; es decir, por actores no vinculados a partidos políticos. Desde el punto de vista normativo, el problema es claro: la composición del comité no se apega a la norma.
Desde el punto de vista político, la situación no es mejor. La Asamblea Nacional 2025 es producto de una elección no competitiva en la que la mayoría de los partidos opositores estaban prohibidos o intervenidos; sus líderes presos, en la clandestinidad o en el exilio; y los pocos que participaron se hallaban en situación de desventaja frente a un gobierno que aplicaba el terrorismo de Estado luego del fraude del 28 de julio de 2024. Así, la oposición liderada por María Corina Machado (Vente Venezuela) y sus aliados (Primero Justicia, Acción Democrática, Voluntad Popular) decidió boicotear la elección, mientras que el sector representado por Henrique Capriles Radonski (Unión y Cambio) y Rosales (Un Nuevo Tiempo) se mantuvo en la contienda, a pesar de la asimetría. Además, participaron los partidos cooptados o intervenidos judicialmente que conforman Alianza Democrática, así como organizaciones minoritarias como Alianza Lápiz y Fuerza Vecinal. El resultado, como era de esperar, fue una abstención superior al 70%, mientras que el PSUV obtenía el 83% de los escaños de la Asamblea Nacional.
Con este resultado, cualquier comité queda, en la práctica, en manos del oficialismo. Incluso si se distribuye proporcionalmente el peso de los diputados, 8 de 11 serían del PSUV, 1 de Alianza Democrática y el resto de la Alianza UNT-UNICA y los partidos minoritarios. Pero la situación va más allá: la designación de los 12 representantes de la sociedad civil al Comité de Postulaciones es aprobada por las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, luego de un filtro que aprueba una comisión preliminar compuesta de 11 diputados. A pesar del optimismo de la delegación opositora, esto supone que, a pesar de que la sociedad civil es mayoría en el comité, el equilibrio político del mismo pudiera inclinarse al oficialismo toda vez que organizaciones de la sociedad civil pro oficialistas serían parte del comité.
En resumen, el diseño institucional y político del proceso de designación de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia está orientado a dotar al partido de gobierno de una ventaja desproporcionada en todas las etapas del mismo. El gobierno es consciente de este diseño y, por ello, en 2015, luego de que la oposición obtuviera las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, la AN saliente, liderada en aquel momento por Diosdado Cabello, implementó un proceso exprés de nombramiento de magistrados. Esos mismos magistrados fueron quienes despojaron a la AN opositora de sus competencias y exacerbaron el conflicto de poderes que derivó en el desconocimiento del Poder Legislativo por parte de Nicolás Maduro y validaron una Asamblea Nacional Constituyente sin mandato popular, que legisló pero no produjo cambios en la constitución.
¿Por qué ahora sería diferente?
Dado que el contexto institucional y político partidista no ha cambiado (de hecho, es mucho peor), es válido preguntarse qué ha cambiado para que el resultado no sea el mismo.
En primer lugar, lo obvio, el proceso de toma de decisiones políticas en Venezuela no es autónomo. Desde la captura de Maduro, el chavismo responde al tutelaje de la administración de Donald Trump. Los cambios en las posiciones del chavismo no son consecuencia de una transformación voluntaria de sus preferencias, sino el resultado de una amenaza existencial proveniente de los Estados Unidos.
En segundo lugar, la oposición también es dependiente de Washington. Tanto María Corina Machado como Dinorah Figuera actúan en función de las oportunidades o restricciones impuestas por la Casa Blanca. En el caso de Figuera, su poder de negociación emana directamente del Departamento de Estado, mientras que Machado se ha limitado a sí misma porque desde esta misma instancia no ha recibido el apoyo que ella esperaba para seguir en su lucha por el poder.
De esta suerte, el proceso de diálogo que sostienen el gobierno interino y la comisión delegada de la Asamblea Nacional 2015 no nace de la comunidad política en un esfuerzo por retomar la institucionalidad democrática, sino de un factor externo que ha generado el reacomodo de las posiciones de cada uno de estos actores, así como de sus capacidades.
Democratización en incertidumbre
Es en este escenario que el proceso de democratización ha quedado rezagado frente a los cambios en materia económica y energética que impulsa el gobierno de Rodríguez para cumplir con las exigencias de la Casa Blanca. Pero el tema es más complejo, el interés del gobierno de Rodríguez va más allá de la mera supervivencia, la reintegración de la industria petrolera nacional al mercado internacional y la recuperación de la renta petrolera no solo es conveniente para Estados Unidos, sino para la facción de la élite chavista que ha decidido mantener el poder a costa a cambio de acceso a hidrocarburos, minerales y acceso a otros negocios por parte de la administración trumpista y los intereses empresriales que lo acompañan.
Así, el escenario más probable a corto plazo es la consolidación de un entorno favorable, de seguridad económica y jurídica para que las empresas internacionales puedan tener garantías sobre sus inversiones. Dicho entorno favorable coexistiría con un entorno adverso para la ciudadanía, la sociedad civil, partidos políticos y empresarios locales. En este sentido, cabe recordar que las empresas petroleras internacionales están acostumbradas a operar en entornos políticamente cerrados que les garantizan el retorno de su inversión, protección de activos y operaciones, así como la repatriación de capitales.
En este contexto, el proceso de reforma del Poder Judicial sin la participación de la sociedad civil autónoma puede derivar en un sistema de doble rasero, en el que las empresas internacionales mantienen la seguridad de sus inversiones, mientras la ciudadanía en Venezuela continúa desprotegida o en desventaja frente a la arbitrariedad de quienes ostentan el poder del Estado.
Sin embargo, a mediano plazo este escenario no es sostenible. La sociedad venezolana ha acumulado no solo demandas de satisfacción de bienes y servicios, sino demandas de mayor ejercicio de derechos civiles, participación política y democracia. Estas demandas políticas persisten a pesar de la brutal represión del gobierno de Maduro tras el fraude del 28 de julio de 2024. En consecuencia, la seguridad jurídica de un tribunal a la medida de las petroleras internacionales no es sostenible en el mediano plazo, sobre todo porque el poder externo está sujeto a los vaivenes de la política doméstica de los Estados Unidos.
Así las cosas, para las empresas petroleras que buscan inversiones de mediano y largo plazo, y no solo obtención inmediata de renta, el riesgo de fondo es que un cambio en la política de los Estados Unidos se traduzca en el retorno de la confrontación entre bandos que firmaron un acuerdo por presión externa y no como resultado de un proceso real de cambio en las reglas que regulan el acceso, distribución y ejercicio del poder político venezolano. La seguridad proporcionada por una reforma judicial incompleta puede no ser tan a largo plazo como el tiempo que requieren las inversiones petroleras para ofrecer retornos reales.
*Artículo original difundido en Substack