Daniel García Arellano | ​Interinato tutelado debe ceder o ser despojado del control de la contratación del Estado

La reconstrucción de Venezuela no admite más dilaciones. Tras casi tres décadas de un modelo que erosionó el tejido productivo, secuestró las instituciones y sembró la pobreza, el país se encuentra ante un reto titánico. Sin embargo, este propósito es inviable si se mantiene el statu quo en la administración de los recursos y la política económica.

La ciudadanía observa con indignación cómo el entramado de control sigue intacto, beneficiando a las estructuras que han sumido al país en la tragedia.

​El retorno a la civilidad: Desmilitarizar la función pública

​La reconstrucción exige, como paso ineludible, el cese inmediato de la intervención militar en los asuntos civiles. La llamada "unión cívico-militar" ha demostrado ser, en la práctica, un mecanismo de dominación y control autocrático que ha desplazado la capacidad profesional civil, arrinconándola bajo la bota de uniformados que han pervertido su función original.
La administración pública debe ser dirigida por técnicos y profesionales formados para la gestión, no para el mando jerárquico-militar. Venezuela necesita una función pública dignificada, transparente y estrictamente civil.

​Democratizar el acceso y la contratación

​La contratación pública debe democratizarse. El modelo actual, diseñado exclusivamente para sectores allegados al oficialismo, ha funcionado como un mecanismo de exclusión y corrupcion incontrolable.

El pueblo trabajador exige un registro expedito para PYMES, sin burocracia y con transparencia, y el fin de la hegemonía que permite la discrecionalidad y alimenta las mafias que financian las estructuras del sistema corrupto.

​El fin del saqueo: Cerrando la "raspadera de olla"
​La reconstrucción no puede ignorar el desmantelamiento sistemático que hoy ejecutan quienes, ante el inminente cambio de ciclo, practican la "raspadera de olla" con total impunidad. Es imperativo auditar y sancionar a la red de funcionarios públicos que, desde las sombras, han orquestado las expropiaciones injustificadas y el desvalijamiento de empresas estatales, convirtiendo el patrimonio nacional en botín privado. Esta práctica de tierra arrasada tiene una larga historia: la conducta recurrente de aquellos oficialistas que, ante cada derrota electoral, procedían a "desaparecer" equipos pesados, vehículos, insumos y cualquier bien tangible del Estado. Este despojo es un crimen contra el futuro de la nación, y la transición debe blindar de inmediato los activos públicos con consecuencias penales severas.

​La urgencia de una hoja de ruta y la crisis de bolsillo

​Es inaceptable que, habiendo transcurrido un tiempo considerable desde la salida de Maduro, los venezolanos sigamos sin conocer una hoja de ruta clara.

Es evidente que el presidente Trump y los sectores que le acompañan no tienen ninguna prisa, tal como lo han expresado en su estrategia de contención y conveniencia; pero el pueblo venezolano sí la tiene. Nos enfrentamos a un escenario de incertidumbre donde hemos presenciado un pronunciamiento del gobierno estadounidense que logró subordinar al equipo de Maduro que permaneció en el poder, pero que no ha traducido esa maniobra en un plan de nación.

​A esto se suma la complejidad extrema de la situación financiera actual: quienes hoy controlan las riendas del país mantienen una gestión caótica mientras el dólar alcanza precios astronómicos, pulverizando lo poco que queda del poder adquisitivo. Para el ciudadano de a pie, esta realidad no es una cifra abstracta, sino una tragedia diaria que vuelve insostenible la espera.

La transición no puede ser un ejercicio de paciencia para las élites mientras el pueblo ve cómo se volatiliza su sustento. No podemos permitir que la reconstrucción sea postergada por arreglos de escritorio mientras la economía nacional se desmorona.

​Estabilidad macroeconómica: Pilar de la reconstrucción

​Ninguna obra de calidad podrá sostenerse sobre este caos financiero y administrativo. La reconstrucción requiere:
​Equilibrio salarial: Una política que reconozca el valor del esfuerzo humano.
Unificación cambiaria: Normalizar el control para eliminar la especulación y el paralelismo.​
Equilibrio fiscal: Reformar entes como SENIAT y SAREN entre otros para que dejen de ser centros de asedio y permitan que la grnte y la empresa privada respire.

​Recuperar el campo y la infraestructura

​La era revolucionaria creó un nuevo latifundismo en manos de funcionarios y testaferros. Se requiere un plan agresivo donde las asociaciones de productores, liberadas de la politización y de las mafias, asuman el protagonismo. Es urgente modernizar los pensum de estudio y despojar al Estado del monopolio de la importación para lograr una reconstrucción integral de nuestros servicios.

​Un llamado a la responsabilidad

​Engañar con ofertas vagas es ignorar el sufrimiento de una nación. Cualquier recurso manejado por el interinato que siga nutriendo a quienes heredaron el poder circunstancialmente es una traición a la esperanza. Quienes tutelan el proceso deben abandonar su zona de confort. Si no se trabaja desde ya en la reforma profunda del Estado, desmontando el modelo que ha servido para atropellar la constitucionalidad, no existirá la posibilidad de transformar a Venezuela.

​Los venezolanos han demostrado, con sangre, sudor y lágrimas, que están listos para asumir el esfuerzo; ahora corresponde que los responsables de la transición dejen de lado las estrategias dilatadas y den paso a una Venezuela libre de las mafias y de la influencia militar que han secuestrado nuestro futuro.