Alfonso Hernández Ortiz | Las ruinas también hablan: Ensayos sobre el terremoto que cambió a Venezuela
I. El país que la tragedia dejó al descubierto
Hay acontecimientos que cambian el curso de la historia de una nación. Algunos lo hacen porque transforman su sistema político, modifican su economía o alteran el equilibrio del poder. Otros, mucho menos frecuentes, producen un efecto todavía más profundo: obligan a un pueblo entero a detenerse y preguntarse en qué se convirtió. Estoy convencido de que el terremoto del pasado 24 de junio pertenece a esa categoría de acontecimientos excepcionales. No únicamente por la magnitud de la destrucción ni por el inmenso dolor que dejó sembrado en miles de hogares venezolanos, sino porque terminó revelando, con una crudeza imposible de ocultar, el verdadero estado de un país que durante demasiado tiempo permaneció atrapado en una discusión política permanente mientras relegaba silenciosamente otros asuntos que, al final, terminaron siendo igualmente determinantes para la vida de millones de personas.
He dudado mucho antes de escribir este ensayo. No porque me falten argumentos, sino porque me sobran. Cada fotografía de un edificio reducido a escombros, cada historia de una madre esperando noticias de un hijo, cada rescatista que continuó excavando cuando el agotamiento físico parecía haber vencido cualquier límite humano y cada ciudadano que decidió ayudar sin preguntar por la ideología de quien tenía enfrente merecen un espacio propio. También lo merecen las preguntas que inevitablemente comenzaron a surgir desde el primer día y que, por respeto a las víctimas, no deberían desaparecer cuando las cámaras de televisión abandonen las zonas afectadas. Precisamente por esa razón decidí convertir esta reflexión en una serie de ensayos. Hay demasiado que decir para resumirlo todo en un solo artículo y sería una enorme irresponsabilidad permitir que, junto con los escombros, también queden sepultadas las lecciones que esta tragedia nos deja como sociedad.
Durante años los venezolanos vivimos absorbidos por una confrontación política que parecía explicar absolutamente todo. Discutimos quién gobernaba, quién debía gobernar, quién representaba la legitimidad democrática, quién negociaba con quién, cuál era la posición de Washington, qué haría la comunidad internacional y cuál sería el próximo capítulo de una transición que nunca terminaba de llegar. Mientras el país consumía buena parte de sus energías en esa discusión, otros temas desaparecieron lentamente del debate nacional. Dejamos de hablar de prevención, de planificación urbana, de infraestructura crítica, de gestión del riesgo, de protección civil y de la capacidad real del Estado para responder cuando una emergencia de gran magnitud pusiera a prueba aquello que durante años se afirmaba haber construido. Parecía que la naturaleza aceptaría esperar pacientemente hasta que los venezolanos resolviéramos nuestras diferencias. La naturaleza, por supuesto, nunca hace ese tipo de concesiones.
El terremoto nos recordó una verdad tan sencilla como incómoda: la primera obligación de cualquier Estado no consiste en pronunciar discursos, organizar elecciones o administrar el poder. Su responsabilidad esencial es proteger la vida de sus ciudadanos. Esa es la razón por la cual las grandes tragedias naturales terminan convirtiéndose en el examen más severo que puede enfrentar una nación. La naturaleza no distingue entre oficialistas y opositores, no pregunta por la condición social de las víctimas, no reconoce ideologías ni escucha consignas. Simplemente pone a prueba la capacidad de un país para responder cuando todo aquello que parecía sólido comienza a derrumbarse. Es precisamente en ese instante cuando desaparecen los relatos y únicamente permanecen los hechos.
Venezuela nunca pudo alegar desconocimiento. Nuestra historia registra terremotos devastadores desde los primeros años de la República y la comunidad científica ha advertido durante décadas sobre la vulnerabilidad sísmica de buena parte del territorio nacional. Sabíamos dónde vivíamos. Sabíamos cuáles eran los riesgos. Sabíamos que tarde o temprano volvería a ocurrir un evento de gran magnitud. La pregunta nunca fue si llegaría otro terremoto. La verdadera pregunta era si habíamos aprendido algo de nuestra propia historia. Esa respuesta no puede reducirse a una discusión partidista ni limitarse al desempeño de un gobierno determinado. Interpela al Estado venezolano en su conjunto, a sus instituciones, a su capacidad de planificación, a la inversión sostenida en prevención, al cumplimiento de las normas de construcción, al entrenamiento de los organismos especializados y, sobre todo, a la cultura con la que durante años decidimos mirar hacia otro lado frente a amenazas que siempre estuvieron allí.
No escribo estas líneas para desconocer el extraordinario trabajo realizado por miles de hombres y mujeres que enfrentaron esta tragedia con un compromiso admirable. Sería profundamente injusto hacerlo. Bomberos, médicos, enfermeras, rescatistas, integrantes de Protección Civil, ingenieros, policías, militares, voluntarios y ciudadanos anónimos protagonizaron actos de enorme valentía que difícilmente quedarán registrados en los informes oficiales. Muchos trabajaron hasta el límite de sus fuerzas físicas. Otros permanecieron durante días enteros entre el polvo, el calor y los escombros intentando rescatar a personas que jamás habían visto. Ellos representan la mejor expresión del servicio público y del compromiso ciudadano. Venezuela tiene el deber moral de reconocerlos y agradecerles.
Sin embargo, precisamente porque miles de venezolanos respondieron con esa grandeza, el país también tiene la obligación de formular las preguntas más difíciles. Ninguna nación puede depender exclusivamente del heroísmo de su gente para enfrentar una tragedia de semejante magnitud. Los héroes aparecen cuando las instituciones resultan insuficientes. Admiramos su sacrificio porque lograron hacer mucho más de lo que razonablemente podía esperarse de ellos, pero un Estado moderno no puede descansar únicamente sobre el sacrificio individual de quienes arriesgan su vida. Debe construir capacidades permanentes, protocolos claros, sistemas de coordinación eficientes, infraestructura adecuada y una cultura de prevención que permita responder antes de que el desastre ocurra y no únicamente después de que el daño ya resulta irreversible.
Quizá la imagen que mejor resume esta tragedia no sea la de un edificio convertido en ruinas, sino la de cientos de ciudadanos removiendo escombros con sus propias manos mientras otros repartían agua, alimentos, herramientas y esperanza sin preguntar el nombre, la procedencia o la posición política de quienes necesitaban ayuda. Allí apareció una Venezuela distinta a la que durante años dominó el debate público. Una Venezuela que no necesitó instrucciones para organizarse. Una Venezuela que entendió que, cuando la vida está en juego, las diferencias ideológicas pierden sentido. Una Venezuela que volvió a demostrar que su mayor fortaleza continúa siendo su gente y no necesariamente la solidez de sus instituciones. Esa constatación debería llenarnos de orgullo, pero también de preocupación. Ningún país puede conformarse con que la solidaridad ciudadana termine sustituyendo aquello que corresponde garantizar al Estado.
La respuesta espontánea de la sociedad venezolana constituye, probablemente, una de las pocas noticias esperanzadoras que deja esta tragedia. Mientras el país seguía buscando sobrevivientes, comenzaron a surgir casi de manera inmediata centros de acopio, campañas para donar sangre, redes de apoyo psicológico, cocinas comunitarias, refugios improvisados y cientos de iniciativas ciudadanas que nacieron sin esperar instrucciones de ninguna autoridad. Miles de personas ofrecieron sus vehículos para trasladar heridos, otras pusieron a disposición maquinaria, herramientas, alimentos, medicinas o simplemente su tiempo. Lo mismo ocurrió con millones de venezolanos que hoy viven fuera del país. La diáspora volvió a demostrar que la distancia geográfica nunca significó un divorcio emocional con Venezuela. Desde distintas ciudades del mundo comenzaron a organizarse campañas para reunir alimentos no perecederos, medicamentos, agua potable, pañales, plantas eléctricas, linternas, baterías, equipos médicos y recursos económicos destinados a las familias afectadas. Aquella reacción espontánea confirmó una realidad que muchas veces pasa inadvertida: la nación venezolana hace mucho tiempo dejó de coincidir exclusivamente con las fronteras del territorio nacional. Hoy Venezuela también se encuentra en Madrid, Miami, Bogotá, Santiago, Lima, Montreal y en cada lugar donde un venezolano decidió ayudar a otro venezolano sin esperar reconocimiento alguno.
La comunidad internacional también respondió enviando equipos especializados de búsqueda y rescate, ayuda humanitaria, personal médico y recursos técnicos. Ese esfuerzo merece ser reconocido porque, cuando ocurre una tragedia de semejante magnitud, toda ayuda representa una oportunidad para salvar vidas y aliviar el sufrimiento humano. Sin embargo, una vez superada la fase más crítica de la emergencia, será legítimo abrir un debate sereno sobre la rapidez, la coordinación y el alcance de esa respuesta internacional, así como sobre la capacidad del propio Estado venezolano para liderar y articular eficientemente ese apoyo. Esa discusión no debería convertirse en una competencia de propaganda ni en una nueva batalla ideológica. Debería servir para identificar fortalezas, corregir debilidades y preparar al país para futuras emergencias que, lamentablemente, forman parte de nuestra realidad geográfica.
También será inevitable reflexionar sobre el comportamiento del liderazgo político venezolano. Las grandes tragedias poseen una característica que la historia confirma una y otra vez: terminan separando a quienes entienden el liderazgo como un servicio de quienes lo conciben únicamente como un espacio de poder. Los ciudadanos recuerdan con enorme precisión quién estuvo presente cuando más lo necesitaban, quién acompañó a las comunidades, quién trabajó silenciosamente lejos de las cámaras y quién confundió el sufrimiento colectivo con una oportunidad para hacer propaganda o ajustar cuentas políticas. Ningún consultor puede fabricar esa legitimidad. Ninguna estrategia comunicacional logra sustituir la credibilidad que nace cuando un dirigente comparte el dolor de su pueblo sin buscar protagonismo. Tal vez una de las consecuencias menos visibles, pero más importantes de esta tragedia, sea precisamente la transformación del concepto de liderazgo en Venezuela. Después del terremoto muchos venezolanos dejaron de preguntarse únicamente quién tiene el poder y comenzaron a preguntarse algo mucho más importante: ¿quién estuvo realmente presente cuando el país más lo necesitaba?
Al mismo tiempo, esta tragedia obliga a revisar con honestidad el papel del Estado. Sería un grave error reducir toda la discusión a la búsqueda de culpables individuales o convertir una emergencia nacional en un simple instrumento de confrontación política. La verdadera discusión es mucho más profunda. Se trata de determinar si el modelo institucional venezolano ha sido capaz de construir capacidades permanentes para prevenir, coordinar y responder ante desastres naturales de gran magnitud. Esa pregunta trasciende gobiernos, partidos y coyunturas. Tiene que ver con la calidad del Estado que hemos construido durante décadas y con la enorme responsabilidad de quienes aspiran a gobernarlo en el futuro. Porque reconstruir edificios será una tarea inmensa, pero reconstruir instituciones capaces de proteger eficazmente la vida de los ciudadanos constituye un desafío todavía mayor.
Quizá esa sea la principal enseñanza que deja este terremoto. Durante demasiado tiempo la política venezolana giró alrededor del control del poder. Discutimos quién ocupaba el Palacio de Miraflores, quién representaba la legitimidad democrática, qué país respaldaba a uno u otro actor y cuál sería el próximo movimiento de la geopolítica internacional. El terremoto alteró bruscamente ese orden de prioridades. De pronto el debate dejó de centrarse exclusivamente en el poder y comenzó a concentrarse en la protección de la vida. Miles de venezolanos comprendieron que un Estado no se evalúa únicamente por sus discursos, por el tamaño de su presupuesto o por la intensidad de su propaganda, sino por su capacidad para responder cuando la naturaleza pone a prueba todo aquello que afirma haber construido. Esa reflexión debería acompañarnos mucho después de que desaparezcan los titulares y las cámaras abandonen las zonas afectadas.
Mientras escribía estas líneas intenté hacerlo desde la serenidad que exige un análisis institucional. Quise reflexionar como profesor, como consultor y como ciudadano preocupado por el futuro de su país. Sin embargo, llega un momento en el que resulta imposible separar la razón de las emociones. Este terremoto también golpeó profundamente a mi propia familia. Mi primo, Rubén Darío Hernández, perdió bajo los escombros a su esposa y a su única hija. Desde ese instante cada cifra dejó de ser un número. Cada balance oficial comenzó a tener un rostro. Cada estadística adquirió un nombre. Comprendí que detrás de cada reporte sobre fallecidos existían familias enteras intentando comprender cómo seguir viviendo después de haberlo perdido todo. Por eso este ensayo no nace únicamente del análisis político. Nace también del dolor. Del mismo dolor que hoy acompaña a miles de venezolanos que jamás volverán a abrazar a quienes despidieron sin haber tenido siquiera tiempo de decirles adiós.
A Rubén, a su familia y a todas las familias venezolanas que hoy lloran la pérdida de un ser querido les expreso mi solidaridad, mi respeto y mi más profundo abrazo. Ninguna palabra será suficiente para aliviar un sufrimiento de semejante magnitud. Pero sí podemos hacer algo que depende de todos nosotros: impedir que el paso del tiempo convierta esta tragedia en una estadística más. La memoria también constituye una forma de justicia. Recordar es una manera de honrar a quienes ya no están y, al mismo tiempo, una obligación con quienes todavía siguen aquí.
Este ensayo no pretende ofrecer respuestas definitivas. Apenas busca abrir una conversación que Venezuela necesita sostener con valentía y sin prejuicios. En las próximas entregas analizaré con mayor profundidad la historia sísmica de nuestro país, la evolución de sus instituciones de protección civil, las responsabilidades del Estado en materia de prevención y gestión del riesgo, el extraordinario papel desempeñado por la sociedad civil y la diáspora, las lecciones que deja la cooperación internacional y las profundas transformaciones políticas y sociales que, a mi juicio, marcarán el futuro inmediato de Venezuela. Porque estoy convencido de que las ruinas todavía tienen mucho que decir y porque sería imperdonable que, una vez removidos los escombros, también enterráramos las lecciones que esta tragedia nos dejó como nación.