La gente es el centro del Estado, no el petróleo ni el oro

Valoramos y justificamos el papel histórico que asumió la administración de Trump respecto a la crisis venezolana. Y es que existe un consenso silencioso en gran parte de la sociedad: solos jamás hubiéramos salido de la estructura de un narcoestado.

Sin embargo, la tarea de "limpieza" es una obra inacabada; aún falta procesar a aquellos que deben seguir los pasos de figuras como Nicolás Maduro y Cilia Flores ante la justicia internacional.

1. Es importante recordar que, según el Departamento de Justicia de EE. UU., las acusaciones por "narcoterrorismo" no son retórica política, sino expedientes judiciales sólidos. La recompensa de $50 millones de dólares por información que llevara al arresto de Maduro, marcó un precedente único en la diplomacia hemisférica.

Los Estados Unidos conocen detalladamente al resto de los integrantes del “Cartel de los Soles”. Tienen identificados no solo a quienes operan en la industria del tráfico de drogas, sino a aquellos que también saquearon sistemáticamente las arcas del Estado. Van a caer, de eso no hay dudas.

La impunidad tiene fecha de vencimiento cuando se enfrenta a un sistema de justicia transnacional que no acepta sobornos.

Lamentablemente, la corruptela se extendió también a sectores de la oposición, identificados claramente en el gobierno interino de Juan Guaidó y su entorno del G4 que tanto engañaron a los venezolanos.

La depuración es necesaria y obliga al país en transición a armar un cordón sanitario urgente.

Es necesario señalar y castigar a los saqueadores. No puede haber una doble moral: ningún político se debe enriquecer robando al Estado para terminar empobreciendo a las familias venezolanas. La ética pública no admite colores partidistas.

Diversas ONG y organismos de transparencia estiman que el manejo de activos en el exterior durante la última década ha carecido de la auditoría necesaria. Se calcula que la opacidad en la gestión de recursos públicos —de ambos lados— ha contribuido a una pérdida patrimonial que supera con creces el PIB actual del país.

Los recursos que hoy impulsan los proyectos de crecimiento económico estarán tutelados por los EE. UU., pero en el mañana deberán estar controlados por los ciudadanos e instituciones presididas por gente honorable.

Ha sido válida la implementación de una nueva política en la industria petrolera y la explotación de minas; era una transición necesaria para reactivar el aparato productivo. No obstante, para esta casa editorial, es imperativo que el centro del debate sea la gente.

Los ciudadanos deben ser el centro de la acción del Estado; ya basta de sueldos miserables, pensiones de hambre y una calidad de vida indigna. Es inaceptable que nuestros servicios públicos presenten indicadores inferiores a los de naciones en guerra o países históricamente empobrecidos como Haití.

Sí, nos duele escribirlo, pero es la realidad cruda de un país que lo tuvo todo y hoy sobrevive entre escombros institucionales.

Y aquí recordamos esta cifra: según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), la pobreza extrema en Venezuela ha rozado niveles alarmantes, donde el ingreso mínimo mensual no alcanza para cubrir ni el 5% de la canasta alimentaria básica. Esta brecha destruyó el tejido social y la movilidad de la clase media.

Los casi 8 millones de venezolanos que emigraron no lo hicieron por aventura, sino por pura sobrevivencia. No son "viajeros", son desplazados de un sistema que les negó el futuro. Por ello, la prioridad absoluta ahora es el tema social. La reconstrucción de Venezuela no se mide en barriles de petróleo, sino en la capacidad de devolverle la dignidad a cada ciudadano que hoy padece la crisis.

Carlos Alaimo
Presidente - Editor