A Trump nunca le importó recuperar la democracia en Venezuela
Los terremotos del 24 de junio no solo dejaron al descubierto la vulnerabilidad física de Venezuela, la indolencia de los burócratas y la falta de escrúpulos de funcionarios policiales y militares que se confirmaron como saqueadores de la esperanza en múltiples imágenes documentadas por medios internacionales.
La realidad, en el discurso y la acción, exhibe las grietas de una política estadounidense que prometió inicialmente atacar un cartel del narcotráfico con Miraflores como bunker operacional, y como consecuencia, recuperar la libertad de más de 30 millones de venezolanos, pero terminó administrando la continuidad del sistema que durante 27 años destruyó al país.
La captura de Nicolás Maduro, el 3 de enero, fue recibida por millones de venezolanos como el comienzo del fin del chavismo. Después de años de persecución, hambre, corrupción, narcotráfico, presos políticos y el fraude electoral del 28 de julio de 2024, el país creyó que había llegado la hora de desmontar definitivamente el aparato criminal que secuestró la República.
Pero la tragedia permitió ver con absoluta claridad cuál es la verdadera prioridad de la Casa Blanca. No es la democracia. No es la restitución del Estado de derecho. No es la recuperación plena de las instituciones. La prioridad ha sido estabilizar un escenario que permita avanzar en intereses estratégicos y económicos, dejando intacta buena parte de la estructura política que hizo posible la tragedia venezolana.
La salida de Maduro no significó el desmantelamiento del sistema. Los principales responsables continúan ejerciendo poder. Se sacan fotos con altos jefes militares de Washington.
Permanecen las mismas estructuras militares, políticas, judiciales y económicas que sostuvieron al régimen durante más de dos décadas. Cambiaron algunos nombres. El modelo sigue prácticamente intacto.
Los terremotos terminaron por desnudar esa realidad.
Miles de muertos, decenas de miles de desaparecidos, comunidades enteras destruidas y una respuesta oficial incapaz de enfrentar una catástrofe de semejante magnitud demostraron que Venezuela continúa siendo rehén de un Estado ineficiente, politizado y sin capacidad de proteger a sus ciudadanos.
Por el contrario, la administración Trump mantiene su hoja de ruta. Alivió parte de las sanciones, respaldó la asistencia humanitaria y reiteró que su estrategia para Venezuela permanecía intacta. Esa palabra resume toda una política: intacta.
Intacta la estructura del poder.
Intactos los mecanismos de control.
Intacta la postergación de las elecciones.
Intacto el aparato que millones de venezolanos esperaban ver desmontado.
No sorprende entonces que la percepción ciudadana haya cambiado radicalmente.
Antes de los terremotos, Meganalisis registraba que el 71,2% de los consultados consideraba que a Donald Trump le interesaba más el negocio petrolero que la libertad de Venezuela. En apenas seis meses, quien para muchos representó la posibilidad de una liberación comenzó a ser visto como el garante de una transición incompleta, incapaz de romper definitivamente con el chavismo.
La pregunta resulta inevitable.
Si la intervención estadounidense respondió a que Venezuela era considerada una amenaza por el narcotráfico, el crimen organizado y el financiamiento del terrorismo, ¿por qué permanecen en posiciones de poder figuras señaladas durante años como parte de ese mismo entramado? ¿Cómo puede hablarse de una nueva Venezuela si la estructura que permitió el desastre sigue prácticamente intacta?
Hace poco más de un mes, poco antes de los terremotos, fue pulverizado por el Comando Sur, “El Niño Guerrero”, cabecilla del Tren de Aragua. También fueron neutralizados otros integrantes de esa organización criminal. Son operaciones importantes. Pero ningún venezolano puede creer seriamente que la reconstrucción institucional depende únicamente de eliminar jefes criminales si el sistema político que permitió su crecimiento permanece en pie.
No se combate una estructura criminal sustituyendo a un solo hombre.
Se combate desmontando toda la organización.
Ese era el compromiso que millones de venezolanos creyeron escuchar el 3 de enero.
Hoy esa promesa luce archivada.
La democracia fue desplazada por la normalización económica. Las elecciones quedaron relegadas. La reconstrucción institucional desapareció del debate. El discurso de la libertad cedió espacio a la estabilidad política y a la conveniencia geopolítica.
Los venezolanos también deben asumir su cuota de responsabilidad.
La dirigencia opositora desperdició oportunidades históricas. Mayorías parlamentarias, un gobierno interino y enormes respaldos internacionales terminaron diluidos entre disputas internas, errores estratégicos y denuncias de corrupción. Buena parte de esa dirigencia terminó conviviendo con el mismo sistema que prometía derrotar. Esa realidad explica la enorme desconfianza ciudadana hacia la vieja clase política.
Venezuela necesita mucho más que crecimiento económico.
Necesita justicia.
Necesita instituciones.
Necesita elecciones libres.
Necesita desmontar completamente el aparato que convirtió al Estado en una maquinaria de control político, corrupción y represión.
La historia enseña que las dictaduras no desaparecen cuando se reemplaza a un líder. Desaparecen cuando cae toda la estructura que las sostiene.
Los venezolanos no lucharon durante 27 años para cambiar al administrador del secuestro.
Lucharon para recuperar la República.
Y esa tarea continúa pendiente.