Carlos J. Sarmiento Sosa | Francia: La justicia, las denuncias de Sarkozy y la posición de Macron
En un hecho histórico que reafirma la fortaleza institucional de la justicia francesa, el expresidente Nicolas Sarkozy ingresará en prisión el próximo 21 de octubre:
Ha sido condenado por un tribunal por la comisión de los delitos de asociación ilícita y financiamiento ilegal de su campaña electoral de 2007 con fondos procedentes de Libia, convirtiéndose así en el segundo jefe de Estado francés encarcelado -el primero fue el mariscal Philippe Pétain, el “vencedor de Verdún” en la Gran Guerra por sus ejecutorias durante el régimen de Vichy- lo que constituye un precedente que reafirma la solidez del Estado de Derecho en Francia y sienta un ejemplo del funcionamiento de las instituciones a ser seguido por aquellos países en los cuales sus dirigentes políticos están siendo sometidos a investigaciones por distintos delitos entre ellos el de corrupción.
La condena se ha producido no obstante que Sarkozy ha insistido en que es víctima de una “injusticia insoportable” y que los jueces actúan con “politización” en su contra -vale decir, alega la judicialización de su caso-; y algunos de sus partidarios, como Marine Le Pen, Los Republicanos (LR) y dirigentes de la Agrupación Nacional, han comparado el asunto con el célebre juicio del militar francés Alfred Dreyfus falsamente acusado hace 130 años -caso emblemático del antisemitismo y la deficiencia judicial en Francia-, famoso incidente que tuvo un final feliz para el acusado gracias a la defensa que de él hizo Émile Zola en su implacable carta pública conocida como “J’accuse…!”, en la que denunciaba la injusticia y corrupción existente a fines del siglo XIX en Francia. En pocas palabras, para Sarkozy y sus partidarios, se trata de una persecución política.
Sin embargo, desde la esfera de la Presidencia de la República, el presidente Emmanuel Macron salió públicamente en defensa de la judicatura, subrayando la independencia y el respeto que merece la labor de los jueces en Francia; y, por su parte, la fiscalía abrió una investigación ante las amenazas por las redes sociales contra la jueza que conduce el proceso, lo que puede entenderse como una voluntad de las sólidas instituciones del país de dar protección a los administradores de justicia.
Ahora bien, lo más significativo de todo este proceso que afecta al expresidente galo por la gravedad de los hechos en los que parece haber incurrido -aún está pendiente una apelación- resalta la separación de poderes y la independencia judicial en Francia, cuyos jueces no ceden ante presiones políticas, y comprueba que los gobernantes pueden y deben responder ante la justicia, sin privilegios ni excepciones.
Pero cuando volteamos la mirada hacia otros horizontes conseguimos a gobernantes que se entrometen en el sistema judicial y amenazan a los jueces para conseguir decisiones favorables a sus intereses; u otros que designan a dedo -“digitalmente”- a mujiquitas galleguianos para que sumisamente les obedezcan e incluso les sirvan de cómplices en la comisión de delitos de hasta de lesa humanidad; u otros que, ante la apertura de un proceso judicial en su contra o en relación con su círculo íntimo, despliegan todo tipo de acciones para coaccionar a los jueces y perturbar las investigaciones tribunalicias, valiéndose del poder mediático que controlan o cercenando las libertades de opinión y de información.
Ante ese panorama, esos malos gobernantes y peores jueces deberían seguir el ejemplo de la República Francesa: blindar la justicia ante cualquier presión, garantizar procesos transparentes y defender a aquellos que la ejercen con transparencia, integridad y autonomía. La democracia y la libertad requieren de una justicia fuerte, independiente y respetada; Francia acaba de recordarlo al mundo, como lo hiciera en el siglo XVIII Federico II el Grande de Prusia al soltar la célebre frase “hay jueces en Berlín” (“Es gibt noch Richter in Berlin!”).