Carlos J. Sarmiento Sosa | Cuando la política se escribe con sangre

El reciente asesinato de Miguel Uribe Turbay en Colombia, cuando ejercía sus derechos políticos, obliga a mirar cómo el crimen político ha sido una herramienta brutal para eliminar adversarios, interrumpir procesos democráticos o perpetuarse en el poder.

Aún se desconoce a ciencia cierta los motivos que inspiraron a los asesinos intelectuales del senador colombiano aunque pareciera que se trató de la eliminación de un fuerte candidato en la próxima contienda electoral presidencial, pues dictadores, demócratas, jefes de Estado y líderes políticos han sido apartados por la violencia de aquellos que prefirieron solucionar las diferencias por las balas en lugar del diálogo.

Si se toma como punto de partida el magnicidio del presidente Abraham Lincoln en Washington D.C. -ultimado por un simpatizante confederado en plena posguerra civil en 1865- hasta nuestros días, el asesinato político forma parte de una historia que ha recogido una estela de sangre que atraviesa dictaduras, democracias, revoluciones y transiciones, que nunca desaparece, sino que, al contrario, se hace presente cuando “se normaliza el odio y la impunidad”, como ha advertido recientemente Antonio Ledezma. A ello  me referiré a continuación.

En Europa

España ha sido escenario de asesinatos políticos. En 1898, el presidente del Consejo de Ministros, Antonio Cánovas del Castillo, fue asesinado por un anarquista italiano en el balneario de Santa Águeda, en Mondragón, Guipúzcoa. Le siguieron José Canalejas, abatido en la Puerta del Sol de Madrid en 1912, y Eduardo Dato, asesinado desde una motocicleta en 1921, en la madrileña Puerta de Alcalá; y en el interim el rey Alfonso XIII en 1906 fue objeto de un intento de magnicidio el día de su boda con la reina Victoria Eugenia, ejecutado por un anarquista español, quien lanzó una bomba camuflada en un ramo de flores hacia el carruaje donde viajaban los contrayentes, matando a 28 personas.

Bajo la égira del generalísimo Francisco Franco, el atentado en 1973 contra el presidente del gobierno, el almirante Luis Carrero Blanco, llevado a cabo por la tristemente conocida ETA, asestó un fuerte golpe a un régimen que finalizaría con la muerte del dictador en 1975.

En Italia, el asesinato del exprimer ministro Aldo Moro en 1978 por las Brigadas Rojas marcó el punto más oscuro de los llamados “anni di piombo”, un período histórico comprendido entre finales de los 1960´s y principios de la década de 1980, en el que se produjo una extremización de la dialéctica política expresada en violencia callejera,  lucha armada y  terrorismo.

En el Reino Unido, la diputada laborista Helen Joanne "Jo" Cox fue asesinada en 2016, a puñaladas y disparos repetidos, en  Birstal por un británico vinculado al grupo neonazi estadounidense Alianza Nacional al grito de "Britain First" mientras la hería; y el conservador David Amess en 2021, en una reunión electoral en la  iglesia metodista de Belfair, Leigh-on-Sea, fue apuñalado por un británico de origen somalí.

En Suecia, la ministra de Asuntos Exteriores Anna Lindh fue apuñalada en 2003 por un sueco de origen serbio mientras caminaba, sin guarda espaldas, por un centro comercial en Estocolmo; y en los Países Bajos, Wilhelmus Simon Petrus Fortuijn, conocido como Pim Fortuyn, candidato populista fue asesinado en 2002 por un holandés activista pro-derechos de los animales.

En las Américas

En Venezuela, en 1950, el presidente de la Junta Militar, el coronel Carlos Delgado Chalbaud, fue asesinado en Caracas durante un intento de secuestro, y su muerte frustró lo que se anticipaba como una transición política hacia una democracia, dando paso a la dictadura  del general Marcos Pérez Jiménez.

Igualmente, en Venezuela tuvo lugar en 1960, la tentativa de magnicidio del presidente Rómulo Betancourt, organizado por extremistas de derecha con el apoyo del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo quien poco después, en 1961, tras más de tres décadas de dictadura, fue ejecutado por un grupo de conspiradores, acontecimiento que celebrado por los demócratas de todas partes. Trujillo fue un sanguinario tirano cuyo régimen fue descrito por Mario Vargas Llosa en su famosa obra “La fiesta del Chivo”.

En los Estados Unidos el magnicidio de John F. Kennedy en 1962, además de conmocionar al mundo -y si bien las investigaciones apuntaron hacia Lee Harry Oswald como magnicida-, durante décadas se desarrollaron teorías conspirativas, investigaciones y desconfianza institucional. Para el momento del atentado, habían transcurrido casi 100 años del trágico episodio que fue el asesinato de Lincoln.

En Paraguay, en 1980, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), una organización argentina de ideología marxista-leninista, en cumplimiento de la “Operación Reptil”, asesinó al exdictador de Nicaragua, Anastasio Somoza Debayle. El REP afirmaba que su objetivo era combatir dictaduras y promover la lucha armada contra el imperialismo y el capitalismo en la región. Sin embargo, cabe señalar que Somoza había sido depuesto del poder en 1979 y se encontraba en ese país en condición de exilado.

En México, en 1994, el asesinato, en un mitin en Lomas Taurinas, Tijuana, del carismático candidato reformista Luis Donaldo Colosio, sacudió al país entero. Su muerte a manos de un desconocido de 23 años de edad, dejó una herida abierta en la memoria política mexicana.

En Brasil, la violencia política ha sido utilizada como mecanismo de silenciamiento de voces que desafiaron intereses establecidos, aunque sus muertes alimentaron movimientos de transformación y memoria que continúan influyendo en la vida política y social del país.

Uno de los casos más emblemáticos fue el crimen mortal de João Pessoa, gobernador de Paraíba, en 1930, en Recife. Aunque tuvo también un trasfondo personal atribuida a una venganza por la publicación de cartas íntimas, su muerte adquirió un carácter político y simbólico, al ser presentada como un ejemplo de la violencia contra líderes que cuestionaban al sistema oligárquico de la Primera República.

Durante la dictadura militar que gobernó entre 1964 y 1985, la represión alcanzó en 1971 a Rubens Paiva, ingeniero y exdiputado federal del Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), quien fue secuestrado, torturado y asesinado por las fuerzas de seguridad.

En el ámbito de la defensa ambiental y de los derechos de las comunidades amazónicas, en 1988 se produjo el asesinato de Chico Mendes, líder sindical y ecologista que había denunciado la deforestación, la explotación indiscriminada y destrucción ambiental en la Amazonía.

Más recientemente, en 2018, el asesinato de Marielle Franco, concejala de Río de Janeiro por el Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), volvió a poner de relieve la persistencia de la violencia política en democracia. Mujer negra, lesbiana y proveniente de una favela, era defensora de los derechos humanos, de las minorías y crítica de la brutalidad policial.

En Ecuador, Fernando Villavicencio, candidato presidencial por el Movimiento Construye, fue asesinado el 9 de agosto de 2023 en Quito, tras un mitin político durante la campaña electoral.

Mención aparte merece el caso de Colombia, nación que ha sido  especialmente golpeada por el asesinato político. En 1948, Jorge Eliécer Gaitán, líder liberal y candidato presidencial, fue asesinado en Bogotá, desatando el Bogotazo y una era de violencia.

Décadas después, en 1984, Rodrigo Lara Bonilla, ministro de justicia durante el mandato del presidente Belisario Betancur, fue víctima de un atentado mortal ejecutado por sicarios del Cartel de Medellín. Había sido uno de los primeros altos funcionarios colombianos en denunciar públicamente, combatir al narcotráfico e impulsar medidas de extradición hacia Estados Unidos y una política frontal contra el enriquecimiento ilícito de los capos de la droga.

En 1985, durante el asalto a la sede de la Corte Suprema de Justicia por parte de guerrilleros del Movimiento 19 de Abril (M-19) murieron 11 de sus 24 magistrados más otras personas, en un ataque militar contra la más alta institución judicial en una acción que pretendía desestabilizar las instituciones colombianas y la administración de justicia.

En 1989, el candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, símbolo de la lucha contra el narcotráfico, también fue asesinado por órdenes del Cartel de Medellín mientras se dirigía a sus seguidores en plena campaña; y en 1995, Alvaro Gómez Hurtado, destacado dirigente político, periodista, intelectual y diplomático, fue ejecutado por las FARC según ésta lo admitió en 2020, aunque la versión sigue siendo objeto de debate y controversia, pues muchos analistas sostienen que se trató de un crimen con múltiples intereses cruzados.

Y esta largo y ensangretado caudal que corre por el asesinato político en Colombia se incrementa con la reciente eliminación física de Uribe Turbay, al que referí al inicio de esta dramática cronología, sin olvidar la muerte de la madre de éste, la periodista Diana Turbay, en un intento de rescate cuando se encontraba secuestrada por el narcotráfico, entonces enfrentado con las armas ante el estado colombiano.

Toda esta cronología (acotada en tiempo y espacios geográficos) revela que el asesinato político no se limita a la eliminación de una vida, sino que atenta contra las instituciones, polariza sociedad y difunde el miedo, a la vez que se impone sobre el diálogo y la negociación política como herramienta cívica de la vida en sociedad, donde las diferencias deben resolverse en las urnas, no en las morgues.

En fin, condenemos las balas y transitemos hacia sociedades en las que la política deje de escribirse con sangre.