Denuncian que más de 8.000 reclusos murieron en cárceles de Venezuela en 15 años
Un total de 8.192 reclusos murieron en cárceles de Venezuela durante los últimos 15 años, según un registro del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), que cuestionó la gestión del sistema penitenciario durante el período y exigió rendición de cuentas a las autoridades.
La organización señaló que el lapso coincide con los 15 años de existencia del Ministerio Penitenciario y recordó que cuatro funcionarios han ocupado esa cartera desde su creación: Iris Varela, Mirelys Contreras, Celsa Bautista y Julio García Zerpa.
El OVP sostuvo que el problema penitenciario no radica únicamente en la existencia de cárceles o en la población privada de libertad, sino en la manera en que estos centros han sido administrados.
La ONG insistió en que la conducción del sistema requiere funcionarios con formación y experiencia especializada en materia penitenciaria y derechos humanos, y advirtió que las cárceles no pueden ser manejadas como espacios de improvisación.
Muertes bajo custodia estatal
El informe anual del OVP correspondiente a 2025 registró 181 muertes bajo custodia estatal. Entre las principales causas identificadas se encuentran enfermedades cardiovasculares y cardiorrespiratorias, falla multiorgánica y shock hipovolémico.
Para 2026, el observatorio contabilizó al menos 51 reclusos fallecidos entre abril y julio. Según la organización, varios padecían enfermedades prevenibles o tratables, entre ellas tuberculosis, deshidratación severa y diarreas agudas.
El OVP sostuvo que algunos de estos fallecimientos pudieron evitarse si los privados de libertad hubieran recibido atención médica adecuada y oportuna.
Ante este panorama, la organización consideró insuficiente limitarse a cambiar ministros, crear nuevos planes o ampliar estructuras burocráticas. En su lugar, reclamó una evaluación de los resultados de las políticas penitenciarias y una rendición de cuentas sobre la atención integral de los presos.
Asimismo, pidió a la Fiscalía abrir investigaciones transparentes, exhaustivas e imparciales sobre las muertes registradas bajo custodia del Estado.
