Venezuela revelará deuda histórica de 240.000 millones de dólares en la mayor reestructuración global
El pasivo total del país es drásticamente superior a las estimaciones previas que manejaban los inversionistas y el mercado. La economía venezolana actual se calcula en unos 100.000 millones de dólares, una fuerte caída respecto a los niveles de 2012. El análisis de sostenibilidad de la deuda se ejecuta de forma acelerada y de manera inusual fuera del dictamen directo del FMI
Venezuela se prepara para revelar de manera oficial un endeudamiento público global de 240.000 millones de dólares. La cifra es significativamente mayor a las estimaciones previas del mercado, que oscilaban entre los 150.000 y 200.000 millones de dólares, según reveló un reporte de Financial Times.
Esta declaración situará al país frente a la mayor y más compleja reestructuración de deuda soberana de la historia. El proceso superará formalmente el histórico impago de 200.000 millones de dólares registrado por Grecia en el año 2012, durante la crisis de la eurozona.
La estrategia financiera avanza bajo la gestión interina de Delcy Rodríguez. El nuevo equipo busca restablecer los nexos con las plazas financieras internacionales y abrir las puertas al capital extranjero, luego de casi una década de exclusión del mercado de bonos.
Para coordinar la operación, Caracas contrató al banco de inversión estadounidense Centerview Partners. El diseño de la propuesta está a cargo del banquero francés Matthieu Pigasse, reconocido especialista que asesoró previamente las reestructuraciones de Grecia y Argentina.
La hoja de ruta financiera se publicará a principios de julio. Irá acompañada de un marco macroeconómico que sitúa el tamaño de la economía venezolana en unos 100.000 millones de dólares, frente a los 370.000 millones que registraba en 2012. Con estos datos, la ratio de deuda respecto al PIB superará el 200 por ciento.
De forma inusual para un proceso de esta magnitud, el análisis de sostenibilidad no fue elaborado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Algunos sectores técnicos temen que avanzar de forma acelerada fuera del esquema del FMI debilite la posición del país frente a los acreedores, quienes podrían exigir quitas más drásticas.
El inventario del pasivo evidencia la complejidad del caso. Los bonos de la República y de PDVSA representan unos 60.000 millones de dólares en capital, a los que se suman 40.000 millones en intereses moratorios acumulados. Esta porción de la deuda crece a un ritmo de 5.000 millones de dólares anuales.
Asimismo, se calculan compromisos comerciales de entre 30.000 y 50.000 millones de dólares con transnacionales petroleras y proveedores. Adicionalmente, el Estado acumula más de 20.000 millones de dólares en fallos y disputas judiciales internacionales derivados de las expropiaciones de activos de la última década.
El balance total incluye deudas bilaterales con China por un rango de entre 10.000 y 20.000 millones de dólares, las cuales se amortizaban con envíos de crudo. También se registran compromisos pendientes por 6.000 millones de dólares con Rusia y otros 4.000 millones con bancas de desarrollo.
Aunque el FMI aclaró que no forma parte directa del diseño de este plan, el organismo confirmó que mantiene conversaciones técnicas continuas con las autoridades locales respecto a las proyecciones económicas. Venezuela reactivó el diálogo formal con la institución el pasado mes de abril.
En los mercados secundarios, los bonos venezolanos reaccionaron al alza y se cotizan cerca de los 55 centavos por dólar, impulsados por la expectativa del viraje político. No obstante, estos precios de mercado todavía dejan por fuera el cálculo de los cupones e intereses no pagados durante los años de mora.
Por su parte, el Banco Central de Venezuela reportó ingresos por exportaciones petroleras de 5.500 millones de dólares en los primeros tres meses del año. Aunque la cifra refleja una mejora frente al cierre del periodo previo, se mantiene muy distante de los flujos históricos de la industria local.
Pese a que las autoridades interinas aspiran a lograr un consenso definitivo antes de que concluya el año, los grandes fondos internacionales muestran cautela. Firmas como Aegon Asset Management advierten que la dispersión de los reclamos y la variedad de los acreedores sugieren que la resolución del caso se extenderá de manera realista hasta 2027.