OVP denuncia falta de atención a reclusas de Caraballeda tras los sismos: "No cumple condiciones mínimas"
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció las precarias condiciones en las que permanecen las mujeres privadas de libertad en el Retén de Caraballeda, en La Guaira, tras los daños provocados por el terremoto del pasado 24 de junio.
El sismo, ocurrido a las 6:04 de la tarde, provocó el colapso de parte de la pared trasera del Centro de Detención Preventiva de Caraballeda, donde permanecían recluidos hombres y mujeres. Ante la emergencia, los funcionarios evacuaron inicialmente a las mujeres hacia el exterior del recinto.
Según el OVP, la situación generó caos dentro de las instalaciones debido al colapso del servicio eléctrico, las dificultades para acceder a la zona y la ausencia de refuerzos policiales. Los pocos funcionarios presentes se limitaron a custodiar a los detenidos mientras persistía el temor ante posibles réplicas.
La situación se agravó la noche siguiente, cuando una falsa alerta de tsunami provocó pánico en La Guaira. Algunos funcionarios abandonaron sus puestos y las personas encargadas de la custodia no pudieron controlar a las más de 40 mujeres que habían sido evacuadas al exterior.
Ante el temor por sus vidas, varias de ellas huyeron del lugar, según testimonios recogidos por la organización bajo reserva de identidad por razones de seguridad.
Posteriormente, los hombres privados de libertad y las mujeres que permanecían en el retén fueron trasladados a la sede policial de Macuto, instalación que no había sufrido daños estructurales y contaba con mayor capacidad para custodiar a los detenidos.
El OVP indicó que al menos seis mujeres quedaron en condición de fugadas desde el 25 de junio. Algunas posteriormente se presentaron voluntariamente en Macuto, mientras que otras se entregaron en dependencias policiales de distintos estados del país.
Regreso al retén pese a los daños
Apenas una semana después del terremoto, más de 25 mujeres fueron trasladadas nuevamente al Retén de Caraballeda, pese a que la pared colapsada no había sido reparada y persistían las fallas en el suministro de agua potable y electricidad.
El OVP señaló que su equipo logró ingresar al recinto durante esa misma semana y encontró las instalaciones prácticamente desoladas. La pared derrumbada permanecía sin reparar y, pese a la apariencia de abandono, decenas de mujeres continuaban recluidas en el lugar.
De acuerdo con la organización, las detenidas permanecieron durante semanas sin acceso adecuado a agua potable y dependieron en buena medida de los alimentos que algunos familiares lograban llevarles, los cuales debían ser compartidos entre todas.
El suministro de agua comenzó a restablecerse aproximadamente cuatro semanas después del terremoto. Sin embargo, las propias reclusas aseguraron que el agua, aunque permite realizar labores de higiene, presenta condiciones que la hacen no apta para el consumo humano.
El organismo cuestionó además la decisión de mantener a las mujeres en Caraballeda mientras los hombres fueron trasladados a una instalación policial con mejores condiciones de seguridad.
OVP exige traslado inmediato
El Observatorio Venezolano de Prisiones manifestó su preocupación por la situación y sostuvo que mantener a las mujeres en un recinto afectado por un terremoto, sin servicios básicos adecuados y sin condiciones mínimas de seguridad, constituye una vulneración de sus derechos fundamentales.
La organización recordó que el artículo 46 de la Constitución venezolana garantiza el derecho a la vida y a la integridad personal y prohíbe los tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Asimismo, señaló que las deficiencias en el acceso al agua potable, electricidad y alimentación contravienen los estándares establecidos en las Reglas Mandela y las Reglas de Bangkok para el tratamiento de personas privadas de libertad, particularmente en el caso de las mujeres.
El OVP exigió la intervención inmediata del Retén de Caraballeda y el traslado urgente de las mujeres privadas de libertad hacia instalaciones que garanticen condiciones adecuadas de seguridad, salubridad y respeto a sus derechos.
La organización advirtió que las autoridades venezolanas serán responsables de cualquier situación que pueda poner en riesgo la vida o integridad física de las reclusas mientras permanezcan en un recinto que, según su denuncia, no reúne las condiciones mínimas para su permanencia.