Linda Loaiza denuncia nuevo diferimiento de su caso tras más de 25 años en busca de justicia
La abogada y defensora de derechos humanos venezolana, Linda Loaiza López Soto, denunció este martes 11 de agosto un nuevo diferimiento de la causa judicial relacionada con su caso, que permanece sin una resolución definitiva después de más de 25 años.
Un nuevo diferimiento se suma a un proceso que lleva más de 25 años esperando justicia. Para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, cada espera prolonga las heridas y la búsqueda de verdad y justicia”, escribió Loaiza en su cuenta de X.
En reseña de AlbertoNews, la audiencia estaba prevista para este martes en una instancia judicial venezolana, pero nuevamente fue postergada. La decisión prolonga una causa que trascendió las fronteras del país y que se convirtió en un caso de referencia internacional sobre violencia de género y responsabilidad estatal.
Loaiza llevó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), convirtiéndose en la primera venezolana en presentar ante ese organismo una denuncia por violencia de género contra el Estado venezolano.
En 2016, la Cidh remitió el expediente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), luego de determinar que Venezuela era responsable por la violación de varios derechos contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El 16 de septiembre de 2018, la Corte IDH estableció mediante sentencia la responsabilidad internacional del Estado venezolano por las violaciones de derechos sufridas por Loaiza y ordenó distintas medidas de reparación.
La defensora ha sostenido que el Estado venezolano no ha cumplido con la decisión del tribunal internacional. Mientras tanto, el proceso judicial en Venezuela continúa marcado por retrasos y obstáculos.
La audiencia de este 11 de agosto retomaba el caso en una instancia judicial venezolana, una década después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenara que una sala diferente de la Corte de Apelaciones revisara nuevamente las apelaciones.
El nuevo diferimiento vuelve a plantear el debate sobre el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado venezolano y el derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos a obtener verdad, justicia y reparación.
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